POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

A partir del 1 de abril de 2026, el doctor Leonardo Fabián Szuchet fue designado como Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El Decreto N° 249/2026 formaliza una decisión tomada previamente, por ende, la medida solo se vuelve oficial y legalmente válida a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Arentina.
La oficialización de Szuchet en el cargo responde a una decisión adoptada bajo el marco del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, según surge del documento firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques.
La publicación en el Boletín Oficial instruyó la debida comunicación y registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedando así formalizada la designación en la estructura del Ministerio. Mahiques realizó varios cambios con respecto a la reestructuración de la Subsecretaría de Derechos Humanos, marcada por el reemplazo de altos funcionarios en áreas estratégicas.
Esta nueva etapa administrativa busca consolidar equipos de confianza tras su reciente asunción, en un escenario especialmente sensible para la política argentina, conmemorándose recientemente el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. Según informó previamente Infobae, estos enroques no alterarán la postura oficial del Gobierno respecto a la política de derechos humanos.
Mogaburu había asumido el cargo debido a su cercanía con Sebastián Amerio, quien fue el número dos de la gestión conducida por Mariano Cúneo Libarona. Con este movimiento, el nuevo titular busca reforzar la impronta de su gestión.
Quién es el nuevo Subsecretario de Derechos Humanos
Uno de los relevos más inmediatos fue la salida de Joaquín Mogaburu, quien ocupaba el puesto de Leonardo Szuchet. El actual Subsecretario de Derechos Humanos es abogado penalista y actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Cuenta con experiencia previa en el área, ya que fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto.

Además, entre 2011 y 2015, estuvo a cargo de la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde participó en la gestión de casos de gran repercusión pública, como la tragedia de Once. Szuchet mantiene un perfil ligado a la gestión de políticas de derechos humanos con perspectiva orientada hacia el concepto de “memoria completa”, línea promovida por la actual administración nacional. Su designación responde a la confianza del ministro Juan Bautista Mahiques, con quien compartió equipos de trabajo en la gestión de Cambiemos.
Cambios en el Ministerio de Justicia
En este marco, el decreto publicado por el Boletín Oficial este miércoles a la madrugada también acepta la renuncia presentada por Juan Cruz Montero por el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y el de Director Ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados. Además, agradecieron al magister por “sus servicios prestados en dichos cargos”.
En paralelo, el Ministerio definió un nuevo titular para la Subsecretaría de Acceso a la Justicia tras la salida de Tristán Arturo Corradini, ocurrida el 6 de marzo de 2026. Según el decreto 195/2026, Corradini fue reconocido por su gestión y reemplazado por Jimena Belén Capece, politóloga que asume la responsabilidad de coordinar el diseño y ejecución de políticas públicas federales en esta área clave.
La Subsecretaría de Acceso a la Justicia es responsable de la planificación e implementación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria, todos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Entre sus funciones se destaca la tarea de diseñar y aplicar políticas destinadas a garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos en todo el territorio nacional.
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POLITICA
Javier Milei volvió a mostrarse con Manue Adorni en un nuevo gesto de apoyo tras las revelaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El presidente Javier Milei volvió a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un nuevo gesto de apoyo tras las revelaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El Presidente sentó a su lado al jefe de Gabinete en una reunión en Casa Rosada con dirigentes de la comunidad judía.
El líder libertario en las próximas horas partirá rumbo a Estados Unidos, donde se reunirá con empresarios y expondrá la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, un think tank que reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas de todo el mundo.
El mandatario se reunió con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer, el CEO de la entidad, Dany Mariaschin, la titular de su filial argentina, Susana Chalón, el secretario de esa organización, Daniel Sporn, el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vice, Gabriel Salem. Participaron además el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Ayer el arquitecto a cargo de las refacciones de la casa del funcionario en el country Indio Cuá, Matías Tabar, declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, que Adorni le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por el costo de los arreglos de la propiedad en Exaltación de la Cruz. El contratista mostró una conversación reciente de WhatsApp en la que Adorni lo contactó con el uso de mensajes temporales, como anticipó TN.
Leé también: El Gobierno niega que Adorni haya gastado US$245 mil para refaccionar la casa del country
El jefe de Gabinete le dijo que necesitaba hablar con él y, según relató Tabar, ambos hablaron luego telefónicamente. Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara para asistirlo en su declaración.
El contratista dijo ante el fiscal que inicialmente consideró esa posibilidad, pero que luego fue asesorado y decidió rechazar ese contacto, para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia común.
El Gobierno afirmó que Adorni “dará sus respuestas ante la Justicia” tras las nuevas revelaciones en la causa
Previamente el canciller Pablo Quirno dijo que el jefe de Gabinete “dará sus respuestas ante la Justicia” tras las nuevas revelaciones en la causa por enriquecimiento ilícito. El ministro de Relaciones Exteriores negó que el avance de la investigación contra el jefe de Gabinete afecte la gestión: “Absolutamente no, el trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que hace Adorni como jefe de Gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional».
Quirno dijo en declaraciones a Radio Mitre: “Adorni lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en la conferencia de prensa. Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Él dará, como dijo, las respuestas, que va a dar, en el ámbito en el que las tiene que dar, que es la Justicia».
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La Justicia archivó una denuncia contra el primo de Fred Machado por sus negocios mineros en Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El fiscal de Viedma, Francisco Marano, resolvió archivar de manera provisoria una denuncia penal contra Claudio Ciccarelli, primo del empresario Federico “Fred” Machado. La investigación buscaba determinar si Ciccarelli incurrió en delitos al obtener concesiones mineras mientras se desempeñaba como agente del Estado rionegrino.
El fiscal Marano concluyó que, por el momento, no existen elementos suficientes para sostener la existencia de un delito o avanzar con la pesquisa penal. El dictamen calificó la denuncia –realizada por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos)– como “prematura” y argumentó que no se habían agotado las instancias administrativas previas.
La fiscalía advirtió que los permisos (como el de la cantera “La Finita RH”, otorgado en noviembre de 2024), no fueron entregados a título personal, sino a la empresa Gold and Sand S.R.L., de la que Ciccarelli es socio.
Aunque se confirmó que Ciccarelli fue agente estatal en el Ministerio de Desarrollo Humano y tuvo una adscripción en la Legislatura hasta octubre de 2025, el fiscal sostuvo que no se verificó el acceso a información privilegiada ni irregularidades en el trámite de las concesiones. De todos modos, el expediente fue remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que analice posibles infracciones a la Ley de Ética Pública.
La fiscalía de Viedma había comenzado una investigación luego de que, en octubre pasado, el legislador Delgado Sempé pidiera que la Procuración General investigue a Ciccarelli por presuntas incompatibilidades de funciones y presunta violación a la ley de ética pública, por la que empleados y funcionarios tienen prohibido mantener negocios con el Estado.
Lo hizo después de que el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck admitiera que Ciccarelli fue empleado público en el área de Deportes, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes desde 2003, y luego asesor en la Legislatura de Río Negro. En el mismo período habría obtenido permisos de explotación minera.
El primo de Machado, un empresario argentino acusado de narcotráfico, fraude y lavado de dinero por la justicia de Estados Unidos, comenzó a interesarse desde hace años por la creciente demanda de arenas silíceas en el sector hidrocarburífero, para su utilización en el fracking (fracturación hidráulica): en 2021 acaparó el mayor número de pedidos de autorización para extraer arenas en Río Negro. En 2019, “Lechuga” fundó junto a Pablo Marcos Mac Mullen la empresa Petrosand S.A., de la que fue director suplente.
En agosto de 2021 constituyó la sociedad Gold and Sand S.R.L., junto a su socio Maximiliano Larrañaga. Principalmente, Gold and Sand está habilitada para realizar todo tipo de actividades relacionadas con la industria minera, como adquirir, arrendar y usufructuar minas y/o canteras. Y en 2022, Ciccarelli creó la firma Eco Friendly para quedarse con la concesión de la mina de Andacollo, que estaba paralizada desde 2020 y en proceso de salvataje.
Nuevos cuestionamientos
El legislador denunciante expresó su “profunda preocupación” por el archivo de la causa, considerando que envía un “mensaje alarmante” a la sociedad. Delgado Sempé criticó que la justicia penal delegue el análisis en la FIA, un organismo cuyas autoridades son propuestas por el Poder Ejecutivo.
“El resultado concreto es que no hay hoy una investigación penal en marcha, sino un expediente archivado ´por ahora´”, lamentó el legislador. Agregó que continuará impulsando acciones para que se revise la decisión y se profundice en los registros contables y bancarios del investigado.
Lo cierto es que, a pesar de ese cierre en sede judicial en Viedma, el bloque opositor Vamos con Todos denunció recientemente el otorgamiento de nuevos permisos de exploración y profundizó las críticas por la falta de transparencia oficial: cuestionaron que el Gobierno de Río Negro continúe otorgando derechos mineros a Ciccarelli. Según el Boletín Oficial del 19 de marzo de este año, se le tramitó un permiso de exploración denominado “El Gran Don José” en la zona de Los Menucos.
El presidente de la bancada Vamos con Todos, José Luis Berros, calificó la situación como preocupante. Habló de un “ocultamiento de información” debido a que el Ejecutivo no ha respondido a cuatro pedidos de informes cursados desde octubre de 2025 sobre las estructuras societarias vinculadas al empresario.
Entre las firmas mencionadas figuran Eco Friendly S.A., Gold Sand y L&C Mining S.A.C. En octubre del año pasado, Weretilneck dijo que Ciccarelli poseía permisos de explotación para tres canteras y dos más en trámite en la provincia.
Defensor de La Libertad Avanza y vinculado con José Luis Espert (era dueño de la camioneta negra blindada que durante la campaña de 2019), Ciccarelli fue agente del Poder Ejecutivo rionegrino (empleado bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes) y en 2019 fue trasladado por decreto al Poder Legislativo provincial, en el Bloque Parlamentario de Juntos Somos Río Negro, espacio político creado por el actual gobernador.
El año pasado, luego de que el por entonces diputado por Río Negro Martín Soria lo vinculara sentimentalmente con la diputada libertaria Lorena Villaverde y mostrara una foto en la que se lo ve a Ciccarelli en el recinto del Congreso durante la asunción de Javier Milei como presidente, en diciembre de 2023, el empresario respondió: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno. Es falso que mantenga relación de pareja con la persona mencionada por el diputado. También es falso que sea testaferro de nadie. Vivo hace 25 años en mi domicilio de la calle Saavedra, en Viedma, lo cual desmiente cualquier intento de adjudicarme un estatus económico que no poseo”.
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POLITICA
Milei afirma que no removerá a Adorni: el trasfondo de la decisión y el miedo de los ministros a alzar la voz

La declaración del contratista Matías Tobar, que acusó a Manuel Adorni de pagar USD 245.000 en efectivo para refaccionar su casa del country Indio Cuá, cayó como una bomba al interior del Gabinete. Se trata de un episodio que pegó por partida doble: la dimensión del monto no estaba en el radar de los funcionarios libertarios; además, volvió a poner en la primera plana mediática un asunto que pega de lleno en la narrativa libertaria de la lucha contra la casta.
En un sector importante de la mesa política del Gobierno consideran que el jefe de Gabinete debe dar un paso al costado para poder explicar su crecimiento patrimonial y las operatorias que se dieron a conocer en las últimas semanas, las cuales se dieron en el marco de su vida personal, pero mientras ocupaba cargos públicos de altísima relevancia.
Esta posición no se explica por un encono en particular con Adorni. Hay ministros que no tienen buena piel con el jefe de Gabinete, pero hay quienes sí; y ambas partes coinciden en que las revelaciones mediáticas que se produjeron por estos meses, y su prolongación en el tiempo, hicieron mella de manera significativa sobre el Gobierno, tanto en su narrativa como en su electorado.
Esta idea se impone incluso en aquellos que piensan que la Justicia está actuando con una particular celeridad y que los medios están midiendo al funcionario con una vara que no se aplicó a otros dirigentes políticos. “Si me preguntás a mí, absolutamente todos los gobiernos tuvieron personas corruptas. El escarnio que hacen con Manuel no se lo hicieron a otros. Ahora, si me preguntás a mí, yo lo hubiera echado”, marca una figura destacadísima de las reuniones de Gabinete.
¿Si en numerosos despachos ejecutivos y legislativos del oficialismo comparten un diagnóstico similar, por qué nadie sale a hablar en público? La respuesta corta es que tienen miedo de decirle al Presidente lo que piensan.

“Yo no tengo autoridad para decirle a Javier qué debería hacer en este caso tan sensible”, justifica -en diálogo con Infobae -una persona de confianza de los hermanos Milei. Esta persona como otras más están esperando a que el Presidente sea quien se contacte con ellos para solicitar un consejo. Mientras esto no ocurra, no van a levantar la voz.
Cuando uno mira el panóptico del Gabinete y de los funcionarios políticos que orbitan el mismo, son pocos los que tienen la autoridad para hablar de asuntos de ese calibre de manera directa con Milei y su hermana. “¿Vos pensás que cuando un ministro va a hablar a Olivos con el Presidente hablan de esas cosas? Se habla de gestión o a lo sumo de algunas banalidades. Nadie lo va a interpelar con esa cuestión”, respondió ante una consulta una de las figuritas de mayor visibilidad del Ejecutivo.
Hay pocas personas que han conversado en estos días sobre este tema con los hermanos Milei. Las charlas han existido, aunque se mantienen en estricta reserva.
La decisión del Presidente es la de mantener al jefe de Gabinete. No hay discusión al respecto. Lo hizo cuando emergieron las primeras controversias en los albores del Argentina Week a comienzos de marzo y lo siguió haciendo con las causas judiciales en curso y declaraciones testimoniales que son, cuanto menos, sugerentes.
En privado, Milei justifica su decisión en que la causa mediática contra Adorni es una operación coordinada tanto por sectores judiciales, como políticos y económicos. Es por ese motivo que no tiene previsto ceder, porque afirma que hacerlo sería tirar a una persona de su confianza “por la ventana” y que ese presunto modus operandi se puede replicar en otros miembros de su entorno.
Milei les dice a los suyos que “a los testigos los compran” y que el contratista no es una excepción. “No vamos a entregar a nadie”, se repite desde Olivos.

La actividad pública en redes de parte del Jefe de Estado parece convalidar los trascendidos. En horas de la madrugada, el Presidente reposteó una publicación en X de un usuario que consideraba que el presupuesto de la refacción de la casa-quinta estaba sobredimensionado: “¡Piensen! ¿Pagó con 250 mil dólares cash refacciones de una propiedad que no vale 150 mil pudiendo pagar con esa plata sin endeudarse con hipotecas el saldo de esa casa 90 mil dólares y 200 mil del departamento? Ni en Narnia cuesta 250 mil dólares una refacción de esa propiedad. Para colmo, ¡el contratista resultó ser proveedor de Kicillof! Encima entregó el teléfono con los mensajes borrados!”.
Muestra de ese apoyo es que Milei convocó a Adorni a una reunión que tuvo esta mañana en Casa Rosada con la organización judía B’nai B’rith previo a viajar a California disertar en el Instituto Milken. Esta no será la única muestra junto a su vocero: ayer por la tarde se conoció que había convocado a una reunión de Gabinete para este viernes a las 14 horas en el Salón Eva Perón; el Presidente le confirmó que irá.
“Están en cualquiera si creen que va a renunciar o lo van a desplazar”, dijeron desde un importante sector político. A la luz de los acontecimientos, parece poco probable que haya otro descubrimiento que lo haga cambiar de parecer al Presidente. Quienes conocen al entorno presidencial marcan que el otro factor de veto lo tiene la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Los hermanos libertarios fueron quienes instaron a todo el Gabinete a acompañar a Adorni a la Cámara de Diputados la semana pasada. Para ellos es vital no “dejar tirados” a quienes configuran el círculo de funcionarios más importantes de la Casa Rosada. En el inicio del escándalo mediático, en el entorno karinista decían que no iban a desplazar a Adorni por una acusación judicial. “Con la causa ANDIS sostuvimos a los nuestros y en esta va a ser igual”, afirmaban.
Se trata de un criterio que no se aplica a la totalidad de los funcionarios. Fue realmente inconveniente para la estrategia oficial la aparición de un escándalo en el edificio contiguo a la Casa Rosada, más específicamente en el Palacio de Hacienda. Dos semanas atrás se conoció que el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, no había declarado siete propiedades en Miami y dos sociedades comerciales en Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, debió pedirle la renuncia, la cual fue ofrecida por el mismo funcionario.
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