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POLITICA

El Gobierno intenta un reseteo para dejar atrás más de 100 días de una lenta agonía

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Crónica de un final anunciado. Después de 100 días de agonía, Manuel Adorni terminó ayer su corta vida política y con su caída se va buena parte del relato anticasta y la credibilidad del propio Javier Milei, su principal sostén en este tiempo. El letargo decisional con el que se movió el Presidente dejó incluso condicionada su autoridad. El empujón final lo precipitaron los propios y aliados que no encontraron más motivos para inmolarse por un simple jefe de Gabinete al que no le cerraban los papeles. Milei lo sostuvo hasta el minuto final.

Nadie podrá decir que Adorni cayó por acción de la oposición, que perdió con su salida el único eje discursivo sólido que había encontrado para frenar al Gobierno, con poca efectividad. Ganó Patricia Bullrich, la única que se atrevió a desafiar a los hermanos Milei y consiguió salir airosa, por ahora, de una jugada al filo de la lealtad, con desenlace incierto. Sumó puntos Diego Santilli, con su nuevo ascenso y la absorción de Interior, que se confirmará en las próximas horas, y quedó sumamente golpeada la estrategia de conducción política de la propia Karina Milei.

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La caída de Adorni se precipitó el jueves, cuando el Senado levantó la sesión convocada por el oficialismo por falta de quórum. Fue el segundo ultimátum de la jefa del bloque libertario a la Casa Rosada. El primero había sido la semana anterior, cuando logró postergar la apertura del recinto y le dio tiempo al binomio presidencial para tomar una decisión. Eso no pasó. Sólo atinaron a acomodar el área de Comunicación, nombraron a un nuevo vocero, Adrián Ravier, y a un secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, y dejaron a Adorni ahí, vaciado, pero en su sitial.

Patricia Bullrich

La relación entre el Senado y la Casa Rosada empezó a espesarse el martes, con el faltazo de Bullrich a las reuniones que le armó Karina a Adorni con un puñado de senadores. Todos a cara de perro. Los más nuevos fueron sin chistar. Los que ya tienen dos años en sus puestos lo hicieron a regañadientes. La foto puso a Karina al mando de la estrategia de darle el último respaldo al funcionario sin funciones. Leída con el diario del lunes, una estrategia completamente fallida que la dejó expuesta y sin red. Al otro día, Bullrich levantó sin aviso el informe de gestión previsto para el 2 de julio, y el jueves, con el peronismo en alerta, no le quedó otra opción que levantar la sesión que ella misma había convocado. Antes, se encargó de citar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que iniciara el camino parlamentario de la remoción. Fue otro aviso. No a Adorni. A Milei, entonces, de viaje en España.

La decisión llegó al filo. Si nada cambiaba en la noche del sábado, en 15 días, la suerte de Adorni se consumía sin retorno en el fuego denso de quedarse con el título de ser el primer jefe de Gabinete en ser destituido del cargo en la historia reciente. Sería su récord, pero también el de Milei, que se alza ahora con la ingrata cifra de haberse comido a tres jefes de Gabinete en apenas dos años y medio. Ostenta el récord de recambio en el vértice del poder.

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“Tienen que tomar una decisión, esto no se sostiene más”, le dijo Bullrich a Karina Milei el jueves, por teléfono. “Está el Presidente afuera, esperá a que vuelva”, le contestó ella. El viernes se desataron todos los rumores, que nadie frenó. Fue el día del estreno del nuevo vocero, que se limitó a presentarse y retomó paradójicamente la idea de la moral como política de Estado. Difícil maridaje el tono Ravier con el No odiamos lo suficiente a los periodistas (NOLSALP).

Adrian Ravier, el nuevo vocero presidencial, se presenta en su primer acto público en el edificio de la Casa Rosada.

“Parece que se viene”, referían cerca de Bullrich, con cierta ansiedad, sobre la salida de Adorni. Lo recitaban como un canto. Ella cree que fue una “piedra en el zapato” y que su misión se cumplió, no sin consecuencias. “Controlen a Patricia”, fue la orden que bajó Karina. El miércoles instaló a Diego Santilli todo el día en el Congreso. El funcionario hace base en el despacho de Martín Menem. Desde ahí operó para sostener al todavía jefe de Gabinete. La desconfianza hacia Bullrich fue creciendo. Pueden dar cuenta dos senadores karinistas, Ezequiel Atauche y Agustín Coto, que remaron estos últimos 15 días las estrategias enfrentadas que salían de la Casa Rosada y que chocaban de lleno con las ideadas en el Senado. Ellos se plantaron en contra, por ejemplo, de que Bullrich avalara que no se necesitaban dos tercios de los legisladores presentes para avanzar con la moción de censura. Karina incluso mandó a armar otro grupo de Whatsapp. El bloque está roto. Atauche avisó previo a la sesión fallida: “La Casa Rosada va a seguir aguantándolo”. Finalmente, después de que todo se rompiera internamente, Milei aceptó soltarlo.

Nueva grieta

Más allá de Adorni, la relación a seguir será entre los fieles y los díscolos. Se abre una nueva grieta en el oficialismo. El caso deja secuelas. La encrucijada se traslada ahora a Bullrich. De cómo pueda recomponer la relación interna dependerá su futuro. Está claro que Milei no va a ceder su reelección. No dejará un plan B. Los pasos de la senadora dan cuenta de que más tarde o más temprano podría armar un espacio propio. Tiene con qué. Los radicales en el Senado son más bullrichistas que Bullrich, y ella mantiene la habilidad para juntar partes del PRO. En Diputados podría desarmarle el bloque a La Libertad Avanza después del pase, este año, de sus diputados a las filas violetas. “Con esto ella podría rearmar Juntos por el Cambio”, anticipan en el oficialismo, no sin temor a que una movida independentista los perjudique electoralmente.

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Todos podrán decir que ganaron algo. Bullrich, porque fue la primera y única en diferenciarse públicamente. El PRO de Mauricio Macri y su arista libertaria, como Diego Santilli y Cristian Ritondo, porque entienden que el tiempo que le dieron al Gobierno les dio la razón. La oposición más dura se alzará con el trofeo de haberle provocado el desgaste necesario en el parlamento para que el camino se cerrara esta misma semana.

Mauricio Macri

El otro actor de poder fue la Justicia. La versión que más circuló en la previa a la decisión de la salida de Adorni indicaba que había existido un arreglo judicial para que el funcionario fuera llamado a indagatoria, y ese solo hecho político le abriera la puerta a Milei para anticiparse y tener una razón para obligarlo a dar un paso al costado. Sería indagatoria y plancha, sin mucho apuro por avanzar con celeridad. Algo así como sacarlo, pero con garantías de protección. El caso escandaloso de Martín Insaurralde es una muestra clara de que los tiempos judiciales superan cualquier límite imaginable. En esa versión, el acuerdo implicaba protección final para Adorni, más allá del avance que tuvo la causa hasta ahora. Se esperaba, de hecho, para esta semana un llamado a indagatoria en la investigación por presuntas dádivas, por el viaje a Punta del Este, que nunca ocurrió. Ese tramo de la investigación está cerrado.

Al Gobierno se le habían terminado las dilaciones. Pasado mañana estaba convocada la comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados. Ahí el camino más rápido era discutir el proyecto de Esteban Paulón, que tenía giro solo a esa comisión. La oposición ya se había asegurado las 18 firmas necesarias: 13 de Unión por la Patria, 3 de Provincias Unidas, 2 de PRO y 1 de la UCR y podían sumar una más de Innovación Federal. Mauricio Macri dijo el viernes por la noche que su partido iba a votar a favor de la interpelación. Eso significaba que en dos semanas, Adorni estaba afuera por decisión de la oposición y los aliados.

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Derrotado sí, paralizado no

Más allá del desgaste evidente de estos 100 días, cuando se juega por los puntos, el Gobierno sale airoso. Pasó esta semana cuando hizo fracasar la sesión especial pedida por la oposición. Pagó más costo el PRO que La Libertad Avanza. Y al otro día, llamó a sesión, obtuvo el quórum sin sobresaltos y le dio media sanción al Super RIGI, el esquema de amplios beneficios fiscales que, según denuncia la oposición, promete convertir a la Argentina en un enclave extractivista sin ningún control estatal. Si el Gobierno quiere, en 15 días lo tiene aprobado en el Senado.

Lo que demostró el caso Adorni es que más allá del escándalo, el Gobierno avanza a paso firme con políticas de fondo. No se trata de lo que tapa el Mundial. A esta altura, se trata de lo que tapó Adorni. En estos 100 días, la Casa Rosada avanzó con 150 pliegos de jueces y fiscales, la mayoría de ellos avalados por el peronismo en el Senado. Se dio el gusto incluso de no firmar el pliego aprobado de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon que le valió otra de las diferenciaciones de Patricia Bullrich. Concesionó la hidrovía por 30 años, arrancó el debate por la nueva ley de sociedades, y está a punto de darle media sanción a la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada que esconde la derogación casi total de la ley de tierras sancionada en 2011 y que ponía límites del 15% a la compra por parte de extranjeros. Las limitaciones pasarán a ser solamente para los Estados. Esto último fue lo que evitó el bloque del peronismo en el Senado cuando decidió no dar quórum el jueves pasado. Si habilitaba la sesión pedida por el oficialismo, los votos estaban para que se aprobara ese capítulo sin cambios. Sin Adorni, el panorama vuelve a complicarse para la oposición. Adorni, en algunos casos muy puntuales, como este, actuó como dique de contención. Sin ese factor, la oposición tiene todas las de perder.

Senadores y Diputados de Unión por la Patria

Con este panorama a la vista, lejos de estar en retirada, el Gobierno aparece tras bambalinas en una avanzada sin precedentes. La rapidez con que la que mueven los verdaderos factores económicos de poder mundial evidencian que Adorni terminó siendo una anécdota. El maridaje entre Super RIGI, extranjerización de la tierra, sociedades automatizadas, el ingreso de la Argentina a Pax Silica y el desembarco de Peter Thiel en Buenos Aires es la muestra más acabada de esa avanzada del Gobierno que lo posiciona geopolíticamente pegado a Estados Unidos, sin poner ninguna condición.

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El mercado y el peronismo explotado

El estreno del nuevo vocero económico se dio en medio de la suba de un 5% del tipo de cambio en junio. Según el último informe del Banco Provincia, “la menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables explicaron buena parte de la suba”. A eso se sumó la depreciación del Real brasileño (+3,3% en junio), en un escenario adverso para las monedas emergentes a nivel global. La entidad supone que en contraste, “la moderación de las compras del Banco Central, que tuvo su segundo peor mes del año -solo detrás de enero- atenuó las presiones alcistas. “La autoridad monetaria compró USD 1.250 millones en lo que va de junio, casi la mitad que en mayo: USD 2.600 millones. Si bien acumula USD 11.000 millones en el primer semestre, la desaceleración de las últimas semanas puede marcar que la segunda mitad del año no será tan buena como la primera en materia de intervenciones en el mercado cambiario”.

El salto del tipo de cambio fue calificado como “leve viento de frente” por la consultora 1816. De todos modos, refleja positivamente la caída del precio del petróleo, que, supone, “ayudará a bajar la inflación más rápido” y destaca que el salario real privado registrado rebotó en abril tras 7 meses seguidos en baja. Es interesante que una de las referencias económicas más importantes del mercado reflejó que hubo casi nulo interés por la frase de Máximo Kirchner al sostener en Parque Lezama que la deuda debía ser reestructurada. “Indiferente”, calificó la reacción del mercado. Y a partir de ahí elabora hipótesis del escenario político económico. Entre las razones de que no tuviera rebote semejante amenaza ensaya que los inversores confían en la reelección de Milei y que incluso los grandes tenedores de bonos confían en que el principal candidato opositor tendrá otro discurso, algo así como parte de la batalla cultural mileísta ganada. Una de las razones con las que especula es que “la próxima administración pagará la deuda independientemente del color político porque heredará superávit primario y porque, según estimaciones oficiales, las exportaciones de energía y minería serán unos USD 40.000 millones anuales superiores a las que había en la era de Alberto Fernández”.

El peronismo en llamas

La interna peronista desbordó. Máximo Kirchner inauguró la nueva etapa de confrontación. Lo que se decía hacia adentro, ahora se blanquea hacia fuera. La estrategia del diputado es presentar la candidatura de Cristina Kirchner. Muchos cerca de la ex presidenta, que tienen diálogo a dos bandas, se preguntan el por qué del lanzamiento anticipado y sin destino que hizo Máximo si Cristina juró a todos que no volvería a ser presidenta.

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Máximo Kirchner en Parque Lezama

El plan del kirchnerismo de Parque Lezama parece ser Cristina candidata, Máximo conducción. No queda claro, una semana después, cuántos de los que fueron al acto seguirán apoyando esa consigna. Por el momento, Axel Kicillof volverá a mantenerse al margen de la respuesta. Trabaja incluso en desarmar el desafío del no pago de la deuda. La semana pasada, su ministro de Economía, Pablo López, estuvo en Nueva York reunido con fondos de inversión y tenedores de deuda de la provincia de Buenos Aires para garantizar el pago de los próximos vencimientos. Ya habían hecho algo parecido en el último viaje a España. Según la mirada del gobernador, el mercado no ve un problema en el frente financiero, sino en la consolidación del programa de Milei en el frente interno vía una microeconomía que no arranque y lo haga perder las elecciones.

El Gobierno cerró una semana muy dispar. La arrancó con números que muestran una mejora en la imagen presidencial y la cerró con la salida obligada de Adorni. En las más altas esferas oficiales se ven mejor que hace dos meses, cuando la inflación de marzo tocaba el 3,7% y la caída de Milei en los sondeos de opinión no encontraba piso. El último dato del Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la universidad Di Tella mostró una recuperación en junio de 3,9% respecto de mayo. En términos interanuales, el índice disminuyó 11,4%. Es el primer aumento en lo que va de 2026, señal de que el Gobierno necesita resetearse urgente.

Adrian Ravier,vocero presidencial,Casa Rosada,acto oficial,comunicación

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El Programa de Ciudadanía por Inversión es contrario a la Constitución

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El art. 20 de la Constitución argentina establece que las personas extranjeras, para obtener la ciudadanía, deben residir dos años de forma continua en el territorio nacional, salvo que dicho plazo se acorte cuando quien la solicite alegue y pruebe ciertos servicios prestados a la República Argentina.

En 1869 se sancionó la ley de ciudadanía (ley 346), que estableció como requisito de acceso a la ciudadanía, además de los dos años de residencia, la acreditación de alguno de los servicios allí previstos, entre los que se encontraban -entre otros- haber desempeñado con honradez algún empleo para la Nación o las provincias, establecido en el país una nueva industria, introducido una invención útil o ejercido el profesorado en el campo de la educación o la industria. También dispuso que la petición de ciudadanía debía tramitarse ante el juez federal competente con el contralor del Ministerio Público Fiscal.

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El modelo constitucional argentino en torno a la ciudadanía por naturalización y su correspondiente reglamentación legal no contemplaron como un “servicio prestado” al país la mera “compra de ciudadanía” mediante una inversión ni la sola acreditación de una determinada capacidad patrimonial. Los servicios exigidos remiten a aportes efectivamente realizados y no a la mera disponibilidad de recursos económicos. De este modo, aun cuando algunos de esos servicios pudieran requerir la utilización de capital, la inversión constituía, en todo caso, el instrumento mediante el cual se materializaba una contribución al país y no el servicio mismo. Sustituir esa lógica por un sistema en el cual la capacidad económica opera directamente como título habilitante supone modificar cualitativamente el concepto histórico de la naturalización: se pasa de una ciudadanía asentada en la residencia y en la vinculación efectiva con la sociedad argentina a otra en la que el patrimonio puede convertirse, por sí solo, en una vía de acceso al vínculo jurídico-político que exige la ciudadanía.

A esto se agrega que, si la persona extranjera que “compra la ciudadanía” tiene una posición privilegiada en cuanto a la obtención de la misma respecto de otras personas extranjeras, entonces, también se afecta el derecho a la no discriminación con motivo de la posición económica. Una distinción de esta naturaleza exige una justificación objetiva, razonable y proporcional particularmente consistente, pues de lo contrario la ciudadanía deja de organizarse sobre condiciones vinculadas con la residencia, la integración o los servicios prestados al país para quedar parcialmente estratificada según la capacidad de pago. El resultado es una suerte de ciudadanía a dos velocidades: una sometida al régimen general y otra, privilegiada, disponible para quien cuenta con el patrimonio suficiente para adquirirla.

Mediante el dictado del DNU 366/2025 se sustituyeron varios artículos de la ley 346 y se estableció un nuevo régimen de ciudadanía, a través del cual las personas extranjeras que acrediten “haber realizado una inversión relevante en el país”, sin importar el plazo de residencia –cuando el resto de las personas extranjeras debe cumplir con los dos años de residencia permanente–, podrán obtener la carta de ciudadanía por naturalización, que será otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones (organismo descentralizado ubicado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros) a través de un acto administrativo, desplazando la intervención judicial que históricamente caracterizó al procedimiento de naturalización. De los considerandos, no surge ningún argumento que justifique -tal como lo exige el art. 99.3 de la Constitución argentina- la existencia de una objetiva situación excepcional que haya impedido seguir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y por ende, cuando esto sucede, la consecuencia constitucional prevista es la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia dictado. Mucho más aún cuando la potestad de legislar sobre naturalización y nacionalidad está expresamente atribuida al Poder Legislativo en el art. 75.12 de la Constitución argentina.

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En el caso “Yang, Liping” (2026), la Cámara Nacional Electoral resolvió declarar nulo el DNU 366/2025 respecto de la supresión de la competencia judicial en la concesión de la ciudadanía por naturalización. Entre sus argumentos se destaca aquel que afirma que las consideraciones expuestas por el Poder Ejecutivo Nacional “expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo, pues no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del régimen de naturalización, sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé”. Y acá surgen con toda evidencia los efectos nocivos para el sistema republicano y la interdicción de la suma del poder público que tiene la posición obturadora sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ausencia de legitimación procesal y de caso o controversia para impugnar de forma general a los decretos de necesidad y urgencia que no cumplen con los requisitos de habilitación constitucional para su dictado: como solo se puede cuestionar judicialmente a un DNU respecto de los derechos subjetivos que este afecta, por más que en una causa se compruebe que un DNU es nulo de nulidad absoluta, continúa vigente para el resto de la sociedad (aunque la nulidad constitucional establecida por los convencionales constituyentes de 1994 tenga efectos derogatorios generales y retroactivos).

A pesar de los argumentos constitucionales expuestos, el ministro de Economía acaba de anunciar la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión a través de dos mecanismos que consisten en realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por la suma de US$350.000 o suscribir un título público de US$800.000 creado específicamente para este Programa. También ofrece un “combo familiar”: un grupo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía por US$500.000.

Cuando la ciudadanía abandona la idea de expresión de pertenencia, integración y no discriminación para ofrecerse exclusivamente a cambio de una suma de dinero, se degrada el sentido originalista de la misma. La República Argentina puede atraer inversiones o ponerle precio a un título público, pero lo que el orden constitucional claramente no permite es poner en venta la condición de ciudadano.

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El autor es doctor en Derecho (UBA) y profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UBA y UNLPam)



Andrés Gil Domínguez,LA NACION,Política

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La Corte Suprema se reúne este viernes y podría fallar sobre la Ley de Tierras

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes a las 9 a un Acuerdo Extraordinario para emitir un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras que podría dejar vigente nuevamente las restricciones derogadas por el decreto del Gobierno, confirmaron fuentes judiciales a TN.

Antes de fijar la fecha, los jueces redujeron a 24 horas el plazo para que las partes presenten las impugnaciones contra la integración de los dos conjueces sorteados para el expediente y habilitó días y horas inhábiles.

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El tribunal tiene para resolver un pedido de medida cautelar que, si prospera, pondría nuevamente en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros derogadas por el decreto 70/2023.

Este caso fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre los que se incluyen las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Concretamente, los involucrados pidieron una aclaratoria, ya que su amparo colectivo fue tratado como caso conexo al del CECIM y buscan “que se precise” si el fallo produce algún efecto sobre su expediente

Para intervenir en este expediente fueron designados los conjueces Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo.

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Como suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Marcha en contra de la Ley de Tierras (Foto: Juan Pablo Chaves/TN.)

En la resolución emitida este jueves por la Corte, se aclaró: “en atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”. Habitualmente, el plazo es de 72 horas.

El expediente a resolver llegó después del fallo de la semana pasada, en el que la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del decreto 70/2023 por el que Javier Milei derogó la ley 26.737. Los jueces consideraron que el CECIM no cuentan con legitimación activa para cuestionar la medida. El fallo de la Corte generó fuertes críticas de la oposición y la amenaza de tratar en el Congreso, en una sesión especial, la caída de todo el DNU 70/2023.

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Por el revuelo que generó la decisión, la Corte emitió un comunicado donde aclaró que solo resolvió “un aspecto procesal”, con una decisión que “se ajusta estrictamente” a sus precedentes. Que no afectaba “a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”.

“Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”, remarcó el máximo tribunal.

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Rechazan por unanimidad el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de sus bienes

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes para ejecutar la condena de la causa Vialidad, donde su madre Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión.

El remate de los bienes de la expresidenta, hasta cubrir la suma de 645 millones de dólares, depende ahora de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que desde hace cuatro meses tiene en sus manos el asunto.

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Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles sendos recursos de casación interpuestos por Máximo y Florencia Kirchner, y por Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces.

Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano BorinskyNicolás Suárez

Los recursos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado los planteos contra la ejecución de esos bienes, dispuesta el 26 de agosto último.

Máximo y Florencia Kirchner pretendían que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte resolviera la queja vinculada con el decomiso.

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Por su parte, Hotesur y Los Sauces S.A. cuestionaban que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.

Los fiscales Luciani y Mola, de la causa Vialidad

La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible. No constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite, dijeron los jueces. Tampoco los que reclamaban demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior.

La Cámara de Casación destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento fue diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente. De esa manera, declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, por un monto actualizado de aproximadamente 685.000 millones de pesos.

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111 inmuebles

Lo que está en juego por ahora es la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Hay un segundo pedido fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 inmuebles, 46 autos y más de US$ 5,6 millones en efectivo de Florencia Kirchner que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.

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Florencia con Cristina Kirchner en Cuba, en 2021

Las defensas de Cristina Kirchner y de Máximo y Florencia se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial -si se toma en cuenta los que generó también el fallecido Néstor Kirchner-, pues ninguno de los se encuentra entre los condenados por Vialidad.

No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación —en un voto dividido— rechazaron ese planteo al entender que los fondos eran parte del objeto del delito, por más que hubieran sido heredados luego por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo es el que fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.

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Hasta ahora, los acusados vienen teniendo éxito en demorar la ejecución. La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución. En julio pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.

Resta, en cambio, la definición sobre los bienes con los que se cubrirá esa suma. Aunque la Corte resolviera, el decomiso tampoco se completaría de inmediato, pues falta terminar de realizar dos pasos previos.

El abogado principal de la defensa de Cristina, Carlos Alberto BeraldiNicolás Suárez

El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal 2, vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.

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Es decir, como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir aquellos que considere que son de utilidad pública para su funcionamiento; los que directamente no irían a remate, sino incorporados a su patrimonio o al del Poder Judicial.

Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, que es utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial subasta bienes.

En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 dólares y otros 53.280,24 pesos.

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ejecutar,Hernán Cappiello,Conforme a

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