ECONOMIA
El FMI pone la mira en el Monotributo y propone un cambio que afectará a millones de contribuyentes
Cuando el monotributo nació, en 1998, el techo máximo para quedarse en el régimen era de $144.000 anuales. En plena convertibilidad, eso equivalía a u$s144.000. Hoy, ajustados por la inflación acumulada en Estados Unidos durante esos 27 años, esos mismos dólares representarían aproximadamente u$s270.000. Sin embargo, la categoría más alta del monotributo vigente en junio de 2026 permite facturar hasta $108 millones anuales, poco más de u$s74.000 al tipo de cambio oficial. Es decir: el techo real del régimen se redujo a menos de la mitad de lo que era cuando fue creado.
Esa brecha no es un accidente. Es el resultado de décadas de actualizaciones insuficientes que fueron comprimiendo el régimen hacia abajo, empujando en teoría a los contribuyentes de mayores ingresos hacia el régimen general. Lo que ocurrió en la práctica fue otra cosa: millones de trabajadores independientes permanecen inscriptos en el monotributo según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a febrero de 2026, una cifra que los propios técnicos reconocen podría estar subestimada dado que ARCA, el organismo recaudador, no publica estadísticas desagregadas por categoría. Nadie sabe con certeza cuántos monotributistas están acumulados en las categorías superiores, facturando cerca del techo y evaluando cada año si les conviene pasarse al régimen general o seguir en el gris.
Ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone el tema sobre la mesa y propone reformarlo en el documento técnico que acompaña a la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con Argentina.
El diagnóstico de partida es contundente. El sistema tributario argentino es, según el texto del FMI, «complejo, altamente distorsivo e inestable, y pesa sobre el crecimiento y la competitividad». Con una presión fiscal equivalente al 27% del PBI en 2025, Argentina no tiene un problema de recaudación insuficiente sino de recaudación mal construida: más de 155 impuestos, tasas nominales elevadas y una base imponible estrecha por la proliferación de regímenes especiales.
Dentro de ese mapa, el Monotributo ocupa un lugar destacado. El FMI estima que el régimen genera un gasto tributario de aproximadamente 1 punto porcentual del PBI, lo que lo convierte en la segunda fuente de erosión de la base imponible después del IVA. El organismo reconoce sus virtudes: «simplifica el cumplimiento, promueve la formalización y amplía la cobertura de salud y jubilación». Pero al mismo tiempo señala sus problemas estructurales.
El primero es la brecha de carga fiscal. El Monotributo «impone una carga efectiva mucho menor que el régimen general, lo que genera fragmentación de empresas y limita el crecimiento de los negocios». El segundo es el efecto escalón: «la estructura de pagos fijos crea saltos bruscos en la obligación tributaria entre categorías que desincentivan el pasaje a tramos superiores de facturación». En criollo: el sistema premia quedarse quieto.
La recomendación del FMI es directa. Cualquier reforma del monotributo debería:
- Reducir los efectos de umbral
- Alinear las tasas efectivas y las contribuciones a la seguridad social con el régimen general
- Aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento
Y pone número a la apuesta: alinear el Monotributo con el sistema general del Impuesto a las Ganancias podría generar una ganancia fiscal de 1 punto porcentual del PBI.
El mapa de los contribuyentes
El monotributo tiene once categorías. Las primeras siete funcionan como debería funcionar un régimen simplificado: una carga fiscal modesta, entre el 3 y el 5% de la facturación, para trabajadores independientes de ingresos bajos y medios. El problema empieza cuando se llega a las categorías superiores, donde el régimen revela su verdadera tensión con el sistema general.
Tomemos el caso de un profesional independiente, un contador, un arquitecto, un desarrollador de software, que factura cerca del techo de la categoría H: $70 millones anuales, unos u$s48.000 al tipo de cambio oficial de junio de 2026. En el monotributo, ese profesional paga una cuota mensual de $447.346 si presta servicios, lo que representa una carga anual del 7,7% sobre su facturación. Si en cambio ese mismo año su facturación supera el techo y queda obligado a pasarse al régimen general, la carga estimada salta al 42%. De un año al otro, la presión fiscal se multiplica por cinco y medio.
La categoría K, la más alta del régimen, hace la diferencia aún más elocuente. Un contribuyente que factura hasta 108 millones de pesos anuales, equivalentes a 74.000 dólares, paga en el monotributo el 15,3% si presta servicios, o apenas el 6,7% si vende bienes. Frente al 45% del régimen general, la brecha llega a casi 40 puntos porcentuales.
Esos números explican por sí solos por qué millones de trabajadores independientes permanecen en el monotributo según los datos del SIPA a febrero de 2026, y por qué muchos de ellos hacen lo imposible por no cruzar el umbral. Pero hay un factor adicional que el debate público casi nunca menciona y que termina de cerrar la trampa: quien supera el techo del monotributo y pasa al régimen general no puede volver hasta que transcurran tres años calendario completos, contados desde el primero de enero del año siguiente a la exclusión. Tres años pagando el 42 o el 45% antes de poder solicitar el regreso.
La categoría K del monotributo, la más alta del régimen, hace la diferencia aún más elocuente
Las propuestas del FMI a la luz de la historia
El régimen nació en 1998 con una lógica de emergencia social. La Argentina de los 90 había expulsado del mercado laboral formal a miles de trabajadores: las privatizaciones, el achicamiento del Estado y la reconversión productiva volcaron al cuentapropismo a una generación que anteriormente era asalariada. Gente que había perdido la corresponsabilidad del patrón y necesitaba urgente una jubilación y una obra social a bajo costo. El monotributo fue, en ese contexto, menos un instrumento fiscal que una política de inclusión social con forma de impuesto.
Esa matriz de origen explica buena parte de sus resistencias actuales a cualquier reforma. Cada vez que el sistema fue modificado, la lógica dominante fue la de ampliar la cobertura, no la de acercarlo al régimen general. La reforma de 2004 incorporó a las cooperativas de trabajo y a las sociedades de hecho. La de 2009 elevó los topes de facturación. La de 2016 le sumó asignaciones familiares y recategorización de oficio. En ninguna de esas instancias se abordó la brecha de carga fiscal entre el monotributo y el régimen general como un problema en sí mismo. Se la administró, se la contuvo, pero nunca se la discutió de frente.
El resultado, visto desde 2026, es un régimen que cumplió sus objetivos originales de formalización e inclusión pero que creció en una dirección que sus creadores no habían previsto del todo: se convirtió en el techo contributivo para millones de trabajadores independientes que, ante la alternativa de pagar el 42 o el 45% en el régimen general, encontraron en el monotributo no un escalón hacia la formalidad plena sino un destino permanente. Lo que el FMI llama «fragmentación de empresas y limitación del crecimiento de los negocios» es, visto desde adentro, la respuesta racional de contribuyentes que aprendieron que crecer fiscalmente en Argentina tiene un costo prohibitivo.
El costo político y la viabilidad de la reforma
Reformar el monotributo es, en términos políticos argentinos, un ejercicio de equilibrismo sobre un cable sin red. Los millones de contribuyentes inscriptos en el régimen no son solo un dato estadístico: son votantes, son familias, son el tejido productivo de barrios y ciudades del interior que identifican al monotributo no como un privilegio fiscal sino como el único puente que los conecta con la salud y la jubilación. Tocar ese puente tiene un costo electoral que ningún gobierno desde 1998 estuvo dispuesto a pagar de manera frontal.
El FMI lo sabe. Y su propuesta, leída con atención, no es una reforma de shock sino una hoja de ruta gradual. El Selected Issues Paper no pide eliminar el monotributo ni fusionarlo abruptamente con el régimen general. Pide tres cosas más acotadas: reducir los saltos bruscos entre categorías, alinear progresivamente las tasas efectivas y las contribuciones a la seguridad social con el régimen general, y aprovechar las herramientas digitales para mantener la simplicidad del cumplimiento durante la transición. La ganancia fiscal estimada de 1 punto del PBI no es el punto de llegada de una reforma inmediata sino el horizonte de una convergencia gradual.
El problema es que en Argentina lo gradual tiene una historia propia. Cada vez que un gobierno intentó actualizar los topes del monotributo por debajo de la inflación real, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo que pretendía la política: no hubo migración ordenada al régimen general sino profundización de la zona gris. Contribuyentes que dividieron su facturación entre familiares, que postergaron obras, que dejaron de emitir comprobantes por encima del umbral. La presión descendente sobre los topes, lejos de empujar hacia arriba, empujó hacia los costados.
La administración Milei enfrenta este desafío en un momento peculiar. Por un lado, tiene el mandato político más sólido en años para avanzar en reformas impositivas de fondo: el propio Staff Report celebra la aprobación de la Ley de Blanqueo Fiscal y la Ley de Modernización Laboral como señales de capacidad legislativa. Por otro lado, cualquier reforma del monotributo que se perciba como un aumento de la carga para trabajadores independientes choca de frente con el discurso libertario de reducción impositiva que es la columna vertebral de la identidad política del gobierno. Subir la presión fiscal sobre millones de monotributistas, aunque sea gradualmente y aunque el objetivo declarado sea acercarlos al régimen general, es difícilmente vendible como una baja de impuestos.
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ECONOMIA
Economía a distintas velocidades: la industria volvió a caer y la construcción rebotó con fuerza
Dos sectores clave para la economía mostraron comportamientos disímiles en mayo, según informó este miércoles el INDEC. Es que la industria presentó una fuerte caída interanual, mientras que la construcción presentó una suba.
Los datos grafican la heterogeneidad de la recuperación de la actividad y dejan en evidencia que no se logra consolidar un crecimiento sostenido.
La industria volvió a caer en mayo
Según informó INDEC, en mayo el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 5,7% respecto a igual mes de 2025.
La industria cayó en la comparación interanual en 10 de los últimos 11 meses. Solo creció en marzo.
El acumulado enero-mayo de 2026 presenta una disminución de 3,1% respecto a igual período de 2025.
En tanto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,4% respecto al mes anterior.
Tomás Amerio, Economista en la Fundación Libertad y Progreso, analizó el dato de INDEC: «El dato de mayo del IPI manufacturero muestra un desempeño heterogéneo rama por rama. La comparación interanual quedó marcada por una base alta de 2025 y por caídas fuertes en textiles, indumentaria, maquinaria agropecuaria y línea blanca. La serie intermensual desestacionalizada, en cambio, revirtió la caída de abril con una suba leve».
«El sector no se hunde más, pero tampoco arranca. Refinación y molienda de oleaginosas empujan hacia arriba, mientras que los rubros más expuestos al consumo interno y a la competencia importada siguen bajo presión», resaltó.
Según detalló el organismo, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales en mayo. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en «Maquinaria y equipo», 23,4%; «Alimentos y bebidas», 3,0%; «Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes», 15,9%; «Prendas de vestir, cuero y calzado», 14,7%; «Productos textiles», 26,2%; «Sustancias y productos químicos», 3,1%; «Productos de caucho y plástico», 10,2%; «Otros equipos, aparatos e instrumentos», 12,5%; «Industrias metálicas básicas», 4,0%; «Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras», 7,3%; «Madera, papel, edición e impresión», 2,9%; «Productos minerales no metálicos», 2,3%; «Otro equipo de transporte», 9,9%; y «Productos de metal», 1,2%.
Por otra parte, se observan incidencias positivas en «Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear», 19,4%; y «Productos de tabaco», 14,6%
La construcción repuntó y creció fuerte
En tanto, la construcción volvió a subir y se ubicó en el terreno positivo en el acumulado anual. Según INDEC, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 4,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.
En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 6,3% respecto al mes anterior.
Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, señaló que «la fuerte recuperación de la construcción y la mejora de la industria son una señal muy positiva porque se suman al dinamismo que ya venían mostrando los sectores que lideran el crecimiento, como el agro y la minería».
«Es cierto que la industria todavía no logra despegar con fuerza y continúa operando en niveles relativamente estancados. Sin embargo, si las actividades más ligadas al mercado interno comienzan a consolidar una trayectoria de expansión, el crecimiento dejará de depender de un puñado de sectores y empezará a ganar amplitud», sostuvo.
«De todos modos, conviene mirar el dato en perspectiva y evitar conclusiones apresuradas. Tanto la industria como la construcción vienen mostrando un comportamiento muy volátil durante 2026, alternando fuertes avances con retrocesos pronunciados. Por eso, un buen dato aislado todavía no alcanza para hablar de un cambio de tendencia. Será necesario que esta mejora se sostenga durante los próximos meses para confirmar que ambos sectores dejaron atrás la dinámica de «serrucho» que caracterizó al primer semestre», agregó el analista.
Y concluyó: «Aun con esa cautela, la señal es claramente positiva. En mayo, la construcción volvió a ganar dinamismo y la industria mostró una mejora, mientras el agro atravesó una fuerte liquidación de la cosecha gruesa y la minería volvió a expandirse (+0,4% m/m). Todo esto sugiere que el nivel general de actividad también mostrará una recuperación significativa tras la caída de abril (-1,5% m/m). Si esta dinámica logra sostenerse, el crecimiento comenzará a difundirse hacia los sectores ligados al mercado interno, dejando de depender casi exclusivamente de un puñado de actividades exportadoras».
Otro de los datos que difundió INDEC es el de los insumos para la construcción. «Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en mayo de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 23,6% en pinturas para construcción; 18,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1% en hormigón elaborado; y 9,6% en hierro redondo y aceros para la construcción. Mientras tanto, se observan bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland», detallaron.
«Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los cinco primeros meses de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 22,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 15,0% en pinturas para construcción; 6,2% en artículos sanitarios de cerámica; 6,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 5,1% en hormigón elaborado; y 0,7% en placas de yeso. Mientras tanto, se observan bajas de 11,7% en yeso; 10,8% en pisos y revestimientos cerámicos; 7,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,8% en cales; 5,7% en ladrillos huecos; 3,4% en asfalto; y 2,9% en cemento portland», concluyó el informe.
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ECONOMIA
Cuáles son las empresas que busca privatizar Caputo y cuántos dólares sumarían para el pago de deuda
En el programa financiero de 2026-2027, las privatizaciones juegan un rol importante. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca captar ingresos por más de USD 2.000 millones por esta vía hasta el final del mandato de Javier Milei. ¿El objetivo? Afrontar los vencimientos en moneda extranjera.
La hoja de ruta oficial presentada por Caputo incluye entradas de flujos por la venta de activos estatales en los meses que restan del 2026, pero el mayor grueso se daría el próximo año. “Las privatizaciones, alguna ya se ha materializado, como el caso de Transener, tenemos alguna otra que probablemente se va a materializar este año, como es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)“, sostuvo el titular de la cartera económica en la conferencia.
También señaló que la privatización de las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano podría concretarse antes de fin de año. “Conservadoramente hemos puesto que se dé el año que viene, pero tenemos la expectativa de que se materialice antes”, detalló el funcionario nacional.
El proceso de desprendimiento de AySA es el que registra mayor avance, aunque la llegada de los dólares se prevé recién para octubre. Por su parte, las mencionadas centrales térmicas se encuentran en la etapa de preparación de documentos para iniciar las licitaciones.
El programa financiero prevé ingresos por privatizaciones de USD 800 millones en 2026 y USD 1.500 millones en 2027, lo que totaliza 2.300 millones de dólares. No obstante, los dólares correspondientes a estas operaciones ingresarían a la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recién hacia fines de este año, según indicaron a Infobae fuentes vinculadas a la operación.
Caputo también afirmó que los dólares que ingresarían este año por privatizaciones corresponderían a AySA y, posiblemente, a las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Sin embargo, los procesos de transferencia al sector privado no avanzan al mismo ritmo.
La venta de AySA avanza con definiciones precisas y fechas estipuladas divididas en dos etapas. Fuentes al tanto de la operación explicaron a Infobae que el proceso contempla dos etapas: el 27 de agosto es la apertura de los sobres técnica y en mediados de septiembre las ofertas económico.
“El pago se estaría recibiendo a mediados de octubre y luego de eso es la firma de contrato determinada por la resolución de adjudicación”, comentaron a este medio. Es que, según explicaron, la primera instancia involucra la evaluación técnica, donde los interesados deben acreditar capacidad financiera y experiencia comprobada. Solo quienes cumplen esos requisitos pueden acceder a la apertura de las ofertas económicas.
La presentación de propuestas exige que los interesados entreguen ambos sobres —el técnico y el monetario— antes de la apertura del primero. “La etapa 1 comprende la oferta técnica, se evalúan esas ofertas y quienes cumplen con esos criterios técnicos pasan a la apertura de la oferta económica. Si bien la apertura es en dos instancias distintas, la presentación de ambos sobres debe ser con carácter previo a la apertura del sobre 1”, especificaron fuentes con conocimiento en el tema.
El procedimiento requiere que los oferentes presenten la documentación técnica y la propuesta monetaria en simultáneo. “Ahora tiene que presentar las ofertas, el sobre técnico en donde tiene que cumplir con las condiciones de capacidad financiera, la experiencia y, aparte, el sobre respecto a la oferta monetaria. Una vez que se abre, el mejor precio es el que gana y a partir de ahí comienza el proceso de adjudicación. Hasta el 27 de agosto no hay novedades a no ser que alguno pida prórroga”, precisaron a Infobae. En caso de que ello suceda, el proceso podría prolongarse y con ello el ingreso de los dólares.
Mientras tanto, otras privatizaciones incluidas en el plan del Gobierno avanzan en distintas fases administrativas. Fuentes vinculadas a las operaciones de privatización sostuvieron que, en el caso de las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, está en fase de preparación de documentos para lanzar las licitaciones en los próximos meses.
El hecho de que el ingreso de dólares por AySA, la empresa pública con el proceso de privatización más avanzado, se concrete recién en octubre revela la dependencia que tendrá el ministro Caputo de otros mecanismos de financiamiento para afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro, que este año alcanzan los 19.200 millones de dólares.
El plan de privatizaciones se alinea con la estrategia de financiamiento externo del Gobierno, en un contexto en el que los vencimientos de deuda en moneda extranjera requieren generar nuevas fuentes de ingresos.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo paritario con los gremios docentes y de la administración pública provincial comprendidos en la Ley 10.430. La propuesta, que fue aceptada por la mayoría de las asociaciones sindicales, contempla un aumento de sueldo del 7% escalonado, que se aplicará en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.
Docentes de la Provincia recibirán aumento de sueldo
El entendimiento representa una nueva actualización de salarios para los trabajadores del Estado bonaerense, en un contexto en el que las provincias continúan negociando recomposiciones para intentar sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó el acuerdo y aseguró que la Provincia realiza un esfuerzo para sostener las mejoras salariales. «Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses», sostuvo.
El funcionario agregó que la gestión encabezada por Axel Kicillof «hace un enorme esfuerzo en materia salarial mientras sigue mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial».
Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, remarcó que la negociación fue más allá del aspecto económico y resaltó el alcance político del acuerdo. «Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales», afirmó.
Según Correa, el entendimiento demuestra que «con diálogo, negociación colectiva y decisión política es posible ampliar derechos», una línea que, aseguró, seguirá impulsando la administración provincial.
Qué incluye el acuerdo para los docentes
Además del incremento salarial, el acuerdo incorpora una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso hacia los trabajadores docentes.
El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención y protección mediante la incorporación del tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad, además de reforzar las acciones que corresponden al Estado provincial.
También se pondrá en marcha la campaña «Cuidemos a quienes enseñan», que incluirá materiales gráficos, videos y acciones de difusión orientadas a la concientización, la capacitación y la promoción de prácticas preventivas. La iniciativa buscará además fomentar acuerdos de convivencia y una mayor corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.
Qué beneficios recibirán los trabajadores de la Ley 10.430
En el caso de los empleados públicos comprendidos en la Ley 10.430, el acuerdo no solo contempla la recomposición salarial del 7%, sino que también incorpora una serie de medidas vinculadas a la carrera administrativa.
Entre ellas se destacan el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025, modificaciones en los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para continuar la discusión sobre los convenios colectivos de trabajo y el desarrollo de la carrera administrativa.
Con este nuevo entendimiento, la administración de Axel Kicillof vuelve a cerrar una negociación paritaria con la mayoría de los gremios estatales, combinando una actualización salarial con compromisos orientados a mejorar las condiciones laborales y fortalecer distintos derechos dentro de la administración pública bonaerense.
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