POLITICA
El enemigo imaginario que justifica un DNU absurdo
El reciente Decreto 681/26, que modifica la ley de migraciones para impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que hubieran emitido mensajes de odio contra el pueblo argentino, es un excelente ejemplo para ilustrar, por el absurdo, lo que un decreto de necesidad y urgencia no debe ser. Su inconstitucionalidad es flagrante por el contenido, pero lo es más por la vía elegida.
Quienes lo rechazan (una categoría que incluye también a personas que habitualmente apoyan las políticas del gobierno nacional) se han detenido por lo general en el primer aspecto. No les falta razón. Los mensajes de odio a los que se refiere el decreto se vinculan a lo que se ha denominado la “campaña antiargentina”. Los considerandos del decreto no emplean esa expresión, pero la idea está expuesta con claridad: “Que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Ese supuesto fundamento se expone en términos dogmáticos, como una verdad que no necesita ser demostrada. Aunque no se lo aclara, es obvio que los “mensajes de odio” son las críticas que despertó en las redes sociales el desempeño de la selección argentina de fútbol y algunas expresiones de personalidades conocidas internacionalmente, como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, que acusaron a los argentinos de racistas. Cada tanto surgen ciertas estupideces de este tipo. Hace unos años, el diario The Washington Post señalaba, como si se tratara de un acto de discriminación, que en la selección argentina no había negros.
De todas formas, por injustas y reprobables que nos parezcan, estas voces no son parte de ninguna campaña, si por tal se entiende una acción planificada. Tampoco se podría hablar de una campaña argentina contra los extranjeros o algunas clases de extranjeros cuando se recuerdan afirmaciones de altos funcionarios del gobierno nacional o importantes dirigentes del oficialismo que emiten mensajes del más crudo racismo. Son manifestaciones individuales, aunque alguien podría sospechar en una fuerza política tan verticalista si son alentadas o por lo menos admitidas por la fraternidad gobernante. Llama la atención, en todo caso, que se mencione como uno de los fundamentos de la medida el Pacto de San José de Costa Rica en cuanto prescribe que se debe prohibir por ley “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional” si se tiene en cuenta que el presidente de la Nación expresa reiteradamente que “no odiamos suficiente a los periodistas”. Acaso haya odios buenos y odios malos.
¿Quién determinará si un extranjero que ingresa en nuestro territorio odia al pueblo argentino? Un empleado administrativo de migraciones. ¿Sobre qué base? ¿Se pasará horas y horas navegando por las redes sociales a la pesca de algún mensaje que lo haga aparecer como un odiador? ¿O algún organismo del Estado argentino practicará por él ese patrullaje? Por no hablar de la vaguedad de la tipificación de los discursos de odio, que evoca la manipulación de este concepto por parte del kirchnerismo. ¿Asistiremos a la creación de un NODIO libertario?
En cualquier caso, ese es un debate que eventualmente debería dar el Congreso, que así como sancionó, puede modificar la ley de migraciones. ¿Lo puede hacer también el Presidente? Solo mediante un decreto de necesidad y urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (art, 99, inc. 3, CN). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que esas circunstancias se configuran en dos hipótesis: 1) si materialmente el Congreso no se puede reunir, por ejemplo, en caso de una catástrofe natural; 2) si la necesidad de dictar cierta medida es tan urgente y apremiante que no se pueden esperar los plazos que, aun imprimiéndoles un trámite acelerado, demanda el proceso de formación y sanción de las leyes.
Como actualmente no existe ninguna circunstancia que impida la reunión del Congreso, solo cabría dictar un decreto de necesidad y urgencia en la segunda hipótesis. ¿Cuál es, entonces, la urgencia? Los considerandos del decreto ni siquiera intentan identificarla. Como suele suceder en estos casos, se conforman con la mecánica cita del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, sin justificar el motivo por el cual en este caso concreto hay esa urgencia. Les basta decir: “Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
¿Pero qué ha ocurrido? ¿Hay una súbita oleada de odiadores intentando ingresar a la Argentina? ¿Las imágenes de Ezeiza como una Ceuta sudamericana nos están siendo ocultadas? La fundamentación de este decreto groseramente inconstitucional es tan absurda que no merece mayor comentario. ¿Nos tranquiliza o más bien nos debe preocupar que el Poder Ejecutivo sabe que además es impracticable, que solo intenta sacar rédito del nacionalismo mundialista y que pronto los algoritmos serán el caldo de cultivo de otra medida populista contra un nuevo enemigo imaginario?
Osvaldo Pérez Sammartino,LA NACION,Política
POLITICA
Mandan a un tribunal oral a revisar si corresponde anular la condena a Guillermo Moreno por la falsificación de datos del INDEC
La Cámara Federal de Casación abrió la puerta para evaluar si corresponde anular la condena a Guillermo Moreno a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por falsear datos del INDEC cuando era secretario de Comercio durante el kirchnerismo, porque entiende que se encuentra prescripta por el paso del tiempo.
Los jueces de la Sala II del tribunal, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, rechazaron un recurso extraordinario del fiscal ante la Casación Mario Villar, evitaron que el caso vaya a la Corte y convalidaron la decisión por la cual ordenaron al tribunal oral que hizo el juicio que evalúe si la causa contra Moreno y su exnúmero dos Beatriz Paglieri se encuentra prescripta.
Los magistrados declararon inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el fiscal y con ello quedó firme la decisión por la cual se ordenó al tribunal oral la revisión del fallo, a 17 años desde que ocurrieron los hechos.
Los magistrados consideraron que el escrito del fiscal Villar no cumplía con los recaudos que la ley exige para la admisibilidad del recurso, y dijeron que no iba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo cual decidieron su desestimación por inadmisible.
Los jueces basaron su fallo en el criterio sostenido por la propia Corte Suprema de Justicia en lo relativo a los requisitos exigidos para la interposición del recurso extraordinario. El tribunal oral ahora queda ahora obligado a dictar un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción ajustado al estándar trazado por los jueces Borinsky y Slokar que ya señalaron que el asunto puede estar prescripto ya que la causa lleva más de 17 años de tramitación.
La causa se originó en una denuncia presentada en febrero de 2007 vinculada a la actuación de Moreno en el INDEC durante su gestión como secretario de Comercio Interior.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, condenó a Moreno y a Paglieri a una pena de tres años en suspenso por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos. La coimputada Marcela Filia fue absuelta y el fallo quedó firme y fue consentido por la propia fiscalía.
El 1° de julio de 2026, la Sala II, por mayoría de los jueces Slokar y Borinsky, con la disidencia del juez Javier Carbajo, había hecho lugar a los recursos de casación de ambas defensas, y ordenando que se dicte un nuevo fallo.
El tribunal oral había rechazado el planteo de prescripción al considerar que mientras Filia fuera funcionaria en el INDEC no operaba ese supuesto, aun cuando hubiera sido absuelta por una decisión firme y consentida por el fiscal.
La mayoría de Casación revocó ese criterio al sostener que el principio de que la causa no prescribe cuando un imputado es funcionario público tiene el propósito de evitar que corra el término mientras quien ocupa ese cargo pueda influir negativamente u obstaculizar el avance de la investigación. Y además dijo que el imputado que suspende los plazos no debe ocupar cualquier cargo público, sino uno que tenga incidencia sobre el asunto del proceso.
El tribunal oral había reconocido al absolver a Filia que no surgía de las constancias del expediente cuáles fueron las actividades que desarrolló en el INDEC, ni el cargo para el que fue contratada. Sin embargo, entendió que se trataba de una empleada administrativa que cumplió órdenes propias de sus funciones.
Pero la Cámara de Casación entendió que ese déficit no podía ser suplido luego para sustentar la suspensión del plazo. Ahora los jueces del Tribunal Oral Federal 2 deberán revisar nuevamente si corresponde o no declarar prescripto el caso.
la condena,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Germán Martínez: “El principal desafío que tiene el peronismo es la reconstrucción de la confianza”
El debate por el Presupuesto 2027 comenzará a ocupar el centro de la agenda del Congreso y, con él, las negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y los bloques opositores. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, sostuvo que su espacio esperará a conocer el proyecto definitivo antes de fijar una posición, aunque anticipó algunos de los puntos que buscará discutir.
Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador recordó que el Gobierno había enviado al Congreso el adelanto del Presupuesto el 3 de julio y consideró que allí ya podían observarse algunas de las proyecciones que ahora trascendieron. “Ya a esta altura conviene esperar el documento final”, planteó.
Martínez aclaró que Unión por la Patria no se opone a que el país tenga una Ley de Presupuesto. “Nosotros nunca estuvimos en contra de que haya un presupuesto”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que el análisis de las cuentas públicas quede concentrado en el resultado fiscal y sostuvo que también deben contemplarse la evolución de los ingresos y el nivel de actividad.
Como antecedente, recordó que el Presupuesto aprobado en diciembre había proyectado una inflación del 10,1% para este año y planteó que las diferencias entre las previsiones oficiales y la evolución posterior de la economía deben ser consideradas al analizar las nuevas estimaciones.
El impacto del ajuste y la preocupación por la economía
Para respaldar su planteo, Martínez citó durante la entrevista un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la evolución del gasto público. Según los datos que mencionó, entre enero y agosto de 2026 y el mismo período de 2023, las transferencias corrientes a las provincias cayeron un 86%, mientras que la obra pública y el gasto de capital registraron una reducción del 83%.
También señaló una caída cercana al 40% en el financiamiento universitario y en las prestaciones sociales, mientras que, según su exposición, las jubilaciones acumularon una pérdida real del 8,2% frente a 2023.
“Hay que pensar el presupuesto también teniendo en cuenta estos elementos”, sostuvo. Para el diputado, la discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas debe contemplar qué ocurre con los recursos que ingresan al Estado.
“Si uno mira solamente la dinámica del gasto sin mirar la dinámica de los ingresos, se complica”, explicó. En ese sentido, vinculó la recaudación con el nivel de actividad y sostuvo que una economía con mayor producción y consumo amplía la base sobre la cual se cobran los impuestos.
La situación de la industria ocupó otro tramo de la entrevista. Martínez contó que participó en Esperanza de la reunión anual de la Federación de Industriales de Santa Fe por el Día de la Industria y aseguró que allí recibió un diagnóstico negativo por parte de empresarios del sector. “El principal problema que tenemos hoy es un infernal parate económico”, definió.
Según relató, el presidente de la entidad habló de un “ACV productivo” para describir la situación. Martínez sostuvo que el crecimiento de sectores orientados a la exportación, como los hidrocarburos, la minería, el litio, la economía del conocimiento y las energías renovables, necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna. “Si a esos elementos no le agregás un mercado interno potente, no te alcanza”, afirmó.
Qué dijo sobre el proyecto del Gobierno para Malvinas
Martínez también se refirió al proyecto que el Gobierno prepara sobre Malvinas y que contempla medidas vinculadas con empresas que desarrollen actividades en las islas. El diputado evitó anticipar si Unión por la Patria acompañará la iniciativa hasta conocer su contenido. “Veremos cuál es el contenido y evaluaremos en función de eso”, respondió.
El jefe del bloque opositor recordó que el Congreso ya cuenta con legislación sobre la cuestión. Mencionó las leyes sancionadas en 2008 y 2011 relacionadas con la pesca y con sanciones a empresas que operen en la zona sin autorización argentina.
En ese contexto, cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar ahora nuevas medidas y reclamó que el proyecto sea discutido en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa. “Que venga el proyecto y que se debata y que esté abierto”, sostuvo.
Martínez también planteó la necesidad de establecer controles sobre las actividades económicas vinculadas con los recursos de las islas y advirtió sobre posibles irregularidades en sectores como los hidrocarburos y la pesca.
El desafío del peronismo y su mirada sobre Kicillof
Consultado por la reconstrucción del peronismo, Martínez sostuvo que el espacio debe recuperar capacidad para interpretar las preocupaciones cotidianas de la sociedad. “Tenemos que tener una capacidad de leer con precisión dónde está puesta la expectativa de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”, afirmó.
Entre los temas que considera centrales ubicó la actividad económica, el empleo, la recuperación del salario real, el consumo interno y las políticas de ciencia y tecnología. En materia laboral, señaló que se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.
El diputado también reconoció errores de las administraciones peronistas y los vinculó con el deterioro de la confianza de parte del electorado. “El principal desafío que para mí tiene el peronismo tiene que ver con la reconstrucción de la confianza”, sostuvo.
Sobre Axel Kicillof, Martínez lo definió como “un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires” y lo ubicó entre los dirigentes que podrían formar parte de una futura propuesta presidencial del peronismo.
En Santa Fe, en tanto, evitó confirmar una candidatura a gobernador, aunque reconoció que analiza esa posibilidad. “Ganas no me faltan”, dijo, y señaló que cualquier definición dependerá de la estrategia que adopte el Partido Justicialista provincial.
También evaluó la gestión de Maximiliano Pullaro. Martínez reconoció como un dato positivo la reducción de los homicidios dolosos y las balaceras en Rosario. “Hay un acierto, sin lugar a dudas, y hay que tratar de sostenerlo”, afirmó.
Al mismo tiempo, sostuvo que la venta de estupefacientes en los barrios de la ciudad “lejos de solucionarse, está potenciada”. También valoró la inauguración de un natatorio en la zona sur de Rosario y cuestionó el rumbo económico de la provincia, al considerar que Santa Fe quedó condicionada por las decisiones del gobierno de Javier Milei.
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POLITICA
¿Cuál es la “prueba nueva” y qué cambia en el frente internacional? Claves del anuncio de los abogados de Cristina Kirchner
Los abogados de Cristina Kirchner anunciaron este martes que sumarán un nuevo elemento al frente internacional que iniciaron ante la ONU con el objetivo de revertir la condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad y, en lo inmediato, derribar la inhabilitación a cargos públicos. Esto le permitiría a la expresidenta mantener viva una eventual candidatura, en medio de la disputa interna que atraviesa el peronismo.
El nuevo elemento es un estudio pericial encargado por la defensa a contadores y economistas, elaborado a partir de información surgida durante el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas.
Estas son algunas claves para entender lo que puede pasar:
La defensa de la expresidenta tiene listo un informe técnico que incorporará a la causa que abrió ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pretende apuntalar su planteo general contra el fallo de Vialidad, que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo está firme y el año pasado se agotaron todos los recursos cuando la Corte rechazó la última queja de la defensa. Por eso, desde hace poco más de un mes, la expresidenta explora un camino incierto en el terreno internacional, cargado de interrogantes.
El informe todavía no fue presentado, aseguraron esta tarde.
Asegura que las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez (Grupo Austral) representaron menos del 1% de los desembolsos ejecutados desde una de las fuentes de financiamiento de Vialidad, mediante la cual la Justicia acreditó la participación de la expresidenta en el manejo de la obra pública.
Se trata de la “Fuente 14”, una nomenclatura presupuestaria asociada a un fideicomiso nutrido principalmente con impuestos al gasoil.
Es decir que, de esa fuente en particular, de la que se partieron 2.200 millones de dólares hacia varias empresas constructoras, Báez habría recibido poco más de 18 millones de dólares; un 0,85% del total.
El trabajo fue elaborado por especialistas de una consultora brasileña y utilizó como base una planilla de Vialidad que fue recientemente incorporada al juicio de los Cuadernos de las Coimas.
En ese otro proceso, la expresidenta y muchos de los empresarios favorecidos por la “Fuente 14″ son acusados de intercambiar coimas por obra pública.
Busca atacar uno de los ejes del fallo: el decreto 54/2009, que incorporó formalmente a Vialidad como beneficiaria de la “Fuente 14”. Los jueces del tribunal -y luego los de la Casación al confirmar la sentencia- entendieron que la expresidenta, al firmarlo, tuvo una participación directa en la maniobra.
El estudio busca relativizar la relevancia que la condena atribuyó al decreto. No menciona -como sí lo hicieron los jueces del TOF 2 en los fundamentos del fallo- el “incontrovertible” vínculo comercial que Báez mantenía con la familia Kirchner. Parte de esos hechos se investigan en la causa Hotesur-Los Sauces.
Por ahora, nada. La defensa presentará el informe antes de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se reúna en octubre.
Los abogados de Cristina Kirchner consideran que este nuevo elemento refuerza el planteo realizado tiempo atrás, pero por estas horas trabajan —especialmente el brasilero Rafael Valim— para que el caso de la expresidenta, que espera junto a muchos otros, sea atendido en las sesiones previstas para el próximo mes.
Nada garantiza que eso ocurra y por eso la estrategia es secuencial: si el Comité no trata el caso o el resultado es adverso, la defensa avanzará con un pedido de revisión en el país.
El Comité está integrado por 18 miembros y, en líneas generales, resuelve a través de una mayoría simple. La mitad de sus miembros se renueva cada dos años y en enero próximo habrá un recambio. Eso abre una particularidad: puede ocurrir que quienes habiliten el tratamiento del caso podrían no ser exactamente los mismos que después lo analicen.
Aun si el Comité le diera la razón a la expresidenta, quedaría abierta una discusión en torno a si la Justicia argentina debe o no adecuarse a ese eventual pronunciamiento.
Formalmente, el Comité emite un “dictamen”. Para la defensa de la expresidenta, la Justicia argentina está “constitucionalmente” obligada a respetarlo por los compromisos internacionales asumidos, aunque entre especialistas no está claro que esto sea así.
La Corte, de hecho, al referirse a otro órgano internacional (la Corte Interamericana) sostuvo que ese tribunal no constituía una “cuarta instancia” para revisar o anular decisiones jurisdiccionales estatales, sino que su intervención es “subsidiaria, coadyuvante y complementaria”.
El espejo en el que se mira la expresidenta es el caso de Lula da Silva en Brasil. La “comunicación individual” presentada por el actual presidente brasileño -en julio de 2016- fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión, al concluir que Brasil había violado derechos de Lula reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, el pronunciamiento favorable de la ONU sobrevino después de que la propia Justicia brasileña anulara la condena contra Lula.
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