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El Gobierno completa una nueva Cámara Federal: envió los pliegos de los jueces Yadarola y Bertuzzi al Senado

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El Gobierno avanzó en la remodelación de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave en los casos de corrupción. El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de los dos candidatos que eligió para cambiar el tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. Así lo informaron a fuentes del oficialismo.

Los elegidos son el juez Pablo Bertuzzi, que ya integraba la Cámara y que concursó para su propio cargo, y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, allegado al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

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Yadarola viajó a Lago Escondido con Mahiques, junto a directivos del Grupo Clarín, por el que ambos estuvieron imputados por la justicia federal de Bariloche y fueron sobreseídos cuando el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py.

El recambio se debe a que la Corte Suprema de Justicia dispuso que se concursen los cargos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían llegado hasta la Cámara Federal trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

Bertuzzi se presentó al concurso, quedó en la terna de finalistas y ahora el Gobierno envió su pliego para cubrir su propio cargo.

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Yadarola concursó para el cargo de Bertuzzi, que deberá dejar su lugar en caso de que el candidato obtenga acuerdo del Senado, lo que se descuenta.

El Gobierno tiene la posibilidad de hacer un nuevo cambio en la Cámara Federal, ya que el 18 de julio próximo el juez Martín Irurzun cumple 75 años, y el Poder Ejecutivo no envió hasta ahora su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo.

Si la vacante queda disponible este fin de semana y el juez se jubila, el Consejo de la Magistratura deberá llamar a un nuevo concurso para elegir a su reemplazante.

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Mientras tanto, el cargo de Irurzun debe ser subrogado por sus colegas de la Cámara Federal, con sorteos en cada caso.

Irurzun planteó un recurso ante la Justicia para quedarse en el cargo más allá de los 75 años. Por ahora se lo denegaron en primera instancia y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Le resta intentar que la Corte Suprema de Justicia tome su caso antes del viernes, una tarea difícil.

En la Cámara Federal hay causas del máximo interés del Gobierno, como los casos por los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde está procesado Diego Spagnuolo, y la causa $LIBRA, donde se investiga al presidente Javier Milei y a su hermana.

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete de Milei Manuel Adorni también será analizada por el tribunal, en una sala aún a designar.

Si Bertuzzi y Yadarola consiguen respaldo en el Senado, el tribunal quedaría integrado además por Mariano Llorens, Roberto Boico, Eduardo Farah e Irurzun hasta esta semana al menos.

Otros pliegos

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Además, el presidente Milei envió al Senado los pliegos de Valeria Alejandra Rico, para jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de Santiago Juan Schiopetto, para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal.

También para el Tribunal Oral Federal 6 envió el pliego de Ramiro Velasco, mientras que el de Sergio Buitrago fue propuesto para cubrir el Juzgado Civil 26 de la Capital Federal.

Desde que asumió como ministro de Justicia, el 6 de marzo pasado, hace cuatro meses, Mahiques acumula un total de 175 pliegos enviados al Senado. Rompió la parálisis que caracterizó los primeros dos años de la gestión de Milei, en los que no se envió ningún pliego al Senado.

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Mahiques envió una primera tanda de 62 pliegos a fines de marzo y principios de abril, otros 46 en mayo, mes en el que se sumaron otros 45 pliegos negociados con los gobernadores dialoguistas. En junio la cuenta se elevó con otros 21 pliegos.

La Cámara alta ya votó 76 cargos, de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. El Senado podría volver a sesionar este jueves para tratar al menos 26 pliegos más, con lo que llegaría a unas 100 carpetas aprobadas.

Hasta ahora, el Poder Ejecutivo designó por decreto y nombró a 55 jueces, fiscales y defensores.

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Pliegos demorados

Milei dejó afuera al menos cuatro pliegos aprobados por el Senado que decidió no firmar: el de la jueza María Verónica Michelli, por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, según admitió la ministra Patricia Bullrich; Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa. Tampoco se firmó el decreto de designación de Ana María Cristina Juan en el juzgado federal de Hurlingham. Los tribunales deben ser habilitados por la Corte Suprema de Justicia.

El objetivo del Poder Ejecutivo es llegar a 300 nombramientos de jueces y fiscales al final del año, para rediseñar un tercio del Poder Judicial nacional y federal que está vacante.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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Giro en la causa AFA: volverán a revisar qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar

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La Cámara Federal de Casación Penal volverá a revisar todo lo actuado en la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar vinculada al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y decidirá qué juez continuará al frente del expediente.

Con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, Casación resolvió así hacerse cargo del conflicto de competencia que arrastra la causa desde su inicio.

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Los jueces admitieron la queja presentada por la defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de Toviggino, y quienes aparecen como dueños de la propiedad.

La defensa, representada por el abogado Mariano Morán, sostiene que el traslado del expediente vulnera la garantía constitucional del juez natural, al modificar el tribunal que debe entender en el caso sin que medie una sentencia firme. Tras el rechazo de su recurso de casación, interpuso directamente un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora será debatido en audiencia pública.

Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA (Foto: X/@AFA)

Días atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió a la Justicia porteña el expediente. Concretamente, a la jueza en lo Penal Económico N.° 10, Verónica Straccia, tras la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que ratificó que es esta última quien debe continuar con la investigación.

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Pantano y Conte figuran como dueños de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar. En distintos allanamientos realizados en la propiedad fueron encontrados 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. Una tasación valuó el predio en 20 millones de dólares.

Según los investigadores, ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA.

El recorrido judicial de la causa

La causa atravesó durante siete meses una disputa de competencia entre distintos tribunales. El expediente se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se dispusieron las primeras medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos en la quinta. Luego pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que entonces estaba a cargo de Marcelo Aguinsky.

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Posteriormente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el expediente al juzgado de González Charbay. Esa decisión fue anulada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Straccia.

Leer más: El Gobierno advierte a los hinchas que no podrán llevar banderas de Malvinas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra

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La defensa de Pantano y Conte intentó recurrir esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio entendieron que la resolución sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso.

Ahora, Casación aceptó el planteo y se abre un nuevo capítulo en la causa.

AFA, Chiqui Tapia, casación penal

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Polémica en el Consejo de la Magistratura: un juez le abrió la puerta a la reelección del camarista Barroetaveña

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El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Valerio Lavié Pico hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el juez Diego Gustavo Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de adoptar medidas que limiten o afecten la posibilidad de que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal se presente a la reelección como consejero en representación del estamento de jueces para el período 2026-2030.

La resolución tiene un alcance acotado: no reconoce un derecho a la reelección sino que preserva la posibilidad de participar en el proceso electoral mientras se resuelva la cuestión de fondo en esta causa.

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El juez Barroetaveña planteó al juzgado una acción declarativa de certeza para que le diga si puede o no plantear su candidatura. Ese es el fondo del caso y por ahora, el juzgado solo resolvió una medida cautelar.

El debate surge porque la ley original del Consejo de la Magistratura de 1998 establecía que los miembros durarían cuatro años en sus cargos “pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva”.

Ese texto fue reemplazado en 2006 por la ley 26.080, que introdujo la restricción de que solo podrían ser reelectos “con intervalo de un período”. La ley del kirchnerismo posterior mantuvo esa restricción.

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Pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la nueva ley y ordenó que vuelva a tener vigor la vieja norma hasta que el Congreso dictara una nueva ley orgánica. El Congreso nunca lo hizo.

Barroetaveña entiende que, al darle nueva vida a la vieja norma, no solo se modifica la integración del Consejo de la Magistratura con 20 miembros, sino que se renueva la posibilidad de la reelección.

Los que se oponen argumentan que el fallo de la Corte que le dio nueva vida a la vieja ley solo se refiere a la integración del tribunal y a que el presidente de la Corte sea el titular del Consejo de la Magistratura, y que nada dice sobre la reelección de los consejeros.

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Lavié Pico no resolvió el fondo, pero consideró que el planteo tiene apariencia de verosimilitud para sostener una cautelar. Entendió que el cronograma electoral, con vencimiento de mandatos el 18 de noviembre y plazos que se proyectan hacia mediados de agosto, configura un peligro en la demora.

El juez sostuvo que la medida no afecta el interés público ni interfiere en el proceso electoral. La cautelar que dictó Lavié Pico rige hasta que recaiga sentencia definitiva o se cumpla un plazo máximo de seis meses, que es el que tienen las medidas cautelares contra el Estado.

La movida de Barroetaveña para ser reelecto no fue recibida en silencio. Su candidatura provocó disensos en la lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la agrupación que bajo la conducción del juez Andrés Basso viene ganando las elecciones del estamento judicial con hegemonía.

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El kirchnerismo también se opuso. Los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, junto al diputado Rodolfo Tahilade, enviaron una nota a la secretaría jurídica del Consejo señalando que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas de alternancia.

El Colegio de Abogados de la Ciudad, que fue el autor de la demanda en la Corte para darle vida a la vieja ley del Consejo, se opuso a la reelección de Barroetaveña, pues argumentó que le están haciendo decir a la Corte lo que no dijo.

La asociación civil Será Justicia, integrada entre otros por María Eugenia Talerico, Raúl Aguirre Saravia y Guillermo Lipera, se presentó como amicus curiae ante Lavié Pico para pedir el rechazo tanto de la demanda como de la cautelar, argumentando que admitir la interpretación de Barroetaveña abriría un precedente para la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional. De la mano de Barroetaveña aspira a la reelección la consejera jueza Agustina Díaz Cordero.

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También se opuso a la reelección la ONG Fores, preocupada por la transparencia judicial. Ricardo Lorenzetti, por su parte, está en desacuerdo con la posibilidad de la reelección y Carlos Rosenkrantz no se pronunció. La Corte tendrá que hablar si el asunto sube a sus estrados antes de fin de año.

El juez Lavié Pico delimitó qué hace y qué no hace la cautelar que dictó. Aclaró que no reconoce un derecho de Barroetaveña a ser reelecto ni a integrar una lista. Solo ordena al Consejo que no lo excluya anticipadamente del proceso electoral. Si el espacio del estamento judicial que aglutina la lista correspondiente no lo incluye en su nómina, la cautelar no lo ampara: la integración de una lista depende de las decisiones internas de ese sector.

Lo que la medida impide es que el organismo adopte una decisión institucional que cierre de antemano esa posibilidad antes de que la cuestión jurídica de fondo sea debatida y resuelta. El fallo, sin embargo, tiene un efecto político inmediato: habilita a Barroetaveña a seguir en la negociación interna del estamento judicial con aval judicial provisorio.

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El reglamento del Consejo exige conformar listas con cinco candidatos titulares y sus respectivos suplentes, respetando paridad de género, representación territorial y rangos funcionales, lo que hace que el armado sea un proceso que demanda semanas.

El margen para registrar candidaturas, computando hacia atrás desde el vencimiento de mandatos del 18 de noviembre, se agotará en pocas semanas.




Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

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“No podemos tener el Congreso paralizado por el tema”, se quejó semanas atrás un funcionario ante Infobae. El jefe de Gabinete seguía siendo Manuel Adorni y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito complejizaba los planes del Gobierno. Tras su carta de renuncia, la administración libertaria parece haber retomado la iniciativa legislativa y advierte que la segunda etapa del año estará marcada por la actividad en el Congreso de la Nación.

Fue el propio Poder Ejecutivo el que fijó las claves y estableció que la hoja de ruta estará compuesta por la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. A la tríada, se suma además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que trabajan el Presidente junto a Santiago Bausili y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

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“La idea es intensificar la agenda legislativa para lo que resta del año”, afirmó un integrante del reducido círculo ante este medio.

Una muestra de esa decisión fueron las dos reuniones con diputados y senadores que convocó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas. En sintonía, la mesa política comenzó a reunirse semanalmente, una nueva dinámica establecida tras el reacomodamiento del Gabinete.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada

Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acomodó las piezas y conformó un nuevo equipo con el que buscará impulsar la sanción de la mayor cantidad de proyectos enviados y de dar curso al “año más reformista de la historia” como anunció Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

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Hasta ahora, el único proyecto que tiene fecha es el de Propiedad Privada, que podría tratarse el próximo jueves en la Cámara de Senadores si el oficialismo logra el quórum necesario para dar por iniciado el debate. También es el que genera mayor expectativa en las filas libertarias.

“No nos sobran los votos pero creemos que la sacamos el jueves”, planteó un integrante de la mesa política ante este medio. “Patricia (Bullrich) está semi confiada”, completó otro.

En segundo término, también se muestran expectantes ante las modificaciones que la administración libertaria aspira a implementar en la Ley de Inocencia Fiscal. “No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. “Debería ser la más fácil de aprobar”, coincidió un legislador ante este medio.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Lo cierto es que el Gobierno debió postergar dos veces su tratamiento en el Senado por diversos motivos. Primero, en el marco de la sesión en la que se trató el pliego de María Verónica Michelli. La segunda, a raíz de los intentos de la senadora Patricia Bullrich por desarticular el tratamiento por la interpelación a Adorni que buscaba la oposición.

La situación es distinta respecto de los otros dos proyectos en carpeta y en el oficialismo lo saben. “Zonas Frías y Reforma Electoral es más complejo”, alertó un diputado libertario. Con algunos metros de distancia, en uno de los despachos de Balcarce 50, coincidieron en el planteo. “Zonas Frías está fría y la Reforma Electoral se está masajeando”, graficó un funcionario para revelar el estado de situación legislativa.

Una importante voz con acceso al despacho presidencial sostuvo que la reforma electoral solo se aprobará si La Libertad Avanza habilita la posibilidad de trazar un “acuerdo global” con los gobernadores que involucre además conversaciones de tinte electoral. Una alternativa de ese tipo se baraja en el campamento libertario que se muestra permeable a encadenar las necesidades.

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“Los dos temas están para salir. Estamos en un buen momento del gobierno y en una buena relación con los aliados. Todos entienden la racionalidad en la modificación de zonas frías y del apoyo que hay en la reforma política, particularmente la eliminación del espacio, pero bueno, hay que terminar de generar las alianzas para que salgan los proyectos”, planteó un legislador ante este medio.

Mauricio Macri y Javier Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el diseño de las modificaciones del sistema electoral, incluso la propuesta de “colectoras” como alternativa, abre debate en torno al apoyo de los aliados. El PRO parece haber advertido que no tiene planes de acompañar la eliminación o suspensión de las primarias, lo que generó el malestar en los alfiles libertarios que detectan una movida del titular de la fuerza, Mauricio Macri, para sumar poder en las potenciales conversaciones electorales.

“No tienen nada. Cuando Macri andaba con la lengua afuera, hablaba de la necesidad de eliminar las PASO. Ahora parece que se olvidó”, sostuvo un funcionario con visible malestar. El libertario hace referencia a las expresiones del exmandatario en 2017, en el marco de las elecciones legislativas, cuando en declaraciones al Canal 9 de Salta rechazó el mecanismo. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, sostuvo en aquel entonces.

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