POLITICA
La Corte rechazó el recurso de queja de una intendenta condenada a pagar 17 millones a un funcionario por agravios en las redes sociales
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra la intendenta de la localidad chaqueña de Laguna Blanca, la peronista Claudia Panzardi, por publicaciones en las redes sociales contra el funcionario provincial Livio Gutiérrez que afectaron su honor, según indicó el máximo tribunal.
Al haber desestimado un recurso de queja presentado por la jefa comunal, la Corte dejó firme la condena contra Panzardi, que se fijó en el pago de 17 millones de pesos a Gutiérrez en concepto de indemnización.
En diálogo con , Panzardi afirmó que ya cumplió con su condena en el juicio civil porque efectivizó los pagos.
“No es verdad que la Corte me haya condenado a pagar. Esa resolución fue expedida el 23 de abril, y yo terminé de pagar entre marzo y abril, incluso tomé un préstamo, pero el 20 de abril lo pude cancelar”, aclaró Panzardi ante este medio.
Y explicó: “La Corte no decide sobre el fondo de la cuestión. La Corte es muy renuente, o tiene límites muy solemnes para aceptar un caso. Acá lo que hizo fue no aceptar mi recurso de queja. No habla ni decide sobre el fondo de la cuestión, sobre quién tuvo razón o no”.
En efecto, después del rechazo de un recurso extraordinario en la Justicia provincial, Panzardi acudió en queja ante la Corte Suprema, pero la presentación no cumplió con los requisitos establecidos en la acordada 4/2007 y fue desestimada.
“Mi recurso de queja ante la Corte apuntó no a evadir la responsabilidad de pagar sino a que se evaluara desde otra mirada. Porque yo escribí un tuit en potencial, y así y todo decidieron darle curso a la demanda”, señaló Panzardi a .
El diferendo data de 2016, cuando Gutiérrez, hoy presidente del Banco de Chaco pero por entonces legislador provincial, participó en el programa televisivo ‘Intratables’, del canal América.
En ese contexto, Panzardi publicó desde su cuenta de Twitter, donde era muy activa, una serie de mensajes que vinculaban a Gutiérez con acusaciones de violencia de género contra su esposa, y que luego fueron replicados por medios locales.
Pese a que la intendenta sostiene hoy que esas publicaciones fueron “en potencial”, la Justicia provincial consideró en primera y segunda instancia que esas expresiones no constituían “información ni opinión sino una intromisión injustificada en la vida del demandante, además de resultar falsas”.
Panzardi explicó que el resarcimiento económico que había sido establecido por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Charata, y posteriormente ratificado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, se pagó con fondos propios provenientes de su actividad privada, debidamente declarados, según publicó el medio local Primero Chaco.
Cercana al exgobernador Jorge Capitanich, Panzardi fue diputada provincial e intendenta de Laguna Blanca por cuatro períodos; actualmente lleva adelante su cuarto mandato en el municipio.
También se desempeñó como ministra Desarrollo Social de la provincia. En lo partidario, es presidenta del Congreso del PJ de Chaco.
Twitter,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,,Pese al repudio. La Casa Rosada mantuvo el cierre de la sala de prensa y Milei escaló su ofensiva contra periodistas,,Semillas. Sturzenegger habló de “transferir el control” al sector privado,,»Es un desafío inmenso». Jorge Macri confirmó que buscará la reelección en 2027,Twitter,,»Terrible delincuente». Mario Pergolini respondió a las acusaciones de un militante digital libertario,,¿Te acordás de tu primer tuit? Twitter cumple 20 años tomándole el pulso al mundo,,Sus acciones crecieron 27%. Una empresa despidió a 4000 personas por la IA y hay sorpresa
El presidente Javier Milei participa este viernes del acto por el aniversario número 32 del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio porteño de Once, donde fueron asesinadas 85 personas.
El evento se da en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye cierres al tránsito de las calles Pasteur, Azcuénaga y Uriburu, entre las avenidas Córdoba y Corrientes.
El mandatario, visiblemente emocionado, llegó acompañado de su hermana, Karina Milei, y uno de sus hombres de mayor confianza, Mario Suli. Con su habitual gorra negra, Suli quedó ubicado a unos pasos.
Detrás del mandatario se desplegaba una cuadra repleta de gente, que a las 9.53 escuchó la sirena que sonó, como desde hace 31 años, para marcar el comienzo del acto en reclamo de justicia. Todo bajo un silencio sepulcral y los carteles con los rostros y nombres de cada una de las 85 víctimas, la menor de ellas Sebastián Barreiro, de cinco años.
Junto al Presidente están también en el evento el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, los ministros Mario Lugones [Salud], Alejandra Monteoliva [Seguridad] y Carlos Presti [Defensa]. A ellos se suman el embajador estadounidense Peter Lamelas, y los diputados Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet.
Otros de los asistentes son el juez Mariano Borinsky, que trató el expediente de AMIA, y el extitular del área de Derechos Humanos en tiempos macristas, Claudio Avruj.
Milei había confirmado días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633, donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del ataque.
Al arribar al lugar Bullrich habló con LN+: “Es un día para recordar la tristeza y también la rebeldía frente al terrorismo. Esto está siendo juzgado y es un paso trascendental en la historia de fallidos que tuvo este juicio, se va a llegar a la verdad». Tras ello, remarcó sobre la presencia del libertario: “Es muy bueno que venga el Presidente, han venido pocos”.
Desde que asumió en Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei asistió a todos los actos de conmemoración. Al igual que en esas ocasiones, fue ubicado en las primeras filas, entre familiares de las víctimas y autoridades de la AMIA y de la DAIA, muy cerca del embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Seal.
El operativo de seguridad combina la presencia de miembros de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) y Casa Militar, el órgano mixto de civiles y uniformados, que se encarga de la custodia presidencial, según pudo saber .
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POLITICA
The Guardian pidió que el Reino Unido reabra negociaciones con Argentina por las Malvinas: “No pueden ser británicas para siempre”
La aparición de una bandera que clamaba que “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos de la selección argentina, tras la victoria por 2 a 1 a Inglaterra en semifinales, volvió a poner sobre la mesa la discusión por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Aunque algunos medios internacionales tildaron el gesto de “arrogante”, el diario británico The Guardian pidió al Reino Unido que reabra las negociaciones.
“No pueden ser británicas para siempre”, planteó el periodista y columnista Simon Jenkins, luego de que ofreciera un repaso histórico sobre los territorios que alguna vez fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la corona.
De hecho, entre los hitos más recientes mencionó el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar. Así, la disposición para eliminar el histórico enrejado no solo representó la desaparición de la frontera física, sino el fin de otra discusión diplomática que se extendió por varias décadas.
Apenas 24 horas habían transcurrido de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, cuando el reclamo por la soberanía de Malvinas resurgió en plena celebración del Mundial 2026. “Pero, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“, cuestionó el columnista del medio británico.
“Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”, criticó.
Bajo el punto de vista de The Guardian, la ferviente defensa de los gobiernos británicos por el control de las islas estaría íntimamente ligada a la inyección de popularidad que la victoria en la Guerra de Malvinas (1982) le brindó a la administración encabezada por la ex primera ministra Margaret Thatcher.
De la misma manera, consideraron que las políticas de protección también estarían relacionadas “con el hecho de que los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o Diego García (islas que supieron responder al gobierno británico), eran británicos blancos”.
Sin embargo, el columnista británico desempolvó los archivos históricos para mencionar que durante la década de los ‘70 el Reino Unido se encontraba en medio de negociaciones para transferir la soberanía de las islas al gobierno argentino. Un movimiento que, en paralelo, fue impulsado por las Naciones Unidas (ONU) en los ex imperios francés, portugués y español.
Según reconstruye el artículo de The Guardian, para 1971 se había establecido un acuerdo para que los habitantes de las islas pudieran viajar hacia el territorio continental y hacer uso de los hospitales, tiendas y otros servicios. “Gradualmente, los isleños estaban formando lazos cercanos con sus vecinos costeros”, destacaron.
“La problemática no era por una cuestión histórica -un argumento eterno-, sino por un sentido común geográfico”, señaló el periodista británico respecto de la predisposición que mostraba por aquel entonces la administración del Reino Unido. La búsqueda por ahorrar dinero también impulsó esa postura, tras indicar que las islas se encontraban expuestas y sin defensas.
En este sentido, reiteró: “Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas”. Sin embargo, reprochó que el atropello por parte de las fuerzas militares argentinas en 1982 no solo desató el enfrentamiento armado, sino que generó un quiebre en las negociaciones en curso.
“Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras”, analizó el artículo, tras hacer mención a los esfuerzos de los Estados Unidos y Perú de que ambas naciones bajaran las armas.
A pesar de esto, el columnista de The Guardian cuestionó que “lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años”.
“La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”, señaló.
De la misma manera, Jenkins consideró que los resultados del referéndum realizado en 2013 sobre el tema, en donde 99,8% de un total de 1517 participantes votaron por permanecer anexados como parte del gobierno británico, no eran suficiente justificativo.
“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”, analizó, tras plantear que “sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”.
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POLITICA
La Justicia avanza contra una casa de cambio que movió millones de dólares de un secretario de Kirchner
Doce años después de iniciada la investigación, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por el delito de lavado de activos agravado mediante una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos a sociedades en Panamá y cuentas bancarias en Andorra.
La Cámara Federal consideró que existen pruebas suficientes para sostener que los cambistas involucrados manejaron una cartera de al menos US$138 millones de sus clientes. Entre ellos, el círculo íntimo de uno de los secretarios privados de la familia Kirchner, Daniel Muñoz, que terminó por adquirir inmuebles en Miami y en el otrora hotel Plaza de Nueva York, e involucrados en maniobras de narcotráfico que formaron parte del operativo “Carbón Blanco”.
El tribunal también ordenó embargos por $10.000 millones contra cada uno de los procesados en la investigación que comenzó con una denuncia del Banco Central (BCRA) e impulsó la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica y otros delitos complejos de Mar del Plata, con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
En su resolución, la Cámara consideró acreditado que Jonestur operó como mucho más que una casa de cambio. También prestó servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero y gestión de carteras, y fugó fondos al exterior mediante sociedades constituidas en Panamá hacia cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Los procesamientos confirmados recayeron sobre los máximos responsables de Jonestutr -Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro-, quienes quedaron a un paso de afrontar un juicio oral “por haber tomado intervención en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y haberse cometido de forma organizada”.
La Cámara también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento de otros acusados -entre ellos, los directivos de Transcambio- y estimó que no hay evidencias suficientes para confirmar que integraron una asociación ilícita, tal como sostuvo el juez federal, Santiago Inchausti, al procesarlos, decisión que el Ministerio Público apelará ante la Casación Penal.
La operatoria bajo sospecha benefició, entre otros, al círculo íntimo de Daniel Muñoz, quien movió decenas de millones de dólares sin declarar. Según la investigación, su pareja, Carolina Pochetti, y uno de sus testaferros, Sergio Todisco recurrieron a esas estructuras financieras para triangular y reciclar fondos que terminaron en sociedades offshore para luego volcarse en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos.
La causa se inició en 2014 a partir de una presentación del BCRA por posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a sitios que operaban como “cuevas financieras” en la ciudad de Mar del Plata. La denuncia quedó radicada ante la justicia federal de esa ciudad e incluyó allanamientos en locales comerciales, oficinas paralelas y domicilios particulares. También se analizaron elementos tecnológicos, documentación secuestrada y registros vinculados con la operatoria financiera desplegada por el grupo investigado.
El intento de hacer caer la causa
Pronto afrontó, sin embargo, obstáculos y demoras en los tribunales, que se sumaron a los planteos de las defensas para cerrar el expediente. En ese sentido, la Cámara Federal marplatense llegó a disponer en un fallo anterior el apartamiento del juez Inchausti, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación, pero la Casación revirtió la anulación y forzó la reapertura del expediente, en tanto que la Corte Suprema restableció a Inchausti al frente de la investigación judicial.
Con el expediente otra vez en sus manos, Inchausti avanzó contra los directivos de Jonestur y Transcambio en septiembre pasado. En total, procesó a 29 imputados; entre ellos, a miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro -señalado como nexo clave entre ambas organizaciones-. También, al comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, imputado por encubrimiento agravado porque omitió denunciar las maniobras.
Inchausti también libró una rogatoria internacional a Andorra para inmovilizar activos detectados en cuentas en la BPA de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que en 2023, en Andorra, directivos de Jonestur —entre ellos Rigano y Seret— celebraron un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. A pesar de ello, en la entidad andorrana permanecen congelados cerca de 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar.
La investigación requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados -muchos de ellos patrocinados por los letrados Pedro Bove, Julián Vespa y otros profesionales- y cooperación internacional. Y para Inchausti, “quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente”, configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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