La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de De Vido al considerar que no reunían los requisitos formales para habilitar esa instancia, ya que la resolución no pone fin a la acción penal y no se acreditó una cuestión federal.

En esta causa, se le atribuye al matrimonio un enriquecimiento patrimonial no justificado de alrededor de 677.000 dólares. De Vido fue procesado como autor del delito y Minnicelli como partícipe necesaria. El tribunal también confirmó los embargos por 998 millones de pesos a cada uno.

El juez federal Sebastián Casanello había procesado sin prisión preventiva a ambos. Según la imputación, entre 2003 y 2017, De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras ocupaba cargos públicos, con la colaboración de su esposa y terceras personas.

Uno de los puntos centrales de la investigación es un departamento ubicado en Avenida del Libertador. El inmueble fue adquirido entre 2007 y 2009 a través de la sociedad Uni-Vite Argentina S.A. y registrado a nombre de supuestos testaferros.

Según la causa, De Vido y Minnicelli simularon ser inquilinos hasta octubre de 2018 y vivieron allí hasta marzo de 2023, cuando el departamento fue vendido. El expediente incluye también una baulera y una cochera embargadas, además de la tenencia no justificada de 90.000 dólares en efectivo.

La investigación fue impulsada originalmente por el fiscal Carlos Stornelli y tramitó ante los jueces Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Rodríguez. En 2023, Julián Ercolini tomó declaraciones indagatorias.

La falta de declaraciones juradas de bienes correspondientes al período 2000-2003 y la ausencia de ingresos declarados por Minnicelli formaron parte de los elementos valorados por la Justicia.

Con este revés, los imputados pueden intentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia como última opción antes de la elevación a juicio oral.

Las condenas de De Vido

De Vido se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por razones de salud, tras la confirmación de una condena a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos en el marco de la tragedia de Once.

El exfuncionario acumula otras condenas firmes de cuatro años por fraude en la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y de cuatro años por irregularidades en la adquisición de Gas Natural Licuado.

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Asimismo, recibió condenas en las causas Odebrecht y Skanska.

Además, sigue siendo investigado en la causa de los cuadernos de las coimas, donde se le atribuye haber recibido dinero en efectivo.

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Tras la polémica, las idas y vueltas y el nuevo desplante de Victoria Villarruel al Gobierno, Patricia Bullrich logró este jueves bloquear el pedido de votación a distancia de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La legisladora opositora se encuentra en Mendoza, su provincia, imposibilitada de viajar a Buenos Aires a causa de su avanzado embarazo. En lo que se anticipaba como una elección de resultado ajustado, su voto era clave, por lo que realizó un pedido especial para poder participar de la sesión a través de la plataforma Zoom. En la misma situación se encontraba el senador radical catamarqueño Flavio Fama, quien se recupera de una intervención quirúrgica.

Tras la aprobación de los pedidos por parte de Villarruel, presidenta del cuerpo, la decisión final debía ser tomada por el resto de los legisladores en el recinto. Fue en ese contexto en que al inicio de la sesión, Bullrich pidió la palabra para desplegar su maniobra.

“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, manifestó.

La votación se realizó a mano alzada y se aprobó la moción por amplia mayoría, con votos del bloque peronista incluidos.

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado debate este jueves el resto de la iniciativa.

La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes, que excedieron el ámbito de la política e incluyó mensajes negativos de representantes de la cultura y hasta del deporte.

Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo. Al notar que los números no cerraban para aprobar el proyecto, el Gobierno debió dar marcha atrás con el artículo que encendió las mayores críticas.

A pesar de la modificación del proyecto, militantes de partidos políticos opositores y organizaciones sociales sostuvieron la convocatoria a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, por lo que se respira un aire caldeado frente al Congreso.

José Mayans, presidente del bloque kirchnerista, intentó a último momento hacer caer la sesión.

El legislador formoseño realizó una moción para que el proyecto regresara a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y un tratamiento serio.

La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continuó como estaba previsto.

El rechazo de gobernadores aliados a la ley enciende una alerta en la Casa Rosada

Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros.

La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.

Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.

Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.