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POLITICA

El Gobierno amenaza con no homologar toda la paritaria del Sindicato de Comercio y abre otro frente de batalla con los gremios

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El Gobierno no sólo quiere que los aumentos salariales se pacten por debajo de la inflación, incluso pese a la suba que hubo en marzo del 3,4% del costo de vida, sino que también está decidido a no homologar las cláusulas de los convenios que considera inviables, como las contribuciones empresariales para las obras sociales que acuerdan algunos sindicatos con las cámaras.

Pero, en este contexto de presión de las bases por recomponer los sueldos, la actitud oficial, que materializará la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, podría desatar varias guerras simultáneas.

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Uno de los casos que se perfila como más conflictivo es el último acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri.

Julio Cordero y Armando Cavalieri, tras la firma  de la paritaria de Comercio, junto con los empresarios

Al Gobierno no le preocupa el aumento porcentual que firmaron el sindicato y las cámaras, que consistió en un 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio) y el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio. Pero en Trabajo analizan una homologación parcial porque se objetan dos puntos: el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima del tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y la contribución empresarial para OSECAC, la obra social de Comercio, que pasó de $8 mil pesos mensuales por trabajador a $28 mil, un aumento que el Gobierno considera desmesurado.

“Son beneficios que meten por la ventana en el convenio, sin avisar antes, pero que no irán en forma directa al bolsillo de los trabajadores”, se quejó ante Infobae un encumbrado funcionario.

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La ayuda para la obra social de Comercio, la más importante del país, es de un enorme impacto económico: en un universo de 1.200.000 trabajadores, el sindicato recibirá cada mes 33.600.000.000 de pesos.

Armando Cavalieri, al frente de una columna del Sindicato de Comercio en una movilización

Aún resuena en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologarlo y abrió un fuerte conflicto.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 en el que quedaron incluidos aquellos montos. Ahora, la pelea con el Gobierno no será por el aumento salarial ni por el bono extraordinario sino por dos rubros que van en forma directa a “la caja” sindical.

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Cerca de Cavalieri aseguran que no saben nada sobre la homologación parcial que se analiza, pero en Trabajo juran que el sindicato ya conoce la decisión del Gobierno.

Hugo Moyano pasó por algo similar. Cerró un acuerdo para el Sindicato de Camioneros que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación. Pero, aun así, Trabajo decidió homologarlo en forma parcial: avaló el aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto en 6 tramos (2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5%) más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo, pero no convalidó la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador, y tampoco el nuevo adicional por presentismo ni una cláusula que ratifica el convenio colectivo de trabajo vigente hasta el momento.

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

La homologación parcial fue admitida a Infobae en Trabajo y en una de las cámaras del sector, pero en otra de las entidades empresariales fue desmentida.

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De todas formas, a Cavalieri le resultará más sencillo que las cámaras se comprometan a pagar igual lo pactado pese a no tener su correspondiente homologación porque hay una sintonía total entre ambos sectores (con la única excepción de los supermercados mayoristas, muy críticos de la paritaria firmada).

En el caso de Moyano, en cambio, las pymes de la actividad, sobre todo las del interior, se han juramentado en no pagar los puntos del convenio sin homologación porque atraviesan una fuerte crisis e incluso en ese sector hay una cámara que interpreta que este cuadro permitiría a los trabajadores dejar de pagar al sindicato el seguro de sepelio y las cuotas solidarias del 2%.

¿Comenzará una guerra por la renuencia de Trabajo en homologar el 100% de las cláusulas de las paritarias? Es la pregunta que todos se hacen, empezando por el Gobierno. Y de la respuesta que se alcance dependerá gran parte de la paz social que Javier Milei necesita para que no haya turbulencias en el camino hacia 2027.

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Adorni buscó justificar su patrimonio: afirmó que ganó casi US$600.000 con criptomonedas y puso en duda el costo de las refacciones en Indio Cuá

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La defensa de Manuel Adorni presentó ante la Justicia un extenso descargo para explicar la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública. El exjefe de Gabinete atribuyó buena parte de sus ahorros en dólares a inversiones en Bitcoin realizadas y liquidadas años antes de asumir, detalló cómo utilizó esos fondos y respondió sobre la compra y refacción de propiedades, préstamos, vehículos y gastos realizados en efectivo.

El escrito responde los 20 puntos requeridos por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación abarca el período comprendido entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.

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La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni durante ese período tiene un “sustento razonable y verificable” y aseguró que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.

Uno de los puntos centrales del requerimiento era el origen de los US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 en efectivo que aparecieron en distintas declaraciones juradas rectificativas bajo el concepto de “venta de activos” en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

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POLITICA

La Justicia Federal ordenó investigar a Lugones y al jefe del PAMI por el presunto incumplimiento de sus fallos sobre discapacidad

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CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La decisión se da en medio de la polémica originada por los cambios que introduce en el tema el proyecto de presupuesto 2027.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si la conducta de los funcionarios puede constituir un delito. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial y, eventualmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a que el planteo sobre el “supuesto incumplimiento” ya había sido realizado por el juez que ahora rechazó la apelación presentada. Adelantaron que el Estado presentará un recurso de queja ante la Cámara Federal, por entender que corresponde que esa instancia sea quien revise la cuestión.

Comprendemos que no existe incumplimiento del fallo y que tampoco se han presentado elementos concretos que acrediten que el Ministerio haya incumplido una obligación”, añadieron.

La decisión judicial es el último capítulo de un expediente que el propio Vaca Narvaja comenzó a tramitar en mayo y que tuvo desde entonces varias resoluciones en las que el magistrado fue insistiendo sobre la obligación del Estado de cancelar las deudas con los prestadores.

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El conflicto se originó en un amparo colectivo promovido por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras en los pagos de prestaciones financiadas por el PAMI y por Incluir Salud.

En mayo, Vaca Narvaja había dictado una medida cautelar y ordenado al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al PAMI que normalizaran los pagos en un plazo de 72 horas.

El juez consideró que las demoras podían comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales y advirtió sobre la situación particularmente vulnerable del colectivo alcanzado por el amparo. La orden judicial no se limitaba a resolver el reclamo de un prestador individual: alcanzaba al conjunto de personas comprendidas en la acción colectiva.

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El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.CESAR HEREDIA – AFP

El Gobierno nacional apeló aquella resolución, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Esto significaba que la apelación no suspendía la obligación de cumplir con la cautelar mientras la Cámara Federal analizaba el planteo. En ese momento, Vaca Narvaja sostuvo que la administración nacional debía acatar la medida y que la discusión sobre la apelación no modificaba esa obligación.

La controversia avanzó luego hacia una sentencia de fondo. En junio, el juez volvió a ordenar que se regularizaran los pagos de las prestaciones previstas por la ley 24.901. Uno de los elementos que tuvo en cuenta fue que el Estado había acreditado pagos correspondientes a algunos períodos, pero no había demostrado, según la resolución, que hubiera normalizado la situación para todo el universo alcanzado por el amparo.

Mario Lugones, ministro de Salud de Javier Milei, sale de la Casa RosadaRicardo Pristupluk

En aquella resolución, Vaca Narvaja también incorporó la situación informada por distintas instituciones de Córdoba. Prestadores como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría habían denunciado atrasos acumulados durante varios meses. Las entidades plantearon que las demoras estatales les generaban problemas para afrontar salarios, aportes, proveedores y otros costos indispensables para sostener las prestaciones.

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El caso del Cottolengo fue uno de los ejemplos utilizados en el expediente. La institución informó que había tenido que afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no había podido cancelar a tiempo debido a los atrasos en los pagos. Para el juez, esos elementos mostraban que el problema no era solamente administrativo o contable, sino que tenía consecuencias concretas sobre el funcionamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad.

La última decisión de Vaca Narvaja agrega una nueva dimensión al conflicto por el financiamiento de las prestaciones de discapacidad.




omenzó a tramitar en mayo y que tuvo desde entonces varias resoluciones,apeló aquella resolución,Gabriela Origlia,PAMI,Conforme a

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La trama detrás de la salida de Belén Agudiez del Gobierno

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“Presentó la renuncia por motivos personales”, respondió una fuente oficial a Infobae para explicar la abrupta salida del Gobierno de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez. El argumento formal es el que suele utilizar el Poder Ejecutivo cuando busca evitar explicitar las verdaderas razones detrás de los cambios.

En paralelo a la versión oficial, varias voces de la administración libertaria consultadas por este medio hablan de la existencia de un entramado de desconfianza y malestar que se acumuló en los últimos meses y desgastó el vínculo con la exsubsecretaria. “Siempre todo es acumulativo. La salida es algo más profunda”, precisó una persona que conoce de cerca la intimidad de la quinta de Olivos.

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Quienes conversaron con la exfuncionaria en las últimas horas la notaron golpeada, afectada por los episodios que la distanciaron de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien supo trazar una relación de cercanía. Su puesto permanece vacante y por ahora no se designó a nadie para reemplazarla, aunque en Casa Rosada prevén resolver el nombramiento esta semana.

Agudiez mantenía a su cargo la planificación de los servicios para el funcionamiento de la Secretaría General, pero también de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y la de Chapadmalal y otras sedes administrativas. Incluso, hasta el mismo viernes participaba activamente de la instrumentación de las últimas modificaciones en la residencia presidencial pese al desplazamiento de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, el “intendente”, a quien algunos aseguran que ella misma apodó irónicamente “primero de mayo”.

Uno de los accesos de la quinta de Olivos

Su renuncia se conoció este fin de semana, en el marco de la reorganización dispuesta en la quinta de Olivos, que incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la reabsorción de sus responsabilidades por parte de la Casa Militar. En medio de la decisión de reestructurar la seguridad presidencial, el oficialismo reubicó a más de 40 empleados y despidió a otros 12.

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“Milei no los podía ni ver y Sosa se mandaba mil cagadas. Todo muy burdo”, resumió una fuente en estricta reserva. “Siempre que en la campaña había que hacer alguna changa ella lo ofrecía a él. Milei se lo montó en un huevo desde el minuto uno porque era un vago. Mario es el que hace todo”, contó un referente libertario al respecto.

“Mario” es Mario Suli, secretario y asistente personal de Milei desde la campaña presidencial, que suele aparecer en algunas fotos con gorra de visera y barba tupida.

Sorprendió a varios la filtración a la prensa del nuevo esquema de tareas en la residencia presidencial que tuvo lugar el pasado jueves, mientras el oficialismo diseñaba el operativo comunicacional de la Casa Rosada para evitar el impacto del tema. En ese contexto, varias fuentes oficiales consultadas responsabilizan a la exfuncionaria por las “filtraciones” y aseguran que hubo un marcado incremento de “desconfianza” interna.

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En medio de las versiones cruzadas, hay quienes cuentan que tuvo una discusión con Karina Milei en las últimas horas, pero desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia evitaron pronunciarse sobre la versión.

El equipo que rodea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Pese a la buena sintonía que había logrado trazar con la menor de los Milei, que data de 2021, luego de que Agudiez tomara prudencial distancia de Ramiro Marra, quien la acercó al espacio, en las filas oficialistas aseguran que la exfuncionaria oficiaba como “asistente” de Karina Milei en trámites menores. “Cumplía un rol de secretaria. No era su mano derecha en términos de gestión”, aclararon a este medio.

Luego de que su salida se oficializara a través de la resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial, varios integrantes del espacio se expidieron sobre el tema a través de las redes sociales. “Roma no debe pagar a traidores. El que te caga a vos, después caga al que lo usó para cagarte. Porque el que vende una vez, vende siempre. No es lealtad. Es oficio”, afirmó Marra a través de su cuenta de X.

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Por su parte, la diputada Marcela Pagano acusó a Agudiez de utilizar mercadería y el personal de la quinta de Olivos para su empresa de catering. Sin embargo, en Balcarce 50 le bajan el precio a los señalamientos de la legisladora y la desafían a que, de contar con material probatorio, lo presente ante la Justicia para que investigue el caso.

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