El Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebró el primer avance de la investigación judicial por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la dictadura militar. Dos civiles vinculados en aquel tiempo con el área de Inteligencia del Ejército deberán prestar declaración indagatoria el martes 29 de este mes, a 49 años de los hechos, por lo que los curas villeros convocaron “a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”.

Ponce de León era obispo de San Nicolás y acompañó a familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. Su muerte se produjo el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, en un hecho que en su momento se presentó como un accidente vial, lo que llevó al cierre de la causa.

La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.

Ahora el juez federal Carlos Alberto Vera Barros dispuso las primeras indagatorias del proceso. Así, deberán presentarse Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Ambos tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.

Fueron determinantes para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que había cerrado el caso una reconstrucción realizada por computadora del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la ruta 9, que permitió establecer la mecánica del atentado, y los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado, así como las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado.

“Es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente”, argumentó la Cámara Federal al disponer la nulidad de la sentencia de 1978 que había cerrado el caso.

“Pastor con olor a oveja”

“A casi 50 años del homicidio de Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, durante la última dictadura militar, y en momentos en que la causa judicial vuelve a moverse tras años de demoras, convocamos a nuestras comunidades y a toda la Iglesia argentina a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”, declaró el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares en su pronunciamiento.

“Para los que no lo conocen: Ponce de León fue un pastor del pueblo, comprometido hasta el fondo con los sacerdotes y comunidades que intentaron renovar la Iglesia argentina desde la cercanía con los más humildes. Al decir de Francisco, un pastor con olor a oveja, respondiendo con el evangelio al desafío del tiempo histórico que le tocó vivir”, dijeron los sacerdotes.

Recordaron, incluso, que el obispo “denunció ante el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y sufrió la persecución del poder militar”. A raíz de ello, hoy la Justicia “encuadra su muerte como un posible crimen de lesa humanidad”.

En su pronunciamiento, los curas de las villas agregan: “Hasta hoy esperamos saber la verdad sobre su muerte” y subrayan que “su legado sigue siendo un llamado de Dios, aquí en la Argentina, para estar al lado de los que padecen injusticias y exclusión”.

Y concluyen: “Prontos a la llegada de nuestro Papá León decimos con él que el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social”.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.

La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.

El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.

“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.

Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.

En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.

Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.

La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.

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