POLITICA
El Gobierno envió al Congreso los proyectos de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez


El Gobierno remitió este viernes al Congreso los dos proyectos de ley para modificar la Ley de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Las medidas habían sido analizadas ayer durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El texto señala que la iniciativa “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el proyecto busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
En esa línea, explicaron que el objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.
Según señalaron fuentes oficiales, uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
Entre las modificaciones, el Ejecutivo planteó reforzar el rol de los profesionales médicos en el abordaje de estas problemáticas. En ese sentido, sostuvo que se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”.
El proyecto también propuso reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.

A la vez, redefinió los criterios para las internaciones involuntarias. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el mensaje, el cambio apunta a “establecer una formulación más abarcativa y clarificadora” y evitar “situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”.
Además, se planteó que la evaluación del riesgo debe contemplar el contexto y los antecedentes, con el objetivo de permitir intervenciones preventivas.
El texto estableció que la internación debe ser “un recurso terapéutico excepcional” y solo puede aplicarse cuando no existan alternativas menos restrictivas. También fijó requisitos como evaluaciones interdisciplinarias, participación de al menos un médico psiquiatra y notificación judicial en plazos específicos.
En paralelo, el proyecto amplió las posibilidades de creación de establecimientos especializados y definió que las internaciones pueden realizarse en hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados. También indicó que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.

El segundo proyecto enviado al Congreso se centró en las pensiones no contributivas por invalidez. En el mensaje, el Ejecutivo sostuvo que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. En ese marco, afirmó que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.
El texto agregó que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionó “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.
Según el Gobierno, esta situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”. Por eso, el proyecto propuso crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
Entre los cambios, se incluyó la implementación de auditorías periódicas, el cruce de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se estableció un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
El proyecto definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.
POLITICA
Milei se esfuerza por mostrar un Gobierno activo: releección en la mira y alivio por el freno en la caída de su imagen

En una jornada inusualmente hiperquinética en la Casa Rosada, Javier Milei protagonizó este viernes una seguidilla de encuentros oficiales y dos de sus funcionarios anunciaron medidas. El rally de encuentros y llamados estuvo motivado, en parte, por los deseos de evitar todo lo posible asistir a la sede del gobierno nacional, una actividad que al Presidente no le gusta. Pero al mismo tiempo, por la intención de mostrar gestión en medio de los cuestionamientos por una virtual paralización de la administración nacional.
A Milei no le agrada ir a la Casa Rosada y prefiere trabajar desde Olivos, dicen, porque no quiere perder tiempo en viajar y se concentra mejor (aunque esa dinámica le permite, también, evitar que se haga público a quiénes recibe, al menos de manera inmediata). Justamente, el motivo del amontonamiento de encuentros de distintos tipos en un solo día fue evitar pasar tiempo en Balcarce 50. “Viene a Rosada y mata todo de un tiro”, resumió -y se sinceró- un funcionario de su entorno.
La agenda de la jornada no había sido anunciada previamente. El jefe de Estado gestiona de manera personal muchos encuentros, en general, sin avisarle a su equipo sobre sus planes. Por lo que es habitual que sus voceros no tengan registro sobre los encuentros que estaba gestionando o los motivos. “Agenda suya”, responden ante las consultas periodísticas. En otras ocasiones prefieren mantener los planes ocultos por si hay alguna modificación. Las actividades se produjeron a puertas cerradas, sin cobertura de la prensa y en general, sin ahondar en información posteriormente.
Con un poco de aire después del freno en la caída de su imagen según las encuestas, el Presidente había dicho esta semana, en una entrevista con radio Mitre después del feriado del 25 de Mayo, que su permanencia depende de él y de una buena administración. “Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección», fueron sus palabras exactas. Y, según cuentan en su entorno, está decidido a mostrar que el Gobierno no está paralizado, a pesar de que la oposición y varias voces en la propia administración diagnostican lo contrario.

Sólo uno de los encuentros del viernes representó un anuncio concreto: la inversión de 8000 millones de dólares para investigación médica, que se reveló a partir de una reunión del primer mandatario junto al ministro de Salud, Mario Lugones, con una delegación de empresarios farmacéuticos de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
Las actividades en el rally fueron disímiles e incluyeron una llamada telefónica con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, que lo había cuestionado con dureza antes de asumir. Un encuentro presencial, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La recepción del rabino Yehuda Kaploun, de Jacob Daniel Ashendof y de Haydee Rojas. Y una charla presencial con el empresario gemólogo Maurice Ostro, que posee el topacio azul más grande del mundo y estaría interesado en invertir en el país.
Después, Manuel Adorni tuiteó que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley General de Sociedades (el viernes pasado había hecho lo propio con el giro de otros cuatro). Y el asesor Santiago Caputo desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lanzó, en fase preliminar, la “Comunidad Informativa Nacional (CIFN)”, según dijo en X, para permitir que los distintos organismos del Estado compartan información de forma rápida, segura y ordenada “para anticipar y enfrentar riesgos, amenazas e identificar oportunidades”.
Por último, siempre atenta a mostrarse activa, a pesar de que no integra el Gabinete, Patricia Bullrich tuiteó un dato vinculado a su gestión el año pasado al frente del Ministerio de Seguridad antes de asumir su banca como senadora: “Mejor que decir, es hacer”, dijo antes de asegurar que bajó la cifra de femicidios en 2025.
Para la semana que viene la agenda del Presidente y sus ministros es un misterio.
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POLITICA
La Legislatura de Córdoba sancionó la “Ley Joaquín” para proteger a víctimas de delitos

La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, un régimen provincial de protección para víctimas de delitos que modifica el Código Procesal Penal y garantiza derechos exigibles desde el primer contacto con la autoridad. La sanción se dio este jueves, tras un reclamo que cobró fuerza después del asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Laboulaye.
La nueva norma permite que la víctima o sus familiares tengan un papel más activo en el proceso penal. La figura de querellante habilita a proponer medidas de prueba, apelar decisiones del juez y ejercer un control más directo sobre la investigación fiscal. El proyecto también contempla que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables pudieran constituirse como querellantes.
La sanción se produjo durante la 8ª sesión ordinaria que unificó proyectos del Poder Ejecutivo y de bloques opositores. La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el texto final surgió del trabajo conjunto de las comisiones de Seguridad y Legislación General, con aportes de Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.
Qué derechos incorpora la nueva ley
La respuesta central que incorpora la ley es concreta: en Córdoba, una víctima de delito deberá ser tratada con dignidad, respeto y sensibilidad; contará con medidas para evitar su revictimización; recibirá atención y protección especial si se encuentra en situación de vulnerabilidad; y deberá acceder a ayuda y asistencia con la mayor rapidez posible, según la normativa.
El nuevo régimen normativo garantiza trato digno, privacidad, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y participación activa en audiencias relevantes.
Ese marco ordena estándares mínimos de tutela, información, asistencia, protección y reparación. También fija patrones de actuación para operadores estatales judiciales y administrativos desde el primer contacto con la víctima, de acuerdo con el texto oficial.

La definición legal de víctima también queda ampliada. Incluye a la persona directamente ofendida por el delito; al cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos cuando el hecho haya causado la muerte, desaparición o una afectación física o psíquica que impida a la persona ejercer sus derechos.
El gobernador Martín Llaryora sostuvo en su cuenta de X que “el proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”.
El caso que impulsó el cambio
El crimen que fomentó la nueva ley ocurrió el 29 de junio de 2023: el cuerpo de Joaquín fue hallado después de tres días de búsqueda en una casa abandonada cerca del colegio al que asistían ambos adolescentes, Joaquín Sperani de 13 años y su amigo, de 14, quien declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro: fue declarado inimputable bajo la legislación vigente.

El magistrado, confirmó entonces, que el joven “reconoció ser el autor del crimen” y que, de acuerdo a fuentes de la investigación, el relato coincidía con lo reconstruido a partir de imágenes de tres cámaras de seguridad en las que se veía a ambos ingresar a un baldío.
Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo” y admitió que actuó solo tras una discusión, en la que tomó un fierro y golpeó a la víctima en la cabeza.

En un tramo de su declaración el compañero de colegio de Joaquín “dijo que no tuvo intención de matarlo”. El joven de 14 años permaneció alojado en “situación de encierro preventivo” en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba. Tiempo después fue liberado por la Justicia.
En octubre de 2024, la familia de Joaquín demandó civilmente al Gobierno provincial y a los padres del adolescente señalado como autor por $600 millones. En febrero de 2025, ganaron la demanda.
POLITICA
El complejo camino de Kicillof hacia el 2027: las presiones para ver a CFK y el nudo en la relación con La Cámpora

Lo cuestionan desde las mayoría de las terminales del peronismo. Porque no reconoce la conducción de Cristina Kirchner, porque no la visita y acuerda con ella una tregua, porque construye una línea interna del peronismo, porque no rompe definitivamente con La Cámpora o porque no se diferencia lo suficiente de su pasado kirchnerista.
Por las buenas o por las malas, Axel Kicillof es el único precandidato del peronismo que se muestra activo en la construcción de un esquema dirigencial y programático que sostenga un camino a la presidencia. Avanza rodeado de cuestionamientos de propios y ajenos. De los que creen que es timorato e insulso y de los que argumentan que nadie tuvo tanta audacia como él en los últimos años.
Al gobernador bonaerense le llueven las críticas por el camino que está siguiendo para forjar una candidatura presidencial. Sobran en el peronismo los que creen que no llegará a ser candidato, los que advierten una inevitable derrota con Javier Milei en un eventual balotaje y los que sostienen que, frente a una posible PASO peronista, si no tiene el apoyo de CFK, puede llegar a perderla.
Kicillof avanza en un camino plagado de espinas y con pocas rosas. Pero avanza. Y tan solo eso, a esta altura de la guerrilla peronista, resulta ser un mérito. Porque es un intento claro y consistente de querer construir una candidatura que, al final del camino, debe convencer, a propios y ajenos, de que es la mejor opción para competir en las elecciones nacionales del año que viene.

“Axel siente que los camporistas todo el tiempo le ponen palos en la rueda. Que están buscando cascotearlo. Que quieren condicionar el camino que él cree conveniente”, reflexionó un importante dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que también se refirió a los cuestionamientos que algunos le hacen sobre la construcción de su agrupación: “La Cámpora construyó una línea interna del peronismo. ¿Por qué nosotros no podemos construir la nuestra?“.
En los últimos días La Cámpora lanzó duras críticas contra aquellos dirigentes del peronismo que no militan el pedido de libertad de Cristina Kirchner. El apuntado, en la mayoría de los casos, es Kicillof. Al que consideran un desleal que no pone su cara y su voz para luchar enarbolar la bandera de la proscripción. Lo acusan, sin nombrarlo, de desentenderse de la situación. Además, advierten que está comiendo un error grande al querer diferenciarse de la ex presidenta.
En el final de la semana hubo un puñado de gráficos de la encuesta que publicó AtlasIntel que giraron por los celulares del cristinismo. En ellos aparecía una medición de la imagen de Kicillof y otra de la imagen de CFK. Los datos y el electrocardiograma de la sociedad respecto a ellos era casi igual. Un espejo. La interpretación fue la misma en todos los casos: son indisociables.
En el cristinismo entienden que el esfuerzo que Kicillof ha hecho por diferenciarse de la ex presidenta no tiene ningún sentido, básicamente porque es un proceso imposible. No se puede desarmar la historia. La única forma, aceptan, hubiese sido que el Gobernador generara una fractura expuesta de su vínculo con el sector de la ex mandataria, lo que no sucedió, ni va a suceder.
“El camporismo está enfrascado con el tema de la libertad de Cristina y se lo facturan todo el tiempo a Axel, que entiende que lo quieren condicionar y colocar en un lugar de incomodidad”, fue el mensaje de uno de los funcionarios más cercanos al Gobernador. La relación está anudada en punto de la soga y no se mueve de ahí. Mientras tanto, el tiempo pasa y los reproches se acumulan. Es una relación trabad
“Axel no tuvo una mirada colectiva del proyecto político ni de la construcción de un dispositivo electoral. Se mandó solo. Pareciera que quiere ser el candidato de un sector, no de todo el peronismo. Se encerró”, sostuvo un nombre propio de La Cámpora que ha tratado de generar puentes para unir las dos bases de poder kirchnerista.
En paralelo a esa discusión pública, por lo bajo, y tal como contó Infobae el fin de semana pasado, siguen abiertos los canales de comunicación para que haya un encuentro entre Kicillof y Máximo Kirchner, como primera parada para una reunión entre el gobernador y la ex presidenta. Por ahora, todo está frío. Con idas y vueltas, pero sin la posibilidad de concretar el encuentro con fecha y hora.
En el PJ Federal, que está siguiendo el camino de construcción inverso al que sigue Kicillof, de abajo para arriba, creen que el Gobernador no puede terminar de escaparse de la relación conflictiva que lo une a los Kirchner. Sin embargo, se corren de la confrontación y se enfocan en empezar a discutir, públicamente, el programa económico de un futuro gobierno peronista, lo que les ha traído cruces con el camporismo.
En esa terminal, donde construyen un perfil propio, distinto al del cristinismo y el kicillofismo, creen que cada tribu debe construir su propio proyecto político sin dañar al que edifica enfrente. Entienden que hay que evitar caer en las acusaciones cruzadas que terminan rayando a todo el peronismo. En definitiva, advierten que las distintas terminales tienen que ser lo suficientemente inteligentes para crecer sin dañar el crecimiento del que está al lado.

La idea del debate económico en público tiene respaldo en algunos sectores del cristinismo y en el peronismo federal. Pero hay actores que la consideran estéril. Uno de ellos es Sergio Massa. El líder del Frente Renovador considera que al ciudadano común no le interesa que el peronismo presente un plan económico ahora. Cree que este año, para evitar dispideces, la fuerza política lo tiene que transitar solo oponiéndose a Milei. Contrapodiendo políticas. Realidades y consecuencias. Ser oposición. Solo eso. El tiempo del armado y el debate de fondo llegará sobre el final del año y el principio del que viene.
Distintas posturas. Distintos reproches. Distintas estrategias. El peronismo transita un enorme laberinto donde no se ve una salida clara. Kicillof, como principal candidato de la fuerza a esta altura del partido, intenta hacer pie ampliando las bases del MDF, puliendo el discurso nacional, saltando la interna con el cristinismo e intentando abrir una red de contención federal. Solo el tiempo y las circunstancias determinarán su lugar.
South America / Central America
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