POLITICA
El Gobierno envió al Senado nuevos pliegos para cubrir cargos de jueces y fiscales
El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, envió al Senado un nuevo paquete de 45 pliegos judiciales. La tanda incluye postulantes a jueces federales, jueces nacionales en la Capital Federal, fiscales y defensores públicos.
Se trata de la tercera tanda enviada por el gobierno desde que asumió Javier Milei.
La lista completa de postulantes abarca cuatro grandes rubros. En el ámbito federal se proponen nueve candidatos: Juan Tomás Rodríguez Ponte (actual titular de la DAJuDeCO) para el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora; Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Sala A); Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta (Sala I); Andrés Guillermo Fraga para la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo; María Virginia Ise para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia; María Eugenia Rivas para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Federico José Iuspa para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín (Jujuy); Gabriel Hernán Di Giulio para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y Eduardo Javier Llugdar para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
En los tribunales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incluyen más de 20 postulaciones, entre ellas para tribunales orales en lo criminal, cámaras nacionales de apelaciones en lo comercial, civil y del trabajo, y juzgados de primera instancia en lo civil y penal.
Entre los nombres figuran Evangelina María Lasala (TOC Nº 18), José Ignacio Polizza (TOC Nº 14), Javier Jorge Cosentino y Fernando Gabriel D’Alessandro (Cámara Nacional Comercial), y varios postulantes para salas de la Cámara Nacional del Trabajo y juzgados civiles.
Para el Ministerio Público Fiscal se nombran seis candidatos: Patricio Nicolás Sabadini (Fiscal General ante la Cámara Federal de Resistencia), Fernando Gabriel Alcaraz (Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de Mendoza), Carlos Alberto Gonella (Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba), Facundo Trotta (Fiscal ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba), Hugo Daniel Froy (Fiscal Federal de Paso de los Libres, Corrientes) y Juan Marcelo Burella Acevedo (Fiscal Federal de Corrientes).
Finalmente, para el Ministerio Público de la Defensa se proponen cinco defensores: Amanda Espino (Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales Criminales de CABA, Defensoría Nº 7), Gustavo Marcelo Drago (ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora), Mariela Vianstein (ante los Juzgados Federales de Quilmes), Rosana Leonor Almirón (ante el Tribunal Oral Federal de Posadas) y Paola Gombos (ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata).
El proceso continuará ahora en el Senado, donde los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos antes de ser votados en el recinto. A diferencia de los jueces de la Corte Suprema, estos nombramientos requieren mayoría simple.
Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno
Con esta medida, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.
El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.
La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.
En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.
Gobierno, Senado, pliegos
POLITICA
Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”
Javier Milei felicitó este domingo al derechista Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia y celebró los resultados como un avance de su bloque ideológico en la región.
“El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia”, manifestó Milei a través de un posteo en X.
Y agregó: “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.
Contabilizados el 99,74% de los votos, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 49,65% de los votos frente al 48,70% de Cepeda, del Pacto Histórico y heredero del saliente Gustavo Petro. La ventaja es de alrededor de 246.000 votos.
Sin embargo, Petro denunció “muchas irregularidades” en los comicios y llamó a esperar el recuento definitivo. “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó en X.
En la primera vuelta, el candidato outsider había liderado los comicios con 10.361.499 votos (43,74%) contra los 9.688.361 sufragios de Cepeda (40,90%). En aquel entonces, Milei salió a brindar su apoyo a De la Espriella y manifestó que el resultado reflejaba “el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.
El apoyo de Javier Milei a De la Espriella y su apuesta por un bloque regional de derecha
El apoyo del mandatario se tradujo días después en una conversación telefónica, donde Milei ratificó sus felicitaciones por el triunfo en primera vuelta y expresó su expectativa por un cambio de signo político que repercutiera en las relaciones bilaterales entre Argentina y Colombia.
“Yo creo que vamos a hacer una liga maravilllosa, imagínese un tigre y un león peleando por la libertad. Viva la libertad carajo y firme por la patria presidente Milei”, le expresó De la Espriella al argentino durante el intercambio que difundió luego en sus redes. La respuesta de Milei fue contundente: “Dale que tenés que ganarle a ese zurdo hijo de p…”.
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De validarse los resultados, el Gobierno de La Libertad Avanza incorporaría un nuevo aliado en su bloque ideológico regional, junto a Santiago Peña (Paraguay), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador). En caso de ratificarse su triunfo en Perú, también se sumaría al grupo Keiko Fujimori.
En ese contexto, también se sumaron a los mensajes de celebración del Gobierno funcionarios y dirigentes como el asesor Santiago Caputo, la senadora Patricia Bullrich, el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros.
Javier Milei, Colombia, Abelardo de la Espriella
La modificación del proceso para seleccionar los candidatos para la Corte Suprema y los tribunales inferiores no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia administrativa, transparencia o modernización del Estado, redujeron instancias de participación ciudadana, limitaron el acceso a información pública o restringieron ámbitos de supervisión técnica e institucional.
Las iniciativas abarcan áreas muy distintas y fueron impulsadas en momentos diversos. Sin embargo, todas generaron debates similares y exhiben un denominador común: una limitación de actores externos a decisiones que antes contaban con mayores instancias de control, consulta o participación.
Acceso a la información pública
El primer antecedente fue el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública”, al excluir de la obligación de respuesta aquellos datos que se consideren de “naturaleza privada” o que no tengan un “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario.
“La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, sostuvo el Club Político Argentino. La entidad calificó la reforma como “una nueva forma de censura”. “La información se presume pública y el secreto es la excepción”, advirtió Poder Ciudadano en un comunicado.
En un dictamen previo que sentó las bases de estos cambios (en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), el entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de información sobre asuntos que consideró “banales”, como los detalles sobre los perros del Presidente en la quinta de Olivos.
El decreto, además, excluyó del alcance de los pedidos ciudadanos documentos preparatorios, deliberaciones internas y papeles de trabajo de la administración.
También incorporó el principio de “buena fe” en el ejercicio del derecho de acceso a la información y habilitó sanciones ante lo que el Estado considere un uso abusivo de esa herramienta. Para el Gobierno, los cambios buscaron evitar pedidos reiterativos o irrazonables que entorpecieran el funcionamiento de la administración.
Más facultades para la SIDE
A fines de 2025, el Gobierno avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación sobre distintas áreas del sistema y amplió las posibilidades de acceso e intercambio de información entre organismos públicos.
Entre otros puntos, el decreto estableció que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, habilitó el cruce de bases de datos estatales y otorgó a los agentes de inteligencia la facultad de “aprehender” personas en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” en la definición de amenazas a la seguridad.
La reforma generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la protección de libertades civiles, que advirtieron sobre la discrecionalidad de las facultades otorgadas y la amplitud de algunas definiciones.
La ley de lobby
La discusión más reciente se produjo en el Congreso con el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para transparentar las reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, buena parte de los expositores convocados a debatirla cuestionó su alcance.
El texto propone un registro obligatorio de gestiones de intereses y crea la figura del “principal extranjero” para identificar a quienes actúen en representación de intereses financiados desde el exterior. Además, utiliza una definición amplia de gestión de intereses que podría alcanzar tanto a empresas como a organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.
Durante las reuniones informativas en Diputados, representantes de ONGs, universidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de “criminalizar” la participación ciudadana o someterla a un esquema de “participación vigilada”. También cuestionaron que equipare la representación de causas sociales o humanitarias con actividades tradicionales de lobby empresarial.
El “cepo” a la Oficina de Presupuesto del Congreso
En junio de este año, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dominada por el oficialismo y sus aliados, aprobó una resolución que limita la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.
La medida obliga a que determinados trabajos técnicos sean previamente avalados por la comisión de supervisión y también introduce cambios sobre la planificación de actividades y la administración interna del organismo.
El debate se produjo luego de que la OPC elaborara estimaciones que contradijeron los cálculos difundidos por el Gobierno sobre distintos proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad. Además, uno de sus informes fue citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para la oposición y especialistas en información estadística, la resolución restringe el acceso de los legisladores a información técnica independiente y fortalece la dependencia respecto de los datos producidos por el Poder Ejecutivo.
Menos participación en la selección de jueces
El caso más reciente fue el decreto 467/2026, que modificó el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte Suprema y los jueces de instancias inferiores. La principal novedad fue la eliminación del procedimiento de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia previa a la nominación presidencial.
Hasta ahora, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos podían presentar apoyos u objeciones respecto de los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo definiera formalmente una candidatura. El Gobierno argumentó que esa etapa duplicaba mecanismos de control que posteriormente ejerce el Senado durante el tratamiento de los pliegos.
La norma también eliminó referencias a criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica que debían ser considerados durante el proceso de selección.
Organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas sostienen que la modificación reduce los controles previos sobre las nominaciones y elimina una instancia de participación que funcionó durante más de dos décadas.
El Gobierno sostiene que estas reformas apuntan a simplificar procedimientos, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia estatal.
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POLITICA
Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”
El presidente Javier Milei felicitó al nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien se quedó con la segunda vuelta que se llevó a cabo este domingo en el país cafetero. El nuevo mandatario colombiano tiene como referente al jefe de Estado argentino, quien ya había mostrado su preferencia por el líder de Defensores de la Patria.
“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió en sus redes sociales.
Y agregó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.
De acuerdo con el conteo oficial, De la Espriella triunfó con 12.842.300 votos, lo que representa un 49,71%, según el 98,91% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así venció al candidato del oficialismo, que era secundado por Gustavo Petro, Iván Cepeda.
En la primera vuelta presidencial, el entonces candidato había liderado la contienda con 10.361.499 sufragios, que representaron el 43,74% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90% del total registrado.
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