POLITICA
El Gobierno envió al Congreso los proyectos de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez
El Gobierno remitió este viernes al Congreso los dos proyectos de ley para modificar la Ley de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Las medidas habían sido analizadas ayer durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El texto señala que la iniciativa “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el proyecto busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
En esa línea, explicaron que el objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.
Según señalaron fuentes oficiales, uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
Entre las modificaciones, el Ejecutivo planteó reforzar el rol de los profesionales médicos en el abordaje de estas problemáticas. En ese sentido, sostuvo que se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”.
El proyecto también propuso reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.
A la vez, redefinió los criterios para las internaciones involuntarias. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el mensaje, el cambio apunta a “establecer una formulación más abarcativa y clarificadora” y evitar “situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”.
Además, se planteó que la evaluación del riesgo debe contemplar el contexto y los antecedentes, con el objetivo de permitir intervenciones preventivas.
El texto estableció que la internación debe ser “un recurso terapéutico excepcional” y solo puede aplicarse cuando no existan alternativas menos restrictivas. También fijó requisitos como evaluaciones interdisciplinarias, participación de al menos un médico psiquiatra y notificación judicial en plazos específicos.
En paralelo, el proyecto amplió las posibilidades de creación de establecimientos especializados y definió que las internaciones pueden realizarse en hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados. También indicó que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.
El segundo proyecto enviado al Congreso se centró en las pensiones no contributivas por invalidez. En el mensaje, el Ejecutivo sostuvo que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. En ese marco, afirmó que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.
El texto agregó que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionó “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.
Según el Gobierno, esta situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”. Por eso, el proyecto propuso crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
Entre los cambios, se incluyó la implementación de auditorías periódicas, el cruce de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se estableció un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
El proyecto definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.
POLITICA
Kicillof llevó su armado a Córdoba y no descartó un acuerdo con Llaryora: “Vamos a hablar con todos”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desembarcó este viernes en Córdoba en vistas de su construcción federal hacia las elecciones del año que viene, en las que buscará estar en la discusión de las candidaturas presidenciales por el peronismo. En su estrategia de confrontar con la figura del presidente, Javier Milei, el mandatario provincial llevó su discurso opositor a un territorio hostil para la narrativa kirchnerista, como lo es la provincia gobernada por el peronista Martín LLaryora.
“Vamos a ir a las urnas, vamos a ir con una mejor propuesta, vamos a hablar con todo el mundo”, planteó el mandatario bonaerense desde la ciudad cordobesa de La Falda al participar del Congreso Sindical de Sanidad en el Microestadio de La Falda. Kicillof llevó adelante una serie de actividades en Córdoba como primer desembarco en esa provincia donde el peronismo k no logra hacer pie en materia electoral.
Además de la actividad en La Falda, también tuvo en agenda un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, que responde al ex senador nacional Carlos Caserio. El rol de Caserio para la excursión de Kicillof por Córdoba fue clave. El armador peronista es la punta de lanza del kicillofismo en la provincia centro y desde hace un tiempo está a cargo de esa tarea.
En Cosquín, Kicillof se trasladó hasta la municipalidad y luego a la Plaza Próspero Molina, donde se realiza el tradicional festival de folklore. Allí firmó un convenio de carácter turístico y cultural para promover la participación de artistas bonaerenses en el certamen Pre-Cosquín y en el Festival Nacional de Cosquín.
Minutos antes de que Kicillof llegase a La Falda, el secretario general del gremio de Sanidad y ex triunviro de la CGT, Héctor Daer, proclamó al economista como el candidato presidencial del peronismo para las elecciones del año que viene. “Lo hemos debatido esta mañana y creemos que vos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, dijo Daer ante el auditorio que empezó a corear “Axel presidente…”.
En las distintas rondas de prensa que dio Kicillof, esquivó esa respuesta. Dijo que es tiempo de construcción y no de candidaturas, pero sí advirtió que hay que “hablar con todos”. De hecho, durante el acto con los trabajadores de Sanidad planteó que “hay que tener una mirada federal” y que “el Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar, ahogar y fundir a las provincias”.
“Les agradezco en serio por el acompañamiento, el apoyo. Yo cuento con ustedes, cuenten conmigo. Vamos a estar construyendo lo que se viene después, un futuro mejor para la Argentina», cerró Kicillof esa actividad con los distintos delegados de ATSA.
En su paso por Córdoba, el gobernador profundizó las críticas contra el gobierno de Javier Milei. Advirtió que el gobierno nacional “nos ha sacado las obras, nos ha sacado los remedios, nos ha sacado incluso programas, muchísimos programas que estamos todos los gobernadores en la Corte Suprema”
“Piensan que el gobernar el país es andar viajando por el mundo dando conferencias y que la salud, la educación, el laburo, la infraestructura son problemas de los gobernadores o son problemas directamente de los vecinos, o son problemas de los intendentes, a los que al mismo tiempo los deja sin un mango», agregó.
La agenda de Kicillof incluyó también la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional en Ciudad Universitaria de Córdoba Capital; además de firmar convenios con las autoridades de esa casa de estudio. Este sábado, repetirá la presentación del libro en La Rural. Será en la Feria del Libro.
El gobernador llegó a Córdoba escoltado por sus ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad) y Walter Correa (Trabajo), además de Jesica Rey (Comunicación Pública).
La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió hoy dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley de “modernización laboral” que aprobó el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado.
El fallo de Marra Giménez, al que tuvo acceso , significa un nuevo revés para la Confederación General del Trabajo (CGT) en su intento de frenar la ley en los tribunales por considerar que algunos artículos son inconstitucionales.
La jueza Marra Giménez ya había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la ley de reforma laborala pedido de la CGT. Se le solicita además al juzgado laboral que intervino la remisión de todos los expedientes vinculados para que tramiten juntos como un proceso colectivo.
Marra Giménez consideró que suspender 81 artículos por una medida precautoria es un “claro abuso”, ya que la complejidad de los temas requiere un análisis profundo que solo debe darse en la sentencia definitiva, que está aún pendiente y que podría recaer en la Corte Suprema de Justicia. Los artículos suspendidos anularon normas vinculadas a la antigüedad laboral, indemnizaciones, mediación, subcontratación, régimen de vacaciones, período de pruebas, entre otros puntos.
La Cámara del Trabajo revocó de manera suspensiva la suspensión de los artículos y les volvió a dar vigencia. Ese fallo estuvo a cargo de los jueces laborales Dora González y Víctor Pesino, a quien al día siguiente de la medida el Gobierno lo impulsó para que continúe en el cargo por cinco años más a pesar de tener edad para jubilarse. La CGT recusó a esos dos camaristas, que también fueron blanco de las críticas de la oposición. El senador Mariano Recalde (PJ) y la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) denunciaron “un intercambio de favores” entre el juez y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Con la decisión de Marra Giménez no quedaron vigentes ninguna de las medidas judiciales que habían frenado parte de la ley. Ahora resta que se resuelva el fondo del planteo de la CGT, que es el pedido de inconstitucionalidad de la ley.
Interviene en el caso Marra Giménez después de que la Cámara Federal (Sala IV) resolviera que la causa debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en el Laboral, algo que fue objetado por la CGT. La jueza desestimó un pedido de la CGT para apartarla del caso. El argumento fue que, al tratarse de un proceso sumarísimo, la ley procesal prohíbe este tipo de planteos para evitar demoras, y dijo, además, que no había causas para ser desplazada.
La CGT entiende que debe ser la Cámara del Trabajo la que resuelva porque señala que “como a nadie le resultaría atendible llevar un auto para arreglar a un carpintero, o a un oftalmólogo para atender una fractura, una causa laboral debe ser resuelta por especialistas”. Un dirigente de la CGT añadió en diálogo con : “El fuero laboral está próximo a desparecer y será absorbido por la Justicia porteña. No nos queda otra que seguir peleando en el Contencioso Administrativo. Tenemos esperanzas en poder revertir allí parte de la ley”.
La CGT puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Por ahora, la jueza Marra Giménez deberá decidir si la ley es constitucional o no.
El 17 de abril pasado, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó el recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. Ayer, la Corte Suprema rechazó el per saltum y el máximo tribunal espera que la definición se resuelva en las instancias inferiores. Sucedería en el Contencioso Administrativo, aunque es probable que el expediente tenga su destino final en la Corte.
81 artículos de la ley de “modernización laboral”,Ojeda,81 artículos de la ley de reforma laboral,Corte Suprema rechazó el per saltum,Reforma laboral,Conforme a,Reforma laboral,,Reforma laboral. La Corte rechazó tratar el per saltum del Gobierno y espera que la validez se resuelva en instancias inferiores,,»No implica menos derechos». La Sociedad Rural Argentina pidió intervenir en la causa de la CGT para defender la reforma laboral,,Fuertes reducciones. El Gobierno reglamentó un régimen para formalizar trabajadores
POLITICA
ARCA amplió la denuncia contra la AFA por presunta evasión y pidió investigar una posible “asociación ilícita fiscal”
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta evasión tributaria vinculada al uso de facturación apócrifa y maniobras destinadas a ocultar el destino final de fondos por más de $289 millones.
Según el escrito firmado por autoridades de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, el organismo denunció a la AFA y “a las personas que resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores” de los hechos investigados.
En el documento, ARCA sostuvo que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia habría utilizado “facturación apócrifa” para “ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero”, con impacto en el impuesto a las salidas no documentadas.
La maniobra investigada abarca los períodos fiscales 2024 y 2025 y, según la denuncia, involucra un monto total de $289.336.519,66. El organismo también solicitó que se investigue la posible existencia de una “asociación ilícita fiscal”.
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La denuncia detalla que la fiscalización comenzó a partir de un análisis sobre posibles créditos fiscales improcedentes y operaciones con proveedores sospechados de emitir comprobantes falsos.
De acuerdo con el escrito, un cruce sistémico realizado por el área investigadora detectó operaciones de la AFA con empresas y contribuyentes incluidos en bases de facturación apócrifa.
Entre las firmas mencionadas aparecen Consultek Consultoría y Servicios SRL, ID Constructoras, Central Hotel SRL, Meroka SRL, Construcciones Far West SRL, Maxstore SA y Logística Winter SRL, entre otras.
A partir de eso, ARCA inició una inspección sobre el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas e IVA correspondientes a períodos comprendidos entre 2023 y 2024.
El organismo requirió a la AFA documentación respaldatoria de las operaciones y detalles sobre las obras y trabajos realizados en el predio que la entidad posee en Ezeiza. Además, pidió información sobre ingresos y egresos de personas vinculadas a los servicios prestados por las empresas observadas.
Por su parte, el apoderado de la AFA sostuvo que la información solicitada resultaba difícil de reconstruir por el volumen de movimientos registrados en el predio durante esos años.
Según la presentación, la entidad explicó que durante 2023 y 2024 hubo “incesante entrada y salida de vehículos y personas de orden nacional e internacional”, además de personal propio y tercerizado.
Luego, la AFA informó que muchas de las contrataciones investigadas se realizaron bajo la modalidad “llave en mano”, por lo que las empresas contratadas variaban el personal durante la ejecución de las obras.
Cheques, transferencias y movimientos bancarios
Como parte de la investigación, ARCA también realizó requerimientos a distintas entidades bancarias para reconstruir movimientos financieros y rastrear pagos efectuados por la AFA. Entre los bancos oficiados figuran Santander, BBVA, Galicia, Comafi, Credicoop, Supervielle y Patagonia.
Según el análisis realizado por el organismo, el 22,89% de la facturación observada fue cancelada mediante transferencias bancarias, mientras que el 77,11% restante se pagó con cheques.
La denuncia agrega que se investigaron endosos sucesivos de cheques para reconstruir la trazabilidad de los pagos e identificar a los beneficiarios finales de las operaciones.
ARCA señaló que la documentación bancaria, los movimientos contables y las respuestas obtenidas en las circularizaciones constituyen “un elemento probatorio relevante” para sostener las conclusiones de la fiscalización.
AFA, ARCA, evasion
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