POLITICA
Quiénes son los candidatos que asoman en el peronismo para el 2027
“He tomado una decisión personal y es ser candidato”, aseguró anoche el sanjuanino Sergio Uñac. De esa forma expresó, sin rodeos, lo que hace tiempo venía insinuando: su voluntad de ser candidato a presidente del peronismo en las elecciones del 2027. El ex gobernador de San Juan fue preciso y advirtió: “Hay gente de peso que acompaña la decisión”.
Durante una entrevista con Blender, el actual senador nacional pidió que su decisión no se interprete como una afronta a Axel Kicillof o una interna entre el interior y la provincia de Buenos Aires, sino todo lo contrario. “Es uno más otro”, sostuvo. Tiempo atrás, en una entrevista con Infobae, había asegurado que “la próxima fórmula presidencial el PJ debería tener un componente del interior”. En esa línea es la que sigue trabajando.
El anuncio de Uñac confirma un jugador más en el escenario electoral del peronismo nacional. Si bien Kicillof no ha sido tan contundente en sus palabras como el sanjuanino, sus movimientos y las palabras públicas de quienes lo acompañan en los actos políticos, no dejan lugar a dudas. El gobernador bonaerense es número puesto para competir por la presidencia.
Uñac viene trabajando hace tiempo en su precandidatura presidencial apoyado sobre la agrupación Primero la Patria, integrada por expresiones del kirchnerismo y algunos dirigentes del interior. Durante los cinco meses de este año mantuvo encuentros con dirigentes políticos, sociales y sindicales, en las oficinas que tiene en el bajo Belgrano, frente a los bosques de Palermo.
En todas repitió su voluntad de jugar, de buscar ser una pieza del interior que ponga otra tonada a la discusión final y de trabajar su programa económico con ejes claros. “El equilibrio fiscal y la inflación controlada son dos ejes que el peronismo no debe discutir más”, aseguró en su momento. Eso es lo que sigue pensando y transmitiendo en cada mitín político.
El sanjuanino siguió el camino inverso a Kicillof. Anunció su candidatura presidencial y ahora tiene la misión de construir consenso hacia adentro del peronismo. El gobernador bonaerense edificó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para sostener su proyecto presidencial. Los detractores del economista aseguran que se equivocó al crear una línea interna. “Tenía que ser el candidato de todos y se terminó achicando”, dicen algunas voces del kirchnerismo y el massismo.
Lo cierto es que Kicillof están en cancha y aglutina consenso lentamente. Uñac viene haciendo esa tarea con perfil bajo y, a partir de ahora, comenzará a agilizarla. Un tercer nombre que ya se sumó a la ronda de precandidatos es Juan Grabois, el único de los tres que ya participó de una PASO presidencial. En el 2023 compitió contra Sergio Massa.
El dirigente social y actual diputado nacional ya ha dicho públicamente que él tiene la voluntad de ser candidato a presidente y cree que el peronismo tiene que dirimir diferencias en unas PASO. En la fuerza política son muchos los que miran de reojo el accionar de Grabois, ya que creen que sus expresiones solo tienen como fin último negociar una mayor presencia de su agrupación política, Patria Grande, en los lugares importantes a los que accesa el justicialismo.
Lo cierto es que Grabois es un jugador importante dentro del ecosistema peronista. Tiene los votos de un sector y posee la capacidad de competir en una interna, más allá de la posibilidad real de pelear por el primer puesto. Junto a Kicillof y Uñac, son los únicos tres que ya están posicionados en la línea de largada para la discusión final de candidaturas.
Un nombre que está siempre presente es el de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador repite en sus reuniones políticas que él no está pensando en candidaturas. Ni en competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como trascendió en algún momento, ni en volver a ponerse el traje de candidato presidencial. Sin embargo, hay un sector del peronismo que lo sigue viendo como una opción y conociendo su capacidad de articulación política, no lo baja de la lista de nominados.
Un puñado de días atrás fue Sebastián Galmarini, hombre de su estrecha confianza, el que puso su nombre en agenda. “Es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo”, dijo en una entrevista con el streaming de Infobae. Algunos intendentes bonaerenses, sobre todo los que están en el denominado grupo AFA, en el medio del MDF y el cristinismo, lo ven como una opción viable. Su nombre siempre está, pero quien conoce a Massa, sabe que no dará ninguna señal concreta de su futuro hasta una fecha más cercana al momento de las definiciones.
En el camino quedó un nombre que al principio apareció como una opción: Gerardo Zamora. El ex gobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional giró en las oficinas del peronismo como una opción potable para meterse en la mesa final de precandidatos. Fue, sobre todo, un nombre que estuvo muy presente en los últimos meses del año pasado.
En su momento al santiagueño no le gustó demasiado que su apellido gire como una opción real. Lo vio como una jugada del cristinismo para poner en cancha una figura que condicione el crecimiento de Kicillof. Se molestó y lo hizo saber por canales internos. Después, se sumergió en el perfil bajo y el silencio.
Esa idea que generó malestar en Zamora, también sobrevuela los movimientos de Uñac. Hay pesos pesados del peronismo que ven en el aval y apoyo de CFK al lanzamiento del sanjuanino, una jugada para contrarrestar el volumen de la precandidatura de Kicillof, enfrentado con la ex presidenta, su hijo y todo el sector que ellos lideran.
En La Cámpora defienden su lugar dentro del armado y aseguran que ““Wado” (De Pedro) está preparado”, como una forma de sostener un nombre propio que coincida con el perfil de un candidato presidencial. No lo promocionan, solo lo mantienen como la opción viable del cristinismo ante la imposibilidad de la ex presidenta de ser candidata.
Otro de los nombres que asoma como opción es el de Ricardo “Gitano” Quintela. El gobernador de La Rioja ha dicho que tiene voluntad de ser candidato, pero aclaró que el que mejor ubicado está en la actualidad es Kicillof. El mandatario juega un rol de articulador dentro del peronismo y trata de mostrarse con dirigentes de distintas vertientes.
En la ronda de nombres también entran la cordobesa Natalia De la Sota, el empresario Jorge Brito y el pastor Dante Gebel. Nombres propios que suben y bajan de las discusiones del justicialismo en todo el país. Nombres que cautivan o que generan rechazo según el lugar donde se los analice, pero que están en la conversación permanente que roza lo electoral.
En el PJ Federal, que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo, no hay candidatos, pero si existe un volumen de dirigentes importante que buscan un lugar para transitar y construir un programa político y económico nuevo. En el análisis justicialista hay quienes creen que una candidatura de Uñac está íntimamente relacionada a una identidad como la de ese sector.
Sin embargo, la regla básica en la construcción de ese espacio fue no promocionar ningún candidato, con la idea de evitar condicionar el arribo de dirigentes de distintos sectores y terminales políticas del país. Primero la discusión del rumbo y después de las candidaturas. Ese plan de acción, por ahora, les ha permitido dar una señal clara hacia dentro del peronismo, donde una gran parte de la dirigencia quiere esquivar las peleas y empezar a buscar los puntos de acuerdo.
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POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno
El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.
La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
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POLITICA
La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos
La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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