POLITICA
El Gobierno carga la agenda del Congreso con reformas sensibles mientras enfrenta el caso Adorni
Con un frente político y económico adverso, el Poder Ejecutivo busca reordenar la agenda pública desde el Congreso. En las últimas semanas envió al Senado un paquete de reformas sensibles -electoral, salud mental, discapacidad, propiedad privada, nombramientos judiciales y un acuerdo con bonistas-, todas con niveles de apoyo aún inciertos.
El movimiento se da en paralelo a un contexto incómodo para el oficialismo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue bajo la lupa judicial y política por la compra de dos propiedades desde que asumió y por gastos personales -como viajes al exterior y vuelos privados- realizados junto a su pareja. Sus cuentas son investigadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y, además, deberá este miércoles responder preguntas en el Congreso durante una sesión informativa en Diputados.
No será su primera exposición reciente. Semanas atrás, Adorni ya había enfrentado preguntas en una conferencia con periodistas acreditados en la Casa Rosada, donde intentó dar explicaciones sobre su situación patrimonial. Lejos de cerrar el tema, la intervención dejó nuevos cuestionamientos y anticipa un clima tenso para su paso por el recinto.
El frente económico tampoco ofrece alivio. La inflación de marzo fue del 3,4% -un dato que el propio Javier Milei calificó como “malo”- y se sumó otra señal negativa: la actividad económica se contrajo en febrero. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), un indicador que elabora el Indec para medir la evolución de la economía mes a mes, la actividad cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La baja estuvo impulsada principalmente por la industria y el comercio.
En ese contexto, el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa política con una ofensiva legislativa de alto impacto. En el oficialismo hablan de “dosificar” los proyectos para sostener la atención pública y evitar que se diluyan rápidamente. La estrategia incluye concentrar el envío de iniciativas en el Senado, donde los libertarios consideran que tienen un terreno algo más favorable que en Diputados.
Sin embargo, las resistencias aparecen incluso dentro del propio esquema aliado. El paquete sobre propiedad privada -que incluye cambios en los desalojos, en la ley de expropiaciones para que el mercado fije las indemnizaciones, una flexibilización de la ley de tierras que habilita mayor participación extranjera y modificaciones en la ley de manejo del fuego- genera reparos. También el proyecto que busca desarmar la emergencia en discapacidad, una política que esos mismos aliados habían respaldado el año pasado para sostener los aranceles de los prestadores como transportistas, terapistas y hogares protegidos.
La reforma política y electoral es otro foco de conflicto. Pro, la UCR y bloques provinciales rechazan la eliminación de las PASO, que utilizan para ordenar sus internas. A eso se suma, entre otros puntos, el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos: el proyecto eleva del 2% al 3% del padrón el piso mínimo en elecciones consecutivas, un cambio que podría dejar fuera de competencia a varias fuerzas.
Ante ese escenario, el oficialismo evalúa avanzar primero con iniciativas menos conflictivas. Entre ellas, la ratificación de acuerdos con dos fondos de inversión que litigaron contra la Argentina, Bainbridge y Attestor. Se trata de convenios de pago que implican una quita superior al 30% de la deuda reclamada y que permitirían cerrar juicios abiertos en el exterior. A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.
El punto clave es el plazo: si el Congreso no aprueba estos acuerdos antes del 30 de abril, se caen las condiciones negociadas y el conflicto judicial podría reactivarse en condiciones menos favorables para el Estado.
En paralelo, el Senado podría avanzar en comisiones con la reforma de la ley de salud mental, que busca agilizar los procesos de internación en situaciones de riesgo. Y, en el recinto, con una serie de pliegos judiciales y diplomáticos. Entre ellos figura la prórroga por cinco años del juez Carlos “Coco” Mahiques, que alcanzará en noviembre los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para ejercer el cargo.
Mientras Diputados se prepara para una sesión atravesada por las explicaciones de Adorni, el oficialismo en el Senado evalúa abrir un frente paralelo con avances legislativos en un intento por repartir el foco de atención.
April 21, 2026,se contrajo,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Reforma política: no más ficha sucia,,»Hoy más que nunca». El mensaje de Villarruel sobre la soberanía de las Islas Malvinas,,El Gobierno promulgó la ley de glaciares a dos semanas de su sanción en Diputados
POLITICA
Irán declaró “organizaciones terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas: qué implica la decisión
Irán declaró este miércoles organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en represalia por la decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar esa misma calificación a los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar ideológico de la República Islámica.
La Cancillería iraní invocó una ley aprobada en 2019 que habilita al país a responder contra Estados que adopten medidas de este tipo.
También calificó la decisión argentina como un acto “hostil” y responsabilizó al Gobierno por las consecuencias que puedan derivarse de la medida.
Donald Trump descartó una nueva ofensiva contra Irán, pero advirtió que podría volver a atacar si no hay un acuerdo
La inclusión de los Guardianes de la Revolución en el registro argentino de organizaciones terroristas habilita el congelamiento de sus activos en el país, impide sus operaciones en el sistema financiero y obliga a reportar movimientos vinculados a la organización ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Buenos Aires justificó la designación por los vínculos de ese cuerpo con Hezbollah, señalado por su participación en los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
La escalada se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno argentino: en enero declaró terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de los Guardianes de la Revolución, y en abril expulsó al principal representante diplomático iraní en el país.
Javier Milei supervisó el operativo de seguridad durante la visita del papa León XIV
La entrada Irán declaró “organizaciones terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas: qué implica la decisión se publicó primero en Nexofin.
Fuerza Aérea Argentina,Irán,IRÁN MILEI,Javier Milei
A partir de las seis, comenzó la previa de la misa del papa León XIV en Luján. Alrededor de las 6.30, ingresó una nutrida delegación política conformada por intendentes bonaerenses, legisladores, exministros, sindicalistas, un gobernador y funcionarios de Axel Kicillof.
Sergio Massa estuvo entre esos dirigentes que ingresaron para ubicarse en las sillas cercanas al escenario y altar ubicado frente a la Basílica de Luján, al igual que el senador Eduardo de Pedro. En ese mismo primer grupo, se apiñaron en el ingreso intendentes como el vecinalista Jaime Méndez (San Miguel) o peronistas como Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariano Casacallares (Almirante Brown), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Fernando Gray (Esteban Echeverría), el local Leonardo Boto, o Nicolás Mantegazza (San Vicente). El exgobernador Felipe Solá estuvo también en ese grupo que llegó pasadas alrededor de las 6.30 a las butacas frente al escenario. También hubo sindicalistas, entre los que se vieron a Héctor y Rodolfo Daer (sanidad y alimentación, respectivamente), y Roberto Baradel (Suteba), entre otros.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y Sergio Ziliotto, de La Pampa, fueron los únicos mandatarios provinciales de los que invitó Kicillof que dieron el presente. Jalili ingresó junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y una delegación de vicegobernadores.
Entre los funcionarios de Kicillof, se sentaron en las sillas frente al escenario Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Silvina Batakis (Hábitat), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Estela Díaz (Mujeres) y Daniela Vilar, entre otros.
La Cámpora tuvo una delegación visible que ingresó después, con Máximo Kirchner como principal rostro del grupo. Varios voluntarios que colaboran en la organización de la misa papal le pidieron fotos. Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Horacio Pietragalla y Juliana Di Tullio estaban en ese grupo.
Unos minutos más tarde, Kicillof apareció por la entrada del Museo Colonial e Histórico Udaondo y pidió “escucharlo al Papa”. Subrayó “lo que el Papa dice, no lo que hacen los demás con lo que el Papa dice”.
“Hoy no quiero hacer polémicas, uno se siente identificado con lo que dice el Papa”, resaltó el gobernador, que recordó que el Sumo Pontífice enfatizó en temas como las universidades y la discapacidad. También muy solicitado por voluntarios para fotos y por la requisitoria periodística, le llevó más de media hora ingresar al sector de las sillas, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.
También se los vio a Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, referentes de la defensa de los derechos humanos.
La delegación del gobierno nacional llegó a las 9, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, acompañado por el diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Axel Kicillof (foto 1); Máximo Kirchner, Penacca, Tignanelli y Pietragalla (foto 2)
Carlos Bianco (foto 1) y los fieles se esperan la misa del Papa León XlV en Luján (foto 2)
Edición fotográfica: Fernanda Corbani
Javier Fuego Simondet,Soledad Aznarez,LA NACION,Política
POLITICA
Argentina terminó su defensa en el Tribunal del Mar: pidió que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas y llamó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales
La Argentina finalizó su alegato en la segunda audiencia que se celebra en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la sede de Hamburgo, donde ratificó su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, y llamó a las autoridades británicas a reanudar las negociaciones bilaterales.
Tras el choque de posiciones que se registraron ayer, el cierre estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. Entre otros puntos, sostuvo que cuatro condiciones quedaron demostradas a lo largo de las audiencias: la competencia prima facie del Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la plausibilidad de los derechos argentinos en disputa, el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a esos derechos (la soberanía de los recursos naturales) y la urgencia que justifica la intervención de ITLOS antes de que el tribunal arbitral esté constituido.
El embajador sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Antes de retirarse, Oyarzabal reafirmó la disposición de Argentina a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido y a celebrar arreglos provisionales de carácter práctico mientras la controversia permanezca sin resolver. A su vez, reservó el tramo final de su intervención para cuestionar de forma explícita el comportamiento del equipo británico durante el proceso. En este punto, señaló que el Reino Unido optó por no presentar una memoria escrita en plazo, que intentó modificar su prueba documental minutos antes de la última jornada de audiencias y que excedió el tiempo asignado por más de quince minutos. Advirtió además que las declaraciones testimoniales presentadas por Londres eran, en rigor, alegatos de personas con un interés directo en el resultado del caso, y no prueba de hechos.
Ante la posibilidad de que el equipo británico introdujera argumentos nuevos en su turno de réplica vespertino, Oyarzábal se reservó el derecho de solicitar autorización al Tribunal para responder por escrito, dado que Argentina ya no tendría oportunidad de hacerlo oralmente.
Tras esta segunda ronda de audiencias, el tribunal deberá emitir su decisión, que podría conocerse pronto, inclusive esta misma semana.
La jornada del martes dejó en evidencia la brecha irreconciliable entre los dos países. Argentina pidió la paralización inmediata de Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires con atención y entusiasmo y, según supo Infobae, ayer compartió un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. Un importante especialista, con nexos en la Cancillería, analizó la jornada de ayer: “El Reino Unido para mí se dedicó a embarrar la cancha y generar caos. Y esto es una estrategia tan antigua como el arte de la guerra de Sun Tzu. Jurídicamente no han tirado nada que nosotros no hayamos previsto”.
Además de Oyarzabal, la delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integran la comitiva funcionarios del Ministerio de Economía, la Cancillería y Procuración del Tesoro de la Nación; y los asesores Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM y Agustín Giustiniani.
La delegación británica está compuesta, además de la fiscal general Ellie Reeves, por los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto a funcionarios del gobierno ilegal de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago. Un dato de color: los CEOs de las dos empresas operadoras del proyecto -Ian Ramsay, de Navitas Petroleum, y Samuel Moody, de Rockhopper Exploration- siguen los alegatos en persona desde la sala de audiencias, junto a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.
Otro dato de color. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde Leicestershire rumbo a las Malvinas, según confirmó el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. Llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos en Hamburgo.
Los cinco ejes que dividen a Argentina y el Reino Unido
La primera jornada dejó en claro que el enfrentamiento entre ambos países no se reduce -únicamente- a la disputa de soberanía. Hay cinco puntos concretos en los que las posiciones son irreconciliables.
1. Jurisdicción del tribunal
Argentina sostiene que la controversia concierne obligaciones específicas de la Convemar —no la soberanía en sí— y que el TIDM tiene competencia para intervenir. El Reino Unido responde que, detrás de cada argumento argentino, subyace la misma pregunta: quién es soberano sobre las islas. Y esa pregunta, sostiene Londres, está fuera del alcance de la Convemar y del TIDM. “Argentina no puede ignorar la realidad: el fundamento mismo de su demanda descansa en la afirmación de su soberanía”, afirmó Reeves.
2. Explotación unilateral de recursos en área en disputa
Buenos Aires argumenta que la resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Londres replica que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional. “Se realizan perforaciones desde 1998. Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente”, señaló uno de los letrados británicos.
3. Autodeterminación versus soberanía permanente sobre recursos
El Reino Unido invoca el derecho a la autodeterminación de los isleños —ratificado en el referéndum de 2013, con el 99,8% de votos a favor de seguir siendo territorio británico— para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. Argentina traza una distinción: reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó Oyarzábal, quien añadió que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas”.
4. Urgencia
Argentina advierte que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. El Reino Unido fija fechas concretas para desarmar ese argumento: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de actuar. “No existe ningún fundamento que permita a este tribunal dictar medidas provisionales en esta etapa”, sostuvo la defensa británica.
5. Riesgo ambiental
Argentina alerta sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subraya que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido señala que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.
Lo que tiene en cuenta el tribunal
Para dictar medidas provisionales, el Tribunal del Mar debe verificar que se cumplan tres requisitos. Primero, que el tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar —el foro donde se resolverá el fondo del caso— tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia. Segundo, que existe urgencia real. Tercero, que los derechos que Argentina busca proteger son plausibles tanto en los hechos como en el derecho.
El Reino Unido cuestionó la estrategia procesal argentina y concentró su defensa del martes en el primero de esos puntos. Reeves sostuvo que la demanda es, en esencia, una controversia sobre soberanía territorial, materia que queda fuera de la Convemar. “Este tribunal no tiene jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía”, afirmó la fiscal general. Michael Wood, otro de los abogados británicos, reforzó ese argumento al señalar que ningún participante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar esperó que una disputa de soberanía territorial quedara cubierta por el mecanismo de solución de controversias de la Convemar.
La posición argentina rechaza esa caracterización. Oyarzábal subrayó ante el tribunal que Buenos Aires no pide que se resuelva la disputa de soberanía, sino que se preserven los derechos argentinos sobre la plataforma continental mientras esa controversia se tramita en otro foro. “Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina”, explicó Kohen en su exposición.
El argumento se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. Para Argentina, autorizar y avanzar con Sea Lion viola directamente esa última resolución. La delegación argentina también respondió al argumento del referéndum de 2013, invocado por el Reino Unido para sostener el derecho a la autodeterminación de los isleños.
Sobre la urgencia, la presentación argentina precisó un dato técnico que refuerza su argumento: el Fleet Status Report de Noble Corporation, la empresa propietaria de la plataforma de perforación, confirmó que la semisumergible Noble Endeavour comenzaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027. Para Argentina, eso demuestra que los trabajos preparatorios ya están en curso y que el daño comenzaría antes de que el tribunal arbitral pudiera brindar protección efectiva.
El Reino Unido presentó un argumento específico: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027, y la extracción efectiva de hidrocarburos no se producirá antes de 2028. Para entonces, según Londres, el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de intervenir.
Argentina, en cambio, advirtió que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que incluso una vez constituido el tribunal arbitral, este no estaría en condiciones de brindar protección efectiva de inmediato. Oyarzábal recordó además que “lo que está en juego no puede ser restituido: los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.
Tres escenarios posibles antes del fallo
El gobierno argentino analiza tres desenlaces. En el primero, el TIDM acepta el planteo en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad, lo que paralizaría Sea Lion hasta que el tribunal arbitral adopte su decisión. En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina, con un alcance que dependerá de cada punto sometido a consideración. En el tercero, el más improbable según especialistas, el TIDM rechaza el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.
Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está ubicado a unas 107 millas náuticas (198 kilómetros) al norte de las islas, en un bloque de 541 km². El proyecto prevé una fase de producción de 35 años con 23 pozos, con inicio de perforaciones previsto para los primeros meses de 2027.
Según el estatuto y el reglamento del tribunal, la decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse aproximadamente un mes después de la presentación argentina. Ese plazo vence el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el TIDM extienda la resolución hasta el lunes siguiente.
Ante la consulta de Infobae, un especialista que conoce en detalle los argumentos argentinos sostuvo: “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado o las que les pidieron los Estados solicitantes. A veces dio distintas, pero siempre dio medidas; yo creo que realmente estamos muy bien”.
Un importante funcionario de la Cancillería analizó que un fallo favorable tendría un efecto político concreto: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia con la Argentina por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, afirmó.
Sea Lion,islas Malvinas,océano Atlántico,plataforma petrolera
Emocionado, Luciano Pereyra cantó en la previa de la misa del Papa León XIV en Luján: así fue su presentación
Kevin De Bruyne, ¿con un pie afuera del Napoli?
Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”
Irán declaró “organizaciones terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas: qué implica la decisión
Para Morgan Stanley hay demasiado pesimismo en el precio de la deuda argentina: cuál es el bono que considera atractivo
El presidente de Konami descarta un impacto de la IA en el desarrollo: «La clave sigue estando en las personas»
La queja de Yanina Latorre tras asistir al VIP de la misa del papa León XIV: “Estuve al rayo del sol haciendo nada y…”
Así fue el saludo entre Javier Milei y el papa León XIV en Aeroparque tras la llegada a la Argentina
Gimnasia de Mendoza vs Independiente Rivadavia: formaciones, hora y dónde ver por tv
Franco Colapinto le hizo probar mate a Lewis Hamilton en un evento durante el GP de Brasil: la reacción del piloto de Ferrari
CHIMENTOS2 días agoLa queja de Yanina Latorre tras asistir al VIP de la misa del papa León XIV: “Estuve al rayo del sol haciendo nada y…”
- POLITICA3 días ago
Así fue el saludo entre Javier Milei y el papa León XIV en Aeroparque tras la llegada a la Argentina
- POLITICA3 días ago
Elecciones desdobladas y lejos de las nacionales: la estrategia de los gobernadores patagónicos en 2027
