POLITICA
El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejercicios militares
El Poder Ejecutivo autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos al territorio nacional para el desarrollo del ejercicio militar “Daga Atlántica”, que comenzará el 21 de abril y concluirá el 12 de junio de 2026. También aprobaro el despliegue de fuerzas locales para el ejercicio naval “PASSEX”, que se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva entre el 26 y el 30 de abril.
El decreto fue publicado el 17 de abril en el Boletín Oficial y fue firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete de ministros. Estos ejercicios, según la normativa oficial, fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.
La extensión del conflicto bélico en Medio Oriente obligó a posponer los ejercicios militares cojuntos con Estados Unidos, que se iban a realizar a principios de abril. La nueva programación apunta a mantener el compromiso bilateral de defensa mientras ambos países ajustan sus recursos ante un contexto internacional cada vez más complejo.
De acuerdo con lo dispuesto, el ejercicio “Daga Atlántica” reunirá a fuerzas argentinas y estadounidenses en áreas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, las actividades de “PASSEX” contarán con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de los Estados Unidos de América, que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina durante cinco días. Las fuerzas locales desplegarán personal y medios para ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en cumplimiento de acuerdos bilaterales previos.
Ambos ejercicios buscan ampliar la interoperabilidad y la integración doctrinal, así como estandarizar procedimientos, fortalecer la defensa de áreas estratégicas y habilitar a las Fuerzas Armadas argentinas para participar en futuras operaciones multinacionales.
El proyecto de ley para permitir estos ejercicios ya había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, pero hasta la fecha de emisión del decreto no había recibido dictamen en la Cámara de Diputados. Esta demora llevó a recurrir al mecanismo excepcional del decreto de necesidad y urgencia, previsto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122.
Frente a esto, el Gobierno argumentó que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”, al privar a las fuerzas argentinas de la transferencia de conocimientos. El decreto destaca que la experiencia de las fuerzas especiales de EEUU en contextos reales de combate se considera “un recurso invaluable”.
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En palabras del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, dirigido por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, estas prácticas buscan “incrementar la preparación militar y fortalecer la defensa regional a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y el implemento de prácticas operacionales compartidas”.
Durante la coyuntura internacional de mayor inestabilidad, el Gobierno ratificó su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” junto a la administración de Donald Trump, quien anunció en los últimos días un alto al fuego en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso que la relación bilateral se sustenta en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”.
Quirno subrayó ante el auditorio que la visión común incluye el respeto a la libertad, la preponderancia del sector privado y la búsqueda de “cadenas de valor seguras en el hemisferio”. Además, enumeró una serie de áreas estratégicas contempladas en la agenda conjunta: minerales críticos, energía e inversiones figuran entre los principales acuerdos y mecanismos de cooperación.
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POLITICA
Tapia intenta demorar su declaración por otra causa en Miami: pide que no sea grabado y que no se filtre a los medios
Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta otro frente judicial en Miami al margen del escándalo por las transferencias de Javier Faroni. El presidente de la AFA fue demandado antes de la Copa del Mundo por una empresa que organizó dos partidos amistosos de la Selección argentina en la ventana de octubre del año pasado. La firma VID Music Group asegura que tuvo que afrontar una pérdida millonaria por la ausencia de Lionel Messi en el primero de los encuentros, frente a Venezuela, algo que supuestamente estaba garantizado por contrato.
Esa causa comenzó a activarse recién cuando terminó la Copa del Mundo. Los abogados que demandaron a la AFA vienen reclamando hace tiempo que Tapia declare ante el Tribunal del 11 Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida por el supuesto incumplimiento del contrato. Durante el Mundial, pidieron que el presidente de la AFA sea citado, aprovechando su presencia en Estados Unidos. No lo lograron.
Los abogados de Tapia argumentan que “existe una moción de desestimación pendiente” y que “la etapa de descubrimiento de prueba acaba de comenzar”. Sobre el fondo de la demanda, argumentan que el demandante “no realizó el pago de US$5.000.000 requerido en virtud del contrato de junio de 2026, lo que dio lugar al derecho contractual de AFA de rescindir”.
Ahora se habla de una posible citación para el 2 de septiembre.
El lunes pasado, el estudio de abogados que contrató la AFA en Miami, Agentis, pidió que si se termina avanzando con un interrogatorio “se limite al conocimiento personal del Sr. Tapia sobre el contrato de octubre de 2025 y el contrato de junio de 2026″. También reclamaron que la declaración, en caso que finalmente se ordene, “no sea grabada en video o, alternativamente, que cualquier grabación y transcripción sean designadas como confidenciales, utilizadas únicamente en esta acción y no divulgadas a la prensa ni presentadas en ningún procedimiento extranjero sin una orden adicional de este Tribunal”.
El pleito, que tramita en el fuero civil, está vinculado a los dos amistosos de la Selección en la ventana de octubre. En ese momento, la Scaloneta enfrentó a Venezuela (1 a 0) y a Puerto Rico (6 a 0). El problema se dio porque la empresa exigía la presencia de Messi en ambos partidos para asegurase la venta de entradas.
La cláusula 1.2 del contrato, conocida ahora como la “cláusula Messi”, determinaba que “la participación de Lionel Messi constituye una condición esencial de este contrato y una de las razones principales por la que las partes lo celebran”. Solo estaba justificada su ausencia con un certificado médico, una suspensión de la FIFA o la Conmebol, o alguna circunstancia de fuerza mayor como una emergencia familiar o hasta una catástrofe natural. Nada de eso ocurrió.
Messi vio el primer partido desde la tribuna y al día siguiente dijo presente en el encuentro entre el Inter Miami y Atlanta, por la MLS. Ese partido era importante para su equipo porque le daba la ventaja de jugar en su estadio en la primera ronda de los playoffs.
La ausencia del capitán en el primer amistoso, según la empresa organizadora, provocó un fracaso comercial. “La ausencia de Messi en el amistoso contra Venezuela afectó directamente la asistencia, que se redujo a tan solo unas 15.000 personas», dice la demanda inicial. Además de Tapia, que firmó el contrato, la empresa incluyó en la demanda a Messi y a un agente FIFA identificado como Julian Capelan, a quien acusan de haber cobrado US$250.000.
“A pesar de que la licencia de agente de partidos de la FIFA de Kapelan estaba vencida en ese momento, se presentó ante el demandante como un intermediario autorizado en relación con la organización de los partidos de exhibición internacionales de la Selección Argentina”, cuenta la demanda.
Capelan había firmado un contrato con VID Music que establecía un pago adicional de otros USS100.000 si se vendían más del 85% de las entradas. Ante el fracaso comercial, terminó cobrando un fee de US$250.000. Todo en efectivo.
¿Por qué una empresa dedicada a los espectáculos musicales terminó involucrada en la organización de esos dos amistosos? Desde la empresa aseguraron a que el intermediario que los acercó a Tapia fue Tomás Regalado, un experiodista que terminó cumpliendo el rol de “embajador de AFA en Miami”. En julio, por pedido de Tapia, Regalado se presentó en un Foro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) para defender a la AFA y amenazar con sanciones. “Solo pedimos respeto por el debito proceso y la paciencia necesaria para que una justicia independiente haga su trabajo”, lanzó ese día.
“El embajador de AFA contactó al señor Javier Fernandez (dueño de VID Music) y le ofreció el negocio. ‘Usted puede promover esto por US$5 millones por partido’, le dijo. Fernández comenzó a hablar con el señor Tapia. Como resultado de esas conversaciones, le ofreció dos partidos a US$3,5 millones en octubre y dos partidos a US$5 millones en junio. Primero dijeron que iba a jugar con Brasil y faltando 40 días confirmaron que el primer partido iba a ser con Venezuela”, aseguró Ralph Patino, el abogado contratado por la empresa, en una conferencia organizada en Miami.
El segundo partido de la ventana de octubre también generó una controversia porque inicialmente se iba a jugar en la ciudad de Chicago. Al final se disputó en el estadio de Fort Lauderdale, muy cerca de Miami. Según la empresa VID Music Group, ese cambio de sede le generó otra pérdida de US$1.200.000 porque solo se vendieron 21.500 tickets.
La demanda civil apunta a Tapia y a la AFA pero también menciona a Messi. En una presentación reciente, sus abogados pidieron, con éxito, que no tenga la obligación de asistir a una audiencia inicial del caso. «No se requerirá que el demandado Messi asista personalmente a la conferencia inicial de gestión del caso“, dice una resolución firmada el 17 de julio por la jueza Lisa Sharon Walsh.
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POLITICA
“Vamos a acelerar con todo”: el objetivo del Gobierno por las reformas y la agenda electoral de cara al 2027
“Ahora se va a reanudar todo. Van a ser semanas intensas en las que vamos a acelerar con todo”, auguran desde uno de los despachos más influyentes del Gobierno. La Casa Rosada tiene previsto incrementar el ritmo de las sesiones y, de ser posible, espera que haya un paquete de reformas o normativa con media sanción por semana. No es menor. La costumbre indica que en los años electorales el ritmo legislativo merma significativamente, por lo que esta es la ventana como para impulsar los asuntos prioritarios para Javier Milei.
Es por ese motivo que el Presidente se apuró en los últimos días en presentar su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La considera una herramienta que debe quedar a posteriori y, al mismo tiempo, la utiliza para anclar expectativas en el mercado: tanto por el contenido de esta normativa como por lo que implica en términos políticos en esta coyuntura. Y es que en la mesa política del Gobierno interpretan que es una instancia preliminar para sondear apoyos de cara a la reforma política.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto reanudar su agenda con gobernadores en las primeras semanas de agosto. Comenzará este lunes en Chaco por un encuentro de seguridad y para evaluar los efectos que podría causar El Niño al que también asistirán Karina Milei y la ministra Alejandra Monteoliva. Allí los esperarán el mandatario local, Leandro Zdero, y el correntino Juan Pablo Valdés. Aunque el encuentro contemplaba la presencia de las provincias del Norte Grande, ni el formoseño Gildo Insfrán ni el misionero Hugo Passalacqua dirán presente.
No es casual que se especule con la posibilidad de que vaya el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, que planea hacer un acuerdo electoral con los dos primeros distritos y competir en los otros dos. De hecho, hubo una fuerte avanzada la semana pasada por parte del diputado Diego Hartfield sobre el oficialismo misionero y, al mismo tiempo, LLA provincial presentará su propia Escuela de Dirigentes para hacer cantera y formar cuadros para los próximos comicios.
En ese plano, Santilli se encuentra en la misión para captar adhesiones de gobernadores. Todavía no decidió si irá a encontrarse en los próximos días con los gobernadores de Santiago del Estero, Elías Suárez, y de Catamarca, Raúl Jalil, para presentar el Acueducto Albigasta. El jefe de Gabinete podría ir con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque de ser necesario, podrían armar ese encuentro en Buenos Aires.
Son partes puntuales de un mecanismo complejo de negociaciones en las que el Gobierno decide sus objetivos presentes (las reformas) y los futuros (el cálculo electoral). Ninguno está escindido del otro. El tiempo apremia y es por ese mismo motivo que hay quienes piensan que en las próximas semanas se van a cerrar acuerdos con varias provincias. “Va a haber de todo, coaliciones en las mismas provincias, competencia controlada y hasta candidatos muletos [testimoniales] para que algunos gobernadores se queden tranquilos de que van a reelegir”, afirmó uno de los operadores libertarios que está negociando.
Hay quienes dentro del Gobierno comienzan a asegurar que las conversaciones podrían desembocar en la eliminación de la obligatoriedad, configurando las PAS (Primarias, Abiertas y Simultáneas). Los alfiles que conversan con el Presidente afirman que el pedido explícito fue que esa instancia electoral directamente no esté, tanto por el costo económico como por la incertidumbre que eso le agrega a todo el año calendario.
El renacer nacionalista y el debate clave
Mientras tanto, en el presente se vive una suerte de revival en el sentir nacionalista. En particular, a partir del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas se hizo canon tanto en redes sociales como en publicidades y en los discursos públicos realizados por la dirigencia política.
En todo este marco nacionalista que se vive, el oficialismo publicó la semana pasada un llamativo DNU para poder expulsar o no permitirle el ingreso a personas extranjeras que hayan emitido mensajes de odio contra la Argentina o sus símbolos, visto como una respuesta a la denominada “campaña antiargentina”. El comunicado que se usó para anunciar aquella medida fue el más likeado de todos los que publicó la Oficina del Presidente (OPRA).
Aun así, los mismos estrategas políticos del oficialismo afirman que el discurso nacionalista no es el principal estandarte del Gobierno. Algo que sí parece ser representativo para la vicepresidenta Victoria Villarruel. La dirigente realizó un comentario cuestionando las facultades mentales de su excompañero de fórmula, siendo respondida por Santilli, quien le pidió que renuncie a su cargo.
“Ella viaja a las provincias y la reciben de una forma que nunca pasaría con Milei o sus ministros”, aseguran cerca suyo. Lo cierto es que la titular del Senado afirma rotundamente que quiere seguir en política. Al respecto de su diferenciación de los libertarios, elaboran la siguiente línea: “Hay dos formas de ser nacionalista, amando lo nacional u odiando lo extranjero”. La referencia de esto último es al respecto del DNU sobre inmigración.
Si hay un debate que esta semana va a atravesar la discusión de lo nacional -tanto de parte del oficialismo como desde la oposición- es la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. En el oficialismo marcan que podría haber movilizaciones similares a los que ocurrieron en el último debate de la reforma de Modernización Laboral, pero que eso no implicará algún tipo de complicación por los votos.
Si hay algo que Villarruel no apoya son algunos términos de la llamada Ley de Tierras. Por eso tratan de asegurarse que ningún apartado de la normativa salga en empate porque en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado avisan: “De poder hacerlo, rechaza. Ya avisó”.
La ruta marítima por las Islas Malvinas que preocupa al Gobierno
Volviendo a la cuestión por la reivindicación soberana de las Islas, será cuestión de esperar si ese reclamo persistente en la agenda pública se mantiene igual de consistente como en la actualidad. También si se traduce en una mayor interiorización por parte de la población sobre la historia del conflicto y las actuales diatribas que acontecen mientras se desarrolla el reclamo soberano.
Y es que sigue habiendo movimientos inquietantes alrededor de las Islas, en ocasiones desapercibidos por el público general. Una semana atrás, el sitio Portal Portuario publicó un artículo que informaba que una empresa de Chile, Easter Island Naviera, evalúa abrir una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
Representantes de la compañía visitaron recientemente el archipiélago, donde mantuvieron reuniones con empresas locales y la cámara de comercio del gobierno ilegítimo con la intención de establecer un servicio logístico mensual entre Punta Arenas y las islas. El gerente de proyectos estratégicos de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), Sam Cockwell, confirmó el interés por ese proyecto.
La noticia llegó al Congreso argentino días después. El diputado nacional (Unión por la Patria-Tierra del Fuego), Jorge Neri Araujo Hernández, publicó un proyecto de Declaración para repudiar esa iniciativa y pedirle a la Cancillería Argentina gestiones con el gobierno de Chile al sostener que la apertura de una nueva conexión marítima reduciría el “costo colonial” de la ocupación británica, dado que “cuanto mayor sea la rentabilidad económica y de autosuficiencia logística del enclave implantado en las Islas Malvinas, menores serán los incentivos para que la potencia ocupante procure una solución negociada”, marcando que este hecho comercial no resulta neutro.
Se trata de un asunto que viene siendo seguido de cerca por dos fuentes de relevancia al interior del oficialismo. Uno de ellos -quien alegó estar “preocupado”- llegó a consultar con la Cancillería para entender el trasfondo del hecho y recibió como respuesta que estaban al tanto de la cuestión.
Infobae consultó con voceros oficiales de la Cancillería Argentina y con la Embajada Argentina en Chile sobre si existieron gestiones al respecto de este episodio o para dar alguna lectura sobre el hecho, pero no recibió respuestas hasta el momento de la publicación de este artículo.
“Cancillería está en tema. Pero no deja de ser una mala noticia todo este hecho que, en realidad, viene desde hace años. No es algo loco, porque hay otros episodios que para mí son insólitos, como que, desde hace décadas, hay un avión de LATAM que hace escala [una vez por mes] en Río Gallegos en la ruta Punta Arenas-Monte Agradable”, afirmó esta fuente oficialista en estricta reserva.
Uno de las interrogantes que surge es qué sucederá en el caso potencial de que esa ruta incluya un cruce por el Estrecho de Magallanes. En abril de este año apareció una controversia en Chile por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast afirmó que si bien el espacio marítimo del canal es chileno, “la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”.
A comienzos del mes pasado, el patrullero P-223 HMS Medway tuvo una incursión sobre espacios marítimos argentinos que no cumplió con las debidas notificaciones frente a la Prefectura Naval Argentina. Esto sucedió mientras el navío iba desde Malvinas hasta Punta Arenas, atravesando las aguas que pasan por Santa Cruz y Tierra del Fuego sin anoticiar ubicación y volviendo a aparecer cuando ingresaba al Estrecho de Magallanes. El patrullero repitió el modus operandi al volver hacia las Malvinas, lo que generó la reacción diplomática materializada en una nota formal ante la Embajada del Reino Unido el 13 de julio, difundida de manera pública dos días después.
Son inquietantes los movimientos que realiza el Reino Unido en la periferia marítima de las islas, los cuales no comenzaron en estos años, sino que vienen desarrollándose desde hace décadas. Pero el resultado de esa expansión ha llevado a que la administración ilegal lograra incrementar sus proyectos de exploración y explotación petrolíferas.
Dos semanas atrás, el vocero presidencial, Adrián Ravier, leyó un comunicado de repudio a la “inversión anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rock Hopper Exploration de origen británico y Navitas Petroleum Development and Production Limited de origen israelí para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicada en la cuenca Malvinas norte, sin contar con los permisos de autoridad competente argentina”.
Hace un año, el Gobierno había hecho trascender de manera pública que analizaba comprar submarinos para recuperar las capacidades de la Armada Argentina, dado que es el mecanismo disuasivo por excelencia que puede tener una fuerza naval. Hoy esa posibilidad de concretarse son nulas en el corto plazo y bajas en el mediano. De materializarse, el período que lleva desde la firma de un contrato hasta la entrega de las embarcaciones suele transcurrir entre cinco y ocho años.
Aunque Argentina tiene una de las extensiones marítimas más grandes del mundo, la Armada no tiene ningún submarino operativo. Solo hay dos unidades inactivas: el ARA Santa Cruz está en los talleres de Tandanor, pero sin previsiones de salir; y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y solo se utiliza para adiestramiento. Ambas fueron adquiridas en el siglo pasado -también el ARA San Juan- lo que plasma que en otras administraciones tampoco hubo acciones concretas para la adquisición de este tipo de naves.
Anniversaries,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Gemelo Social Digital: el proyecto que Milei presentó como una revolución, pero quedó reducido a un anuncio
Dos meses después de que Javier Milei anunciara con un video en X la creación del Gemelo Social Digital y asegurara que la Argentina lideraría “el futuro social”, el proyecto perdió impulso. En el Ministerio de Capital Humano aseguran que no existen avances concretos para implementarlo y admiten que la iniciativa nunca terminó de desarrollarse.
“No hay nada. Era un proyecto”, reconoció a una voz autorizada de la cartera conducida por Sandra Pettovello.
El plan consistía en utilizar inteligencia artificial para construir réplicas digitales de los ciudadanos a partir del cruce de bases de datos públicas. El objetivo era anticipar escenarios sociales y diseñar políticas antes de que aparecieran los problemas.
Según reconstruyó este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del proceso, el anuncio presidencial se produjo cuando el proyecto todavía no había sido evaluado en todos sus aspectos técnicos. Desde entonces, no hubo avances públicos ni definiciones oficiales sobre su puesta en marcha.
“Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”, afirmaba la voz en off del video difundido por Milei el 22 de mayo. Pero el entusiasmo oficial contrastó rápidamente con las dudas que despertó la iniciativa. Especialistas y dirigentes opositores advirtieron sobre la arquitectura prevista para el tratamiento de datos sensibles, la falta de precisiones sobre el resguardo de la privacidad, el uso de algoritmos para proyectar comportamientos sociales y la eventual participación de empresas privadas en el procesamiento de esa información.
Exactamente un día después del anuncio, Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Thiel, fundador de Palantir, una empresa especializada en big data e inteligencia artificial utilizada por agencias de inteligencia y fuerzas militares para identificar patrones. Esa cumbre profundizó los interrogantes sobre el alcance del proyecto.
Frente a las críticas, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que aseguraba que el sistema utilizaría “datos anonimizados”, sería desarrollado por equipos de la administración pública y no implicaría contrataciones integrales con empresas privadas. También sostuvo que la metodología “no pertenece a individuos particulares o empresas”.
Sin embargo, el propio video difundido por el Presidente parecía ir en otra dirección. “Convocamos a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global. Argentina reúne al mundo para innovar en política social”, señalaba el anuncio oficial.
Tampoco quedaba claro bajo qué estructura administrativa funcionaría el programa. En el ministerio lo definían como un “proyecto transversal”, sin precisar responsabilidades ni competencias. En el video, en cambio, aparecían como soporte dos plataformas que sí funcionan actualmente dentro de la cartera.
Una es el Sistema Social (SISOC), administrado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Según la documentación oficial, centraliza información vinculada a personas, familias y organizaciones alcanzadas por programas sociales e incorpora herramientas de inteligencia artificial para detectar inconsistencias, posibles fraudes y alertas tempranas.
La otra es el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado por resolución ministerial para integrar e interoperar datos provenientes de distintos organismos públicos. Bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el sistema tiene a su cargo la sistematización de información para la elaboración de estadísticas y el diseño de políticas sociales.
Aunque el Gemelo Digital Social parece haber quedado, por ahora, reducido a un anuncio, tanto el SISOC como el SIIS permanecen operativos dentro del Ministerio de Capital Humano.
Privacidad y “scoring social”
El anuncio generó una rápida reacción en el Congreso. En total se presentaron once proyectos -nueve en Diputados y dos en el Senado- para exigir precisiones sobre el funcionamiento del sistema.
Diputados peronistas también pidieron citar a la ministra al Congreso para exigirle explicaciones y, por último, presentaron una denuncia judicial para resguardar la información personal.
Los pedidos de informes se concentran en cuatro ejes: el sustento legal para el cruce masivo de bases de datos estatales; las garantías para proteger la privacidad de la información personal; el funcionamiento de los algoritmos que utilizaría el sistema y la eventual participación de empresas privadas o extranjeras en el procesamiento de esos datos.
Los legisladores también reclaman conocer qué protocolos de anonimización y seguridad informática estaban previstos y cómo el proyecto se adecuaría al reciente fallo “Torres Abad” de la Corte Suprema, que restringió el intercambio de datos personales entre organismos públicos sin consentimiento de los ciudadanos.
Otro de los puntos que concentra las preocupaciones es la posibilidad de que el sistema derive en mecanismos de “scoring social” o automatice decisiones sobre beneficios sociales sin supervisión humana efectiva. También se solicitaron precisiones sobre el presupuesto previsto, las eventuales fuentes de financiamiento y los mecanismos de control parlamentario y auditoría.
Gemelo Social Digital,pic.twitter.com/4DY1Wexziq,May 22, 2026,pic.twitter.com/WcneJZq4Pn,September 24, 2024,July 8, 2026,Delfina Celichini,Javier Milei,Actualidad política,Conforme a
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