POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

A partir del 1 de abril de 2026, el doctor Leonardo Fabián Szuchet fue designado como Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El Decreto N° 249/2026 formaliza una decisión tomada previamente, por ende, la medida solo se vuelve oficial y legalmente válida a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Arentina.
La oficialización de Szuchet en el cargo responde a una decisión adoptada bajo el marco del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, según surge del documento firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques.
La publicación en el Boletín Oficial instruyó la debida comunicación y registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedando así formalizada la designación en la estructura del Ministerio. Mahiques realizó varios cambios con respecto a la reestructuración de la Subsecretaría de Derechos Humanos, marcada por el reemplazo de altos funcionarios en áreas estratégicas.
Esta nueva etapa administrativa busca consolidar equipos de confianza tras su reciente asunción, en un escenario especialmente sensible para la política argentina, conmemorándose recientemente el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. Según informó previamente Infobae, estos enroques no alterarán la postura oficial del Gobierno respecto a la política de derechos humanos.
Mogaburu había asumido el cargo debido a su cercanía con Sebastián Amerio, quien fue el número dos de la gestión conducida por Mariano Cúneo Libarona. Con este movimiento, el nuevo titular busca reforzar la impronta de su gestión.
Quién es el nuevo Subsecretario de Derechos Humanos
Uno de los relevos más inmediatos fue la salida de Joaquín Mogaburu, quien ocupaba el puesto de Leonardo Szuchet. El actual Subsecretario de Derechos Humanos es abogado penalista y actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Cuenta con experiencia previa en el área, ya que fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto.

Además, entre 2011 y 2015, estuvo a cargo de la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde participó en la gestión de casos de gran repercusión pública, como la tragedia de Once. Szuchet mantiene un perfil ligado a la gestión de políticas de derechos humanos con perspectiva orientada hacia el concepto de “memoria completa”, línea promovida por la actual administración nacional. Su designación responde a la confianza del ministro Juan Bautista Mahiques, con quien compartió equipos de trabajo en la gestión de Cambiemos.
Cambios en el Ministerio de Justicia
En este marco, el decreto publicado por el Boletín Oficial este miércoles a la madrugada también acepta la renuncia presentada por Juan Cruz Montero por el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y el de Director Ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados. Además, agradecieron al magister por “sus servicios prestados en dichos cargos”.
En paralelo, el Ministerio definió un nuevo titular para la Subsecretaría de Acceso a la Justicia tras la salida de Tristán Arturo Corradini, ocurrida el 6 de marzo de 2026. Según el decreto 195/2026, Corradini fue reconocido por su gestión y reemplazado por Jimena Belén Capece, politóloga que asume la responsabilidad de coordinar el diseño y ejecución de políticas públicas federales en esta área clave.
La Subsecretaría de Acceso a la Justicia es responsable de la planificación e implementación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria, todos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Entre sus funciones se destaca la tarea de diseñar y aplicar políticas destinadas a garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos en todo el territorio nacional.
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POLITICA
El Gobierno avanza con el achique de organismos descentralizados y presiona con retiros voluntarios

El Gobierno nacional avanza con el plan de reducción del tamaño del Estado, a través del achique del número de empleados públicos en los denominados organismos descentralizados.
Así lo confirmaron a dos fuentes oficiales de la Casa Rosada. La apuesta para lograr la reducción de la planta de trabajadores está dada, fundamentalmente, en los retiros voluntarios. Algo a lo que ya suscribieron varios organismos y en el correr de las próximas semanas podrían hacerlo aún más. Hasta ahora se habrían registrado más de 2000 bajas por esta vía.
Tal como adelantó este medio en marzo pasado, la cifra de bajas que se fijó como meta en el corto plazo el Ejecutivo oscila alrededor de los 5000 cargos para el primer tramo del año. Y la mayoría se daría vía los acuerdos voluntarios, lo que acelera los tiempos y protege al Estado de posibles juicios, según apuntan en la administración mileísta.
El Gobierno apuntaría a un número aún mayor de desvinculaciones a lo largo del año. Los planes de retiros voluntarios ya se abrieron en varios organismos, según confirmaron distintas fuentes oficiales de la administración libertaria, y podrían abrirse en otros más.
Entre los que ya que acumulan desvinculaciones voluntarias están el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES).
En ANSES, según confirmaron fuentes del Ejecutivo, más de 1200 empleados dejaron el organismo a través de retiros voluntarios. Mientras que en el INTA estaría cerca de los 500. Y una cifra superior en la Dirección Nacional de Vialidad. Una fuente al tanto de los pormenores ubicó en “unos 2000″, el número de empleados que aceptaron, solo entre ANSES y Vialidad.
En organismos como PAMI, según parte de las fuentes consultadas, la posible apertura de retiros voluntarios “es algo en lo que se está trabajando, pero aún no se anunció”. El organismo, encargado de la salud de las personas mayores, tiene más de 12 mil trabajadores bajo su orbita. Y viene de hacer drásticos ajustes en la provisión de servicios y medicamentos.
El sector que también lo tiene en vigencia es el de los medios públicos, con una planta inicial de más de 2200 empleados. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos. Y podría estar, también, la Casa de la Moneda.
En el gobierno defienden la decisión de abrir retiros voluntarios, que contempla alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado, como un gasto en lo inmediato, pero que “evita juicios millonarios” y que es, en muchos casos, por los tipos de contrato que imperan en los organismos descentralizados, “la única forma” de reducir el número de empleados.
”El gasto que genera hoy se recupera en cuestión de meses y se evitan juicios millonarios», resaltaron fuentes al tanto de los números en danza.
Entre las limitaciones para quienes se quieran adscribir está que no pueden volver a trabajar en el Estado por cinco años o bien, deben devolver el dinero cobrado si deciden volver. En tanto que quienes estén cerca de jubilarse no pueden sumarse a los retiros voluntarios.
El achique desde 2023
De acuerdo a datos del INDEC, a marzo de este año, el Sector Público Nacional Argentino, que incluye la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, contaba con 276.104 empleados.
A diferencia de lo que sucedió en los primeros dos años de gestión, donde los recortes de personal estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno se enfoca las reducciones en organismos descentralizados.
Entre las bajas, además de los retiros voluntarios, están los contratos que caen y que ya no serán renovados. Los contratos anuales son históricamente una de las principales formas de contratación del propio Estado.
Según datos oficiales, desde que empezó la administración mileísta, ya hay más de 61.00 puestos menos en la plantilla estatal nacional.
El diseño de los recortes en el área es llevado adelante por Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los ministros más valorados por Milei.
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POLITICA
Cuarentena eterna en Argentina: el día que Martín Guzmán confesó el «uso político» del encierro

La gestión de la pandemia por Covid-19 bajo el gobierno de Alberto Fernández quedó marcada como uno de los periodos más oscuros de la historia democrática reciente en Argentina. Lo que inicialmente se planteó como una medida sanitaria de emergencia se transformó en la cuarentena más larga del mundo. Con la perspectiva del tiempo y las propias confesiones del riñón oficialista, los datos confirman el devastador impacto económico, la quiebra masiva de empresas y el avance de graves denuncias penales en la Justicia Federal.
La confesión de Martín Guzmán: «Fue una bandera política»
El quiebre definitivo del relato sanitario ocurrió cuando el exministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció públicamente en una entrevista que la cuarentena se estiró deliberadamente por pura conveniencia electoral. El exfuncionario admitió que las restricciones sanitarias se prolongaron mucho más de lo técnicamente aconsejable porque el gobierno de Alberto Fernández medía bien en las encuestas gracias al confinamiento.
«La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista técnico, dada la información que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido… Pasó a ser un tema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno». — Martín Guzmán.
Según reveló Guzmán, la premisa dentro del Poder Ejecutivo ante cualquier intento de flexibilización económica era un rotundo «no, no se puede», priorizando sostener una épica de gestión política por encima del colapso del sector privado.
El impacto económico: la destrucción de pymes y empleo privado
Mientras el gobierno utilizaba el confinamiento estricto como estandarte electoral, la economía real sufría un golpe sin precedentes. Los datos oficiales y de consultoras privadas exponen la crudeza de las consecuencias:
- Cierre masivo de empresas: La prolongación desmedida de las restricciones severas provocó la quiebra y el cese definitivo de operaciones de más de 20.000 pymes y comercios en todo el país.
- Destrucción del tejido productivo: El sector informal, los cuentapropistas y los comercios de cercanía fueron los sectores más golpeados, registrando caídas históricas en sus ingresos reales. El propio Guzmán calificó la medida post-2020 como «profundamente desigualadora».
- Derrumbe del PBI y emisión descontrolada: En 2020, la actividad económica de Argentina sufrió un desplome del 9,9%. Para sostener el parate forzado, el Banco Central recurrió a una emisión monetaria récord para financiar planes de asistencia de emergencia (como el IFE), sentando las bases de la crisis inflacionaria posterior.
La respuesta judicial: imputaron a Alberto Fernández por abuso de autoridad
Las declaraciones del exministro dinamitaron el paraguas legal del «bien común» que argumentaba el Ejecutivo y reactivaron las causas en los tribunales de Comodoro Py. A raíz de estas confesiones, el fiscal federal Carlos Stornelli imputó formalmente a Alberto Fernández por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La investigación judicial, impulsada tras las denuncias penales de la oposición, busca determinar si el expresidente extendió las restricciones a la libertad de circulación de manera arbitraria e injustificada con el único fin de obtener un rédito político, a sabiendas del daño socioeconómico que causaba.
Esta causa se suma al histórico escándalo del «Olivos Gate», la fiesta de cumpleaños clandestina en la quinta presidencial que violaba los propios decretos del mandatario, consolidando en la opinión pública la percepción de un doble estándar moral y legal durante el confinamiento.
Para complementar la lectura sobre las derivaciones judiciales y mediáticas de esta confesión, podés ver el debate y la cobertura televisiva en este análisis sobre la denuncia a Martín Guzmán, donde se detalla el impacto que tuvieron sus palabras en los tribunales federales de Comodoro Py.
POLITICA
Duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires en el Tedeum: «Basta de arengar la división y la polarización»

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, envió un duro mensaje en el Tedeum en la Catedral Metropolitana: “Basta de arengar la división y la polarización”. “Nos faltan dirigentes que se animen al diálogo y a la reconciliación», dijo García Cuerva en la tradicional misa por el 25 de Mayo.
El presidente Javier Milei participó de la ceremonia junto a los ministros, en medio de la interna oficialista y sin la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no fue invitada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
García Cuerva reclamó: “Basta de arengar la división y la polarización porque ‘nadie se salva solo’, como nos decía Francisco. Y por último, pero no menos importante, el actor de la esperanza, que como un motor interno, anima cotidianamente a tantos argentinos que todos los días hacen enormes esfuerzos y siguen apostando por un futuro mejor».
El arzobispo de Buenos Aires advirtió: “Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades».
Jorge García Cuerva advirtió sobre los “odiadores” y el “terrorismo de las redes”, en plena tensión entre Martín Menem y Santiago Caputo
García Cuerva advirtió además sobre los “odiadores” y el “terrorismo de las redes”, en plena escalada de tensión entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, que se recalentó a partir de mensajes en X.
El arzobispo de Buenos Aires planteó: “Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm, haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando. Qué vigencia tienen las palabras del Papa León cuando decía en febrero de este año: ‘Los invito a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo’“.
Leé también: Video: así fue el momento del abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri antes del Tedeum
García Cuerva reclamó: “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas».
El arzobispo de Buenos Aires destacó: “Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Y así como aquellos escribas no lo detienen a Jesús en su deseo de sanar al paralítico, los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que en nuestra Argentina quieren dar una mano, y hacer algo por la Patria con esfuerzo silencioso y paciente, sin estridencias, sin cámaras, pero con el compromiso de un pueblo que no se resigna a vivir mal, sin justicia, sin paz”.
Jorge García Cuerva, Javier Milei
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