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POLITICA

Milei, entre Adorni y el desarrollo sin desarrollismo

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Hay dos procesos en marcha que en esta coyuntura desafían al gobierno de Javier Milei. Uno, el rumbo económico y la heterogeneidad de sus resultados. El otro, el enfrentamiento con la prensa conectado con la investigación judicial del caso Adorni y las llamaradas con las que sorprende cada día, como la declaración del contratista y la cifra de 245 mil dólares que se conoció el lunes: ese incendio está lejos de apagarse.

En lo económico, el plan Milei-Caputo demora efectos positivos palpables para los hogares. Y la puja política ya empieza a encontrar nuevos carriles: mientras el Gobierno plantea un desarrollo con macro estable pero sin desarrollismo, cuyos resultados salariales y de empleo están pendientes, una oposición kirchnerista residual se esfuerza por ponerse el traje de la moderación. Intenta darse una oportunidad de representación con la promesa de una “macro con la gente adentro”. Por suerte para el Gobierno, por ahora, esa opción está floja de credibilidad.

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Los dos frentes, economía y Adorni versus prensa, se retroalimentan y acentúan la tensión en la percepción de la opinión pública. La misma estrategia del Gobierno refuerza esa retroalimentación: en lugar de hacer pedagogía transversal sobre el sentido y los tiempos de su plan económico y aprovechar para eso el diálogo con cada periodista y cada medio, profundiza la ruptura con la mediación mediática y se dedica a ensayar respuestas malas al tema Adorni.

Se vio en la presentación de Milei en ExpoEFI, el congreso de economía que cerró con sus palabras el miércoles pasado. Su discurso duró una hora y veintiséis minutos, pero la repercusión se concentró en menos de cinco minutos en los que Milei atacó ferozmente a la prensa. Esos ataques se intensificaron desde que estalló el caso Adorni hace más de dos meses.

Milei usó ochenta y cinco minutos para dar respuestas sobre su concepción de la transición y su visión sobre el rol de su política económica en relación a la matriz productiva argentina. Pero el mensaje pasó de largo en medio de los ataques mediáticos mileístas, que se viralizaron. Esos momentos completó la saga que Milei había iniciado a la salida del Congreso, el miércoles de la exposición de Adorni, cuando respondió a una pregunta normal de un periodista con un insulto al periodismo en general: “chorros” y “corruptos”, gritó el Presidente.

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¿Le conviene al gobierno sostener y alimentar ese grado de conflictividad cuando cuando debería estar inundando la conversación pública con su pedagogía económica? En 2023, Milei interpretó el sonido del momento: su rabia y su motosierra representaron la rabia de la gente con la política que llevó a una Argentina estancada. ¿Cómo suena la calle hoy? Ahora que ocupa el poder, ¿a Milei se le puede volver en contra la rabia o hastío de la gente? Si no hay respuestas, la rabia ciudadana tiende a orientarse contra el oficialismo en el poder.

La puja política se organiza hoy en torno a Milei y las deudas propias que genera: Cristina Kirchner y el kirchnerismo empiezan a quedar instalados en el espejo retrovisor. El mismo Luis Caputo lo reconoció la semana pasada: “el riesgo kuka es cero”, dijo. Por eso es mayor el desafío del Gobierno: para consolidar el apoyo a su plan económico dejó de alentar el miedo al regreso del kirchnerismo, como lo hizo en la campaña electoral el año pasado. Agitar el “riesgo kuka” impacta en la apetencia de los mercados y genera una profecía de incertidumbre autocumplida: termina complicando el mismo plan económico del Gobierno. El “riesgo kuka” como miedo que sale del mismo Gobierno se integra en el riesgo país. El Gobierno aprendió esa lección.

Ahora Milei y Caputo necesitan ganar voluntades y tiempo con una estrategia distinta mientras esperan que se concreten los efectos positivos más generales de sus políticas. Ese aprendizaje les es esquivo: en lugar de inundar los espacios mediáticos con sus explicaciones, se dedican a romper aún más la conversación transversal con sus votantes menos cautivos. El repliegue en sus cámaras de eco los aísla de una sociedad que está más allá de sus votantes más leales.

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La política lo sabe: es más conveniente tener a los críticos a tiro de diálogo posible que cascotearlos desde la vereda de enfrente. Hay una prueba clara: cuando se abrió a la negociación en el Congreso, el Gobierno obtuvo resultados. Para cualquier gobierno, dar su visión de las cosas y responder preguntas y repreguntas incómodas en territorio independiente es una oportunidad más que un problema. Hablarle siempre a los convencidos no aumenta la credibilidad ni la confianza.

En el plano ético, por ahora el caso Adorni es una batalla perdida para el Gobierno: se necesita mucha ira presidencial para apagar ese fuego y distraer a la sociedad con otros conflictos. Esa cantera en algún momento se agota, y aunque no se extinga la cólera presidencial, sí cambia el contexto que la hace efectiva. Cuando el bolsillo se vacía, a la ciudadanía se le achica la paciencia ante los fuegos de artificio del poder político. Lo que quiere es salarios que alcancen y empleo disponible. Es la economía, estúpido, podría decir Milei.

El oficialismo libertario cree ver “sobres” en la persistencia del tema en los medios. En realidad, en los medios independientes, la cobertura responde a ratings y niveles de audiencias, además de un posicionamiento histórico de investigación del poder, no importa quién lo ocupe. Pero aún en la prensa kirchnerista o filo kirchnerista funciona algo más que sus sesgos ideológicos y su intencionalidad política: las audiencias también mueven esa cobertura. Si el caso Adorni sigue presente es porque sigue habiendo preguntas relevantes sin respuestas creíbles y a buena parte de la ciudadanía, traducida en ratings, views y clics, le sigue interesando. El Gobierno debería tomar nota de eso.

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La sombra larga del caso Adorni no va a desaparecer rápido. Hay agujeros negros en la batería de respuestas organizadas desde el Gobierno. Aquí, la enumeración de algunos, aunque son más. Primero, que la Justicia archivó la causa de la esposa de Adorni en el avión presidencial por inexistencia de delito: es cierto, pero el problema no era ése sino que tanto Milei como Karina Milei y Adorni habilitaron un privilegio discrecional típico de “la casta” que combaten. Segundo, que Adorni tiene derecho a tomarse vacaciones con su familia: es cierto, pero ése no es el punto. La cuestión es si los ingresos declarados de Adorni le permiten sostener ese nivel de gastos familiares o si fueron financiados por amigos contratistas del Estado.

Tercero, que Adorni no tiene que responder por sus conductas privadas: en realidad, tiene que hacerlo si se sospecha un delito o una falta ética detrás de esas conductas. Cuarto, que sólo responderá ante la Justicia: tampoco es una buena respuesta. Por un lado, porque la ciudadanía también demanda respuestas políticas sobre todo a un proyecto político que pone a la ética como política de Estado. Y además, porque si el esquema de Adorni es tan transparente como asegura, desde que se inició la causa está habilitado para presentar cada comprobante en los tribunales y así ahorrarle a la Justicia y a los contribuyentes tiempo y recursos aplicados para investigarlo judicialmente, sobre todo en un partido que pregona la eficiencia en el uso de los recursos.

Quinto, porque en su primera conferencia de prensa sobre el tema afirmó hechos que no se condicen con la realidad: dijo haber declarado todos sus bienes “en tiempo y forma”, pero la casa del country Indio Cua, comprada en noviembre de 2024, no consta su declaración jurada de 2025. Recién la incluyó este año, luego de iniciada la causa judicial.

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Cuándo y dónde quiere, Milei autorregula su barrabravismo de Estado. Lo exacerbó en la Cámara de Diputados el día del informe de Adorni; lo contuvo en ExpoEFI. Planteó a la iniciativa privada del empresario como descubridor de oportunidades con valor agregado en el mercado: “El héroe de esta película es el empresario. Como hacedores de políticas justas, nosotros tenemos que nivelar la cancha y el empresario tiene que decidir dónde invertir. Nosotros no elegimos ganadores. Esto (por los problemas históricos de Argentina) lo van a dar vuelta los empresarios que crean valor, por eso sacamos al Estado del medio”, explicó. Puso al Estado como desregulador de obstáculos para la misión del empresario: “Estamos generando mayor flexibilidad para que la reasignación de recursos sea lo más rápido posible”. Definió las características del escenario actual y el impacto en el momento darwiniano en el que se destruyen empresas y nacen otras: cambio tecnológico, cambios de precios relativos y liberación de rendimientos crecientes a partir de la desregulación y la apertura de mercados.

Sostuvo la estrategia de exportaciones diferenciadas como una oportunidad para la industria argentina, inclusive la industria textil: “La especialización no significa hacer de todo. Vamos a hacer algunas cosas en las que somos mejores. En las que somos malos no vamos a tener chances. Igual cuidado con en qué somos malos y en qué no somos malos. La discusión en el sector textil: dicen que no pueden competir contra China. Sin embargo, Italia tiene salarios más altos que nosotros y sin embargo, tienen industria textil: ¿cómo es eso? Compiten por diseño. Ponen el eje en el diseño. No es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Si van a estar llamando a papá Estado cada vez que algo no les gusta, va a ser difícil competir”.

El Gobierno espera que los resultados de la nivelación racional de la macro le den la razón en una matriz productiva creadora de empleo y de mejora del salario. A la “macro con la gente adentro” con la que lo corre el kirchnerismo en busca de oxígeno, le responde con la baja de la inflación como el primer pilar de ese camino.

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Mientras tanto, deja pasar oportunidades para acercar su mensaje. El Gobierno necesita resultados que se noten en el bolsillo de la gente, en las góndolas de los comercios y en los ladrillos de la construcción. No le queda más que esperar al paso del tiempo.

Para ganar tiempo, el Gobierno necesita explicar, explicar, explicar en lugar de construir enemigos en la prensa y retirarse del mercado del diálogo democrático con el periodismo independiente. Ese mercado libre es un escenario potente a la hora de dar batallas conceptuales. Abandonarlo implica un riesgo: generar un vacío y que lo ocupe otro.




Luciana Vázquez,Conforme a

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La Cámara Electoral mantuvo la intervención judicial del PJ de Jujuy, pero ordenó correr al interventor alineado con Sáenz

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La Cámara Nacional Electoral definió sostener la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy, en contra de los deseos de la conducción nacional del peronismo, a cargo de Cristina Kirchner, pero ordenó sustituir al actual interventor, un hombre alineado con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El tribunal intervino, así, en una apelación que presentó la conducción del PJ, que el mes pasado designó como “normalizadores” del partido a la diputada nacional Teresa García y al exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez.

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El PJ jujeño está intervenido por la conducción nacional del partido desde julio de 2023. Tuvo como interventores al exministro de Seguridad Aníbal Fernández y al intendente de Merlo Gustavo Menéndez. Ambos no lograron concretar un llamado a elecciones y propiciaron la suspensión de más de 300 afiliados del PJ provincial, entre los que estaban dirigentes como el exvicegobernador Guillermo Jenefes, el extitular del PJ provincial Rubén Rivarola, o la actual senadora nacional Carolina Moisés (vicepresidenta de la Cámara alta).

A principios de abril, el juez federal Esteban Hansen designó un interventor judicial en lugar de los partidarios. Nombró a Ricardo Villada, un funcionario salteño que fue ministro de Gobierno provincial entre 2019 y 2025, con el gobernador Sáenz al mando de la provincia, y ahora se desempeña como asesor ad honorem del mandatario salteño (es coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación). Fue propuesto como interventor por la senadora Moisés, dentro de una terna en la que también Jenefes y Rivarola propusieron posibles interventores.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, indicó en un fallo del último jueves que está demostrada “la necesidad de la intervención judicial por haberse alcanzado un nivel de controversia tal entre las partes que no permite otro camino que no sea el de la normalización partidaria del modo en que fuera resuelta” por el juez Hansen.

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Los jueces de la Cámara Nacional Electoral Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas

En su apelación, el PJ nacional reclamó que se “disponga el inmediato apartamiento del interventor designado, al considerar que se encuentra afectado el principio de imparcialidad, neutralidad e independencia funcional”. Los jueces de la Cámara indicaron que “el hecho de que el Sr. Ricardo Guillermo Villada fuera propuesto previamente por una de las partes de la controversia en su solicitud de intervención judicial del partido al considerar que reunía las condiciones necesarias para desempeñarse en dicha calidad, podría resultar -por sí sola- en una percepción de parcialidad respecto de su actuación, lo cual supondría que el proceso de normalización del partido pudiera verse entorpecido en lo sucesivo”.

La Cámara concluyó que, “en atención a la necesidad de que la medida dispuesta por el señor juez de primera instancia cumpla eficazmente con la finalidad que la justifica, corresponde hacer lugar a la sustitución requerida, debiendo proceder a efectuar un nuevo nombramiento con la celeridad que el caso exige”. El juez de primera instancia deberá designar a un reemplazante de Villada. Desde el sector de la senadora Moisés, celebraron la decisión judicial de mantener la intervención, a pesar de que se haya definido separar a Villada. “El fallo demuestra que la judicialización de las internas ya no sirve de escudo ante el desgaste político y la falta de votos. Jujuy se convierte así en el primer laboratorio de una etapa de resistencia interna contra el centralismo porteño. Comienza ahora una carrera contra el reloj para devolverle el partido a los dirigentes locales”, sostuvieron desde ese espacio tras el fallo.

El PJ de Salta también está intervenido judicialmente y tiene al frente a otro dirigente alineado con Sáenz (José Luis Gambetta, vinculado, además, con el exsenador Juan Carlos Romero).

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la conducción,Javier Fuego Simondet,PJ Partido Justicialista,Jujuy,Cristina Kirchner,Conforme a,PJ Partido Justicialista,,De Kicillof a Gebel. El amplio abanico de precandidatos del PJ que ya se miden para la carrera presidencial de 2027,,Nuevo espacio. Santa María encabezó un encuentro bonaerense para pedir la libertad de Cristina Kirchner,,Congreso del PJ. Designaron “normalizadores” para Salta y Jujuy para contrarrestar fallos judiciales adversos

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El peronismo volvió a reclamar en el Senado la libertad de Cristina Fernández de Kirchner

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El Salón de las Provincias del Senado de la Nación reunió a senadores y diputados del peronismo que, en el primer aniversario del fallo que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner volvieron a pedir por su libertad.

El espacio elegido congregó a buena parte de los miembros del bloque justicialista del Senado y a sus pares de Unión por la Patria de Diputados y fueron los presidentes de ambos bloques los que tomaron la palabra y anunciaron que presentarán una nota frente a la Corte Suprema en donde expresarán “profundo rechazo, preocupación y repudio frente a los integrantes del poder judicial partícipes de una situación que es incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático”.

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“No hay plena democracia con jueces parciales, cuando se impide a la ciudadanía elegir, cuando no se permite participar a una dirigente. Ni los genocidas ni los narcos tienen las medidas de detención que le aplican a Cristina y entendemos que esto es un disciplinamiento político de parte de los jueces”, señaló Germán Martínez, presidente del bloque de UP y quien podría ser el encargado de llevar personalmente el documento de los legisladores al Máximo Tribunal.

El encuentro reunió a senadores y diputados del peronismo

Luego tomó la palabra el senador José Mayans, quien hizo referencia a que “ayer -9 de junio- fue el Día de la Resistencia peronista y la compañera Cristina inauguró hace un año el encuentro señalando que nuestra misión era continuar la lucha. Ahí ratificó la decisión de ser candidata a diputada provincial para luchar contra el gobierno cipayo y antipatria de Milei. Se postuló el 5 de julio, lo ratificó el 9 y rápidamente la Corte sacó el fallo por el temor que le tienen”.

Luego de hacer referencia al intento de magnicidio que sufrió la ex Vicepresidenta, el formoseño explicó las condiciones en las que está detenida comparándola con las especificaciones de las detenciones domiciliarias de narcotraficantes y genocidas. “Solo el 1,76% de los presos tiene restricciones de visitas”.

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Acto seguido, dijo que la discusión también tiene que ver con la pena. “Le dieron 6 años de prisión pero la inhabilitaron de por vida. Hay una desproporcionalidad con la inhabilitación de por vida ¿tanto miedo le tienen?”.

“Nos están sacando la patria, por eso estamos acá, a un año de la aberración que tiene detenida a Cristina Kirchner”, agregó.

Mayans apuntó contra Javier Milei por su frase en un reportaje de “ser el presidente que se animó a meter presa a Cristina”, y también contra Mauricio Macri, quien, cuando desde el mundo libertario dijeron que su candidatura le hace el juego al kirchnerismo respondió que había que “preguntarle a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo”.

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Mayans y Martínez, dos de los legisladores que hablaron en el encuentro por CFK

Luego de hacer referencia a las noticias en las que se señalaba que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa y otros funcionarios por acogerse a los beneficios de la ley de inocencia fiscal, el diputado Carlos Castagneto -ex titular de ARCA– explicó que esto no extinguía la causa penal por enriquecimiento ilícito. Fue una novedad de la jornada que los legisladores del peronismo utilizaron para contrastar y volver a insistir en el manejo político de la detención de CFK.

La interna peronista

La detención de CFK y una posible forma de obtener su libertad divide las aguas en el peronismo. Aunque entre los legisladores presentes había representantes de varias de las corrientes que confluyen en el peronismo -y estaba ausente Máximo Kirchner– hubo una pregunta en la que todos se miraron que fue si Axel Kicillof se debería reunir con la ex mandataria presa.

Este punto divide las aguas ya que hay sectores que entienden que hay que “correr” a la ex presidenta de los discursos de campaña, ganarle a Milei y, en todo caso, definir la forma en la que se va a solucionar su detención y proscripción y otros que entienden que no se puede ir a una elección con candidatos proscriptos.

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“Lo que nos diferencia es ese punto”, explicó la diputada nacional y una de las figuras de La Cámpora, Paula Penacca. “El eje central es que cualquiera del peronismo que quiera volver a gobernar tiene que entender que no hay chance de generar mejor vida para la gente si hay líderes proscriptos y si alguien puede ir preso por las decisiones que tome que busquen mejorar la vida de la sociedad”.

El próximo 20 de junio La Cámpora organiza un banderazo en Parque Lezama en apoyo a la ex presidenta. En ese encuentro es probable que haya una bandera del Movimiento Derecho al Futuro. “Está bien que haya una bandera del sector de Axel, pero el debate no es si hay una bandera o no, es si el peronismo puede ir a una elección con sus referentes proscriptos”, agregó.

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La Policía Local se metió en la interna del PJ: Berni chocó con el plan de Kicillof y presentará su propio proyecto

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El pedido de los intendentes bonaerenses para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avance con la creación de policías municipales encontró su primera reticencia dentro del peronismo y repercutió en la Legislatura bonaerense, donde se discutirá la ley. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado provincial, Sergio Berni, avisó que impulsará su propio proyecto de reforma policial y desconfía de la idea que vienen traccionando los jefes comunales, sobre todo del peronismo. Así, el tema empieza a ingresar a un laberinto, antes de ver la luz.

Para Berni, el tema tiene que ver con los tiempos electorales. Se emparenta, de hecho, a lo que sucedió en 2014 cuando el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, creó por decreto la Policía Local, antes de ingresar con énfasis en el campaña electoral hacia la elección del 2015. Esa fuerza de seguridad quedó absorbida luego por la estructura de la policía bonaerense. “Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, suele repetir el ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Hoy está distanciado con el gobernador y mantiene un frente abierto en el Senado, desde la conducción del bloque peronista, con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario.

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En la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado que enviaría un proyecto de ley para el personal policial. El mismo, había dicho el mandatario, “actualiza la normativa y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del Siglo XXI”; además, también informó que buscará modificar la Ley de Seguridad Pública. En ese punto, Berni tiene un proyecto similar. Ya lo presentó cuando asumió como senador, pero el texto perdió estado parlamentario. Entre las distintas modificaciones que propone, se prohíbe que los policías retirados estén al frente de las secretarías de seguridad en los distritos. La idea es mirada con recelo por distintos intendentes que tienen en su gabinete a ex efectivos. “Los intendentes quieren el control del territorio”, opina Berni al respecto, y no pasa por una cuestión de mayor presencia policial. Lo ejemplifica con la cantidad de efectivos en promedio de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense y el número de delitos entre una administración y la otra. Cree, también, que los intendentes rechazarán esa cláusula.

Javier Alonso junto a intendentes de la provincia de Buenos Aires como Ariel Sujarchuk (Escobar) y Jorge Ferraresi (Avellaneda)

Desde hace más de un mes que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, viene reuniéndose con intendentes tanto del peronismo como de la UCR o del PRO para debatir detalles del proyecto que el Ejecutivo presentará ante la Legislatura. Ese movimiento aún no se ejecutó.

“Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”, decía el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, del PRO aunque cercano a la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

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Pero los intendentes que orbitan cerca de Kicillof también presionan para darle un marco normativo a las fuerza de seguridad local. Lo planteó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, luego de reunirse con Alonso. “Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, aseguró Sujarchuk.

La vicegobernadora bonaerese, Verónica Magario y Axel Kicillof

Además de ser el presidente del bloque peronista en el Senado, Berni quedó al frente de la comisión de Seguridad. Recientemente conformada la comisión, el exministro usará ese ámbito para marcar sus diferencias con la vicegobernadora y titular de la Cámara alta. Lo explicitó cuando se conformó la comisión de Seguridad, semanas atrás. “En virtud de que la cámara hace casi 6 meses que no funciona, y que es una falta de respeto hacia los bonaerenses, por todas estas falencias y nulidades, vamos a hacer la formalidad de crear una comisión de seguridad”, planteó en la primera reunión de comisión. Las diferencias son políticas y se enmarcan en la discusión interna y macro que atraviesa el peronismo.

En el recorrido legislativo, en algún momento, el proyecto que eleve el Ejecutivo sobre policías locales debería pasar por la comisión de Seguridad que comanda Berni, que tiene once integrantes. De ese total, Fuerza Patria tiene seis integrantes, aunque están repartidos sectorialmente. Por el cristinismo, además de Berni, se anota Sabrina Bastida. Los intendentes cuentan con la figura de Adrián Santarelli; mientras que el Frente Renovador -que está a favor de las policias comunales- cuenta con la presencia de Marcos Pisano y Malena Galmarini.

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