POLITICA
El Gobierno dio precisiones sobre el radar y la base en Tierra del Fuego: estado, funciones y próximos pasos

El Gobierno brindó nuevas precisiones sobre dos expedientes sensibles para su política de defensa y su relación con Estados Unidos: el radar de LeoLabs en Tolhuin y la Base Naval Integrada de Ushuaia. Se trata, en el primer caso, de una antena instalada en Tierra del Fuego por una empresa estadounidense que la firma presenta como parte de una red global de monitoreo del espacio para seguir satélites y desechos orbitales. Y el segundo caso es un proyecto estratégico de la Armada para reforzar la logística antártica y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
En el informe de gestión ante Diputados que brindó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Ministerio de Defensa sostuvo que el radar sigue sin estar operativo y aseguró que cualquier cooperación futura con otros países sobre la base fueguina se limitará “a los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes”. Esa aclaración buscó responder a las sospechas políticas que desde hace dos años rodean a ambos expedientes por su cercanía con Malvinas y por el creciente alineamiento con Washington.
El Ejecutivo brindó detalles sobre las capacidades operativas del radar, dejó asentado que la evaluación sigue abierta y que Defensa formulará una recomendación a la Jefatura de Gabinete con criterios “estrictamente técnicos, jurídicos y de resguardo de la defensa y el interés nacional”. No convalidó todavía su rehabilitación, pero tampoco cerró el caso con un rechazo definitivo. Nación dejó planteado que todavía no tomó una decisión final sobre si habilita o no su uso.
En ese mismo tramo, la cartera endureció además su postura sobre el informe que habían elaborado en 2023 Jorge Taiana y Juan Martín Paleo. La actual gestión afirma que ese trabajo tuvo “graves deficiencias técnicas y metodológicas”, un alto grado de discrecionalidad y una fundamentación insuficiente. Al mismo tiempo, se apoya en informes de ENACOM y CONAE de octubre de 2024 para sostener que el radar no puede hacer vigilancia horizontal sobre blancos terrestres, aéreos o marítimos de baja altura y que su función está limitada al seguimiento de satélites y desechos orbitales.
Según la versión oficial actual, no se trata de un radar apto para monitorear movimientos sobre el territorio o el mar, sino de un sistema orientado al espacio. La respuesta oficial también busca desactivar el costado más sensible de la polémica: la eventual injerencia británica.
El informe sostiene que LeoLabs es de capitales estadounidenses, que la participación británica es mínima y pasiva y que no hay ciudadanos británicos en la conducción ni acceso del Reino Unido a los datos.
El informe agrega que el acuerdo previo entre LeoLabs Inc. y Londres expiró en marzo de 2025 y que no existe vinculación con Five Eyes, la alianza de inteligencia que integran Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es una forma de bajar, desde la documentación oficial, el argumento de que el radar podía operar como una plataforma de inteligencia asociada a intereses británicos cerca de Malvinas.
Sobre Ushuaia, el Gobierno ratifica que la Base Naval Integrada sigue siendo un eje prioritario de la política de defensa nacional y la vincula con la presencia soberana en el Atlántico Sur y la logística antártica. El informe enumera avances concretos en la obra: planimetría inicial, estudios, movimientos y nivelación de suelo, basamento, platea y traza parcial de la red sanitaria. Pero al mismo tiempo admite que la fase inicial, pautada para dos años, avanza de acuerdo con la disponibilidad financiera y que la ejecución está hoy supeditada a la programación y a la caja del Estado.
Leé también: El Gobierno busca concretar un encuentro entre Javier Milei y Donald Trump antes de las elecciones en EE.UU.
El Ejecutivo reconoce que el financiamiento principal de la base sigue proviniendo del FONDEF, aunque Defensa admite en otra respuesta que el fondo continúa operando sin asignación automática. También informa que la inversión en material y equipamiento estratégico representa alrededor del 11% del presupuesto total de Defensa. En otras palabras, la base mantiene prioridad estratégica, pero todavía no tiene resuelto un esquema financiero sólido ni un canal específico ya formalizado para acelerar la obra.
La trastienda, sin embargo, muestra una tensión con esa respuesta formal. Según pudo saber TN, en la Casa Rosada sigue en pie la idea de avanzar con Ushuaia a través de algún tipo de acuerdo técnico con los Estados Unidos, bajo una lógica similar a la que se aplicó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano en la Hidrovía. Esa hoja de ruta viene desde el inicio de la gestión y convive con la negativa oficial a reconocer instrumentos ya firmados. El informe, en los hechos, niega el acuerdo cerrado, no la intención política de seguir explorándolo.
Ese movimiento se inserta en una profundización más amplia del vínculo militar y de seguridad con Washington. El ministro Carlos Presti desarrolló actividades en Estados Unidos en marzo y el Ministerio de Seguridad ya puso en marcha el CRIACO con respaldo financiero estadounidense como parte de esa cooperación.
Gobierno, radares, Base militar
POLITICA
Jorge Macri respaldó la detención de los metrodelegados en medio de una protesta del subte

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri respaldó este martes la detención de tres metrodelegados en medio de una protesta en la estación de la Línea B Rosas que denunciaba la tercerización de tareas de mantenimiento.
“Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.
Los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegadxs), encabezados por el referente sindical Sebastián Carrizo, abrieron este martes los accesos de emergencia para habilitar el paso gratuito de los pasajeros. Esa medida de protesta se llevó a cabo como reclamo por una supuesta tercerización de servicios que la organización asegura pertenecen a los trabajadores de mantenimiento.
Ante la denuncia, la fiscalía a cargo de Natalia Pla solicitó la detención del empleado involucrado por desobediencia, quien estuvo atrincherado en una oficina del lugar. Cuando los efectivos intentaron llevar a cabo esta medida, otros representantes de la comisión directiva del gremio impidieron la actuación policial: el referente Claudio Dellecarbonara y el delegado Facundo Heredia intervinieron para frenar el procedimiento.
Durante el despliegue del operativo, Carrizo estuvo atrincherado dentro de una de las oficinas del personal, mientras que las fuerzas de seguridad arrestaron a Dellecarbonara y a Heredia.
Ambos referentes fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, ubicado en el barrio de Chacarita, y más tarde, puestos a disposición de las autoridades judiciales para la evaluación de sus antecedentes. Se dispuso también la detención del secretario general del sindicato, Néstor Segovia, imputado por agredir a los agentes de seguridad durante los forcejeos registrados en el lugar.
Frente a la escalada de las actuaciones judiciales, la conducción gremial resolvió la paralización total del funcionamiento del Subte.
En este marco, Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad de la Ciudad, sostuvo en diálogo con LN+ que las fuerzas esperan la orden de la Justicia para ejecutar la detención de Sebastián Carrizo, quien todavía se encuentra atrincherado. Desde la fuerza porteña informaron a que “personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad detuvo a metrodelegados que realizaban una medida gremial en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias”.
tres metrodelegados,pic.twitter.com/ZcK6SAfjnh,October 20, 2026,Jorge Macri,Subte,Paro de transporte,Ciudad de Buenos Aires,Conforme a
POLITICA
La presidenta de LLA en CABA mostró cautela ante un acuerdo electoral con el PRO: “Futurología no hago”

Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, afirmó que la prioridad de su espacio es garantizar la reelección de Javier Milei y descartó anticipar definiciones sobre el armado electoral en la Ciudad de Buenos Aires para 2027.
“Nuestro objetivo es que el Presidente reelija. Esa es la prioridad como espacio político, porque entendemos que necesitamos cuatro años más para poder consolidar el modelo que inició”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La legisladora explicó que, por el momento, la actividad parlamentaria y las recorridas por los barrios concentran los esfuerzos de su espacio. “Para pensar en las elecciones falta un montón, un montón”, señaló, antes de descartar que existan definiciones sobre un eventual acuerdo con el PRO, que gobierna la Ciudad desde 2007.
“Futurología no hago”, respondió cuando le preguntaron por una posible alianza entre ambas fuerzas. Y agregó: “No podemos poner el carro delante del caballo. Falta tiempo, falta trabajo, falta entender por dónde van a estar ambos espacios”.
La estrategia electoral de LLA en la Ciudad
Ramírez también evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura propia o la posibilidad de integrar una fórmula con Jorge Macri si el actual jefe de Gobierno buscara la reelección. Consultada sobre si podría convertirse en vicejefa porteña, respondió con ironía: “Soy la vicejefa ideal de todos”.
Luego aclaró que no está evaluando esa posibilidad y destacó su responsabilidad al frente de una bancada que pasó de tres a 14 legisladores. “Hoy tengo una responsabilidad enorme, que es manejar un bloque de 14 legisladores, ser la presidenta de un espacio acá en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio nuevo, un espacio que no existía”, afirmó.
Sobre Patricia Bullrich, con quien trabajó durante la campaña electoral de 2025, destacó el vínculo político que mantienen. “Fui jefa de campaña de ella en el 2025. Trabajamos mucho”, recordó.
La legisladora también se refirió a las diferencias dentro del oficialismo y defendió la convivencia entre distintas posiciones. “No necesariamente todos compartimos lo que opinan todos. Somos libres y podemos tener diferentes miradas”, sostuvo.

El conflicto en el subte y la agenda legislativa
El conflicto sindical en el subte porteño fue otro de los temas centrales de la entrevista. Ramírez respaldó la postura del Gobierno de la Ciudad frente a los metrodelegados y cuestionó las interrupciones del servicio por su impacto en los pasajeros.
“Los porteños no podemos seguir poniéndonos de rodillas por presiones sindicales”, afirmó. Y agregó: “Tu vida no puede ser rehén de un conflicto sindical. Yo creo que esa Argentina se tiene que terminar”.
La dirigente vinculó esa posición con la política nacional frente a los piquetes y los acampes. “El orden es una prioridad”, remarcó.
En el ámbito legislativo, defendió las iniciativas de LLA para reducir impuestos, desregular actividades económicas y simplificar trámites. Como ejemplo del cambio en la discusión política porteña, recordó los comienzos de su bloque, cuando esas propuestas tenían menos respaldo.
“Empezamos siendo tres legisladores y parecíamos tres loquitos que pedíamos baja de impuestos, desregulación”, expresó. También señaló que otras fuerzas comenzaron a incorporar el alivio fiscal a sus agendas. “El año pasado terminamos incluso con el peronismo discutiendo baja de impuestos o peleándose por quién presentaba el proyecto de más baja de impuestos”, afirmó.

Ramírez mencionó, además, los obstáculos que enfrentan los comerciantes para abrir y mantener sus negocios. Entre los reclamos que recibe durante sus recorridas, enumeró las trabas para obtener habilitaciones y las clausuras de establecimientos.
“Se quejan mucho de las trabas que hay muchas veces para la apertura de negocios o las clausuras”, señaló. En ese sentido, defendió mecanismos que agilicen los procedimientos administrativos y permitan corregir determinadas irregularidades antes de aplicar sanciones inmediatas.
La defensa del programa económico de Milei
Consultada por las dificultades de la clase media, los salarios y el poder adquisitivo, Ramírez respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el proceso de estabilización debe evaluarse a partir de la situación que recibió la administración.
“Por primera vez tenemos un presidente economista. Tiene muy claro cuál es el rumbo”, afirmó.
Frente a los cuestionamientos por el impacto del ajuste, la legisladora argumentó que la recuperación requiere tiempo. “Todo plan de estabilización tiene sus momentos”, señaló, antes de defender la gestión de Milei: “No recuperás una economía destruida en tres años y este presidente lo está haciendo”.

Durante la entrevista, también rechazó que el mandatario deba modificar su estilo de comunicación para explicar sus medidas sin confrontar con sus críticos. “Lo explica bien”, respondió cuando le preguntaron si podría transmitir su programa económico de otra manera.
“Yo creo que la gente lo entiende. La gente lo entiende y la gente lo acompaña”, sostuvo. Para Ramírez, la claridad del rumbo anunciado por el oficialismo es uno de los factores que explican el respaldo al Presidente.
“Es muy claro en su rumbo y es muy claro también en lo que dijo que iba a ser este proceso. No subestimemos a los argentinos”, concluyó.
De cara a 2027, la legisladora evitó adelantar candidaturas y acuerdos en la Ciudad. Su planteo fue concentrar los esfuerzos en la consolidación de La Libertad Avanza en el distrito, mientras el espacio mantiene como prioridad política la continuidad del Gobierno nacional.
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pilar ramírez
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Consejo de la Magistratura: los abogados eligieron a sus representantes y una lista con referentes porteños sacó ventaja

Como parte de la renovación de bancas en el Consejo de la Magistratura, este martes votaron los abogados de la matrícula federal y en el escrutinio provisorio sacó ventaja la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) y del Colegio de Abogados de la Ciudad con decenas de agrupaciones profesionales de todas las provincias.
Pasadas las 21 horas, y con el 93,4% de las mesas escrutadas, “Unidad en Defensa de la Abogacía” lideraba la votación. Detrás de ella se ubicaba “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que cuenta con el impulso de un sector del peronismo porteño. Tercera, una lista con respaldo mixto entre radicales y peronistas: “Abogacía Federal”. Y en cuarto lugar, el espacio identificado con La Libertad Avanza, “Abogacía por la Libertad”.
Los números terminaron muy justos. Por eso, fuentes tribunalicias manifestaron cautela a la hora de definir si las cuatro listas tendrán un representante y así se completan las cuatro bancas en juego, o si la última de las listas se quedaba con las manos vacías. Esto se debe a que para calcular el reparto se emplea el sistema D’Hondt, el mismo que rige para el Congreso, razón por la que el porcentaje final de cada lista será determinante.
Como primer candidato de lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, Alberto Biglieri se encamina a ocupar una de las bancas en el Consejo de la Magistratura. Lo acompañan en la lista Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic, como candidatos titulares, y Carlos Más Vélez, Ana O’Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo como suplentes, con un sistema de rotación de bancas a mitad de mandato.
En la previa, esta lista se asomaba como la gran candidata a ganar la elección. Contaba con el impulso de Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Cpacf.
Biglieri ganó notoriedad en los últimos meses después de haber sido el interventor de la UOM. Desde ese rol impulsó una auditoría que detectó presuntas irregularidades durante la gestión de Abel Furlán al frente del sindicato. Y además rescindió el contrato del gremio con una de las empresas atribuidas a María Soledad Calle, propietaria del piso de abajo de la expresidenta Cristina Kirchner, en San José 1111.
Biglieri integró el Consejo de la Magistratura porteño entre 2019 y 2023 y está vinculado con el empresario del juego y operador judicial del radicalismo y Pro Daniel Angelici.
En segundo lugar en el escrutinio provisorio aparecía la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, impulsada por el peronismo. Contó con el respaldo del auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos. Su primera candidata es la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María.
Esta última referencia no es un dato menor, ya que la territorialidad también influye en cómo pueden repartirse las cuatro bancas para los abogados en el Consejo de la Magistratura. Miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) explicaron que la integración tiene que respetar las condiciones previstas por el reglamento: entre los cuatro representantes debe haber al menos dos abogados o abogadas de la matrícula federal del interior del país, al menos uno de la Ciudad de Buenos Aires y al menos dos mujeres.
En Abogacía Federal, el primer candidato es Fernando Levene. Expresidente del Colegio de Abogados de La Plata, este año fue incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.
¿Quiénes la impulsan? Conviven un sector del radicalismo y otro del peronismo. Detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad (UCR), el peronista Diego Molea −ya elegido para regresar a fin de año al Consejo de la Magistratura en representación de los académicos−, el exconsejero Miguel Piedecasas y el gobernador peronista de Córdoba, Martín Llaryora. Es el espacio que busca quedarse con el lugar que hoy ocupa en el estamento de los abogados la consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Es decir, el peronismo participó desplegado en más de una lista y con dirigentes cordobeses en ambas: Llaryora detrás de una, Demarchi Arballo al frente de la otra.
La lista “Abogados por la Libertad”, identificada con La Libertad Avanza, está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exfuncionario en la Secretaría de Trabajo de la Nación. En función de cómo finalice el conteo final de los votos, pese a ubicarse en cuarto lugar, podría llegar a obtener una banca.
Ignacio Grimaldi,Conforme a
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