POLITICA
El Gobierno envió al Congreso los proyectos de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez
El Gobierno remitió este viernes al Congreso los dos proyectos de ley para modificar la Ley de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Las medidas habían sido analizadas ayer durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El texto señala que la iniciativa “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el proyecto busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
En esa línea, explicaron que el objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.
Según señalaron fuentes oficiales, uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
Entre las modificaciones, el Ejecutivo planteó reforzar el rol de los profesionales médicos en el abordaje de estas problemáticas. En ese sentido, sostuvo que se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”.
El proyecto también propuso reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.
A la vez, redefinió los criterios para las internaciones involuntarias. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el mensaje, el cambio apunta a “establecer una formulación más abarcativa y clarificadora” y evitar “situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”.
Además, se planteó que la evaluación del riesgo debe contemplar el contexto y los antecedentes, con el objetivo de permitir intervenciones preventivas.
El texto estableció que la internación debe ser “un recurso terapéutico excepcional” y solo puede aplicarse cuando no existan alternativas menos restrictivas. También fijó requisitos como evaluaciones interdisciplinarias, participación de al menos un médico psiquiatra y notificación judicial en plazos específicos.
En paralelo, el proyecto amplió las posibilidades de creación de establecimientos especializados y definió que las internaciones pueden realizarse en hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados. También indicó que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.
El segundo proyecto enviado al Congreso se centró en las pensiones no contributivas por invalidez. En el mensaje, el Ejecutivo sostuvo que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. En ese marco, afirmó que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.
El texto agregó que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionó “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.
Según el Gobierno, esta situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”. Por eso, el proyecto propuso crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
Entre los cambios, se incluyó la implementación de auditorías periódicas, el cruce de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se estableció un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
El proyecto definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.
La primera jornada del Coloquio de IDEA estuvo tomada por las charlas y los encuentros. Empresarios que hacía tiempo no se veían se saludaban afectuosamente en los pasillos, entre presentación y presentación, donde se mezclaban conversaciones personales, laborales y, sobre todo, políticas.
Lo que llamó la atención es que en los pasillos abarrotados de ejecutivos se cruzaban oficiales de la Policía Federal, tanto de civil como con sus camperas azules con las siglas PFA en la espalda.
“¿Por qué semejante operativo?”, se escuchó decir a un CEO con muchos años de presencia en el evento, que desde hace más de 60 años se realiza en Mar del Plata.
El hombre de negocios tenía razón en sorprenderse. La presencia policial es común en un evento de estas características, pero en las afueras del hotel, como una custodia externa. En este caso, se pudo observar a varios miembros de la Federal recorriendo el salón, pero también los diferentes pisos del hotel marplatense.
“Están controlando diferentes niveles. Van y vienen todo el tiempo”, señaló una empresaria a quien también le llamó la atención.
Desde la organización aclararon a Infobae que era “rutina”. Estuvieron solo haciendo una revisión por el hotel”.
Sin la presencia de funcionarios del Ejecutivo nacional en el evento, la pregunta que se hacían muchos de los presentes era si esa revisión se debía a que ese día exponía el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, o si en realidad era la avanzada de la presencia prevista para la segunda jornada del Coloquio: la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
En cualquiera de los dos casos, resultó llamativa para los presentes la presencia de las fuerzas de seguridad en el interior del edificio.
Presencia política
Aunque los salones estuvieron colmados y los pasillos rebosaban en cada coffee break, la presencia política fue escasa. En este primer día, previo a la exposición del expresidente Lacalle Pou y del presidente de la Argentina, Javier Milei, vía Zoom, se pudo ver al exdiputado nacional Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; a la diputada de La Libertad Avanza y ex PRO Patricia Vázquez; al exembajador argentino en China Diego Guelar, y al presidente de la Unión Cívica Radical e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. También se hizo presente el precandidato a presidente por el PRO, Hernán Lacunza.
Para mañana se espera la llegada de Bullrich. Hasta la confirmación de Milei, las especulaciones en las tertulias políticas giraban en torno a por qué el mileísmo puro le dejaba ese escenario, lleno de empresarios, a una Bullrich que muestra más libertad que la que el núcleo duro de LLA suele tolerar.
“Es poco estratégico que le dejen este espacio a Patricia. Ella sabe cómo hablarle a los empresarios sin insultarlos y sin señalarlos por culpas de hoy o de ayer. El Zoom de Milei es también una especie de ‘no soy yo’ respecto de la ausencia de las autoridades nacionales en el Coloquio”.
A nadie se le escapa que el Gobierno sabía desde hace muchos meses la fecha del Coloquio, y que el evento en Francia es mucho más reciente. Aun así, llevó a casi la totalidad del gabinete y a buena parte de los gobernadores a una gira en la que todavía no queda claro qué resultados va a tener.
“Nadie sabe nada de lo que están haciendo, tienen un problema de comunicación. Se fue de gira con todos los gobernadores y todos hablando de que está insultando a una periodista. No queda claro si lo hace para llevarse la marca o porque vivimos en esta locura”.
POLITICA
Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por sobornos y el direccionamiento de contratos
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el presunto direccionamiento de contratos de la empresa satelital y de fibra óptica del Estado a favor de Argentina Logistic Services SA (ALS), la firma que tenía a su cargo el depósito de San Fernando del que se robó material estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica.
El requerimiento, al que accedió , lo firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez.
Para los fiscales, las explicaciones que dieron los acusados “son vanos intentos de mejorar la situación procesal” y la prueba reunida alcanza “con una carga probatoria pocas veces vista”.
Los fiscales pidieron la prisión preventiva para Leal, que ya está procesado con prisión preventiva en otro expediente, por las drogas halladas en su casa durante los allanamientos por esta causa. En esos operativos, además, se encontraron casi 2,5 millones de dólares.
Según el dictamen, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de Arsat y directivos de ALS articularon “un acuerdo venal” para que la empresa privada ganara 12 contratos irregulares de fletes, transporte, grúas y el alquiler del depósito.
ALS cobró de Arsat 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos, montos que los fiscales consideran un perjuicio para el Estado.
El 1° de noviembre de 2020, el intermediario Santiago Pando le pidió al empresario Diego Padilla, de ALS, que llamara “con urgencia” a Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat y cercano a Leal.
El 21 de diciembre, tras una reunión en la sede de Arsat, Padilla le escribió a su colaboradora Sofía Varela Vizgarra: “Viene todo perfecto. […] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.
Para los fiscales, “los muchachos” eran los funcionarios.
El 14 de mayo de 2021, antes de cualquier trámite formal, ALS alquiló por 36 meses el predio de San Fernando. El contrato lo firmó Gastón Padilla, hermano de Diego. Ese mismo día, según la acusación, Varela Vizgarra creó una casilla de correo a nombre de Tradelog, una empresa que luego aparecería como supuesta competidora en la compulsa de precios y que ante la Justicia negó haber cotizado.
La nueva prueba, secuestrada en un allanamiento a Arsat del 28 de mayo pasado, refuerza la hipótesis de una competencia simulada. Las tres ofertas del depósito, de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (la firma familiar de los Padilla), ingresaron el 10 de septiembre de 2021 en un lapso de 43 minutos. Los tres PDF registran en sus metadatos como autor a la propia ALS.
Además, los archivos de las competidoras figuran modificados por última vez por “Alvarez Juan Antonio”, el comprador de Arsat que cursó las invitaciones. Es decir que se simuló la compulsa de precios.
El dictamen cruza los chats con los pagos de Arsat. El 12 de mayo de 2022 la empresa estatal le pagó a ALS facturas por alquiler, ingresos y egresos del depósito y mudanza. Cuatro días después, Fernando Paredes, presidente de ALS, le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”. Para los fiscales, los rubros coinciden con los recién cobrados.
El 2 de marzo de 2022, Padilla le había pedido a Paredes plata “para llevarle a Arsat”, y aclaraba: “Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000”.
Paredes le contestó que había disponibles 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 por tres meses de depósito, y aclaró: “Esto es para Pando por negocio Arsat”.
Los fiscales sostienen que la distinción entre ambas cuentas desarma la defensa de que todo el dinero era una comisión para el intermediario.
Leal alegó que no hay “una sola constancia” de su intervención y que la responsabilidad penal no puede derivarse de su cargo.
Los fiscales argumentaron, en cambio, que en octubre de 2021, Pando le escribió a Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas […] Que inventes”. Al día siguiente, Boschin avisó que el expediente estaba “a la firma de Facu”.
Ya como gerente general, Leal autorizó en noviembre de 2022 el inicio de la contratación directa para prorrogar el depósito y firmó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.
En 2024 fue designado responsable de Compliance de Arsat. En noviembre de ese año, con la causa ya abierta, le preguntó a Boschin por ALS, identificó a Padilla como “tu amigo”, advirtió que se había “ido de boca en la fiscalía”.
Para los fiscales, que el encargado de velar por la integridad fuera “uno de los principales protagonistas” revela “el grado de institucionalización” de la corrupción en Arsat.
El análisis de antenas de celulares ubica a Leal, Boschin, Padilla y Pando en el entorno de la estación terrena de Benavídez en jornadas clave, y corrobora un encuentro en el café Havanna de La Recova en octubre de 2024.
Los testigos también complican al exfuncionario. Su chofer, Tomás Scalera Juárez, y sus dos asistentes describieron que Pando visitaba a Leal a menudo, solo y que mantenían un trato de amigos.
El chofer reconoció a Padilla como alguien que “se juntaba con Leal en el rulero”. Y contó que en febrero de 2026 Leal le encargó llevar a Mendoza dos valijas que “pesaban un montón”. Ante una foto, reconoció una de ellas por una raspadura: era la valija en la que se encontró una gran cantidad de dinero.
Para Boschin y para Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, los fiscales pidieron procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.
Para Navarro y Álvarez pidieron lo mismo, pero sin cohecho. Diego Padilla y Paredes quedarían procesados como autores de cohecho activo. Varela Vizgarra y Pando, como partícipes necesarios. Gastón Padilla, como partícipe de la administración fraudulenta. ALS SA sería procesada en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria. También se pidieron embargos. En sus descargos, los acusados negaron los hechos.
Hernán Cappiello,Casos de corrupción,Conforme a
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Se designó al juez suplente que intervendrá en los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces
La Cámara Federal de Casación Penal designó por sorteo a Santiago Juan Schiopetto como juez sustituto del debate oral y público de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que están imputados la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
El magistrado, que juró a principios de este mes como titular del Tribunal Oral Federal N° 6, actuará como suplente del Tribunal Oral Federal N° 5 mientras Casación define si mantiene o no separados ambos expedientes.
En esas causas se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas que, según la acusación, habrían servido para canalizar y blanquear dinero a través de empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia. El debate quedó a cargo de José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni.
Schiopetto deberá asistir o revisar todas las audiencias, aunque solo podrá intervenir si alguno de los titulares se ausenta. Se trata de un recurso habitual en juicios extensos y complejos.
El nuevo magistrado no es un desconocido en Comodoro Py. Juró el 10 de septiembre junto a Ramiro Velasco y cubrió una de las vacantes del TOF N° 6. Antes se desempeñó como auxiliar del fiscal Ramiro González en la Fiscalía Federal N° 7.
La designación se produce en medio de la controversia por la división de las causas. El TOF N° 5 resolvió que el juicio de Los Sauces comience el 23 de octubre y que Hotesur se juzgue por separado a partir del 19 de marzo de 2027. La Cámara Federal de Casación Penal celebrará una audiencia el 15 de octubre para definir si mantiene ese criterio.
El fiscal Diego Velasco impugnó la separación de las causas, tras sostener que, en casos de presunto lavado de activos, las operaciones deben analizarse en conjunto y no como “hechos aislados”. Agregó que los dos requerimientos de elevación a juicio describen las maniobras como “delitos continuados”, cometidos durante períodos superpuestos entre 2009 y 2015.
Con ese fundamento, advirtió que una sentencia dictada primero podría ser invocada en el segundo juicio como una “decisión definitiva”, lo que llevaría a las defensas a reclamar no ser juzgadas dos veces por los mismos sucesos.
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