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POLITICA

El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia

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El empresario Ariel Vallejo, titular del conglomerado Sur Finanzas, sociedad vinculada a negocios con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), no se presentará hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, tal como estaba citado. La razón: una apelación no resuelta interpuesta por su defensa en la causa conocida por el presunto vaciamiento y lavado de activos en el Club Atlético Banfield. El magistrado ya fijó fecha para las indagatorias de los otros involucrados en las presuntas maniobras delictivas que podrían complicar al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien hasta el momento no fue mencionado en ese expediente.

Los abogados de Vallejo le explicaron a Infobae los motivos por los cuales su defendido no se presentará a declarar ante el juez federal: “Nosotros presentamos una nulidad de la convocatoria (a indagatoria). Eso es lo que rechazaron. Pero lo apelamos. Vallejo está citado a indagatoria por tres cuestiones que, según entendemos, no corresponden a lavado de dinero del Fideicomiso Banfileño (la cámara ya le dijo a la fiscal Cecilia Incardona y al juez Armella que no existe lavado); la causa de la denuncia de ARCA, la cámara ya dijo que le corresponde al juzgado del juez Federico Hernán Villena. No le corresponde a Armella. No lo puede indagar por eso. La causa de los clubes de AFA, Armella e Incardona ya se declararon incompetentes y la mandaron al juez de Campana Adrián González Charvay. Que nos expliquen cómo lo van a indagar por delitos que ya dijeron que se van al juzgado federal de Campana”.

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Será la instancia revisora quien decidirá si corresponde que Armella y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, indague al allegado de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA y el pendiente “pedido de ampliación de la imputación efectuada a Maximiliano Ariel Vallejo en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, (art. 45 y 173 inc. 7° del C.P.)”, tal se lee en la resolución judicial fechada el 4 de mayo.

Ariel Vallejo, no se presentará a indagatoria por una medida interpuesta por su defensa

Imputados e indagatorias

Según pudo reconstruir Infobae el magistrado, en esa misma resolución que corresponde a la causa FLP 29107/2025, ya dispuso las citaciones a indagatoria a los principales implicados, pertenecientes a la dirigencia de Banfield:

  • Eduardo Juan Spinosa (presidente), se lo indagará por “asociación ilícita en calidad de jefe, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado como coautor”. La cita es para el “18 de junio de 2026, 10:00”.
  • Federico José Spinosa (vicepresidente), se lo indagará por “asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado agravado como coautor. Cita para el 18 de junio de 2026, 10:30”.
  • Ignacio Javier Uzquiza (tesorero), los cargos también son por los presuntos delitos de “asociación ilícita y administración fraudulenta, como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:00”.
  • Oscar Fabián Tucker (secretario), se los investiga por “asociación ilícita y lavado agravado como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:30”.
  • Representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, las fechas y horarios de indagatorias fueron previstas para el 25 de junio de 2026, 10:00 y 10:30, respectivamente”.

A todos se les impuso la obligación de prometer sujeción al proceso penal, presentación periódica ante la sede judicial, prohibición de salida del país sin autorización, retención de documentos de viaje y prohibición de contactarse entre sí, junto con la obligación de informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de alejarse a más de 100 km del juzgado sin previa autorización, según lo dispuesto por el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.

Una investigación judicial desvela un esquema de lavado de dinero y vaciamiento patrimonial en el Club Banfield, involucrando a 16 clubes de la AFA y desviando USD 1.150.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingeniería financiera

La investigación, impulsada por Incardona, identificó la existencia de una organización criminal profesionalizada, cuya base operativa era la estructura de Sur Finanzas y empresas vinculadas como Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.

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La hipótesis, recogida textualmente por el juzgado, sostiene que “esta estructura ofrecía un andamiaje de opacidad diseñado específicamente para el reciclaje de fondos de origen espurio, el cual fue aprovechado por los directivos del Club para perfeccionar el desvío de sus activos institucionales”.

Uno de los datos singulares que surge de la resolución de Armella es el resultado de los allanamientos realizados en la sede central de Sur Finanzas: en el lugar se incautaron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, evidenciando operaciones y contratos con dieciséis clubes de fútbol: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

La justicia allanó Sur Finanzas de Ariel Vallejo

El juzgado describió un mecanismo donde la dirigencia de Banfield simultáneamente ejercía dominio sobre la administración formal del club y sobre los vehículos societarios como Banfileños S.A. La constitución del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en 2012 instrumentó que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara canalizado a través de la fiduciaria, en la práctica bajo el control de las mismas personas físicas.

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La maniobra, documentada en los contratos y movimientos bancarios secuestrados por la investigación, permitió que Banfield canalizara tanto el dinero de préstamos como recaudaciones de socios —a través de empresas externas como “PagoTic”— hacia cuentas asociadas al fideicomiso. El sistema se mantuvo sin alteraciones entre febrero de 2019 y agosto de 2023, según la información proporcionada por PagoTic al juzgado.

Montos, acuerdos y sospechas

Según detalla el juzgado, el 12 de diciembre de 2021 se suscribió un contrato de sponsoreo por $4.583.333 más IVA mensuales con Sur Finanzas Group S.A., y el 5 de febrero de 2022 otro con Roma Inversiones S.A. por $12.000.000 más IVA. La principal irregularidad, resalta la resolución, radica en que los ingresos derivados de estos convenios públicos fueron dirigidos al fideicomiso en vez de ingresar a las cuentas institucionales del club.

El dueño de Sur Finanzas, vinculado a la AFA, está bajo investigación por presunto lavado de dinero a través de varios clubes de fútbol argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración fraudulenta habría incluido, además, la celebración de contratos de mutuo en efectivo: el 17 de julio de 2023 Banfield se obligó por USD 500.000 a una tasa de interés del 3% mensual; solo tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un nuevo mutuo por otros USD 500.000 con tasa al 4% mensual. En ambos casos, las dirigencias del club y Sur Finanzas pactaron la devolución de un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, es decir, USD 150.000 en concepto de intereses, y declararon la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria.

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La documentación revela que estos compromisos financieros simultáneos no tuvieron justificación comercial y resultaron gravosos para Banfield, contribuyendo, según el juzgado, al “vaciamiento patrimonial” de la entidad. Los investigadores también detectaron una “triangulación” sistemática de ingresos genuinos del club hacia vehículos societarios controlados por los propios directivos, y una reconversión de los fondos desviados en “dineros negros” finalmente integrados al circuito legal mediante la adquisición de bienes de lujo, como vehículos y propiedades.

El expediente describe la adquisición de bienes —entre ellos, un vehículo Toyota SW4 4X4 valuado en $53.745.000 por Eduardo Spinosa y un inmueble de USD 170.000 por Federico Spinosa— como operaciones presuntamente orientadas a legitimar activos de origen ilícito.

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POLITICA

La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar.

Según pudo saber Infobae, las autoridades de la alta casa de estudio señalaron que “en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales”. Esto se da en un nuevo reclamo por parte de la Universidad de Buenos Aires que anticipó una nueva marcha federal universitaria para el próximo 12 de mayo en el centro porteño.

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Ante este escenario, este martes a las 8.30 de la mañana los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.

En ese sentido, señalaron que las instituciones que podrían ver afectado el funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Largas filas en las afueras de la Facultad de Odontología para tener atención gratuita (Adrián Escandar)

De acuerdo a lo que sostienen los universitarios, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla “Hospitales”. No obstante, la gestión de Javier Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haberse ejecutado para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos esenciales para la atención sanitaria.

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La situación de los hospitales universitarios de la UBA es crítica: se atienden más de 700 mil personas por año en sus seis centros, lo que da cuenta del alcance y la importancia de su funcionamiento regular. El bloqueo en la transferencia de fondos impacta de manera directa en la provisión de servicios, la continuidad laboral de profesionales y trabajadores, y la posibilidad de sostener la atención a la comunidad.

La parálisis en la llegada de fondos refuerza la tensión instalada en el sistema universitario tras la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, luego de impugnaciones presentadas por el Ejecutivo nacional. A pesar de las garantías legales, los recursos no llegan a destino.

El próximo 12 de mayo se realizará una nueva marcha federal universitaria (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El reclamo de la UBA adquiere especial gravedad porque, según sindicatos docentes y no docentes, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta: el incumplimiento de la ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente. De acuerdo con estos sectores, la situación compromete no solo el funcionamiento de los hospitales, sino también el derecho a la salud y a la educación pública.

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Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades a garantizar el dictado de clases y adoptar medidas en medio de la semana de paro docente que llevan adelante los profesores universitarios. En un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades universitarias que informen las acciones tomadas para asegurar el derecho de los estudiantes a la educación, considerando que los paros impulsados por los gremios llegan a extenderse durante varias semanas.

En el documento oficial, se advirtió: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.

El reclamo sobre el financiamiento se da nuevamente en vísperas de la próxima marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se espera una amplia concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

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Mañana habrá una conferencia de prensa en la puerta del Hospital de Clínicas

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

Al respecto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, remarcó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

El vicerrector añadió que esta situación ocurre porque “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.

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El mensaje de Adorni a los vecinos de Indio Cuá: “Lamentamos que hayan sufrido una invasión innecesaria”

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En medio de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fines de marzo un grupo de manifestantes realizó una protesta en el country Indio Cuá, donde el funcionario tiene una casa. Por ese motivo, les envió un mensaje a sus vecinos para disculparse, cuyo contenido se conoció en las últimas horas.

“Vecinos. Antes que nada quiero transmitirles mis disculpas por los episodios sucedidos. Lamentamos profundamente que hayan sufrido una invasión innecesaria. Independientemente de las razones que muchos supondrán, nadie tiene derecho a meterse en la vida de nadie”, se lee en el mensaje que envió el funcionario a un grupo de WhatsApp con vecinos del barrio.

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Adorni agregó: “Quiero agradecer a todos los que se pusieron a disposición, a los amigos que hemos generado en Indio desde agosto 2023 cuando volvimos a pisar el barrio después de mucho tiempo (para quienes no lo saben mi mujer tiene allí hermosos recuerdos de su infancia) y a una gran cantidad de vecinos que sin conocernos demasiado, nos escribieron y se solidarizaron. Es por todo esto que decidimos hace ya bastante tiempo instalarnos y hacer que nuestros hijos crezcan en esa hermosa comunidad”.

El mensaje de Adorni a sus vecinos. (Foto: TN)

El jefe de Gabinete agregó: “Estamos tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó el lugar. Además todo está filmado y será enviado a la justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones”.

“Gracias a todos y quedo a disposición para lo que necesiten o consideren que pueda darles una mano”, concluyó el mensaje del funcionario.

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Las refacciones de la casa

Este lunes, el arquitecto a cargo de las renovaciones de esa casa, Matías Tabar, declaró ante la Justicia que el funcionario gastó más de US$245 mil dólares para acondicionar la pileta, instalar una cascada, colocar césped, equipar un quincho, entre otras refacciones.

Tabar aseguró que Adorni le pagó las refacciones en efectivo y sin factura en dos partes entre 2024 y 2025.

El arquitecto detalló cómo el jefe de Gabinete pagó US$3500 por una cascada para el jardín,US$13.810 para la reforma de una parrilla y US$9780 para la calefacción de la pileta. También que sumó cabezales para un jacuzzi y resauró un SUM.

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Las refacciones también incluyeron la remodelación de la entrada y una pérgola/garage, la construcción o modificación de la galería, la pintura interior, el enduido y reparación de paredes, junto con un cambio de pisos por porcelanato.

Leé también: Adorni dijo que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas: cuándo informará su patrimonio

A su vez, Tabar también se ocupó de hacer un revestimiento exterior tipo tarquini o similar, del cambio de puerta de entrada, el revestimiento y mejoras en la escalera, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

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La familia Adorni también modificó la pileta, que fue rellenada o reformulada para hacerla menos profunda, con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.

Manuel Adorni, exaltacion de la cruz, Gobierno

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Milei, entre Adorni y el desarrollo sin desarrollismo

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Hay dos procesos en marcha que en esta coyuntura desafían al gobierno de Javier Milei. Uno, el rumbo económico y la heterogeneidad de sus resultados. El otro, el enfrentamiento con la prensa conectado con la investigación judicial del caso Adorni y las llamaradas con las que sorprende cada día, como la declaración del contratista y la cifra de 245 mil dólares que se conoció el lunes: ese incendio está lejos de apagarse.

En lo económico, el plan Milei-Caputo demora efectos positivos palpables para los hogares. Y la puja política ya empieza a encontrar nuevos carriles: mientras el Gobierno plantea un desarrollo con macro estable pero sin desarrollismo, cuyos resultados salariales y de empleo están pendientes, una oposición kirchnerista residual se esfuerza por ponerse el traje de la moderación. Intenta darse una oportunidad de representación con la promesa de una “macro con la gente adentro”. Por suerte para el Gobierno, por ahora, esa opción está floja de credibilidad.

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Los dos frentes, economía y Adorni versus prensa, se retroalimentan y acentúan la tensión en la percepción de la opinión pública. La misma estrategia del Gobierno refuerza esa retroalimentación: en lugar de hacer pedagogía transversal sobre el sentido y los tiempos de su plan económico y aprovechar para eso el diálogo con cada periodista y cada medio, profundiza la ruptura con la mediación mediática y se dedica a ensayar respuestas malas al tema Adorni.

Se vio en la presentación de Milei en ExpoEFI, el congreso de economía que cerró con sus palabras el miércoles pasado. Su discurso duró una hora y veintiséis minutos, pero la repercusión se concentró en menos de cinco minutos en los que Milei atacó ferozmente a la prensa. Esos ataques se intensificaron desde que estalló el caso Adorni hace más de dos meses.

Milei usó ochenta y cinco minutos para dar respuestas sobre su concepción de la transición y su visión sobre el rol de su política económica en relación a la matriz productiva argentina. Pero el mensaje pasó de largo en medio de los ataques mediáticos mileístas, que se viralizaron. Esos momentos completó la saga que Milei había iniciado a la salida del Congreso, el miércoles de la exposición de Adorni, cuando respondió a una pregunta normal de un periodista con un insulto al periodismo en general: “chorros” y “corruptos”, gritó el Presidente.

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¿Le conviene al gobierno sostener y alimentar ese grado de conflictividad cuando cuando debería estar inundando la conversación pública con su pedagogía económica? En 2023, Milei interpretó el sonido del momento: su rabia y su motosierra representaron la rabia de la gente con la política que llevó a una Argentina estancada. ¿Cómo suena la calle hoy? Ahora que ocupa el poder, ¿a Milei se le puede volver en contra la rabia o hastío de la gente? Si no hay respuestas, la rabia ciudadana tiende a orientarse contra el oficialismo en el poder.

La puja política se organiza hoy en torno a Milei y las deudas propias que genera: Cristina Kirchner y el kirchnerismo empiezan a quedar instalados en el espejo retrovisor. El mismo Luis Caputo lo reconoció la semana pasada: “el riesgo kuka es cero”, dijo. Por eso es mayor el desafío del Gobierno: para consolidar el apoyo a su plan económico dejó de alentar el miedo al regreso del kirchnerismo, como lo hizo en la campaña electoral el año pasado. Agitar el “riesgo kuka” impacta en la apetencia de los mercados y genera una profecía de incertidumbre autocumplida: termina complicando el mismo plan económico del Gobierno. El “riesgo kuka” como miedo que sale del mismo Gobierno se integra en el riesgo país. El Gobierno aprendió esa lección.

Ahora Milei y Caputo necesitan ganar voluntades y tiempo con una estrategia distinta mientras esperan que se concreten los efectos positivos más generales de sus políticas. Ese aprendizaje les es esquivo: en lugar de inundar los espacios mediáticos con sus explicaciones, se dedican a romper aún más la conversación transversal con sus votantes menos cautivos. El repliegue en sus cámaras de eco los aísla de una sociedad que está más allá de sus votantes más leales.

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La política lo sabe: es más conveniente tener a los críticos a tiro de diálogo posible que cascotearlos desde la vereda de enfrente. Hay una prueba clara: cuando se abrió a la negociación en el Congreso, el Gobierno obtuvo resultados. Para cualquier gobierno, dar su visión de las cosas y responder preguntas y repreguntas incómodas en territorio independiente es una oportunidad más que un problema. Hablarle siempre a los convencidos no aumenta la credibilidad ni la confianza.

En el plano ético, por ahora el caso Adorni es una batalla perdida para el Gobierno: se necesita mucha ira presidencial para apagar ese fuego y distraer a la sociedad con otros conflictos. Esa cantera en algún momento se agota, y aunque no se extinga la cólera presidencial, sí cambia el contexto que la hace efectiva. Cuando el bolsillo se vacía, a la ciudadanía se le achica la paciencia ante los fuegos de artificio del poder político. Lo que quiere es salarios que alcancen y empleo disponible. Es la economía, estúpido, podría decir Milei.

El oficialismo libertario cree ver “sobres” en la persistencia del tema en los medios. En realidad, en los medios independientes, la cobertura responde a ratings y niveles de audiencias, además de un posicionamiento histórico de investigación del poder, no importa quién lo ocupe. Pero aún en la prensa kirchnerista o filo kirchnerista funciona algo más que sus sesgos ideológicos y su intencionalidad política: las audiencias también mueven esa cobertura. Si el caso Adorni sigue presente es porque sigue habiendo preguntas relevantes sin respuestas creíbles y a buena parte de la ciudadanía, traducida en ratings, views y clics, le sigue interesando. El Gobierno debería tomar nota de eso.

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La sombra larga del caso Adorni no va a desaparecer rápido. Hay agujeros negros en la batería de respuestas organizadas desde el Gobierno. Aquí, la enumeración de algunos, aunque son más. Primero, que la Justicia archivó la causa de la esposa de Adorni en el avión presidencial por inexistencia de delito: es cierto, pero el problema no era ése sino que tanto Milei como Karina Milei y Adorni habilitaron un privilegio discrecional típico de “la casta” que combaten. Segundo, que Adorni tiene derecho a tomarse vacaciones con su familia: es cierto, pero ése no es el punto. La cuestión es si los ingresos declarados de Adorni le permiten sostener ese nivel de gastos familiares o si fueron financiados por amigos contratistas del Estado.

Tercero, que Adorni no tiene que responder por sus conductas privadas: en realidad, tiene que hacerlo si se sospecha un delito o una falta ética detrás de esas conductas. Cuarto, que sólo responderá ante la Justicia: tampoco es una buena respuesta. Por un lado, porque la ciudadanía también demanda respuestas políticas sobre todo a un proyecto político que pone a la ética como política de Estado. Y además, porque si el esquema de Adorni es tan transparente como asegura, desde que se inició la causa está habilitado para presentar cada comprobante en los tribunales y así ahorrarle a la Justicia y a los contribuyentes tiempo y recursos aplicados para investigarlo judicialmente, sobre todo en un partido que pregona la eficiencia en el uso de los recursos.

Quinto, porque en su primera conferencia de prensa sobre el tema afirmó hechos que no se condicen con la realidad: dijo haber declarado todos sus bienes “en tiempo y forma”, pero la casa del country Indio Cua, comprada en noviembre de 2024, no consta su declaración jurada de 2025. Recién la incluyó este año, luego de iniciada la causa judicial.

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Cuándo y dónde quiere, Milei autorregula su barrabravismo de Estado. Lo exacerbó en la Cámara de Diputados el día del informe de Adorni; lo contuvo en ExpoEFI. Planteó a la iniciativa privada del empresario como descubridor de oportunidades con valor agregado en el mercado: “El héroe de esta película es el empresario. Como hacedores de políticas justas, nosotros tenemos que nivelar la cancha y el empresario tiene que decidir dónde invertir. Nosotros no elegimos ganadores. Esto (por los problemas históricos de Argentina) lo van a dar vuelta los empresarios que crean valor, por eso sacamos al Estado del medio”, explicó. Puso al Estado como desregulador de obstáculos para la misión del empresario: “Estamos generando mayor flexibilidad para que la reasignación de recursos sea lo más rápido posible”. Definió las características del escenario actual y el impacto en el momento darwiniano en el que se destruyen empresas y nacen otras: cambio tecnológico, cambios de precios relativos y liberación de rendimientos crecientes a partir de la desregulación y la apertura de mercados.

Sostuvo la estrategia de exportaciones diferenciadas como una oportunidad para la industria argentina, inclusive la industria textil: “La especialización no significa hacer de todo. Vamos a hacer algunas cosas en las que somos mejores. En las que somos malos no vamos a tener chances. Igual cuidado con en qué somos malos y en qué no somos malos. La discusión en el sector textil: dicen que no pueden competir contra China. Sin embargo, Italia tiene salarios más altos que nosotros y sin embargo, tienen industria textil: ¿cómo es eso? Compiten por diseño. Ponen el eje en el diseño. No es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Si van a estar llamando a papá Estado cada vez que algo no les gusta, va a ser difícil competir”.

El Gobierno espera que los resultados de la nivelación racional de la macro le den la razón en una matriz productiva creadora de empleo y de mejora del salario. A la “macro con la gente adentro” con la que lo corre el kirchnerismo en busca de oxígeno, le responde con la baja de la inflación como el primer pilar de ese camino.

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Mientras tanto, deja pasar oportunidades para acercar su mensaje. El Gobierno necesita resultados que se noten en el bolsillo de la gente, en las góndolas de los comercios y en los ladrillos de la construcción. No le queda más que esperar al paso del tiempo.

Para ganar tiempo, el Gobierno necesita explicar, explicar, explicar en lugar de construir enemigos en la prensa y retirarse del mercado del diálogo democrático con el periodismo independiente. Ese mercado libre es un escenario potente a la hora de dar batallas conceptuales. Abandonarlo implica un riesgo: generar un vacío y que lo ocupe otro.




Luciana Vázquez,Conforme a

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