ECONOMIA
El foco del ajuste fiscal: cómo ejecutó su presupuesto cada área del Estado en los primeros 5 meses del año
El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que “ya no alcanza solamente con el ajuste” y que para mantener el superávit fiscal requiere aumentar la recaudación. Y si bien distintos informes advierten, durante los primeros cinco meses de 2026, que el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) cayó 31% en comparación con mayo de 2023, a valores constantes, en la comparación con mayo de 2025 muestra un leve aumento interanual del 0,5%. Pero este comportamiento no es uniforme en todas las áreas: mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó sus fondos, la Administración Nacional de la Seguridad Social vio una reducción del 7% y los hospitales nacionales sufrieron recortes que oscilaron entre el 33% y el 51 por ciento.
La distribución del gasto por funciones exhibió modificaciones sustanciales. De acuerdo con Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Seguridad Social concentró la mayor proporción del presupuesto, aunque su participación bajó del 63% al 59% en el periodo enero-mayo. Este cambio se vinculó con un mayor peso de los Servicios de la Deuda Pública, que representaron el 12% del gasto total ejecutado, mostrando un incremento respecto del mes anterior. Programas como Educación y Cultura y Salud participaron con el 5% cada uno, mientras que Energía, Combustibles y Minería, Justicia, y Promoción y Asistencia Social tuvieron incidencias menores.
El informe detalló caídas significativas en la mayoría de los organismos de gobierno nacional. CEPA remarcó recortes en la Agencia de Acceso a la Información Pública (-37%), la Defensoría del Pueblo de la Nación (-41%), la Cámara de Diputados (-41%) y el Senado (-40%). Otros organismos, como la Auditoría General de la Nación (-19%), la Defensoría General de la Nación (-11%), la Procuración General de la Nación (-10%) y la Unidad de Información Financiera (-26%) también vieron reducciones. En contraposición, la Secretaría de Inteligencia del Estado registró un incremento del 34% en su ejecución.
El área de Salud mostró una dinámica heterogénea según el CEPA. Entre los organismos con información comparable, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán cayó 33%, la ANMAT bajó 41% y la Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió 64%. La Secretaría Nacional de Discapacidad, ex Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo una reducción del 41,2%. En medio de los reclamos porque el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó en el Congreso.
Los hospitales nacionales también presentaron descensos: el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer cayó 50%, el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte 51%, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 33% y el Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo 45%. En este contexto, el INCUCAI fue la excepción, con un incremento real del 85% frente a igual periodo de 2023.
El dato que más llama la atención es que La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cayó 7%, con alta incidencia en el gasto global. La ejecución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia bajó 75%, y la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 31%. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó un descenso del 82 por ciento.
En los organismos vinculados al desarrollo productivo, CEPA identificó caídas pronunciadas: el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero retrocedió 31%, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 42%, el Instituto Nacional de Semillas 47%, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 81%, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 30% y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 36%.
En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, los recortes fueron amplios: la Policía Federal Argentina bajó 34%, la Prefectura Naval 31% y la Gendarmería Nacional 30%. Las fuerzas armadas también sufrieron recortes: Armada Argentina 19%, Ejército Argentino 15% y Fuerza Aérea 18%. La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal cayó 21% y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros Militares 17%. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas mostró un incremento del 43%. El Servicio Penitenciario Federal registró una disminución del 8%.
El capítulo de Justicia y Derechos Humanos incluyó recortes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (-35%), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (-57%), la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (-73%), el Consejo de la Magistratura (-15%) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (-35%). La Corte Suprema de Justicia de la Nación registró una baja del 11%. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ahora bajo el programa Atención y Desarrollo de Asuntos Indígenas, mostró una caída del 57%. En transporte y obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad bajó 84%, el Organismo Regulador de Aeropuertos 61%, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 40% y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 44%. La Dirección Nacional de Migraciones tuvo una reducción del 6% y la Agencia de Administración de Bienes del Estado 26%.
En el área educativa, dos programas no registraron ejecución: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con una caída del 100%. Otros programas presentaron descensos: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-87%), Acciones de Formación Docente (-89%) e Infraestructura y Equipamiento (-97%). El Desarrollo de la Educación Superior bajó 28%.
Obra pública y transporte mostraron niveles extremadamente bajos de ejecución. Programas como Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios sufrieron caídas del 100%. La Construcción de Túneles y Puentes Grandes retrocedió 99,7%, el Desarrollo de Obra Pública 98%, la Cuenca Matanza-Riachuelo 96%, la Infraestructura Hidráulica 87%, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación 95% y la Construcción de Rutas Seguras 94%.
Las transferencias también retrocedieron de manera crítica. La cooperación y asistencia técnica a municipios bajó 97%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 99%. La asistencia a entes de la Secretaría de Obras Públicas cayó 86% y a entes de la Secretaría de Transporte, 49%. La Asistencia Financiera a entes de la Secretaría de Energía retrocedió 88%. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se redujo 100%, mientras que el programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional aumentó 23%.
De acuerdo con el informe de IARAF, el gasto en intereses tuvo un incremento real interanual del 30% en mayo y del 52,5% en el acumulado del año, lo que mantuvo prácticamente constante el gasto total entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Sin embargo, en el acumulado parcial, la variación real fue positiva en 0,5 por ciento. Sólo tres de once tipos de gasto tuvieron aumentos: activos financieros (+126%), transferencias a otras entidades del SPN (+22,3%) y jubilaciones y pensiones (+7%). Los gastos con mayores caídas fueron transferencias al exterior (-98,8%), transferencias a provincias y municipios (-70%) y servicios no personales (-45,2%).
Al analizar los principales componentes del gasto primario, IARAF identificó que en los primeros cinco meses del año cuatro de los once tipos de gasto subieron en términos reales interanuales: activos financieros (+74,3%), otras transferencias al sector privado (+20,3%), bienes de consumo (+3,1%) y jubilaciones y pensiones (+2%). Entre las mayores bajas estuvieron transferencias a provincias y municipios (-55,4%), bienes de uso (-33,4%) y transferencias al exterior (-28,1%).
La baja en las transferencia a provincias y municipios supone, y lo hará en mayor medida en los próximos meses, un problema que generará tensión con el Gobierno. Es que si bien en mayo la recaudación de impuestos cortó la tendencia a la baja luego de nueves meses y subió por encima de la inflación, ese dato se explicó por el Impuesto a las Ganancias impulsado por las mayores utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores.
Pero este dato positivo podría revertirse a causa del mismo impuesto. En julio se deben actualizar por la inflación tanto el Mínimo No Imponible (MNI) como las deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Y en un contexto en donde los salarios vienen aumentando por detrás de la inflación todo parece indicar que una gran cantidad de contribuyentes dejaran de pagar el impuesto, impuesto que se coparticipa con las provincias.
Y es en este escenario donde el ministro de Economía, Caputo, apuesta a que la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal -que ahora enviará un proyecto al Congreso para modificar los puntos débiles- se generen mayores ingreso para el Estado.
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ECONOMIA
Presupuesto 2027: 23,2 millones de personas recibirán seguridad social y asignaciones familiares
Se continuará avanzando en la reducción sostenida de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad que permitan el pleno desarrollo del sector privado
Para 2027, la estrategia se enfocará en consolidar los programas de finalización de ciclos educativos y capacitación laboral
El total de beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social y Asignaciones Familiares se prevé que tendrá una cobertura del 47,8% de la población, inferior en 3,3 puntos porcentuales a la heredada del gobierno anterior
El Ministerio de Capital Humano sostiene que durante 2027 se mantendrá la cobertura a los sectores más vulnerables, con foco en la transparencia y la focalización directa de las ayudas
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ECONOMIA
El bolsillo de los argentinos: cuánto pierde un trabajador formal que pasa a la informalidad o al cuentapropismo
Esta semana se conocieron los datos del mercado de empleo durante el segundo trimestre del año, que mostraron un leve crecimiento de la desocupación, de 0,3 puntos porcentuales, hasta el 7,9%. Pero el cambio más marcado fue el crecimiento de la cantidad de personas que salen al mercado laboral registrado, el avance de la informalidad y, entre todas las modalidades de subsistencia, el cuentapropismo en negro. Los números quedan en el centro del debate económico actual: una actividad que avanza con grandes desigualdades, particularmente duras para el empleo asalariado.
Así, los análisis privados se concentran en los costos de la transformación que está sufriendo el mercado de trabajo ante la defensa que hacen el presidente Javier Milei y sus funcionarios del crecimiento del empleo informal. Y en qué se pierde cuando un trabajador en blanco cae en el empleo en negro o, directamente, debe generar sus propias vías de subsistencia en la informalidad.
Un informe de C-P Consultora sobre el mercado de trabajo intentó ponerle números a los costos que pagan los trabajadores cuando pasan de un trabajo formal a otro no registrado. O, lo que es lo mismo, cuál es la diferencia entre entrar a un empleo en el mundo en blanco o tener que hacerlo en negro. Y las diferencias son notorias.
La caída más fuerte corresponde a quienes terminaron como cuentapropistas, con un retroceso promedio de 27,8% en sus ingresos reales
La matriz a continuación muestra qué pasó con los ingresos de un trabajador que cambió de modalidad laboral: si un asalariado privado registrado mantuvo su condición, si pasó a trabajar en negro, si cambió al sector público o si pasó al cuentapropismo. Luego, lo mismo para cada una de las otras categorías:
El trabajo muestra cuánto varían los ingresos reales cuando una persona cambia de modalidad de inserción laboral. Para eso, siguió los datos de trabajadores de entre 18 y 65 años a través de ocho paneles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, elaborados entre 2023 y 2025, y comparó su ocupación principal y su remuneración mensual en los distintos períodos involucrados.
La caída más fuerte corresponde a quienes terminaron como cuentapropistas, con un retroceso promedio de 27,8% en sus ingresos reales. Quienes migraron desde ese mismo punto de partida hacia un empleo asalariado no registrado también perdieron 13,9 por ciento.
Quienes migraron desde una ocupación asalariada registrada hacia otro no registrado perdieron 13,9 por ciento
La comparación también muestra que conservar un puesto asalariado privado registrado implicó una mejora promedio de 2% en el ingreso real. En cambio, todas las salidas desde esa categoría derivaron en pérdidas: además del descenso de 27,8% entre quienes pasaron al cuentapropismo y de 13,9% para quienes quedaron como asalariados no registrados, quienes se trasladaron al sector público perdieron 5,4 por ciento.
Cambio virtuoso
El recorrido inverso tuvo otro resultado. Los trabajadores que eran cuentapropistas y, un año después, consiguieron un empleo privado registrado incrementaron sus ingresos reales en 34,3%. También mejoraron quienes pasaron desde un empleo no registrado al sector privado formal, con una suba de 31,6%. La distancia entre ambas trayectorias permite dimensionar la brecha que existe entre acceder a un empleo registrado y salir de él.
Las transiciones hacia el cuentapropismo fueron negativas para las tres categorías asalariadas que contempla el estudio.
“Lo que está creciendo es una forma de trabajo que es aún más precaria que la del asalariado informal”, dijo Pablo Moldovan de C-P Consultora. “Cuando tratas de imaginarte las tareas concretas de esa categoría te das cuenta que la situación es fulera: no tiene salario, no tiene jefe, no tiene lugar de trabajo, no tiene obra social, pero dice que trabajó algunas horas”, agregó.
Los datos del Indec están lejos de mostrar un aumento significativo en la desocupación. Pero también muestran un mercado laboral con serios problemas para quien busca trabajar.
Para Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, el aumento de la desocupación debe leerse junto con la expansión de la población que salió a buscar trabajo. “La lectura inmediata, de que la economía está expulsando gente del mercado laboral es (…) equivocada. La aritmética del trimestre lo refleja claramente. Se incorporaron 338.000 personas al mercado de trabajo y 265.000 consiguieron ocupación. La diferencia, 73.000, es exactamente el aumento de la desocupación. Es decir, hubo creación neta de empleo, pero insuficiente para absorber a quienes decidieron salir a buscarlo”, dijo.
Se incorporaron 338.000 personas al mercado de trabajo y 265.000 consiguieron ocupación (Piccardo)
La composición de los puestos, en cambio, concentra el problema. Piccardo remarcó que los empleos informales aumentaron en 348.000, por encima de los 265.000 ocupados adicionales contabilizados en total. “La implicancia es incómoda: el resto de las categorías ocupacionales se contrajo en torno a 83.000 puestos. El mercado de trabajo no está creando empleo; está recomponiendo su estructura hacia abajo”, dijo.
El economista vinculó el incremento de la tasa de actividad con la necesidad de los hogares de sumar ingresos a través de un segundo o tercer integrante del hogar. Bajo esa lectura, la mayor búsqueda laboral responde a una pérdida de poder adquisitivo y se canaliza, en buena medida, hacia monotributo, trabajo por cuenta propia y otras formas informales de ocupación.
Esta aritmética también fue remarcada por la consultora LCG. El crecimiento de la población económicamente activa fue mayor que el crecimiento vegetativo de la población en edad de trabajar. Eso sugiere que más personas dentro del hogar salen a buscar trabajo, ya que los ingresos, cada vez más informales y más bajos, no siempre alcanzan.
“En términos absolutos, ingresaron al mercado laboral 338 mil nuevos trabajadores (…). Equivale a un aumento del 2,3% anual, muy por encima del aumento de la población (0,8% en el caso de la relevada por la Encuesta Permanente de Hogares), explicado principalmente por la necesidad de las familias de complementar ingresos”, remarcó LCG.
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ECONOMIA
El Banco Central compró apenas USD 200 millones en lo que va de septiembre: por qué redujo el ritmo en las últimas semanas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de divisas del mes al adquirir USD 36 millones el viernes y cerró la semana con 80 millones de dólares. Si bien en las últimas jornadas redujo el ritmo de adquisiciones para mantener la estabilidad del tipo de cambio, en lo que va del año ya suma más de 14.200 millones de dólares.
Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, la autoridad monetaria adquirió USD 14.298 millones que sirvieron para fortalecer las reservas internacionales. Con este resultado, el BCRA superó con amplitud el objetivo anual de compras, fijado en USD 10.000 millones y no descarta alcanzar los 16.000 millones de dólares.
Más allá de haber conseguido el objetivo anual en junio, el organismo conducido por Santiago Bausili desaceleró la velocidad de compra de dólares. A lo largo de septiembre, el monto asciende a USD 203 millones, lo que se traduce en un ritmo diario de USD 14,5 millones, muy por debajo de meses anteriores.
En agosto, el Banco Central compró USD 768 millones, el menor monto mensual de 2026 y una baja frente a los registros de los meses previos. En julio, las adquisiciones habían totalizado USD 2.162 millones; en junio, USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones; y en enero, 1.158 millones en dólares.
El Central explica la reducción en el volumen de compras por las condiciones de la plaza cambiaria y el factor estacional (menor liquidación del agro). Además, no prevé acelerar la incorporación de divisas si el mercado no aporta una oferta genuina. Su criterio es intervenir solo ante excedentes, sin adoptar medidas que incidan sobre la cotización.
Respecto de las compras de dólares de personas físicas, que alcanzaron en julio su mayor registro del año, el organismo entiende que no todas obedecen a decisiones de atesoramiento. Parte de esas operaciones, de acuerdo con su análisis, nutre mercados alternativos y facilita pagos de importaciones y dividendos de compañías sin acceso directo al mercado oficial.
Para la entidad, el comportamiento de agosto y septiembre se aparta de los patrones habituales, aunque se ajusta a la etapa actual del programa económico. Tras un período de intervenciones de mayor magnitud, una absorción más limitada de dólares también restringe la emisión de pesos, en un escenario donde la demanda se concentra en instrumentos públicos de corto plazo.
“Si compramos reservas cuando no hay oferta, somos factor distorsivo en esa dinámica de mercado”, señalaron fuentes del banco de bancos. La referencia apunta a diferenciar la estrategia oficial de una intervención destinada a sostener un valor determinado para el dólar.
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La expectativa oficial apunta a una mayor liquidación de divisas hacia el cierre del año, impulsada por la cosecha de trigo y por los ingresos del sector energético. Dentro de esa proyección, Vaca Muerta ocupa un lugar central en el fortalecimiento de las cuentas externas.
Fuentes del Banco Central definieron ese panorama como un “tsunami” de petróleo, gas y minería. El razonamiento es que la expansión de esas actividades elevará el ingreso de dólares y, como resultado, favorecerá la recomposición de las reservas.
La posición del BCRA es que la acumulación de reservas debe ser consecuencia de una economía con menor inflación, inversiones y exportaciones en crecimiento. Bajo ese enfoque, la compra de divisas no constituye una meta en sí misma ni un mecanismo para incidir en el tipo de cambio.
Por otra parte, las reservas internacionales brutas cerraron la semana con una caída diaria de USD 18 millones en 49.798 millones de dólares. Al colocar la lupa sobra la dinámica semanal, el retroceso fue de USD 671 millones, motorizado por el pago de compromisos de deuda.
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