El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que operará la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años.

La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución que puso fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales y por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales.

Según la documentación presentada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión.

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Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. De acuerdo con la oferta, el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%.

Desde el Gobierno destacaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, permitirá poner en marcha una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable. Entre las obras previstas figuran trabajos de profundización del canal, mejoras operativas e incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico.

El Ministerio de Economía sostuvo además que la nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.

Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, mientras que la recuperación económica del proyecto comenzaría en la segunda etapa del contrato.

El organismo también destacó que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. En ese sentido, señaló que la adjudicación contó con el respaldo de distintos actores vinculados a la actividad, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región.

Como parte de las condiciones establecidas en el pliego, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico, presentar garantías por US$40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato y otra garantía especial por US$35 millones antes de la firma definitiva.

La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales.

Desde el Gobierno definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y sostuvieron que la medida marca el inicio de una etapa basada en la inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones de regulación y control sobre la infraestructura estratégica.

Hidrovía, Gobierno, Transporte

En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.

De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.

Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.

En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.

Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.

De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.

Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.

Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.

Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.

Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.

Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.

Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.

Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.

El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa del country Indio Cuá del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este jueves y confirmó que recibió 245 mil dólares en efectivo por la obra.

En declaraciones a A24, Tabar explicó que la obra comenzó con un presupuesto menor pero, “como en toda obra, el número se agrandó”. “Yo pasé un presupuesto y se fueron agregando cosas”, dijo.

El contratista también confirmó que Adorni lo llamó antes de su declaración para ofrecerle ayuda legal y remarcó que “nunca dejé de hablar con él. Lo conté en el expediente”.

En las últimas horas se conoció que ARCA intimó a Tabar y le pidió que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.

Tras ser consultado sobre si se siente perseguido por la entidad, Tabar fue contundente: “No me siento perseguido por ARCA, soy autónomo hace 25 años. Es normal entrar al portal y ver deudas, intimaciones y otras cosas que hay que resolver. Como contribuyente me tengo que hacer cargo. Era de manual lo que iba a suceder”.

La medida se da luego de que la declaración de Tabar complicara la situación del jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Las claves del testimonio del contratista que declaró contra Manuel Adorni

• A principios de mayo Tabar aportó ante la Justicia una serie de detalles sobre las refacciones que realizó en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá.
• En su declaración, el contratista confirmó que las obras costaron 245 mil dólares, que fueron abonados en efectivo y sin factura, y detalló tanto el cronograma de los trabajos como la modalidad de pago.
• Según su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, los arreglos se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. En ese período, se ejecutaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad, que se encuentra en un lote de 400 metros cuadrados.
• De acuerdo a lo declarado, las tareas incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
• Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario. El pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares a lo largo de 2025.
• Otro de los puntos que comentó fue que, mientras se desarrollaban las refacciones, el jefe de Gabinete alquiló otra vivienda dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio, ascendió a 13 mil dólares durante el tiempo que duró la obra.
• Tabar también entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
• El contratista numeró a los distintos oficios involucrados (albañiles, plomeros y electricistas) y aportó información que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.

Manuel Adorni, exaltacion de la cruz, Gobierno