POLITICA
El gobernador de Tucumán compró una casa de fin semana por US$300.000 y no se conocen sus declaraciones juradas de bienes
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, compró e inscribió a su nombre una casa de fin de semana de US$300.000 en Tafí del Valle, el principal centro turístico de la provincia, en los valles calchaquíes.
La escritura de la propiedad es del 13 de diciembre de 2024 y consta que está hipotecada a favor del Banco Macro por $266.250.000. El Banco Macro es desde 2019 el agente financiero oficial de la provincia. Asumió ese rol cuando se concretó, en octubre de aquel año, la fusión con el Banco Tucumán.
La última declaración jurada que Jaldo hizo pública en la Oficina Anticorrupción (OA) fue en 2016, cuando asumió una banca como diputado nacional. El año pasado también debió haberla presentado porque fue candidato a una banca en el Congreso. “Siempre dijo que era una postulación testimonial. Renunció [a la banca ganada] y no fue proclamado”, justificaron desde la gobernación ante la consulta de .
La nueva propiedad de Jaldo, un gobernador peronista que a menudo actuó como aliado de La Libertad Avanza, se conoce en una coyuntura en la que están en el centro de la escena las declaraciones juradas presentadas por funcionarios nacionales ante la OA y también el reparto de créditos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios y legisladores aliados del oficialismo.
“Yo tengo una actividad agrícola ganadera desde hace más de 35 o 40 años. Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia y también del Banco Santander”, se defendió Jaldo hace un mes, cuando fue consultado por la hipoteca en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno.
En esa línea, el mandatario tucumano argumentó que todas sus operaciones son con entidades privadas y desligadas de su función pública. “Cualquier productor o comerciante necesita financiamiento, más en una economía restringida y con baja del consumo. Todos los créditos que tengo son inherentes a mi actividad y nada tienen que ver con el Estado”.
El mandatario tucumano mantiene contactos permanentes con la Casa Rosada y está dentro del grupo de gobernadores vistos como “dialoguistas”. Es decir, aquellos que colaboran con la Nación en el Congreso en proyectos que son considerados clave para la gestión libertaria.
En Tucumán los funcionarios provinciales están obligados por la ley N°3981 a presentar su declaración jurada, pero no a hacerla pública. No hay en la provincia tampoco una suerte de OA que exija el cumplimiento de la norma.
“El gobernador sí las tiene presentadas. Y también las tiene presentada en tiempo y forma en la ARCA, producto de su actividad en relación de dependencia y de su actividad privada como productor agrícola ganadero”, explicaron voceros de Jaldo. solicitó las declaraciones juradas como mandatario provincial, pero no recibió la información.
De todos los estados subnacionales argentinos, solo son de acceso público total las declaraciones juradas de los funcionarios en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En cambio, se puede consultar información parcial en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, San Juan y Chaco.
Según la documentación del Registro Inmobiliario, la propiedad que Jaldo adquirió en Tafí del Valle siendo gobernador cuenta con una superficie de 2347,38 metros cuadrados. La operación se formalizó por US$300.000 dólares y la inscripción se realizó el 22 de enero de 2025. La propiedad figura a nombre de Jaldo y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.
En diciembre del 2024, Jaldo obtuvo un préstamo por un total de $271.572.000.
Como candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025 estaba obligado a presentar su declaración jurada de bienes en la OA, pero no lo hizo. La última documentación sobre sus bienes que consta en el organismo de transparencia corresponde al período 2016, cuando también se postuló a una banca en el Congreso de la Nación.
En la declaración jurada de 2016 ante la OA figuran como propiedades: un departamento con cochera en San Miguel de Tucumán de 134,42 metros cuadrados adquirido con un crédito en 2014; una casa en Trancas de 483 metros cuadrados, comprada con ingresos propios en 1995; otro departamento de 125,87 metros cuadrados en la capital tucumana, adquirido con un préstamo en 2010; una cochera de 11,9 metros cuadrados también en San Miguel de Tucumán, incorporada a través de un crédito, y un departamento con cochera de 134 metros cuadrados también comprado a través de un préstamo.
Cuatro veces intendente del municipio de Trancas, una zona rural de menos de 10.000 habitantes, Jaldo ganó influencia en el peronismo tucumano de la mano de los gobernadores Julio Miranda, primero, y José Alperovich, después. Tiene 68 años y es contador público nacional, recibido en la Universidad Santo Tomás de Aquino.
Después de haber sido ocho años vicegobernador de Juan Manzur, a quien enfrentó en una interna, Jaldo ganó la elección de 2023 y tiene la posibilidad en 2027 de ir por la reelección. Está en la función pública tucumana desde hace más de un cuarto de siglo.
Osvaldo Jaldo,Gabriela Origlia,Osvaldo Jaldo,Tucumán,Conforme a,Osvaldo Jaldo,,Transparencia. Tucumán sancionó la ley de ficha limpia y es la novena provincia en tenerla,,Quejas por los recursos. Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”,,Inundaciones en Tucumán. Por qué los vecinos de La Madrid siguen en la ruta 157 y cuándo vuelve la luz
POLITICA
El Senado convocó audiencias para tratar 25 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos
El Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo destinados a cubrir cargos en la Justicia nacional y federal. Las reuniones se realizarán los días 4 y 5 de agosto en el Salón Azul de la Cámara alta y comprenderán postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de cámaras de apelaciones en distintos puntos del país.
La convocatoria fue comunicada por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación mediante dos publicaciones oficiales. Según se informó, entre el 20 y el 26 de julio cualquier persona podrá presentar preguntas u observaciones sobre las calidades, antecedentes y méritos de los aspirantes, l procedimiento previsto por el Reglamento del Senado.
La primera audiencia se llevará a cabo el martes 4 de agosto, a las 14, y abarcará 15 expedientes. Entre ellos se encuentran las propuestas para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, un fiscal federal para Gualeguaychú y magistrados para juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.
En esa jornada también se tratarán los pliegos para cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Capital Federal, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos judiciales.
Además, figura un pedido de acuerdo para posibilitar un nuevo nombramiento de la vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Matilde Evangelina Ballerini, una situación que se diferencia del resto de los expedientes, orientados a designaciones en cargos vacantes.
La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, a las 11, y comprenderá otros 10 pliegos. En esa instancia se analizarán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales y juzgados nacionales en lo civil, además de cargos en tribunales orales y cámaras federales.
Entre las propuestas incluidas para esa fecha figuran las designaciones de una defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, un defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, dos fiscales generales ante los tribunales orales en lo penal económico y un juez de cámara para un tribunal oral en lo criminal y correccional.
También integran el temario los pliegos para cubrir tres juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal y un cargo de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Las dos audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Los postulantes podrán presentar sus antecedentes dentro del plazo fijado entre el 20 y el 26 de julio.
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POLITICA
Cómo seguirá la situación judicial de Edgardo Kueider tras haber sido condenado en Paraguay por intentar ingresar US$200.000 sin declarar
La condena dictada este lunes por la Justicia de Paraguay no puso fin a la complicada situación judicial de Edgardo Kueider. Aunque el exsenador fue condenado a dos años de prisión por contrabando en grado de tentativa, la pena fue impuesta con suspensión de la ejecución, por lo que no será trasladado a una cárcel y continuará bajo prisión domiciliaria en Asunción.
La misma resolución alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una condena de un año y diez meses, también con suspensión de la ejecución de la pena. Ambos fueron encontrados culpables por intentar ingresar a Paraguay más de US$200.000 sin declarar en diciembre de 2024.
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria desde hace alrededor de un año y medio. Si la sentencia queda firme, ese tiempo empezará a ser descontado de las condenas impuestas, por lo que -en principio- solo les restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.
Las causas que enfrenta en la Argentina
Más allá de la condena de este lunes en Paraguay, el exsenador continúa involucrado en distintas investigaciones judiciales en la Argentina.
Junto con Guinsel, está procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Además, enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, en Entre Ríos, y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
La extradición sigue pendiente
En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider para que responda ante la Justicia argentina. El pedido ya fue autorizado por las autoridades paraguayas, pero su ejecución todavía no se concretó.
La definición quedó supeditada a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver qué tribunal argentino tendrá competencia para continuar con las investigaciones en su contra.
Mientras esa cuestión permanece abierta, Kueider seguirá bajo prisión domiciliaria en Paraguay, donde comenzará a cumplir la condena impuesta por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.
Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia, condena
POLITICA
La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo y el Gobierno avanzará con los vouchers de capacitación laboral
La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.
El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.
También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.
El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:
- Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
- Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
- Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
- Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
- Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:
- Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
- Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
- Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
- Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
- Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
- Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.
Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.
La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.
La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.
El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.
Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.
Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.
La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.
La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.
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