POLITICA
El número dos del Ministerio de Justicia viajó al Mundial para ver los partidos de Argentina
Santiago Viola, el número dos del Ministerio de Justicia, viajó la semana pasada a Estados Unidos para presenciar el Mundial de Fútbol. El sábado estuvo en una platea baja del estadio de Kansas City para asistir al triunfo del seleccionado argentino sobre Suiza.
La estadía del funcionario, que en principio iba a ser solo por el fin de semana, se extendió por ocho días y regresará el viernes próximo, según informaron a desde su entorno. “Se pidió licencia”, justificó un vocero del Ministerio de Justicia, que está a cargo de Juan Bautista Mahiques. La licencia es de cuatro días, desde este lunes al viernes próximo.
Viola viajó el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami, donde tiene familiares. La entrada para los cuartos de final la compró por reventa [en Estados Unidos la reventa de tickets es legal y existen canales oficiales para su comercialización], aunque se desconoce cuánto abonó. Desde su entorno aseguraron que todos los gastos corrieron por cuenta propia.
La orden no escrita, emanada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, era una sugerencia clara: ni el Presidente ni ningún miembro del gabinete estarían, entre el 11 del mes pasado y el próximo domingo 19, en los Estados Unidos para ver, in situ, a la selección nacional en la Copa Mundial.
Una “excepción”, con aviso previo, se hizo con Viola, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, quien fuera fotografiado este sábado en Kansas, vestido con la camiseta argentina. La imagen que sorprendió a buena parte del Gobierno, aunque Viola –también apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional- dio aviso en su ministerio sobre sus planes y no fue vetado por su jefa política, la secretaria general de la Presidencia.
“Se fue por el fin de semana de feriado con la familia. El papá vive en Miami, y el viernes está de regreso”, informaron en las cercanías del viceministro, que asumió su cargo en marzo. Viola, que responde a la hermana del Presidente, reemplazó a Sebastián Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien perdió influencia con la llegada de Mahiques y Viola a ese ministerio. Consultado por , Viola prefirió no responder.
Desde la Casa Rosada explicaron que, en este caso, y a diferencia de lo ocurrido en la Copa América de 2024, no hubo una orden concreta de no viajar. Pero destacaron que tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia “rechazaron todas las invitaciones que cursaron la FIFA y otras entidades” para presenciar los partidos del mundial, incluida la final, prevista para el domingo 19 y que podría disputar la selección nacional si derrota este miércoles al seleccionado de Inglaterra.
La misma postura –destacaron en Balcarce 50- tomaron los ministros, varios de los cuales no esconden su pasión por el futbol y tenían posibilidades de viajar, aunque se quedarán con las ganas. “Nadie va a viajar ni a ver los partidos que vienen”, agregaron las fuentes oficiales, aunque no explicaron las razones del “permiso” no escrito para Viola.
Quién es Santiago Viola
Viola trabaja codo a codo con Karina Milei desde los inicios del proyecto libertario, como apoderado de La Libertad Avanza y se presentó en los tribunales como su abogado personal en la causa por presunto espionaje contra ella.
Viola estuvo imputado en una causa en los tribunales de Comodoro Py acusado de haber plantado testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner (algo que se probó que era falso). Viola era entonces abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez y quería correr a Casanello de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Báez y sus hijos terminaron condenados.
En 2018, la Cámara Federal intervino en este expediente y, contra lo que había dispuesto el juez de primera instancia, lo procesó. Viola estaba imputado junto con Eduardo Daniel Miragaya, un fiscal que estuvo en la SIDE con un cargo de director durante la gestión macrista de Gustavo Arribas.
Impulsaban la causa contra Viola el fiscal Carlos Stornelli y del propio Casanello, querellante en este caso. Los camaristas que firmaron el fallo fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Juan Bautista Mahiques se movía en aquellos tiempos para ayudar a Viola en sus traspiés judiciales.
Los testigos falsos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, declararon, bajo juramento, que vieron a Casanello en una sala de espera de la quinta de Olivos en septiembre de 2015. Sin embargo, ambos mintieron, según corroboraron el juez Rodríguez y el fiscal Stornelli. Según las pruebas reunidas, ninguno de los tres -ni Corizzo, ni Scozzino, ni Casanello- estuvieron ese día en la residencia de Olivos.
Un peritaje policial detectó 248 llamadas telefónicas entre Miragaya y Viola, con un pico en los días claves. Corizzo admitió ante Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola y con un “fiscal” cuya descripción física se acerca a la de Miragaya.
Sin embargo, al final, la Cámara Federal de Casación terminó cerrando el expediente, como pedía Viola. Lo resolvieron los jueces de la Sala 4 de la Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
Viola es hijo de Claudia Balbín, una abogada conocida en los tribunales por sus relaciones con el mundo judicial. Integró un selecto grupo que se reunía con frecuencia en el Hotel Presidente en el que estaban, entre otros, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral y Miragaya. Canicoba nombró a Viola interventor en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuando se investigaba al líder gremial Omar “Caballo” Suárez.
ningún miembro del gabinete,July 13, 2026,Ministerio de Justicia,Conforme a,Ministerio de Justicia,,El costo de cerrar la puerta a la ciudadanía,,Por decreto. Mahiques designó a su hermano Esteban como funcionario del Ministerio de Justicia,,Por tercera vez. Mahiques posterga el arranque del sistema acusatorio en Comodoro Py
POLITICA
Gobernadores del norte presionan para que en noviembre esté operativo el subsidio eléctrico a zonas cálidas
Para aprobar la reducción de los subsidios al gas a las «zonas frías», el gobierno nacional consiguió los votos de legisladores del Norte Grande. A cambio, prometió fijar para esas provincias un criterio «zonas cálidas» en las tarifas eléctricas durante la temporada estival. El entendimiento se cerró en la 24° Asamblea del bloque que reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.
La decisión no se establecería por una ley, como pasó en el caso de la subvención al gas, sino por una resolución de la Secretaría de Energía. La normativa aún no salió y en el Gobierno nacional mantienen la reserva sobre cuándo se conocerá. Pese a esto, un grupo de gobernadores la dio como un hecho. Hasta pusieron fecha de inicio, noviembre, y parámetros de otorgamiento.
Entre ellos están los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero y de Misiones, Hugo Passalacqua. Los dos primeros hicieron especificaciones técnicas de la medida esperada y generaron expectativa en sus poblaciones. El tercero llegó a hacer públicos una plataforma para adherir al beneficio.
Anuncios y expectativas
Valdés fue el primero en agitar la bandera. El viernes 25 de septiembre, horas después de que se modificara «zonas frías», anticipó: “Se cumplió la parte de la ley. Ahora la semana que viene debería salir la resolución así los correntinos podemos tener tarifas diferenciadas en electricidad. Son cerca de 185.000 familias las que se van a ver beneficiadas”, evaluó.
El gobernador correntino precisó que la subvención alcanzará a los meses de mayor consumo. Contemplará hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril. Durante los otros seis meses, el límite sería de 300 kWh. Días después, dijo en un discurso que ahora la pelea pasará por convertir en ley la resolución.
“Todavía no hay nada”, fue la respuesta corta que emitió la Casa Rosada ante la consulta de Infobae sobre la medida.
Lo cierto es que «la semana que viene» se convirtió ahora en «la semana pasada» y la resolución no apareció. Valdés fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a París en esos días. La capital europea fue sede de una nueva edición de la Argentina Week.
El chaqueño Zdero también participó de esa misión comercial en busca de inversores. Desde la Ciudad Luz, el mandatario se expresó en el mismo sentido que Valdés: “El beneficio va a llegar a partir de noviembre. Se mantendrá en diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Van a estar cubiertos los meses más calurosos”, describió.
El diputado nacional chaqueño Guillermo Aguero (UCR) fue más allá. Llegó a detallar que el esquema contempla un bloque de hasta 550 kWh mensuales con un subsidio de 50% durante seis meses. Esto significa que los primeros 550 kWh del consumo mensual en el período noviembre/abril tendrán la bonificación. La energía que supere ese límite será abonada a tarifa plena.
Luego, puntualizó que el beneficio está destinado a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec. La CBT se ubicó en agosto en $1,6 millones. Es decir que el límite sería de $4,8 millones.
Operativo en marcha
Misiones anunció la entrada en vigencia del esquema y los topes a fines de la semana pasada. A través de la empresa estatal de electricidad, informó incluso las etapas que deben seguir los usuarios para acceder al beneficio.
El parte oficial detalló: “La incorporación de Misiones al esquema diferencial responde a las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación”. El objetivo fue que se reconozcan “las condiciones climáticas y las necesidades particulares de consumo eléctrico del Norte argentino” dentro del régimen nacional de subsidios.
“El planteo fue sostenido por Passalacqua y ratificado en agosto durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas”, agregó.
Energía de Misiones indicó a sus usuarios cómo gestionar el beneficio. “El primer paso es revisar la factura de electricidad. Allí figura la situación del usuario frente al subsidio mediante las leyendas «CON SEF (subsidio energético focalizado)» o «SIN SEF»”.
En el primer caso, el hogar ya cuenta con la subvención nacional. Por lo tanto “queda comprendido en el nuevo esquema diferencial que comenzará a aplicarse en noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen”. De lo contrario, el usuario deberá entrar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde podrá hacer el trámite correspondiente, agregó la empresa.
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POLITICA
La Cámara de Casación analiza si reabre la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la toma del crédito con el FMI en 2018
La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.
Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.
El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.
Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.
Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.
La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.
La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.
También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.
Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.
La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.
Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.
Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.
Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.
Hernán Cappiello,Mauricio Macri,FMI,Conforme a
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes la próxima instalación en la Argentina de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. El área contará con US$7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno estadounidense aprobó formalmente un fondo total de US$13,35 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, US$7,5 millones se destinarán a proyectos de cooperación en la Argentina y otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para toda la región, en las que el país también participará.
Desde la cartera indicaron que los recursos permitirán profundizar los proyectos conjuntos y adquirir equipamiento para reforzar las capacidades operativas. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, subrayó Monteoliva a través de un posteo en sus redes, donde celebró la llegada de la entidad dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La INL, la oficina especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá una nueva base en el país “multiplicando por diez la inversión en cooperación”, remarcó la funcionaria. Y agregó: “Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”.
Desde el Ministerio destacaron que la instalación de la unidad es un nuevo paso en el trabajo estratégico entre ambos países, frente a organizaciones criminales que operan con un alcance transnacional cada vez mayor. A su vez, explicaron que la Argentina y Estados Unidos profundizaron el vínculo con intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y operativos conjuntos, y que esa articulación permitió avanzar en la desarticulación de rutas usadas para el tráfico de drogas.
La presencia de la INL en el país no es una novedad. Según un posteo de la propia oficina de abril, las unidades antinarcóticos que apoya junto a la DEA en la Argentina secuestraron durante 2025 más de 1.260 kilos de cocaína y detuvieron a 35 narcotraficantes.
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