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ECONOMIA

El FMI pone la mira en el Monotributo y propone un cambio que afectará a millones de contribuyentes

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Cuando el monotributo nació, en 1998, el techo máximo para quedarse en el régimen era de $144.000 anuales. En plena convertibilidad, eso equivalía a u$s144.000. Hoy, ajustados por la inflación acumulada en Estados Unidos durante esos 27 años, esos mismos dólares representarían aproximadamente u$s270.000. Sin embargo, la categoría más alta del monotributo vigente en junio de 2026 permite facturar hasta $108 millones anuales, poco más de u$s74.000 al tipo de cambio oficial. Es decir: el techo real del régimen se redujo a menos de la mitad de lo que era cuando fue creado.

Esa brecha no es un accidente. Es el resultado de décadas de actualizaciones insuficientes que fueron comprimiendo el régimen hacia abajo, empujando en teoría a los contribuyentes de mayores ingresos hacia el régimen general. Lo que ocurrió en la práctica fue otra cosa: millones de trabajadores independientes permanecen inscriptos en el monotributo según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a febrero de 2026, una cifra que los propios técnicos reconocen podría estar subestimada dado que ARCA, el organismo recaudador, no publica estadísticas desagregadas por categoría. Nadie sabe con certeza cuántos monotributistas están acumulados en las categorías superiores, facturando cerca del techo y evaluando cada año si les conviene pasarse al régimen general o seguir en el gris.

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Ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone el tema sobre la mesa y propone reformarlo en el documento técnico que acompaña a la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con Argentina.

El diagnóstico de partida es contundente. El sistema tributario argentino es, según el texto del FMI, «complejo, altamente distorsivo e inestable, y pesa sobre el crecimiento y la competitividad». Con una presión fiscal equivalente al 27% del PBI en 2025, Argentina no tiene un problema de recaudación insuficiente sino de recaudación mal construida: más de 155 impuestos, tasas nominales elevadas y una base imponible estrecha por la proliferación de regímenes especiales.

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Dentro de ese mapa, el Monotributo ocupa un lugar destacado. El FMI estima que el régimen genera un gasto tributario de aproximadamente 1 punto porcentual del PBI, lo que lo convierte en la segunda fuente de erosión de la base imponible después del IVA. El organismo reconoce sus virtudes: «simplifica el cumplimiento, promueve la formalización y amplía la cobertura de salud y jubilación». Pero al mismo tiempo señala sus problemas estructurales.

El primero es la brecha de carga fiscal. El Monotributo «impone una carga efectiva mucho menor que el régimen general, lo que genera fragmentación de empresas y limita el crecimiento de los negocios». El segundo es el efecto escalón: «la estructura de pagos fijos crea saltos bruscos en la obligación tributaria entre categorías que desincentivan el pasaje a tramos superiores de facturación». En criollo: el sistema premia quedarse quieto.

La recomendación del FMI es directa. Cualquier reforma del monotributo debería:

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  • Reducir los efectos de umbral
  • Alinear las tasas efectivas y las contribuciones a la seguridad social con el régimen general
  • Aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento

Y pone número a la apuesta: alinear el Monotributo con el sistema general del Impuesto a las Ganancias podría generar una ganancia fiscal de 1 punto porcentual del PBI.

El mapa de los contribuyentes

El monotributo tiene once categorías. Las primeras siete funcionan como debería funcionar un régimen simplificado: una carga fiscal modesta, entre el 3 y el 5% de la facturación, para trabajadores independientes de ingresos bajos y medios. El problema empieza cuando se llega a las categorías superiores, donde el régimen revela su verdadera tensión con el sistema general.

Tomemos el caso de un profesional independiente, un contador, un arquitecto, un desarrollador de software, que factura cerca del techo de la categoría H: $70 millones anuales, unos u$s48.000 al tipo de cambio oficial de junio de 2026. En el monotributo, ese profesional paga una cuota mensual de $447.346 si presta servicios, lo que representa una carga anual del 7,7% sobre su facturación. Si en cambio ese mismo año su facturación supera el techo y queda obligado a pasarse al régimen general, la carga estimada salta al 42%. De un año al otro, la presión fiscal se multiplica por cinco y medio.

La categoría K, la más alta del régimen, hace la diferencia aún más elocuente. Un contribuyente que factura hasta 108 millones de pesos anuales, equivalentes a 74.000 dólares, paga en el monotributo el 15,3% si presta servicios, o apenas el 6,7% si vende bienes. Frente al 45% del régimen general, la brecha llega a casi 40 puntos porcentuales.

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Esos números explican por sí solos por qué millones de trabajadores independientes permanecen en el monotributo según los datos del SIPA a febrero de 2026, y por qué muchos de ellos hacen lo imposible por no cruzar el umbral. Pero hay un factor adicional que el debate público casi nunca menciona y que termina de cerrar la trampa: quien supera el techo del monotributo y pasa al régimen general no puede volver hasta que transcurran tres años calendario completos, contados desde el primero de enero del año siguiente a la exclusión. Tres años pagando el 42 o el 45% antes de poder solicitar el regreso.

La categoría K del monotributo, la más alta del régimen, hace la diferencia aún más elocuente

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Las propuestas del FMI a la luz de la historia

El régimen nació en 1998 con una lógica de emergencia social. La Argentina de los 90 había expulsado del mercado laboral formal a miles de trabajadores: las privatizaciones, el achicamiento del Estado y la reconversión productiva volcaron al cuentapropismo a una generación que anteriormente era asalariada. Gente que había perdido la corresponsabilidad del patrón y necesitaba urgente una jubilación y una obra social a bajo costo. El monotributo fue, en ese contexto, menos un instrumento fiscal que una política de inclusión social con forma de impuesto.

Esa matriz de origen explica buena parte de sus resistencias actuales a cualquier reforma. Cada vez que el sistema fue modificado, la lógica dominante fue la de ampliar la cobertura, no la de acercarlo al régimen general. La reforma de 2004 incorporó a las cooperativas de trabajo y a las sociedades de hecho. La de 2009 elevó los topes de facturación. La de 2016 le sumó asignaciones familiares y recategorización de oficio. En ninguna de esas instancias se abordó la brecha de carga fiscal entre el monotributo y el régimen general como un problema en sí mismo. Se la administró, se la contuvo, pero nunca se la discutió de frente.

El resultado, visto desde 2026, es un régimen que cumplió sus objetivos originales de formalización e inclusión pero que creció en una dirección que sus creadores no habían previsto del todo: se convirtió en el techo contributivo para millones de trabajadores independientes que, ante la alternativa de pagar el 42 o el 45% en el régimen general, encontraron en el monotributo no un escalón hacia la formalidad plena sino un destino permanente. Lo que el FMI llama «fragmentación de empresas y limitación del crecimiento de los negocios» es, visto desde adentro, la respuesta racional de contribuyentes que aprendieron que crecer fiscalmente en Argentina tiene un costo prohibitivo.

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El costo político y la viabilidad de la reforma

Reformar el monotributo es, en términos políticos argentinos, un ejercicio de equilibrismo sobre un cable sin red. Los millones de contribuyentes inscriptos en el régimen no son solo un dato estadístico: son votantes, son familias, son el tejido productivo de barrios y ciudades del interior que identifican al monotributo no como un privilegio fiscal sino como el único puente que los conecta con la salud y la jubilación. Tocar ese puente tiene un costo electoral que ningún gobierno desde 1998 estuvo dispuesto a pagar de manera frontal.

El FMI lo sabe. Y su propuesta, leída con atención, no es una reforma de shock sino una hoja de ruta gradual. El Selected Issues Paper no pide eliminar el monotributo ni fusionarlo abruptamente con el régimen general. Pide tres cosas más acotadas: reducir los saltos bruscos entre categorías, alinear progresivamente las tasas efectivas y las contribuciones a la seguridad social con el régimen general, y aprovechar las herramientas digitales para mantener la simplicidad del cumplimiento durante la transición. La ganancia fiscal estimada de 1 punto del PBI no es el punto de llegada de una reforma inmediata sino el horizonte de una convergencia gradual.

El problema es que en Argentina lo gradual tiene una historia propia. Cada vez que un gobierno intentó actualizar los topes del monotributo por debajo de la inflación real, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo que pretendía la política: no hubo migración ordenada al régimen general sino profundización de la zona gris. Contribuyentes que dividieron su facturación entre familiares, que postergaron obras, que dejaron de emitir comprobantes por encima del umbral. La presión descendente sobre los topes, lejos de empujar hacia arriba, empujó hacia los costados.

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La administración Milei enfrenta este desafío en un momento peculiar. Por un lado, tiene el mandato político más sólido en años para avanzar en reformas impositivas de fondo: el propio Staff Report celebra la aprobación de la Ley de Blanqueo Fiscal y la Ley de Modernización Laboral como señales de capacidad legislativa. Por otro lado, cualquier reforma del monotributo que se perciba como un aumento de la carga para trabajadores independientes choca de frente con el discurso libertario de reducción impositiva que es la columna vertebral de la identidad política del gobierno. Subir la presión fiscal sobre millones de monotributistas, aunque sea gradualmente y aunque el objetivo declarado sea acercarlos al régimen general, es difícilmente vendible como una baja de impuestos.

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ECONOMIA

Cuánto envíos debe hacer un repartidor de PedidosYa para ganar un sueldo mínimo

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Este tipo de plataformas se han convertido en una fuente de trabajo cada vez más grande, ante la dificultad de conseguir empleo registrado

29/07/2026 – 17:14hs

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Las plataformas de delivery y transporte de pasajeros se consolidaron como una de las principales alternativas laborales en Argentina frente a la caída del empleo formal. Sin embargo, los ingresos dependen exclusivamente de la cantidad de viajes o entregas realizadas y, en la mayoría de los casos, los trabajadores no cuentan con los derechos ni las protecciones propias de un empleo registrado.

En ese contexto, un informe de la Fundación Encuentro calculó cuántos pedidos debe realizar un repartidor de aplicaciones para alcanzar distintos niveles de ingresos, desde el salario mínimo hasta el costo de la Canasta Básica Total (CBT).

Cuántos pedidos necesita hacer un repartidor para ganar un sueldo mínimo

De acuerdo con el estudio, tomando un ingreso promedio de $3.165 por pedido durante el primer trimestre de 2026, un repartidor necesita completar aproximadamente 111 entregas para alcanzar el salario mínimo, que en junio se ubicó en $367.800.

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En tanto, para cubrir el costo de una Canasta Básica Total, que según el Indec alcanzó en junio los $1.531.473 para un hogar tipo, la cantidad de envíos requerida asciende a 453 pedidos.

El informe también establece otros parámetros de referencia sobre la cantidad de entregas necesarias para afrontar distintos gastos:

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  • 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar tipo.
  • 320 pedidos para alcanzar un ingreso promedio.
  • 250 pedidos para pagar un alquiler promedio.
  • 175 pedidos para afrontar el costo de crianza de un niño.
  • 111 pedidos para llegar al salario mínimo.
  • 13 pedidos para pagar el monotributo.
  • 2 pedidos para llenar el tanque de combustible de una moto.

El empleo en plataformas creció 900% en seis años

Según el relevamiento, actualmente más de un millón de personas trabajan en aplicaciones de transporte de pasajeros o reparto de comida en Argentina.

La cifra representa un fuerte crecimiento respecto de 2020, cuando había poco más de 100.000 trabajadores en este tipo de plataformas, lo que implica un incremento cercano al 900% en apenas seis años.

El estudio vincula esta expansión con el deterioro del mercado laboral. De acuerdo con el informe, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se habrían perdido 340.000 puestos de trabajo registrados y más de 28.000 empresas, situación que llevó a muchas personas a encontrar en las aplicaciones una fuente inmediata de ingresos.

Qué mide el coeficiente APP

La medición se basa en el denominado coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), un indicador elaborado trimestralmente por la Fundación Encuentro que relaciona el valor promedio de cada entrega con distintos indicadores de ingresos y consumo.

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El cálculo considera únicamente el ingreso bruto por pedido, por lo que no contempla propinas ni tampoco los costos que deben afrontar los repartidores, como combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía móvil, seguros o amortización de la moto o bicicleta.

La diferencia entre Rappi y PedidosYa

El informe también detectó una creciente brecha entre las principales plataformas de delivery.

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Mientras Rappi mantuvo sin cambios el valor promedio por pedido registrado desde octubre de 2025, PedidosYa actualizó esa remuneración en marzo de este año, elevándola de $3.659 a $3.924 por entrega.

Como resultado, el pedido promedio agregado pasó de $3.033 a $3.165, lo que permitió compensar parcialmente el avance de la inflación.

La diferencia también se refleja en la cantidad de envíos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total. Según el relevamiento, un repartidor que trabaja con Rappi necesita realizar 596 pedidos, mientras que uno que opera en PedidosYa requiere 366 entregas, una brecha que evidencia las diferencias de ingresos entre ambas aplicaciones.

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ECONOMIA

El riesgo país vuelve a rozar los 450 puntos: hay causas externas que lo impulsan, pero también factores locales

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El riesgo país volvió a acercarse a los 450 puntos básicos tras haber estado cerca de perforar las 400 unidades. (REUTERS/Tomas Cuesta)

La expectativa de un riesgo país perforando los 400 puntos básicos, que parecía algo casi seguro hace solo un par de meses, repentinamente se evaporó. Ahora este indicador rebotó a niveles de 445 unidades, reflejando dos situaciones: un deterioro de los bonos argentinos en dólares y también la solidez de la tasa larga de los bonos norteamericanos.

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A la hora de buscar las razones, en buena medida éstas provienen del mercado internacional. Con caídas bastante bruscas sobre todo en el mercado tecnológico de Estados Unidos (especialmente en las empresas muy relacionadas al sector de inteligencia artificial), la consecuencia fue un castigo a los activos considerados más riesgosos.

Los bonos argentinos están dentro de ese grupo y sufrieron caídas cercanas al 1 por ciento. Nada muy fuera de los normal para este contexto de Wall Street, pero que se suma a varios días ya más flojos, especialmente para los títulos de mayor duración. Ayer el Tesoro licitó un nuevo tramo del Bonar 29 y consiguió 309 millones de dólares. Una colocación discreta, que muestra que el apetito por deuda local se mantiene relativamente acotado.

La decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios no fue del todo bien recibida por el mercado. En realidad, los inversores se inquietaron en la conferencia de prensa posterior y que el voto directorio fue dividido: nueve votaron a favor de dejar todo igual y tres consideraron que era el momento para subir 0,25 puntos básicos, pero se impuso la mayoría.

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Hubo caídas de más de 2,2% del índice Dow Jones (que agrupa a los papeles líderes del mercado) y del 1,7% del Nasdaq, que agrupa a las principales tecnológicas. En este escenario era casi imposible que los activos argentinos pudieran mantenerse a flote. Hubo caídas en bonos y también en acciones argentinas que cotizan en Wall Street, aunque con pérdidas marginales.

Pero no toda la presión sobre los bonos y el riesgo país proviene de afuera. El contexto local también empezó a generar mayor preocupación entre los inversores.

Los últimos indicadores de aceptación del Gobierno vinieron con fuertes bajas, algo que inquieta al mercado y, en particular, a los tenedores de bonos. Tanto el Índice de Confianza en el Gobierno (que elabora la Universidad Di Tella) como el de confianza ciudadana arrojaron en julio caídas muy significativas.

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Se trata de dos indicadores claves, que muestran un deterioro tanto de la visión del “círculo rojo” como del público. En otras palabras, ni la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y el récord de exportaciones terminan de trasladarse al bolsillo ni al consumo.

En la medida que no haya una mejora del consumo interno será difícil que el Gobierno logre una mayor aceptación y despeje el escenario electoral.

Si la proyección para las elecciones del año que viene no le da una diferencia significativa al Gobierno, el trayecto hacia las elecciones generará no solo volatilidad cambiaria sino en los activos nominados en dólares. El impacto podría sentirse especialmente en los bonos dolarizados.

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¿Es razonable esperar un riesgo país en torno a 400 puntos o incluso menos si las elecciones vienen ajustadas o hay elevadas posibilidades de ir a un balotaje? Todo indica que en ese escenario los bonos sufrirían significativamente. El año pasado además del salto cambiario el riesgo país trepó a más de 1.100 unidades. Todo eso fue antes que La Libertad Avanza gane las elecciones legislativas.

La mejora de la calificación por parte de las tres calificadoras más importantes le dio un envión a la deuda argentina y más inversores se animaron a comprar. Pero ahora ese impulso parece haberse agotado. Ahora la evolución de los bonos dependerá de una mejora en el clima internacional, pero también serán necesarias algunas señales que muestren una mayor consolidación del gobierno a nivel local.



South America / Central America,Government / Politics

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ECONOMIA

Caputo pasó la aspiradora de pesos, captó dólares baratos y superó con éxito un test clave

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Después de la jornada de susto vivida el martes, cuando por primera vez en el año el Banco Central no pudo comprar dólares, vino el alivio. En la licitación del Tesoro del miércoles se volvió a prender la «aspiradora de pesos» y, además, se captaron u$s309 millones del mercado local con un bono que vence en 2029.

Es, de alguna manera, una señal de «vuelta a la normalidad», en la que el ministro Toto Caputo sigue priorizando la contracción monetaria por encima de la liquidez y la expansión del crédito.

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Y, una vez más, quedó evidenciado que el nivel récord de 25 años en depósitos en el sistema bancario -más de u$s40.000 millones– se ha convertido en el principal aliado del gobierno, que ante la hostilidad del mercado internacional de crédito recurre a los dólares «baratos» de los ahorristas locales.

La normalización del panorama financiero empezó con el mercado de cambios, donde el dólar oficial cayó dos centavos. En otras circunstancias, habría sido una variación irrelevante, pero después del nerviosismo que había invadido el mercado el martes, cuando se llegó a tocar los $1.500 con una fuerte demanda privada, esa pequeña caída equivalió a un respiro. Sobre todo porque, además, el BCRA compró u$s36 millones.

Esa reacción del mercado pareció confirmar la presunción de que el principal motivo de tensión del martes había sido la «pulseada» entre la entidad dirigida por Santiago Bausili y los inversores en bonos «dólar linked», que forzaron el alza cambiaria porque ese día se fijaba la cotización a la que deberían cobrar su premio.

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Luis Caputo volvió a pasar la aspiradora de pesos

En cuanto al Tesoro, no solamente logró «rollear» todos los vencimientos de deuda, que ascendían a $8,4 billones, sino que, además, colocó títulos extra por $3,77 billones.

De esta manera, se confirmó que la expansión ocurrida en la licitación de hace un mes fue una excepción, tal vez motivada por la extendida queja bancaria sobre la falta de liquidez. Lo cierto es que ahora se volvió a lo que fue la práctica de todo el año: absorber pesos «excedentes» para acotar el riesgo de presión inflacionaria o de tensiones devaluatorias.

Se revalidó así la vigencia de la frase que Caputo había pronunciado a inicios de año: «No puedo obligar a que los argentinos tengan pesos en el bolsillo si no los quieren».

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Para quienes se habían puesto nerviosos por el riesgo de una nueva corrida dolarizadora, esta señal fue tranquilizadora. Pero para quienes temen que se pueda «secar» la plaza y esperan con ansias una baja más rápida de las tasas de interés activas, fue una confirmación de las expectativas negativas.

Pateando vencimientos para 2028

Para retomar esa política contractiva, el menú ofreció a los inversores un nuevo instrumento dual, con un mix de Tamar y dólar linked. Es decir, que el bono cubre tanto contra el alza de tasas como contra una suba del dólar. Ese título, que vence en 2028, resultó ser el más demandado, con $4,72 billones y una tasa de 6,64%.

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En cambio, generaron menos interés los bonos dólar linked tradicionales y el bono dual con CER y Tamar -ofrece cobertura contra la inflación-, con una tasa de 5,4%.

En el terreno de la renta fija fue donde se concentraron los inversores que miran el corto plazo. La Lecap con vencimiento en octubre próximo captó $4,61 billones. El detalle importante para el gobierno es que la tasa de rendimiento efectivo anual, de 27,57%, implica una baja de casi un punto respecto de hace un mes, lo cual da la pauta de la mejora de expectativas en el mercado respecto de la evolución del IPC.

El otro motivo de festejo es que, una vez más, se logró el objetivo de patear vencimientos por $5,5 billones para después de las elecciones presidenciales. «Extender la duration» es la expresión técnica que usa el secretario de Finanzas, Federico Furiase. Concretamente, esa extensión fue de 0,92 años.

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Mirando los dólares «locales»

Pero si hay un tema por el cual el gobierno realmente está celebrando es por el éxito del nuevo bono en dólares con vencimiento en 2029. Ya en su debut había tenido una alta demanda –u$s470 millones-, y en su segunda edición volvió a tener aceptación.

Los inversores ofrecieron u$s309 millones en la primera jornada, y podrán ampliar la demanda en u$s150 millones este jueves.

Y la tasa de interés nominal se mantuvo en 8,02%. Esto implica que, por más que resulte más caro que el bono con vencimiento en 2027 -que se colocó a una tasa promedio de 5,25%, igualmente sigue siendo más conveniente para Caputo financiarse con el mercado local que con el crédito internacional.

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Con la volatilidad del contexto global -que echó por tierra con el sueño de que el índice de riesgo país quiebre el piso de 400 puntos- ya parece haberse neutralizado también la euforia que mostraba el propio Caputo hace apenas un mes, cuando se confirmó el acuerdo por el cual el Banco Mundial saldría como garante de una toma de deuda argentina.

En ese momento, el ministro de economía celebró que podría endeudarse a una tasa de 6%, en vez del 10% que le habían pedido los inversores durante todo el año.

¿Cuánto le pedirían hoy a Caputo si saliera a colocar un título en el mercado internacional? Teniendo en cuenta que el Treasury a 10 años -considerado la referencia internacional- ronda los 4,64puntos, sería casi imposible que Argentina pudiera tomar crédito en dólares a menos de 9,10% nominal anual. Como quedó demostrado en esta nueva licitación, sigue siendo negocio alejarse de Wall Street y mirar los dólares del mercado local.

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