Al menos dos nombres vinculados al peronismo sobresalen entre las últimas tandas de pliegos enviadas al Senado por el Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Fueron elegidos por el gobierno de Javier Milei para ocupar una fiscalía en el fuero Penal Económico y un Tribunal oral criminal y correccional en la Ciudad.

Se trata de Juan Manuel Mejuto, un secretario de Comodoro Py, y Ángeles Ramos, titular desde hace casi una década de una procuraduría especializada en delitos de lesa humanidad. Ambos guardan algún grado de relación con la exprocuradora general del kirchnerismo Alejandra Gils Carbo.

Con un paso previo por la Justicia de Quilmes, desde marzo de 2011 Mejuto se desempeña como secretario del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) de Comodoro Py, un cuerpo que en 2021 quedó envuelto en la polémica cuando, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg, decidió cerrar el caso Hotesur-Los Sauces sin desarrollar el juicio oral y sobreseer a Cristina Kirchner.

Antes de recalar en el tribunal, Mejuto fue prosecretario administrativo en un Juzgado de Garantías de Quilmes, entre 2005 y 2007, y más tarde secretario en la Defensoría General del municipio, entre 2007 y 2011.

En abril de 2013, el funcionario puso su firma en un comunicado que encabezó la entonces procuradora general Gils Carbó para respaldar la creación de “Justicia Legítima”, una corriente judicial que quedó directamente ligada al kirchnerismo.

Mejuto quedó agrupado así junto a otros funcionarios, fiscales, jueces y dirigentes ligados al peronismo, como Juan Manuel Olmos, quienes también rubricaron el texto donde se ratificaba “en todos sus términos” el primer comunicado de Justicia Legítima y se convocaba al primer encuentro nacional del grupo, en la Biblioteca Nacional, ese mismo año.

A principios de abril, en la primera tanda de pliegos enviados al Senado, Milei y Mahiques, propusieron a Mejuto como juez para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 (T.O.C.C 8) de la Capital.

Su nombre había desembarcado en la Cámara alta años atrás, en 2019, cuando fue propuesto por Mauricio Macri para el TOCC 20. Sin embargo, al comienzo de su mandato, Alberto Fernández retiró el pliego, pero solo para volver a elegirlo, en abril de 2023, para un tribunal. Es decir que el mismo presidente que lo obturó la postulación, después lo promovió.

Milei repitió luego el movimiento y sacó su nombre, negándole una oportunidad que ahora se le vuelve a abrir al funcionario, de la mano del propio Milei.

Ramos, en tanto, fue elegida por Milei para convertirse en fiscal ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico.

Nacida en Tandil hace 48 años, Ramos se recibió de abogada a los 25 en la Universidad del Museo Social Argentino e inició una carrera como penalista.

Fue fiscal en Azul y en marzo de 2017 se convirtió en la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), un área del Ministerio Público Fiscal especializada en causas por delitos de lesa humanidad, que asiste a fiscales de todo el país.

Fue elegida para el cargo por Gils Carbó, quien había creado la procuraduría años atrás, y con quien compartió algunas actividades públicas.

En marzo de 2023, Ramos participó como testigo en el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, en una audiencia dedicada al capítulo del fallo del 2×1 en causas de lesa humanidad. En 2017, en el caso “Muiña”, la Corte Suprema decidió por mayoría que ese beneficio en el cómputo de la pena podía aplicarse también a un condenado por delitos de lesa humanidad.

Según consignó en Diputados, durante la audiencia, la fiscal se pronunció en contra de aplicar de manera automática el fallo de la Corte al sostener que “no necesariamente un precedente de la Corte deba aplicarse como una ‘plancha’, como habitualmente decimos en Tribunales, sino que, en cada caso, puede ser un estándar o un indicador de la interpretación, pero no significa que deba replicarse en todos los demás”.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra la intendenta de la localidad chaqueña de Laguna Blanca, la peronista Claudia Panzardi, por publicaciones en las redes sociales contra el funcionario provincial Livio Gutiérrez que afectaron su honor, según indicó el máximo tribunal.

Al haber desestimado un recurso de queja presentado por la jefa comunal, la Corte dejó firme la condena contra Panzardi, que se fijó en el pago de 17 millones de pesos a Gutiérrez en concepto de indemnización.

En diálogo con , Panzardi afirmó que ya cumplió con su condena en el juicio civil porque efectivizó los pagos.

“No es verdad que la Corte me haya condenado a pagar. Esa resolución fue expedida el 23 de abril, y yo terminé de pagar entre marzo y abril, incluso tomé un préstamo, pero el 20 de abril lo pude cancelar”, aclaró Panzardi ante este medio.

Y explicó: “La Corte no decide sobre el fondo de la cuestión. La Corte es muy renuente, o tiene límites muy solemnes para aceptar un caso. Acá lo que hizo fue no aceptar mi recurso de queja. No habla ni decide sobre el fondo de la cuestión, sobre quién tuvo razón o no”.

En efecto, después del rechazo de un recurso extraordinario en la Justicia provincial, Panzardi acudió en queja ante la Corte Suprema, pero la presentación no cumplió con los requisitos establecidos en la acordada 4/2007 y fue desestimada.

“Mi recurso de queja ante la Corte apuntó no a evadir la responsabilidad de pagar sino a que se evaluara desde otra mirada. Porque yo escribí un tuit en potencial, y así y todo decidieron darle curso a la demanda”, señaló Panzardi a .

El diferendo data de 2016, cuando Gutiérrez, hoy presidente del Banco de Chaco pero por entonces legislador provincial, participó en el programa televisivo ‘Intratables’, del canal América.

En ese contexto, Panzardi publicó desde su cuenta de Twitter, donde era muy activa, una serie de mensajes que vinculaban a Gutiérez con acusaciones de violencia de género contra su esposa, y que luego fueron replicados por medios locales.

Pese a que la intendenta sostiene hoy que esas publicaciones fueron “en potencial”, la Justicia provincial consideró en primera y segunda instancia que esas expresiones no constituían “información ni opinión sino una intromisión injustificada en la vida del demandante, además de resultar falsas”.

Panzardi explicó que el resarcimiento económico que había sido establecido por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Charata, y posteriormente ratificado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, se pagó con fondos propios provenientes de su actividad privada, debidamente declarados, según publicó el medio local Primero Chaco.

Cercana al exgobernador Jorge Capitanich, Panzardi fue diputada provincial e intendenta de Laguna Blanca por cuatro períodos; actualmente lleva adelante su cuarto mandato en el municipio.

También se desempeñó como ministra Desarrollo Social de la provincia. En lo partidario, es presidenta del Congreso del PJ de Chaco.