POLITICA
El Gobierno envió al Congreso los proyectos de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez
El Gobierno remitió este viernes al Congreso los dos proyectos de ley para modificar la Ley de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Las medidas habían sido analizadas ayer durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El texto señala que la iniciativa “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el proyecto busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
En esa línea, explicaron que el objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.
Según señalaron fuentes oficiales, uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
Entre las modificaciones, el Ejecutivo planteó reforzar el rol de los profesionales médicos en el abordaje de estas problemáticas. En ese sentido, sostuvo que se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”.
El proyecto también propuso reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.
A la vez, redefinió los criterios para las internaciones involuntarias. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el mensaje, el cambio apunta a “establecer una formulación más abarcativa y clarificadora” y evitar “situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”.
Además, se planteó que la evaluación del riesgo debe contemplar el contexto y los antecedentes, con el objetivo de permitir intervenciones preventivas.
El texto estableció que la internación debe ser “un recurso terapéutico excepcional” y solo puede aplicarse cuando no existan alternativas menos restrictivas. También fijó requisitos como evaluaciones interdisciplinarias, participación de al menos un médico psiquiatra y notificación judicial en plazos específicos.
En paralelo, el proyecto amplió las posibilidades de creación de establecimientos especializados y definió que las internaciones pueden realizarse en hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados. También indicó que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.
El segundo proyecto enviado al Congreso se centró en las pensiones no contributivas por invalidez. En el mensaje, el Ejecutivo sostuvo que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. En ese marco, afirmó que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.
El texto agregó que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionó “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.
Según el Gobierno, esta situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”. Por eso, el proyecto propuso crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
Entre los cambios, se incluyó la implementación de auditorías periódicas, el cruce de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se estableció un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
El proyecto definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.
POLITICA
Kicillof le pide a Milei que avale un crédito del Banco Mundial para las obras de saneamiento del Río de la Plata
LA PLATA.- La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires presentó un escrito ante el Juzgado Federal N°4 de esta capital para que el gobierno de Javier Milei responda, en diez días, si avala un crédito preacordado con el Banco Mundial destinado a obras de saneamiento de efluentes contaminantes en la cuenca del Río de la Plata.
El pedido ante la Justicia federal se produjo luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo en Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.
De ese encuentro en la Quinta de Olivos participó también el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien está dirigido el pedido de resolución a favor de una garantía de Nación para que la provincia pueda tomar deuda.
El gobierno de Axel Kicillof elevó el pedido en 2024 ante el Ministerio de Economía, que dirige Caputo. El gobernador reiteró la solicitud en abril y mayo de este año, y aún no obtuvo respuesta.
“Hasta la fecha, transcurrido más de un año y medio desde el primer pedido, el Estado nacional no ha dado respuesta a tales requerimientos”, expresó la Fiscalía de Estado en un escrito en que solicitó se libre un oficio al Ministerio de Economía.
Pese a que Buenos Aires aún espera, otras diez provincias sí obtuvieron avales para créditos internacionales, según detalló el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
Las provincias beneficiadas fueron Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones.
Los avales otorgados por decreto de Nación ascienden a un total de US$180 millones para distintos créditos, destinados a obras de agua potable, infraestructura, logística, producción y urbanismo.
La provincia de Buenos Aires tiene preacordado un crédito por US$270 millones con el Banco Mundial para obras de saneamiento en la cuenca contaminada del Río de la Plata.
El Programa para el tratamiento y disposición final de residuos de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada contempla una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en la localidad de Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría a través de una estación de bombeo y una cámara de carga, también dentro del predio actual.
El gobierno provincial tiene preacordado ese crédito para la obra, pero no puede avanzar sin la garantía de Nación.
Esta no es la única obra frenada por falta de avales. También se encuentra en esa situación un programa de desarrollo sustentable de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que incluye los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. La construcción de un acueducto en San Martín, la ampliación del cauce del río Salado, la adecuación del cauce del río Areco y la construcción de la Autovía 6 son otras de las obras paralizadas por la falta de garantía nacional para que la provincia pueda endeudarse.
El proyecto de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en el arroyo El Gato alcanzaría a más de un millón de personas de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes.
Deuda pendiente
Buenos Aires tiene un stock de deuda de US$10.980 millones, de los cuales el 79% está nominado en moneda extranjera y el 21% en moneda nacional.
En 2021, el gobierno de Axel Kicillof reestructuró la deuda y, actualmente, el 53,4% del perfil de vencimientos es a largo plazo. Otro 36% corresponde a vencimientos de mediano plazo hasta 2030, y un 10% venció entre 2025 y julio próximo. Para este año hay servicios totales programados por US$2545 millones, según el Ministerio de Economía bonaerense.
Kicillof tiene autorización este año para tomar deuda por US$3000 millones, la Legislatura. La mayor parte de ese monto se destinará a cubrir servicios de deuda. Según el gobierno provincial, la obra de US$270 millones no puede afrontarse sin financiamiento internacional.
María José Lucesole,Axel Kicillof,Conforme a,Axel Kicillof,,Apoyo. Kicillof, con Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”,,Interna del PJ. Una legisladora cercana a Kicillof cuestionó a Cristina Kirchner y dijo que está «bastante equivocada»,,Reclamo a Kicillof. Se tensa la pelea por fondos para municipios bonaerenses y hay pedidos de ayuda para pagar aguinaldos
POLITICA
Largas filas y confusión para validar el certificado de discapacidad para viajar gratis: la aclaración del Gobierno
Largas filas se formaron este viernes en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país —incluidas las ubicadas en las terminales ferroviarias de Retiro y Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires— tras la entrada en vigencia de un nuevo sistema que permite a las personas con discapacidad viajar sin costo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional a través de la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico en cada viaje. Aunque el trámite de vinculación se realiza de forma online, la plataforma registró intermitencias y caídas en los últimos días, lo que llevó a numerosos usuarios y sus familias a acercarse en persona para hacer consultas o gestionar el beneficio. La desinformación hizo creer que las personas perderían el beneficio si ese día no tenían asociado el CUD a la tarjeta SUBE. Ante una consulta de este medio, desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Transporte aclararon que “las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia”. Esa disposición figura en la cláusula quinta del convenio firmado entre las autoridades de Salud y Transporte.
La desesperación de muchos usuarios con CUD que utilizan el transporte público se suscitó también porque choferes de líneas de colectivos no aceptaban el certificado físico y exigían que estuviese asociado a la SUBE, una conducta incorrecta por parte de los responsables de las unidades. La propia Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) emitió un comunicado en el que reforzó el mensaje a sus choferes: nadie pierde el beneficio de viajar de manera gratuita por ninguna de las dos vías. “Los conductores deben aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada”.
La nueva medida
La medida, impulsada por el Gobierno Nacional a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Nación Servicios S.A. (NSSA), tiene como objetivo simplificar el acceso al beneficio, resguardar la información personal de los usuarios y reducir el uso de documentación más expuesta al fraude. La implementación es gradual y arranca por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con proyección de extenderse al resto del país.
Ante una consulta de Infobae, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Transporte subrayaron que el nuevo mecanismo no reemplaza al sistema vigente: el CUD físico mantiene plena validez, sin fecha de vencimiento para su uso en el transporte público. “Las personas con discapacidad pueden seguir utilizando el CUD físico para viajar en transporte público”, precisaron desde ambos organismos.
La saturación del sitio web generó confusión entre los beneficiarios. Varios usuarios con CUD y sus familias relataron que la página para vincular la tarjeta SUBE al certificado estaba colapsada, con demoras o directamente inaccesible. Esa situación derivó en la concurrencia masiva a las agencias de la ANSES, que desbordó la capacidad de atención habitual en algunas sedes, en particular las instaladas dentro de las terminales ferroviarias porteñas.
La Secretaría de Transporte también emitió un comunicado en el mismo sentido: “La incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos”. El organismo advirtió que cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje podrá dar lugar a las sanciones correspondientes.
El marco legal de esta nueva modalidad surge de un convenio específico firmado el 4 de junio de 2026 entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y NSSA. El documento, identificado como CONVE-2026-55502628-APN-ST#MEC, establece en su Cláusula Quinta que “hasta tanto se realicen las adecuaciones normativas pertinentes, coexistirá el beneficio de gratuidad tanto mediante la utilización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como a través de la Tarjeta SUBE, a fin de garantizar la continuidad del acceso al beneficio sin interrupciones”. El convenio fue suscripto por el Dr. Alejandro Alberto Vilches, titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad; Paula María Bibini, presidenta de Nación Servicios S.A.; y Mariano Ignacio Plencovich, secretario de Transporte.
Desde el Gobierno se aclaró que no existe plazo de vencimiento para realizar el trámite de vinculación, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas de atención.
Cómo vincular la SUBE al CUD
Según explican los dos ministerios en sus páginas web, quienes deseen adoptar la nueva modalidad deben registrar su tarjeta SUBE a su nombre en el sitio oficial del sistema e ingresar a la sección “Beneficios” para cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.
Una vez completado ese paso, el beneficio se activa mediante alguna de estas opciones: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; usar la aplicación SUBE —disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC—, seleccionar “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular; o activar el beneficio en las validadoras de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación. En los casos en que el CUD habilite el viaje con acompañante, la misma tarjeta SUBE podrá utilizarse para dos viajes sin costo.
Cómo denunciar incumplimientos
Ante cualquier irregularidad —negativa a reconocer el beneficio, intento de cobro del pasaje o desconocimiento del CUD físico—, los usuarios pueden presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de los siguientes canales:
- Línea gratuita: 0800-333-0300 (lunes a viernes de 8 a 20 h)
- Online: argentina.gob.ar/transporte/cnrt
- Atención presencial: sede central en Maipú 88, CABA (lunes a viernes de 9 a 15 h) y delegaciones regionales en todo el país
Desde Transporte aclararon a este medio que: “Para la denuncia se requiere informar la línea de colectivo, el número de interno o dominio de la unidad, la fecha y el lugar del hecho. También se puede adjuntar fotografías u otra documentación de respaldo”.
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El fiscal Franco Picardi citó hoy a declarar como testigos a dos funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco del expediente que investiga el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El fiscal venía reclamando información al Ministerio de Economía y al organismo recaudador, pero nunca quedó conforme con las respuestas. “Los funcionarios que suscribieron las respuestas se encuentran en mejores condiciones de explicar el alcance técnico de la información proporcionada”, justificó al pedir su declaración.
Los funcionarios citados son Carlos Alberto José Rodríguez (Subdirector General de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros) y María Carolina Caironi Corral (Subdirectora General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera de ARCA).
Picardi había reclamando la nómina de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación del SIRA a lo largo de 2023, especialmente aquellos vinculados a tres sociedades que aparecen mencionados en los chats encontrados en el teléfono de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo. Se trata de Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.
Según consta en el expediente, ARCA informó, en dos oportunidades, que la operatoria del sistema SIRA era de carácter “sistémico”, precisando que en el seno de la ex AFIP no existían usuarios habilitados para operar el sistema y que la totalidad de las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados.
El fiscal no quedó conforme y ahora directamente citó a dos funcionarios del organismo para que aporten más datos.
Además, para avanzar en el tramo del expediente que investiga el rulo financiero, Picardi le pidió al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del banquero Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. Un sumario del Banco Central identificó a esa firma como una de las estaciones que utilizó la agencia “Fast Cambio” para realizar un “rulo” sin efectivo.
Ese rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utilizaba dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.
Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.
Picardi también reclamó la misma medida para José María Napoli, Marisol Aquino Laprida (vinculada a Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S), y Juan Ignacio Agra, uno de los protagonistas clave de la trama del dólar blue.
Agra tenía contacto con todos los financistas investigados y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía. Además, estuvo detrás de Mega Latina, una casa de cambio que vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023.
“El levantamiento de los secretos respecto de las personas mencionadas resulta indispensable para verificar la eventual existencia de operaciones relacionadas con los hechos objeto de pesquisa, determinar el grado de intervención de cada una de ellas y establecer posibles conexiones patrimoniales, financieras y societarias de interés para la investigación”, planteó Picardi en un dictamen al que tuvo acceso a través de fuentes judiciales.
El fiscal también citó a declarar a dos personas cercana a Elías Piccirillo y Martín Migueles que podrían aportar datos sobre el movimiento de dinero en efectivo. Se trata de Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, de acuerdo con la información reunida en la causa habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.
Noticia en desarrollo
Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones.,estuvo detrás de Mega Latina, una casa de cambio que vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023,Nicolás Pizzi,ARCA,Conforme a,ARCA,,Aumento y aguinaldo. Cuánto cobran los supervisores en junio,,Reajuste salarial. Cuánto cobran los cocineros en junio con el aumento y el aguinaldo confirmado,,Escala vigente. Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio
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