El presidente Javier Milei envió al Senado seis nuevos pliegos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal y dio un nuevo paso en la política de designación de magistrados que el Gobierno puso en marcha con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al proceso de selección, entre las postulaciones sobresalen las de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, uno de los tribunales de mayor relevancia institucional del país.

Además de Bertuzzi y Yadarola, el Poder Ejecutivo remitió los pliegos de Valeria Alejandra Rico para desempeñarse como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal; Santiago Juan Schiopetto y Ramiro Velasco para ocupar dos vacantes como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6; y Sergio Buitrago para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal.

Los expedientes ingresarán ahora al circuito parlamentario previsto por la Constitución. Deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado y, posteriormente, obtener el voto favorable de la Cámara alta para que el Presidente pueda concretar las designaciones.

La postulación de Bertuzzi y Yadarola concentró la mayor atención por el tribunal al que fueron destinados. La Cámara Federal porteña constituye la instancia que revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py y tiene intervención en algunas de las investigaciones más sensibles del país. Por sus salas pasan apelaciones vinculadas con causas de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, delitos económicos, crimen organizado y otros expedientes de alto impacto político e institucional.

Los pliegos para la Sala I de la Cámara Federal porteña

La Sala I, en particular, es uno de los órganos más observados del sistema judicial. Sus decisiones pueden confirmar, revocar o modificar resoluciones adoptadas por los jueces federales de instrucción y, en muchos casos, terminan definiendo el rumbo de investigaciones que involucran a ex funcionarios, empresarios y organizaciones criminales.

El nombre de Bertuzzi tiene, además, una historia conocida dentro de la Justicia Federal. El magistrado integra actualmente la Cámara Federal luego de haber sido trasladado durante la administración de Mauricio Macri desde un Tribunal Oral Federal. Ese esquema de traslados fue posteriormente revisado por la Corte Suprema, que sostuvo que esos cargos debían cubrirse mediante el procedimiento constitucional de designación, con una nueva propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado.

Con el envío de su pliego, el Gobierno decidió respaldar la continuidad de Bertuzzi en ese tribunal, esta vez a través del mecanismo previsto por la Constitución Nacional.

En el caso de Yadarola, su nombre ya había aparecido entre los candidatos mejor posicionados luego de que el Consejo de la Magistratura concluyera el concurso destinado a cubrir una de las vacantes de la Sala I. Juez en lo Penal Económico, integra desde hace años el fuero especializado en delitos tributarios, aduaneros y financieros y fue incluido por el Presidente entre los postulantes elegidos para cubrir ese tribunal.

Las postulaciones conocidas este lunes forman parte de una política que la administración libertaria comenzó a desarrollar tras la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia y que tiene como objetivo acelerar la cobertura de las numerosas vacantes existentes en el Poder Judicial.

Desde entonces, el Ministerio puso en marcha una estrategia basada en tres ejes: trabajar junto al Consejo de la Magistratura para acelerar los concursos, negociar con el Senado el tratamiento de los pliegos y avanzar con la designación inmediata de aquellos candidatos que ya obtuvieron el acuerdo de la Cámara alta.

Ese esquema permitió incrementar el ritmo de nombramientos durante los últimos meses. El Ejecutivo remitió sucesivos paquetes de pliegos para juzgados, cámaras federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías de distintos puntos del país, mientras que decenas de jueces, fiscales y defensores oficiales ya fueron designados mediante decreto presidencial luego de recibir el aval del Senado.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia envió alrededor de 170 pliegos al Congreso y logró avanzar con decenas de nombramientos efectivos. El objetivo político que manejan en la Casa Rosada es alcanzar cerca de 300 designaciones antes del final del mandato presidencial, una cifra que, de concretarse, convertiría a Milei en el presidente con mayor cantidad de nombramientos judiciales entre las últimas tres administraciones nacionales.

En paralelo, el Gobierno también impulsó cambios en el procedimiento de selección de magistrados mediante un decreto que modificó algunos aspectos del sistema de evaluación de candidatos, reformulando distintas etapas del proceso de selección para agilizar la cobertura de vacantes.

La nueva tanda de seis pliegos se conoce mientras el Senado continúa negociando el tratamiento de otros expedientes judiciales. La Cámara alta ya aprobó una primera serie de postulaciones y tiene pendiente el debate de nuevos candidatos que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Entre ellos figura el juez Víctor Pesino, cuya situación es seguida de cerca por el oficialismo debido a que cumplirá 75 años este mes y, si no obtiene el acuerdo del Senado antes de alcanzar el límite constitucional de edad, deberá abandonar el cargo. Esa circunstancia aceleró las conversaciones entre el Ministerio de Justicia y distintos bloques parlamentarios para intentar sostener el ritmo de tratamiento de los pliegos durante las próximas semanas.

En ese escenario, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Senado se transformó en una pieza central de la política judicial del Gobierno. La administración de Milei necesita reunir las mayorías especiales previstas por la Constitución para completar las designaciones y, por esa razón, mantiene una negociación permanente con distintos bloques legislativos para asegurar los votos necesarios en cada sesión.

Fuentes oficiales sostienen que la intención es mantener un flujo constante de envíos de pliegos a medida que el Consejo de la Magistratura finalice nuevos concursos y eleve las ternas correspondientes al Poder Ejecutivo.

Con las seis postulaciones remitidas este lunes, el Gobierno volvió a colocar el foco sobre uno de los tribunales con mayor influencia dentro del fuero federal y profundizó una estrategia que busca reducir el número de vacantes judiciales acumuladas durante los últimos años, mientras procura consolidar un ritmo sostenido de designaciones mediante acuerdos con el Senado.