POLITICA
El Gobierno aseguró que se reunirá con las universidades luego de la marcha para conversar sobre los fondos
En la previa de la marcha federal universitaria, el Gobierno defendió el reclamo de mayor transparencia en los gastos por parte de las casas de estudio, ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores para debatir el reparto de dinero para los hospitales educativos que hasta el momento se venía haciendo de forma discrecional.
Todas estas medidas tiene en carpeta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a través de su subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, también planea crear una página web específica para que cualquier persona pueda consultar el destino final de los recursos que el Poder Ejecutivo dispone exclusivamente para ese sector.
“Muchos de estos datos no los tiene casi nadie porque la administración del Sistema de Información Universitaria está en manos exclusivamente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Se hacía muy difícil la publicación de datos. El sistema estaba funcionando sin depurarse. Todo se basaba solamente en un anuario estadístico en el que hay que trabajar y no es amigable”, cuestionó el funcionario.
En una reunión de prensa de la que participó Infobae, Álvarez señaló, además, que “hace muchos años no se analizaba cuál era el costo por alumno y por graduado, indicadores necesarios para saber en el estado en que están realmente” los centros de formación.
“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad. Porque es la inversión que se hace en cada alumno, son impuestos, que la gente, que todos nosotros pagamos”, agregó Pettovello.
En este sentido, el subsecretario consideró que hay espacios que “buscan cambiar un poco el eje de la discusión”, lo cual “se va a ver mañana en la marcha, donde van a estar todos los partidos políticos opositores participando”.
Sobre este punto, el funcionario también criticó el pedido de que el Gobierno efectúe los aumentos establecidos en la norma de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado, que el presidente Javier Milei luego vetó y que ahora se está discutiendo en la Justicia.
“La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobá una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”, remarcó Álvarez.
El referente del oficialismo recordó que el amparo que se impuso en primera instancia y que ahora está siendo analizado por la Corte Suprema “es solo sobre dos artículos, el cinco y el seis, que son los artículos de becas y salarios”.
“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque inclumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.
De acuerdo con los datos del Ejecutivo, actualmente hay 1.980.136 alumnos en las universidades de todo el país, de los cuales solo poco menos de la mitad está en caracter de “regular”, es decir, que aprueba dos o más materias por año. El resto tiene un rendimiento más bajo o ni siquiera se anotó en ninguna cátedra, sino que solamente se inscribió.
El costo para cada graduado, para toda su carrera, varía dependiendo de la casa de estudio, pero en la Universidad de las Artes (ex IUNA), que lidera el ránking, es de $423.830.487, seguida por la Universidad de Tierra del Fuego, que demanda un gasto de 176.202.583 pesos.
Por otra parte, el Gobierno también se queja de que “al día de hoy ninguna de las instituciones les ha cobrado matrícula” a aquellos estudiantes que no sean argentinos o residentes, a pesar de que hay un decreto que las habilitó para eso.
“¿A ustedes les parece que no es relevante el 50 % de la matrícula de la Facultad de Medicina de La Plata, que le pertece a extranjeros. Cincuenta por ciento. Siendo una de las carreras más caras. Hicieron una manifestación que no salió a ningún lado, exigiendo que las cátedras fueran en portugués. Esto me lo cuentan las autoridades a mí, no es que yo lo inventé“, argumentó Álvarez.
En cuanto a los hospitales universitarios, que también denunciaron presuntos vaciamientos, el funcionario explicó que hay una parte que el Estado recauda y “se le transfiere lo que está en la planilla presupuestaria” a cada casa de altos estudios, y luego “hay un refuerzo” que se venía ejecutando de manera discrecional.
“¿Cómo se administró toda la vida eso? De manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, al lobby político. Y ustedes me van a decir: ‘Y bueno, pero vos los otros dos presupuestos hiciste lo mismo’. No, yo los otros dos presupuestos tenía el presupuesto reconducido. O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el setenta por ciento para la UBA“, detalló.
En este sentido, los funcionarios aseguran que en abril se enviaron los $150.388.873 correspondientes para el funcionamiento de los hospitales universitarios (y cifras parecidas los meses anteriores), pero no se enviaron los más de 79 millones de pesos del refuerzo.
“Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios para reunirnos con todos los rectores cuyas universidades tengan hospitales, para ponernos de acuerdo y ver cómo se reparte ese fondo, con criterios objetivos, porque ese dinero es para todos», adelantó el subsecretario.
De acuerdo con Álvarez, este grupo de trabajo todavía no se conformó porque “hay sectores que se resisten, naturalmente, aunque se iba a armar hace algunas semanas, antes de que escala el conflicto.
“Mirá, nosotros lo íbamos a convocar antes, pero yo cuando vi la nota y todo el lío y de que me sacaran los médicos a la calle, dije: ‘Van a decir que lo hicimos en contra de ellos’. Entonces, lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, que no es porque ellos hicieron nada”, prometió.
Por último, las autoridades nacionales remarcaron la necesidad de “que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”
“Me parece que es importante la batalla cultural en ese aspecto para que la ciudadanía entienda, primero, que nosotros no estamos en contra de la educación pública y no queremos cerrar las universidades, y, segundo, que hay otro trasfondo que la gente no tiene por qué saber si nosotros no se lo explicamos”, cerró Pettovello.
POLITICA
Tras las críticas en el acto, la Justicia apuró la integración del tribunal que debe decidir sobre el juicio en ausencia por la AMIA
Pocas horas después del acto en conmemoración a los 32 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que hubo reclamos por la lentitud de la justicia, la Sala de Casación que tiene uno de los tramos del caso, avanzó con el sorteo para designar al magistrado que faltaba y fijó fecha de audiencia.
“Exigimos a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso de juicio en ausencia”, dijo este viernes Osvaldo Armoza, titular de la AMIA.
Esa sala debe definir sobre el juicio en ausencia de los acusados por el atentado.
“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad», completó.
En ese momento se escucharon algunos gritos y reclamos de familiares de las víctimas. “¡Justicia, 32 años ya!”, resonó entre el público, entre otras expresiones.
Barroetaveña, uno de los mencionados por el titular de la AMIA, se encontraba en las primeras filas de asistentes al acto.
Después de la mención, el juez de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia, tomó su teléfono celular.
Según pudo reconstruir entonces , el funcionario judicial, que ya tiene listo su voto en el caso, se comunicó vía chat con Ángela Ledesma con la intención de acelerar los tiempos para fijar una audiencia.
Tenían pendiente resolver qué juez reemplazaría a Carbajo, dado que su subrogancia en esa Sala de la Cámara de Casación ya se venció.
Tras el diálogo vía chat desde el mismo acto, Ledesma, presidente de la Sala, le pidió a Barroetaveña que sorteara el reemplazo de Carbajo.
De ese sorteo salió el nombre de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
También se puso fecha para la audiencia, el próximo 10 de septiembre. La fecha era vista en tribunales con un sentido “simbólico”, porque será en víspera del año nuevo judío.
La decisión final se espera para apenas unos días después de la audiencia.
“Es un tema muy sensible”, reconocían este viernes en los tribunales en referencia a la causa AMIA.
Al mismo tiempo, los protagonistas rechazaban las acusaciones de dilación que sobrevolaron las horas posteriores al acto sobre la calle Pasteur, frente a la sede de la mutual.
Hubo voces que destacaron el trabajo de Barroetaveña, su “compromiso” con la causa. Aludían también a que fue también Barroetaveña, junto con Ledesma y Mahiques, quienes ya revisaron la sentencia histórica del primer juicio por la causa AMIA.
En esa decisión, tomada en 2024, dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, lo calificaron como un delito de lesa humanidad y allí pidieron reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado “en ausencia”.
Otras menciones en el acto
El atentado a la AMIA acumula 32 años de impunidad y sobre eso se hizo alusión en el acto en conmemoración de la fecha.
En su discurso, Arzmosa, no solo hizo referencia a los miembros de la Casación Federal. También pidió que: “el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo”.
A nivel judicial agregó: “debemos señalar la inexplicable demora del juez Daniel Rafecas, quien se encuentra a cargo del caso y debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».
Y recordó que “el Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado».
reclamos por la lentitud de la justicia,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Tras meses de tensión, el PRO y La Libertad Avanza volvieron a reunirse para coordinar la estrategia parlamentaria
La relación entre el PRO y La Libertad Avanza tuvo altibajos en los últimos dos años y medio, propios de las idas y vueltas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Alcanzó su pico máximo de tensión con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, pero con la llegada de Diego Santilli en su lugar el vínculo parece haber retomado cierta normalidad.
En este sentido, en las últimas horas hubo un encuentro en Casa Rosada entre Santilli y los dos legisladores clave del PRO en el Congreso: el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling. También participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.
En tanto, los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, sostuvieron que se trata de una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.
Leé también: En el Gobierno apuntan contra Bullrich por el traspié en el Senado y evalúan cambios en la estrategia legislativa
“En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina”, señaló Ritondo en sus redes sociales al término de la reunión.
“Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades”, agregó el jefe de la bancada PRO en la Cámara baja.
Semanas atrás, el partido fundado por Mauricio Macri anunció los proyectos a los que le dará prioridad en el Congreso en los próximos meses. En Diputados, impulsarán Ficha Limpia y la reforma del Código Penal como principales iniciativas.
En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.
En el Senado, en tanto, el PRO pretende que durante julio se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.
A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.
Diego Santilli, Cristian Ritondo, Congreso
POLITICA
Jorge Macri eliminó 359 puestos gerenciales y CABA tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años
La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.
El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.
«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.
El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.
Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.
En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.
El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.
La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.
Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.
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