El pasamanos del dólar blue llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Recién en 2025, el Banco Central comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados. El asunto escaló y las causas judiciales comenzaron a activarse todas juntas. El 30 de diciembre se dio un hecho inédito: tres jueces ordenaron allanamientos simultáneos. El expediente más sensible apunta a la supuesta connivencia entre funcionarios públicos y cambistas que conseguían el billete verde cuando todo era restricción y lo volcaban al mercado paralelo. Al menos cinco funcionarios y 34 empresas están en la mira del fiscal federal Franco Picardi, según documentación a la que tuvo acceso . Esa causa judicial arrastra casi dos meses en secreto de sumario y su desarrollo intriga tanto a la city como a la política.

Se trata de un expediente que funciona como una autopista de dos carriles. Ambos comparten un núcleo: investiga quiénes y cómo accedieron a cientos de miles o millones de dólares en la época de cepo. Lo que los diferencia es que uno de ellos persigue la ruta del dólar blue y el otro, tal como publicó , a los permisos de importación conocidos como SIRAs.

El 20 de marzo, cuando la causa ya estaba bajo secreto, se realizó una segunda tanda de allanamientos a cargo de la División Operaciones Federales de la Policía Federal. Las órdenes pedían secuestrar dispositivos electrónicos, dinero, y documentación vinculada a una serie de personas y un total de 34 empresas.

Entre las personas se destacan Elías Piccirillo (detenido en su casa), su ex socio Martín Migueles, Francisco Hauque, Matías Bocca, y cincos funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, encargados de controlar a las casas de cambio.

Los investigadores también tienen en la mira a Valeria Fabiana Fernández, una auditora externa del Central que habría suscripto los estados contables de varias casas de cambio clave como Mega Latina y Stema Cambios.

En el listado de empresas, hay 27 agencias de cambio, tres sociedades que, según su objeto, se dedican al comercio exterior, dos bancos, una emisora de tarjetas de crédito y otra que brindaba soluciones financieras digitales. Entre sus responsables se repiten algunos apellidos: Piccirillo, Migueles, y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas).

En la nómina de las casas de cambio aparece “N y M Cambio SA”, adquirida en enero de 2021 por Eduardo y Mauro Piccirillo, padre y hermano del financista, y Centenera, creada por un colocador de aire acondicionado que vive en un barrio humilde de la periferia de Santa Fe y fue apodado “el changarín del rulo”. Esa agencia registró ventas de divisas por $9200 millones solo en el primer semestre de 2023, tal como reveló .

Parte de la investigación judicial sigue la ruta de los dólares para intentar identificar a los beneficiarios finales del circuito. Por otro lado, el expediente también indaga quiénes debían controlar estas operaciones desde la función pública. Hay chats, videos y documentos que dan cuenta de un trato fluído con los financistas.

El Banco Central también indagó sobre la operatoria del blue. “Se sospechó de la legalidad de estas operaciones, a raíz de múltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, señala uno de los sumarios de la entidad presidida por Santiago Bausili.

Cuanto mayor era la brecha entre el oficial y el blue, mayor iba a ser el negocio. Entonces, en ese esquema había tres elementos clave: 1) dólares físicos que salían de bancos, 2) casas o agencias de cambio para adquirir la moneda y comercializarla, y 3) compradores o personas que demandaran las divisas. La pérdida de trazabilidad, para el BCRA, es uno de los indicadores críticos del drenaje de billetes al mercado paralelo. ¿Cómo la detectan? Cuando una casa de cambio recibía transferencias en pesos de terceros, pero no registraba operaciones de venta.

Después de los primeros allanamientos ordenados en la causa judicial, una exautoridad del BCRA defendió la gestión de Miguel Angel Pesce. Dijo que había reforzado controles y revocado permisos a 40 casas y agencias de cambio, y suspendido a otras 55. Esa misma fuente, consultada en las últimas dos semanas, permaneció en silencio.

Según un relevamiento de , las casas de cambio investigadas en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi registran ventas de moneda extranjera equivalentes a $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, según los informes semestrales del Banco Central. El período no es arbitrario: el 91,5% de esas transacciones ocurrieron en 2023. Y la mayoría de las agencias luego se apagaron.

Uno de esos casos es el de Arg Exchange, de Elías Piccirillo. En el segundo semestre de 2023 registró ventas por $60.804 millones. Ese número cayó a cero en la primera mitad de 2024. “Hasta tanto exista información oficial sobre los expedientes, no tengo nada que aportar al respecto”, dijo Piccirillo a través de uno de sus abogados a fines de enero. Ahora todos callan hasta conocer qué hay en el expediente. “Vamos a esperar”, fue la respuesta unánime de los defensores contactados por .

Otra de las agencias mencionadas en la causa es Fenus, que en el segundo semestre de 2023 estaba bajo la órbita de la madre de Vallejo. En ese período tuvo ventas por $2.858 millones.

Uno de los casos emblemáticos es el de Mega Latina. Esa casa de cambio llegó a vender divisas por un total de $59 mil millones en el segundo semestre de 2023. Después de ese pico, prácticamente no tuvo movimiento. En uno de los sumarios del Banco Central, sus representantes sostuvieron que no cometieron ningún ilícito.

Precisamente, el sumario financiero más grande que resolvió el BCRA es sobre Gallo Cambios y la venta de US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. “Se observó que el 92,71% fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera”, se lee en el documento firmado por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.

Los responsables de Gallo Cambios señalaron en su descargo que la normativa del BCRA es “cuna de la deficiencia” y alegaron que la imputación en su contra es ambigua. Por eso, plantearon que era nula.

Los otros operadores a los que hace referencia el sumario del Banco Central y que recibieron dólares de Gallo Cambios son casas de cambio. La documentación enumera 14, de las cuales 8 forman parte del listado que figura en la causa de Picardi. “Recibieron transferencias en pesos en sus cuentas bancarias de una multiplicidad de personas jurídicas y/o humanas sin haber registrado operaciones de cambio a su nombre”, describe el texto oficial. Entre ellas, se encuentran Fenus y Centenera.

La causa que llevan adelante Picardi y el juez Ariel Lijo arrancó con unos audios aportados por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo. Las grabaciones estaban guardadas en un pen drive. Cuando declaró como arrepentido, Smith, que además de la seguridad se destacaba redactando informes y leyendo causas, reveló que ese dispositivo había quedado en la guantera de su camioneta BMW X6. El juez ordenó registrar el vehículo y encontró el famoso pen drive.

En una de las conversaciones adjudicada a Romina García, una funcionaria del Banco Central, se escucha: “Había gente de arriba entongada”. ¿Se refería a sus jefes? En otro audio, Hauque y Piccirillo hablan del exministro de Economía Sergio Massa. “Vos te pensás que Massa los va a ayudar? Se lava las manos”, asegura el primero.

Varios de los imputados ya cuestionaron la autenticidad de esas grabaciones explosivas ante la Cámara Federal. Pero la causa continuó con su avance. Además de los audios, en el pen drive había un escrito de 70 páginas plagado de nombres. Luego se sumaron los teléfonos y las pruebas de los allanamientos. La política está en vilo.

Al menos dos nombres vinculados al peronismo sobresalen entre las últimas tandas de pliegos enviadas al Senado por el Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Fueron elegidos por el gobierno de Javier Milei para ocupar una fiscalía en el fuero Penal Económico y un Tribunal oral criminal y correccional en la Ciudad.

Se trata de Juan Manuel Mejuto, un secretario de Comodoro Py, y Ángeles Ramos, titular desde hace casi una década de una procuraduría especializada en delitos de lesa humanidad. Ambos guardan algún grado de relación con la exprocuradora general del kirchnerismo Alejandra Gils Carbo.

Con un paso previo por la Justicia de Quilmes, desde marzo de 2011 Mejuto se desempeña como secretario del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) de Comodoro Py, un cuerpo que en 2021 quedó envuelto en la polémica cuando, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg, decidió cerrar el caso Hotesur-Los Sauces sin desarrollar el juicio oral y sobreseer a Cristina Kirchner.

Antes de recalar en el tribunal, Mejuto fue prosecretario administrativo en un Juzgado de Garantías de Quilmes, entre 2005 y 2007, y más tarde secretario en la Defensoría General del municipio, entre 2007 y 2011.

En abril de 2013, el funcionario puso su firma en un comunicado que encabezó la entonces procuradora general Gils Carbó para respaldar la creación de “Justicia Legítima”, una corriente judicial que quedó directamente ligada al kirchnerismo.

Mejuto quedó agrupado así junto a otros funcionarios, fiscales, jueces y dirigentes ligados al peronismo, como Juan Manuel Olmos, quienes también rubricaron el texto donde se ratificaba “en todos sus términos” el primer comunicado de Justicia Legítima y se convocaba al primer encuentro nacional del grupo, en la Biblioteca Nacional, ese mismo año.

A principios de abril, en la primera tanda de pliegos enviados al Senado, Milei y Mahiques, propusieron a Mejuto como juez para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 (T.O.C.C 8) de la Capital.

Su nombre había desembarcado en la Cámara alta años atrás, en 2019, cuando fue propuesto por Mauricio Macri para el TOCC 20. Sin embargo, al comienzo de su mandato, Alberto Fernández retiró el pliego, pero solo para volver a elegirlo, en abril de 2023, para un tribunal. Es decir que el mismo presidente que lo obturó la postulación, después lo promovió.

Milei repitió luego el movimiento y sacó su nombre, negándole una oportunidad que ahora se le vuelve a abrir al funcionario, de la mano del propio Milei.

Ramos, en tanto, fue elegida por Milei para convertirse en fiscal ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico.

Nacida en Tandil hace 48 años, Ramos se recibió de abogada a los 25 en la Universidad del Museo Social Argentino e inició una carrera como penalista.

Fue fiscal en Azul y en marzo de 2017 se convirtió en la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), un área del Ministerio Público Fiscal especializada en causas por delitos de lesa humanidad, que asiste a fiscales de todo el país.

Fue elegida para el cargo por Gils Carbó, quien había creado la procuraduría años atrás, y con quien compartió algunas actividades públicas.

En marzo de 2023, Ramos participó como testigo en el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, en una audiencia dedicada al capítulo del fallo del 2×1 en causas de lesa humanidad. En 2017, en el caso “Muiña”, la Corte Suprema decidió por mayoría que ese beneficio en el cómputo de la pena podía aplicarse también a un condenado por delitos de lesa humanidad.

Según consignó en Diputados, durante la audiencia, la fiscal se pronunció en contra de aplicar de manera automática el fallo de la Corte al sostener que “no necesariamente un precedente de la Corte deba aplicarse como una ‘plancha’, como habitualmente decimos en Tribunales, sino que, en cada caso, puede ser un estándar o un indicador de la interpretación, pero no significa que deba replicarse en todos los demás”.