POLITICA
El Gobierno envió al Senado nuevos pliegos para cubrir cargos de jueces y fiscales
El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, envió al Senado un nuevo paquete de 45 pliegos judiciales. La tanda incluye postulantes a jueces federales, jueces nacionales en la Capital Federal, fiscales y defensores públicos.
Se trata de la tercera tanda enviada por el gobierno desde que asumió Javier Milei.
La lista completa de postulantes abarca cuatro grandes rubros. En el ámbito federal se proponen nueve candidatos: Juan Tomás Rodríguez Ponte (actual titular de la DAJuDeCO) para el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora; Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Sala A); Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta (Sala I); Andrés Guillermo Fraga para la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo; María Virginia Ise para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia; María Eugenia Rivas para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Federico José Iuspa para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín (Jujuy); Gabriel Hernán Di Giulio para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y Eduardo Javier Llugdar para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
En los tribunales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incluyen más de 20 postulaciones, entre ellas para tribunales orales en lo criminal, cámaras nacionales de apelaciones en lo comercial, civil y del trabajo, y juzgados de primera instancia en lo civil y penal.
Entre los nombres figuran Evangelina María Lasala (TOC Nº 18), José Ignacio Polizza (TOC Nº 14), Javier Jorge Cosentino y Fernando Gabriel D’Alessandro (Cámara Nacional Comercial), y varios postulantes para salas de la Cámara Nacional del Trabajo y juzgados civiles.
Para el Ministerio Público Fiscal se nombran seis candidatos: Patricio Nicolás Sabadini (Fiscal General ante la Cámara Federal de Resistencia), Fernando Gabriel Alcaraz (Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de Mendoza), Carlos Alberto Gonella (Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba), Facundo Trotta (Fiscal ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba), Hugo Daniel Froy (Fiscal Federal de Paso de los Libres, Corrientes) y Juan Marcelo Burella Acevedo (Fiscal Federal de Corrientes).
Finalmente, para el Ministerio Público de la Defensa se proponen cinco defensores: Amanda Espino (Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales Criminales de CABA, Defensoría Nº 7), Gustavo Marcelo Drago (ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora), Mariela Vianstein (ante los Juzgados Federales de Quilmes), Rosana Leonor Almirón (ante el Tribunal Oral Federal de Posadas) y Paola Gombos (ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata).
El proceso continuará ahora en el Senado, donde los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos antes de ser votados en el recinto. A diferencia de los jueces de la Corte Suprema, estos nombramientos requieren mayoría simple.
Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno
Con esta medida, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.
El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.
La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.
En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.
Gobierno, Senado, pliegos
POLITICA
El Senado recibió el proyecto de ley de Discapacidad y el oficialismo define los tiempos del debate
El proyecto de la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ya ingresó al Senado, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmara el texto sancionado y lo enviara a la Cámara alta. Ahora, la vicepresidenta Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deberán definir su giro a las comisiones correspondientes para iniciar el tratamiento.
Aunque todavía no se resolvieron los giros formales, las comisiones que podrían intervenir son Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Agustín Monteverde, y Población y Desarrollo Humano, que conduce la peronista Alicia Kirchner.
Antes de convocar al debate, el oficialismo deberá definir su estrategia legislativa. Según pudo saber TN, La Libertad Avanza pretende que el proyecto se trate durante el actual período ordinario de sesiones, que finaliza el 30 de noviembre. Las primeras definiciones podrían llegar la próxima semana. Por el momento, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, no se pronunció públicamente sobre el tema.
La discusión por el financiamiento y la estrategia del Gobierno
En el Senado recuerdan la reacción que generó el proyecto de Presupuesto 2027 cuando ingresó a Diputados el pasado 15 de septiembre. En ese momento, legisladores libertarios expresaron sorpresa y cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, por los cambios que la iniciativa proponía sobre las pensiones por invalidez, la actualización automática por inflación de los aranceles para prestadores y las incompatibilidades con el empleo formal.
Los artículos 36 a 41 del proyecto presupuestario modifican aspectos centrales de la Ley N.º 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no la derogan en su totalidad.
En ese contexto, Bullrich ya advertía sobre el impacto político que podían tener esas disposiciones y la posibilidad de que la oposición se unificara detrás de una nueva iniciativa. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto este miércoles con una amplia mayoría.
Tras la votación, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo: “Las personas con discapacidad necesitan políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. La discapacidad no es beneficencia, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales”.
Un proyecto aprobado con amplio consenso
La Cámara baja sancionó la iniciativa durante la medianoche del miércoles con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El resultado reflejó un amplio acuerdo entre bloques, luego de que el oficialismo pasara de rechazar la declaración de emergencia en discapacidad a participar de la elaboración de una propuesta alternativa.
Entre los votos negativos estuvieron los de los seis diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. En el Senado, ese espacio cuenta con la representación de Alejandra Vigo. También se mencionan entre las posiciones contrarias a la iniciativa las de Andrea Estévez, de Unión por la Patria; Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas; y Natalia de la Sota, que integra un monobloque.
El consenso se construyó a partir del trabajo del diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad y de representantes del oficialismo, entre ellos Martín Menem, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisell Castelnuovo. También participaron dirigentes del peronismo, como Victoria Tolosa Paz, Juan Marino —autor del proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad— y Sabrina Selva.
Las negociaciones se extendieron durante casi dos meses, desde la firma de los dictámenes en los plenarios de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Luego se sumaron encuentros con representantes de la Comisión de Pastoral Social, que plantearon la necesidad de incorporar distintos puntos al texto. La última reunión se realizó horas antes del debate en el recinto.
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Qué establece la ley aprobada por Diputados
La iniciativa ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.
La principal concesión del oficialismo estuvo vinculada a los recursos. El proyecto dispone que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de distintos bloques. Además, se asumió el compromiso de asegurar las partidas correspondientes en el proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en Diputados.
El peronismo buscará acelerar el tratamiento en el Senado
La bancada justicialista que conduce José Mayans buscará impulsar un tratamiento rápido de la iniciativa a través de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por Alicia Kirchner. Los acuerdos alcanzados en la Cámara baja podrían facilitar el desarrollo del debate, aunque el peronismo ya había expresado su preocupación por la situación del sector.
Senadores del PJ presentaron durante los últimos meses distintos proyectos relacionados con los derechos y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Varias de esas iniciativas, al igual que ocurrió en Diputados, proponen prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Entre los proyectos presentados figuran uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti y otro del legislador chubutense Carlos Linares. Por su parte, el pampeano Daniel Bensusán solicitó informes sobre el estado de ejecución del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
En su iniciativa, Linares reclamó la continuidad de la emergencia y sostuvo: “La sanción de dicha ley constituyó una respuesta institucional del Estado Nacional frente a la profunda crisis que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores de servicios, los centros terapéuticos, los centros de día, las escuelas especiales, los hogares permanentes, los transportistas y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector”.
Con el proyecto ya en la Cámara alta, el próximo paso será definir las comisiones que lo analizarán y el cronograma de reuniones. La intención del oficialismo es avanzar antes del cierre del período ordinario, mientras el peronismo buscará acelerar el debate para sostener los acuerdos alcanzados en Diputados.
Discapacidad, Senado
POLITICA
Chapadmalal cambia de rumbo: el Gobierno definió cuál será el nuevo destino de sus históricos hoteles – Nexofin
El Gobierno nacional abrió un concurso para concesionar seis de los nueve hoteles del complejo turístico de Chapadmalal, cerrado desde principios de 2025.
Los tres restantes serán cedidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata para actividades académicas, investigación y alojamiento estudiantil.
La convocatoria, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), recibirá ofertas hasta el 27 de noviembre.
Los interesados podrán presentarse por hotel o por el conjunto. Las concesiones tendrán una duración de 30 años y exigirán cánones mensuales de entre $23 millones y más de $48 millones, según el establecimiento.
El Gobierno avanzó con la privatización de AySA: vendió el 90% de las acciones por US$340 millones
Los operadores deberán garantizar servicios hoteleros, mantener las instalaciones y respetar las áreas de reserva natural.
Además, tendrán que preservar el patrimonio arquitectónico de los edificios, diseñados por Alejandro Bustillo a fines de la década de 1950 y declarados Monumento Histórico Nacional.
El anuncio reavivó la discusión política sobre el futuro del complejo. El intendente Guillermo Montenegro respaldó la participación privada como vía para recuperar los edificios y generar empleo. En cambio, la senadora provincial Fernanda Raverta cuestionó la medida y defendió una transferencia a la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, los hoteles 7, 8 y 9 quedarían bajo la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que proyecta convertirlos en espacios de formación y residencias universitarias.
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Después de muchas dilaciones, finalmente este viernes se iniciará el juicio oral por supuesto lavado de dinero, que tendrá en el banquillo a Cristina y Máximo Kirchner, así como a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La causa conocida como Hotesur-Los Sauces, que será desarrollada como un solo trámite judicial, busca determinar si los Kirchner y los empresarios montaron un sistema de beneficios en la obra pública a cambio de supuestos alquileres en hoteles.
Con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera virtual, por Zoom, a las 10 de hoy se pondrá en marcha el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que la Justicia buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.
Se trata de una causa clave que podría cerrar un gran círculo de corrupción. El proceso –que tiene a la expresidenta sentada nuevamente en el banquillo de los acusados y a su hijo por primera vez frente a un tribunal– guarda relación con otros expedientes y ocupa un lugar central en el mapa judicial del kirchnerismo.
Mientras en la causa por Vialidad la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, luego de que se acreditara el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces la Justicia deberá determinar si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.
La conexión entre ambas causas quedó reflejada en la sentencia dictada en 2022. Los jueces que condenaron a la expresidenta hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez y marcaron que la suerte del empresario con la obra pública no podía serle indiferente.
Según consta en la documentación del juicio que se inicia en la jornada de hoy, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, más de $40 millones entre 2008 y 2013.
Pero la causa Hotesur-Los Sauces va más allá de Báez y los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz. Bajo la lupa judicial también figuran los negocios inmobiliarios que los Kirchner mantuvieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Por parte de los empresarios López y De Sousa, la familia Kirchner recibió más de $19 millones, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero. En este caso, el beneficio recibido por los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos.
Así, Oil Combustibles, la empresa petrolera del grupo Indalo, se habría hecho con más de $8000 millones, al retener el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y no ingresarlo a la AFIP.
Al igual que la obra pública con Vialidad, esta parte de la maniobra también tuvo su propio capítulo judicial: la causa por Oil Combustibles, que lleva más de diez años de recorrido. El exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado, pero los empresarios López y De Sousa fueron absueltos y ninguna de esas situaciones tiene todavía una resolución definitiva por la Corte Suprema.
Ninguno de estos vínculos comerciales está controvertido: llegan al juicio oral acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables.
De hecho, uno de los argumentos utilizados por las defensas en la causa es que los pagos están bancarizados, motivo por el cual, aseguran, no hubo ningún intento de ocultamiento.
La discusión central del juicio no será, entonces, si existieron esos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trató de negocios legítimos, como argumentan las defensas de los acusados.
Lavado de dinero
En Hotesur-Los Sauces, Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado, serán juzgados por lavado, entre otros delitos.
Por eso, los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Se desarrollará a un ritmo de tres audiencias semanales y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.
La audiencia de hoy se realizará en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y estará destinada a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar de manera virtual durante la etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores sí deberán estar presentes en la sala.
El origen
Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi US$5.000.000 por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.
Ese día, Sanfelice llevó más de US$3.000.000 millones en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los US$1.632.000 restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano. Luego llegaría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.
¿De dónde provino el dinero inicial para comprar los hoteles? Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.
Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de $10 millones, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.
Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.
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