POLITICA
Política, insultos y el miedo a vivir con quienes piensan distinto
Hay algo que cambió en la manera en que los argentinos y las argentinas se relacionan entre sí. No fue de golpe ni es obra de una sola persona. Pero en 2025 se volvió visible de una manera en la que ya no puede ignorarse. La política dejó de ser un tema de debate y se convirtió en tribus, en una frontera. Y esa frontera no divide solo en el Congreso o en las redes: divide familias, separa amistades, filtra parejas, condiciona empleos, genera insomnio. Bienvenidos al political sorting —o clasificación sociopartidista—: el proceso por el cual la identidad partidaria se superpone a casi todas las dimensiones de la vida social. Ya no sos solo votante de tal o cual partido. Sos libertario, sos peronista, sos “zurdo” —con todo lo que eso implica para el barrio donde querés vivir, para las personas con quienes compartís tu casa, para con quien tomás un café y con quien definitivamente no.
Lo decimos con datos. Una encuesta realizada en la previa electoral, durante septiembre de 2025, relevó cuatro sectores políticos: libertarios (LLA), peronistas o kirchneristas (Fuerza Patria), centristas moderados (UCR, PRO, CC) e izquierda (FIT y afines). El período: plena previa electoral, con el 26 de octubre en el horizonte y un ciclo que incluyó elecciones nacionales, provinciales y municipales a lo largo de todo el año. El contexto inmediato: un presidente cuyo estilo discursivo convirtió la deslegitimación del adversario en componente sistemático —48 veces en Davos el 23 de enero, 40 veces en la apertura del Congreso el 1 de marzo—, y cuyo impacto sobre la convivencia ya era observable incluso entre el 40% de sus propios simpatizantes, que mostraban reservas ante el tono.
¿Se siente libre de expresar su identidad sin temor al rechazo? El gradiente entre sectores es casi perfecto: 80,5% de acuerdo total en el sector libertario, 66,4% en el centro, 59,4% en el peronismo, 51,4% en la izquierda. A mayor cercanía con el poder político oficialista de este ciclo, más libertad percibida. No es un dato de objetividad —no dice quién tiene razón—: es un dato de posición. El viento sopla a favor de unos y en contra de otros, y eso se siente en el cuerpo y en las conductas.
¿La política se volvió más agresiva? También aquí hay gradiente, pero invertido: lo perciben el 87,6% de la izquierda, el 81,5% del peronismo, el 79,8% del centro y solo el 66,4% de los libertarios —y con mucho menos convicción: el 34,7% opinó totalmente de acuerdo, frente al 59% de la izquierda. Los libertarios son simultáneamente el sector que más etiquetas deshumanizantes usa y el que menos agresividad percibe en el ambiente político. Esa contradicción no es un error en los datos: es una de sus claves de lectura más importantes. No es lo mismo disparar que recibir.
El barrio como búnker ideológico. Una primera lectura: quienes quieren homogeneidad ideológica son muchos, muchísimos y en todos los segmentos ideológicos. El 49% de los libertarios elegiría vivir en un barrio donde la mayoría comparte su ideología (frente a solo el 37,4% que prefiere diversidad). Es el sector con la preferencia más marcada por la segregación residencial ideológica, muy por encima del centro (33,4% quiere homogeneidad vs. 53,5% que prefiere diversidad), la izquierda (40% vs. 43,5%) o el peronismo (44,6% vs. 43,5%). La batalla cultural que se predica hacia afuera convive con una tendencia muy marcada a encerrarse hacia adentro. La paradoja no es menor.
El daño en los vínculos es real y profundo. En una escala del 1 al 5 sobre cuánto dañó la hostilidad política las relaciones clave —amistades, familia, trabajo—, tres sectores muestran un balance claramente negativo: izquierda 73,3% con daño significativo vs. 25,7% sin daño; peronismo 64,2% vs. 34,1%; centro 60,4% vs. 37,2%. Solo el sector libertario invierte esa relación: 45,5% con daño vs. 52,9% sin daño. El optimismo o la mayor homogeneidad de sus redes sociales los protege. Por ahora.
La ansiedad política tampoco respeta ideologías. El 44,3% del peronismo, el 38,2% de la izquierda, el 33,7% del centro y el 26,7% de los libertarios admiten haber sufrido ansiedad o insomnio por discusiones políticas agresivas, sean presenciales o digitales. Como señala Emily Sydnor en Disrespectful Democracy (2019), la incivilidad tiene consecuencias psicológicas concretas para los individuos. Los datos lo confirman: la política ya no solo divide, también enferma —aunque sea poco a poco, de manera leve y rutinaria.
El amor tampoco puede todo. ¿Aceptaría una pareja con ideología contraria a la suya? La izquierda es la más restrictiva: solo el 40% dice que sí, y el 46,7% directamente descarta la relación. Más que los libertarios (40,3% la descarta), el peronismo (44,1%) o el centro (31,9%). Si la pareja fuera de su hijo o hija, el 11,4% de los votantes de izquierda lo excluiría de la familia —más del doble que cualquier otro sector. Rompe el estereotipo habitual sobre de qué lado está la intolerancia en la Argentina. Los datos no hacen concesiones a ningún bando y, en general, la explicación de la diversidad está asociada a un condicionante muy potente: que no se hable de política, como más adelante se verá.
El capítulo más incómodo es el de las etiquetas. Los motes con que cada tribu designa a los otros fueron recopilados colaborativamente en redes sociales para este estudio. ¿Los usó alguna vez? En etiquetas deshumanizantes —“ratas”, “cucarachas”, “termos”, “marrones”—, el sector libertario lidera claramente: 37,3% las usó, frente al 26,5% del centro, el 21% de la izquierda y el 20,2% del peronismo. Pero, cuando se pregunta por etiquetas de extremo ideológico —“fascista”, “nazi”, “comunista”—, el mapa se invierte de manera exacta: la izquierda lidera con el 39% de uso declarado, seguida del peronismo (27%), el centro (25,7%) y los libertarios (23,7%). Dos estrategias distintas de incivilidad discursiva. Ningún sector queda limpio. Y ese es exactamente el punto.
Lo que duele, también, difiere cualitativamente. Al peronismo le parecen graciosos “peronchos” y “choripaneros” —los puede resignificar como insignia—, pero le duelen “negros de mierda” y “parásitos” —los que atacan su dignidad de clase.
Al libertario le divierte “libertonto”, pero lo hiere “niños nazis” —cuando el mote deja de ser burla y se vuelve acusación histórica seria.
Al centrista le causa gracia “gorila” y “tibio”, pero lo lastima “vende patria”.
Para la izquierda, “zurdo” y “trosko” son casi emblemas, pero “zurdo de mierda” y “mugriento” duelen sin remedio.
El umbral del dolor está siempre donde el insulto ya no puede neutralizarse con ironía ni apropiarse como orgullo identitario.
El patrón que atraviesa toda la encuesta es el silencio como solución. En casi todas las preguntas sobre tolerancia al otro ideológico —como pareja, como familiar funcionario de un gobierno que se detesta, como amigo—, la respuesta más elegida en todos los sectores incluye siempre alguna variante de “sí, pero no hablaríamos de política”. Entre el 25% y el 35% de los encuestados, según la pregunta y el sector, pone esa condición. Eso no es integración. No es deliberación democrática. Es una tregua precaria que funciona hasta que deja de funcionar, y casi todos lo saben sin decirlo.
Un plus para la “batalla cultural”. Es la que el sector libertario pregona, pero no termina de reflejarse del todo en sus conductas. Son el sector que más evita hablar de política en familia, que más etiquetas degradantes usa en el ámbito digital pero menos rechaza trabajos por razones ideológicas, y el que menos percibe la agresividad del ambiente, aunque sus líderes la producen sistemáticamente. Del lado opuesto, los sectores progresistas muestran más coherencia entre discurso y conducta —pero en una dirección que también cuesta: más restricción en amistades, más exclusión familiar, más rechazo a la pareja ideológicamente opuesta. La coherencia puede ser un problema cuando lo que se proclama es el cierre.
Como escribió Amós Oz: «la semilla del fanático siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo« (Contra el fanatismo, 2023). Y como documenta Liliana Mason en Uncivil Agreement (2018), la clasificación sociopartidista genera rencor e incivilidad, incluso entre sectores comparativamente moderados. La polarización afectiva ya no es un fenómeno de los extremos, está presente y transversalizada en toda la sociedad.
Lo que está en juego no son los resultados electorales, lo que está en juego es la posibilidad de seguir habitando el mismo país, con un mínimo de respeto mutuo y reconocimiento del otro como ciudadano legítimo —aunque uno piense que está profundamente equivocado. La grieta no es el problema en sí. El problema surge cuando convivir deja de dar espacio al debate y se convierte en el borde de un abismo desde el que solo se lanzan piedras.
El silencio obligado en las cenas de Navidad no es convivencia. Es, a lo sumo, la postergación de un problema que tarde o temprano vuelve a la mesa —y siempre con más fuerza.
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Mario Riorda es profesor de Comunicación Gubernamental y de Crisis en la Universidad Austral.
Patricia Nigro es profesora sobre temas de Ciencias del Lenguaje y Discurso Político en la Universidad Austral.
Este artículo forma parte de la investigación “¿Qué está cambiando en la comunicación política latinoamericana con los discursos de incivilidad?”, radicada en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. La encuesta aludida fue realizada por sistema CAWI, 800 casos (200 por cada grupo seleccionado), entre el 25 y el 27 de septiembre de 2025 por Zuban/Córdoba
Mario Riorda,Patricia Nigro,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,Según la principal cámara. Cuáles son las preocupaciones de las empresas de EE.UU. en el país,,El impacto en las expectativas. El riesgo del affaire Adorni para la economía
POLITICA
Los universitarios también marcharon en el interior del país para reclamar que “el Gobierno cumpla la ley”
A la par de la marcha universitaria que tuvo epicentro en la Plaza de Mayo, la protesta de docentes y alumnos se hizo escuchar este martes en distintas ciudades del país donde la comunidad universitaria tiene peso político y social. Por caso, las manifestaciones fueron contundentes en Córdoba, Rosario y Mendoza.
En la ciudad de Córdoba, la convocatoria fue masiva. Las columnas partieron desde la Ciudad Universitaria para avanzar, por 30 cuadras, hasta el frente del Arzobispado, a donde se montó un escenario. A medida que los manifestantes caminaban más gente se iba sumando, de diferentes edades y sectores sociales.
La protesta fue convocada por la Universidad Nacional de Córdoba -al frente de las columnas estaban el actual rector, Jhon Boretto, y el candidato que lo enfrentará en las elecciones Pedro Pérez-, el gremio de los docentes (Adiuc) y la Gremial San Martín, que nuclea a los trabajadores no docentes.
También se sumaron los centros de estudiantes de cada una de las facultades, junto a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Además, adhirieron y enviaron representantes de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).
El gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti -además de otros legisladores del oficialismo provincial- manifestaron a través de sus redes sociales el apoyo al reclamo de las universidades. En las calles, la diputada nacional Natalia de la Sota se sumó a las columnas de manifestantes.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgó facilidades académicas y administrativas para que la comunidad educativa pudiera participar de la movilización. La disposición alcanzó a la Presidencia, colegios preuniversitarios y dependencias de la universidad.
A su vez, las distintas facultades fueron invitadas a adherir en sus respectivos ámbitos. En la práctica, las facilidades implicaron flexibilización académica y administrativa para quienes participaron de la protesta, incluyendo posibles justificaciones de inasistencias, permisos o reprogramaciones de actividades.
En Rosario, una multitud se movilizó para visibilizar la situación presupuestaria de las universidades nacionales. El reclamo comenzó a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín. Desde allí se realizó una marcha que concluyó en el Monumento a la Bandera, con las calles colapsadas por la multitud.
La movilización y el reclamo no fueron los únicos protagonistas. La Universidad Nacional de Rosario aprovechó para mostrar la importancia de la educación pública. En la previa a la movilización colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre con el objetivo de avanzar en estudios sobre el cáncer.
En Mar del Plata, la marcha tuvo como punto de partida el complejo central de la Universidad Nacional de Mar del Plata y avanzó por más de 2.000 metros hasta el microcentro, donde se completó la protesta con un acto bajo la consigna de defensa de la educación pública y más recursos para la universidad.
Las autoridades académicas y gremiales se ubicaron a la cabeza de la marcha, que como en sus anteriores expresiones, logró una altísima convocatoria que excedió a los protagonistas del sistema universitario y sumó acompañamiento de organizaciones sindicales, organizaciones sociales, políticas y vecinos en general.
“Son 200 días de incumplimiento de la ley, ya era hora de volver a las calles”, señaló Abigail Araujo, de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM). Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lamentó por su parte la judicialización por parte del Estado nacional.
“Es inédito tener que recurrir a la Justicia para que el Gobierno la cumpla”, expresó Sánchez Herrero. El reclamo reiterado durante la marcha fue de “educación pública y gratuita”, así como se escucharon algunos cánticos muy críticos contra el Gobierno. La universidad local viene de cinco jornadas de paro.
En Mendoza, miles de estudiantes, docentes, personal no docente y organizaciones sociales -además de público en general- dijeron presente en la movilización, que partió desde el predio de la UNCuyo, en el Parque General San Martín, hasta la tradicional Plaza Independencia, en el microcentro provincial.
La columna de manifestantes estuvo encabezada por la rectora Esther Sánchez y las cuatro listas que se presentaron para las próximas elecciones al Rectorado en la casa de altos estudios, que se celebrarán el 9 de junio. “No es una marcha opositora y la sociedad acompaña la causa”, expresó la rectora de UNCuyo.
En la marcha no hubo funcionarios de primera línea del gobierno radical que comanda el gobernador Alfredo Cornejo, reconocido exalumno y militante de la UNCuyo, hoy aliado políticamente a La Libertad Avanza (LLA). Uno de los ausentes fue fue el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.
“Desde Mendoza hemos planteado que antes de discutir reformas educativas, necesarias, el país necesita discutir el financiamiento educativo”, señaló de todos modos Zalazar. En la marcha fue común y coincidente una respuesta, entre alumnos y docentes. “La ley ya se aprobó y no se da cumplimiento”, dijeron.
En Río Negro, las principales concentraciones se dieron en Bariloche, El Bolsón, Viedma, General Roca y Choele Choel. En el caso de Bariloche, la comunidad en general y los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro se sumaron a la convocatoria de la red de Becarios de Conicet en Patagonia Norte.
El rector de la UNRN, Anselmo Torres, denunció formalmente ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, la situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria que atraviesa el sistema universitario en la República Argentina y solicitó su intervención.
La denuncia del rector subrayó que el Estado argentino dispone de fuentes de recaudación alternativas, como impuestos coparticipables o la revisión de gastos tributarios, que permitirían solventar la inversión educativa sin comprometer el equilibrio fiscal, en lo que constituyó un mensaje directo al Gobierno nacional.
En Chubut, la comunidad universitaria volvió a las calles de Comodoro Rivadavia. La movilización comenzó en el playón de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y avanzó hacia el centro con la participación de docentes, no docentes, estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos.
En la región también hubo convocatorias en Neuquén, Bariloche, General Roca y Viedma. Uno de los ejes centrales del reclamo estuvo vinculado al deterioro del presupuesto universitario. Desde la UNPSJB advirtieron que las partidas previstas para 2026 quedaron rápidamente desactualizadas a raíz de la inflación.
El director de la sede local, Gustavo Fleitas, sostuvo que el cálculo inflacionario contemplado en el presupuesto “ya fue ampliamente superado” durante el primer cuatrimestre del año y remarcó que el conflicto continúa judicializado luego de las presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Durante la convocatoria también se expuso la preocupación por el congelamiento de las becas estudiantiles. Las autoridades universitarias señalaron que la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, en un contexto económico complejo para las familias.
El escenario de conflictividad se profundiza por la situación salarial del sector universitario. Según datos difundidos por autoridades académicas, gran parte de los docentes percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y en distintas facultades ya se registran renuncias y jubilaciones anticipadas en masa.
En Misiones, la Plaza 9 de Julio fue el epicentro de la marcha en defensa de la universidad pública, y especialmente pidiendo por el descongelamiento de las becas universitarias, el presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). También hubo marchas en otras ciudades como Eldorado.
La concentración en la capital misionera comenzó pasadas las 13 en la zona que se conoce como El Mástil, en la entrada al microcentro. Desde allí una columna de jóvenes estudiantes, docentes, y también otros vecinos que salieron a apoyar a la universidad, caminó unas diez cuadras hasta la Plaza 9 de Julio.
Con la colaboración de los corresponsales
Conforme a
El oficialismo y la oposición dialoguista acordaron esta tarde sesionar el jueves, desde las 15, para aprobar un acuerdo del Estado con dos holdouts por USD 171 millones y, de esa manera, cerrar un litigio de largos años. En caso de avanzar, Diputados tendrá que hacerlo casi de forma exprés, ya que la fecha límite fue prorrogada de finales de abril hasta el último día del corriente mes.
La agenda de temas fue consensuada en la reunión de Labor Parlamentaria, que se realizó en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Otra iniciativa que aterrizará en el recinto será la extensión, por cinco años, del mandato como camarista federal de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Nuevo revés para los trabajadores de la Cancillería: no se votarán los demorados ascensos diplomáticos y continúa la novela que ya roza a Pablo Quirno. Además, al inicio del encuentro tomarán estado parlamentario un reciente ramillete de pliegos judiciales que envió el Ejecutivo en los últimos días, que serán girados a la comisión de Acuerdos para las respectivas audiencias públicas. También habrá una extensa serie de cuestiones de privilegio que planteará el kirchnerismo.
Un proyecto que quedará a nada de sancionarse, de cara a la sesión de pasado mañana, es el que introduce cambios a la regularización de armas de fuego-agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027. Diputados aprobó en 2024 y perdería estado parlamentario en febrero próximo.
Mileístas al límite en bicamerales
Durante la jornada tuvieron luz verde varias comisiones bicamerales. Una siempre delicada es la relacionada con los derechos de la niñez. Como se suponía, volvió a regalar polémica y una situación insólita. Primero, legisladores libertarios y dialoguistas aprovecharon la ausencia de todo el kirchnerismo para votar a la senadora oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia. Hasta ahí, no hubo inconvenientes.
La jujeña casi comete el mismo el papelón de la misionera renovadora Sonia Rojas Decut de la semana pasada, cuando fue votada como presidenta y pasó a leer un discurso de reojo casi por completo, como si fuese un emotivo cierre de debate en el recinto. Al menos, la libertaria tuvo el decoro de pedir permiso para hacerlo esta tarde, que es lo correcto a solicitar.
Esto no fue lo más importante, sino lo ocurrido al final de su alocución tras su frase sobre la “bendición de Dios”, que fue aplaudida -se levantó de su silla- por el director general de Cultura de la Cámara alta -no es un cargo menor-, Daniel Abate, quien debería conocer a la perfección el reglamento del Cuerpo y la prohibición para consumar dicha acción.
De hecho, Abate estuvo sentado en las filas de sillas reservadas para legisladores y la kirchnerista Juliana di Tullio, con respeto, logró correrlo hacia atrás. Lo que confirma este penoso episodio es que, en vez de los derechos del niño, se retoma la guerra sin descanso entre “celestes” y “verdes” que surgió con el primer debate de la hoy vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
A los pocos segundos de la definición de autoridades y previo al discurso de Bedia -la vice fue para el diputado oficialista Nicolás Mayoraz, algo más que observable-, el kirchnerismo aterrizó al salón Arturo Illia y la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) deslizó que judicializará el tema. Al peronismo lo dejaron sin integrantes por el lado de la Cámara alta. Lo increíble fue que hayan llegado tarde a la validación de autoridades, ahora 100% dependientes de la Casa Rosada. Casi como si hubiese sido a propósito, debido a que asesores varios de la bancada cristinista ya se hallaban presentes y con celulares listos para videos que terminan en redes sociales.
Tras la conformación de esa bicameral, fue el turno de la estratégica de Trámite Legislativo, que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): quedó como titular senadora libertaria María Belén Monte de Oca, una abogada fueguina con buena recepción en su bancada desde que ingresó en diciembre pasado. La secretaría pasó a manos de la silenciosa dialoguista Flavia Royón (Salta).
Después de las quejas del kirchnerismo en ambas comisiones por el tema de butacas repartidas entre fuerzas, llamó la atención la concordia en la bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior. Allí, La Libertad Avanza atrapó la presidencia y la vice. Sólo quedó una secretaría para el diputado justicialista y ex líder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
La última bicameral -clave- fue la que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. Quedó a cargo el diputado karinista Sebastián Pareja (Buenos Aires). En tanto, en la vice se ubicó el jefe macrista en el Senado, Martín Goerling (Misiones), quien estuvo en la comisión y tiene el visto bueno de sus pares por su seriedad y discreción en cuanto a trabajo parlamentario.
POLITICA
Desde Sergio Massa hasta Pablo Avelluto y Mayra Mendoza: los políticos presentes en la marcha universitaria
Dirigentes políticos de distintos sectores se hicieron presentes este martes en la multitudinaria marcha universitaria a Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento del sector. Con mayor o menor nivel de exposición, desde Sergio Massa hasta Margarita Stolbizer se mezclaron entre los manifestantes para sumarse a la movilización contra el Gobierno.
“El pueblo está en la calle defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad. El recorte presupuestario ya alcanza el 41% y es un drama que viven todos los días docentes y no docentes en las universidades”, expresó la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz.
El senador peronista Eduardo ‘Wado’ De Pedro, por su parte, advirtió que “es imposible pensar un país sin educación técnica, sin financiar las universidades. Si queremos desarrollar Vaca Muerta, como dice el Presidente, vamos a necesitar ingenieros, por lo que ahí se ve una enorme contradicción”, afirmó.
En declaraciones a Radio Provincia formuladas desde Plaza de Mayo, De Pedro señaló que “la universidad es ascenso social, conocimiento, investigación, desarrollo y la posibilidad de que millones de argentinos puedan forjar un futuro mejor para sus familias, pero también para la Argentina”.
“Es la usina de donde salen los profesionales que necesitamos para agregar valor a nuestros recursos y para que la Argentina crezca de forma equilibrada y federal”, abundó.
Según pudo saber , de la marcha también participó el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, que estuvo resguardado por guardaespaldas.
La intendenta de Quilmes en uso de licencia Mayra Mendoza, actual diputada bonaerense, también se sumó a la movilización y advirtió desde las redes sociales: “Cuando decimos que la libertad de Cristina Kirchner es en sí misma un programa de gobierno, nos referimos, por ejemplo, al desfinanciamiento de las universidades, contra el que hoy marchamos”.
Pero no solo participaron de la marcha dirigentes del peronismo: también pudo verse a Margarita Stolbizer, referente del GEN, y el exministro de Cultura de Cambiemos Pablo Avelluto, uno de los referentes del PRO y quien en la previa había sostenido que la movilización reuniría a “muchos de los que hace poco estaban en veredas opuestas”.
También se movilziaron referentes de la UCR como el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y los titulares de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hernán Rossi y Emiliano Balbín, respectivamente.
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