La continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete pende de un hilo. En el Senado, los principales referentes de la oposición dialoguista ya la dijeron a la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), que no pueden garantizar que no prospere esta misma semana el pedido para interpelar y avanzar con una moción de censura contra el cuestionado funcionario, con impulso del kirchnerismo.

Según pudo saber de fuentes de la oposición dialoguista, en el Senado ya se habla del “efecto Kueider”, en alusión al senador entrerriano que iba a ser suspendido hasta que se aclarara su situación judicial, pero que en cuestión de horas terminó expulsado del cuerpo como consecuencia de un efecto cascada que llevó a que nadie quisiera pagar el costo político de sostenerlo.

En este caso, la situación de Adorni podría degradarse de manera acelerada ante el pedido de interpelación presentado la semana pasada por el bloque kirchnerista. “Nadie nos garantiza que no terminen votando esta misma semana una moción de censura”, precisaron fuentes de la bancada oficialista.

Si esto ocurriera, el jefe de Gabinete quedaría expuesto a su remoción del cargo si la semana próxima, el martes 23, Diputados votase otra moción de censura. En ambos casos, se necesita de la mayoría absoluta (37 votos en el Senado y 129 en la Cámara baja) para dejar a Adorni sin cargo.

La noticia ya está en conocimiento de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que sigue sosteniendo a Adorni a pesar de que con cada nueva explicación de sus correrías patrimoniales no hace más que hundirse un poco más en el pantano de la indignación que provoca en todo el arco opositor.

El jefe de Gabinete había exacerbado el malestar de la oposición en el Senado al anunciar el jueves último que iba a concurrir en julio, sin precisar una fecha, a dar su informe sobre la marcha del Gobierno. El rechazo opositor no se hizo esperar, sobre todo porque Adorni sigue sin presentarse ante la Cámara alta, cuando debió haberlo hecho en marzo y en mayo.

Desde que asumió el cargo, en noviembre del año pasado, el ministro coordinador sólo asistió una vez al Congreso a cumplir son su obligación constitucional.

Fue el pasado 29 de abril, cuando con el presidente Javier Milei, su hermana y medio gabinete en los palcos de la Cámara de Diputados dijo que no había omitido ninguna información en sus declaraciones juradas patrimoniales. Aquellas palabras quedaron desmentidas con su última explicación sobre los dólares que dijo haber encontrado en su casa paterna y la adquisición de US$200.000 en bitcoins que le habrían reportado una ganancia US$300.000.

En un intento por calmar las aguas y ante las sospechas de que el funcionario pretendía estirar hasta fin del mes próximo su visita al Senado, Bullrich abrió rápidas negociaciones con los sectores dialoguistas y acordó fijar para el próximo 2 de julio la sesión informativa.

Sin embargo, el vértigo de los acontecimientos y, sobre todo, el fuerte rechazo que generaron las vidriosas explicaciones de Adorni para justificar su repentino crecimiento patrimonial, terminaron por comprometer la situación del jefe de Gabinete, que a cada minuto se hace más insostenible.

Pedido de licencia

Según pudo saber este diario de fuentes libertarias, en su última conversación Bullrich le propuso a la hermana presidencial que Adorni “al menos pida licencia” hasta conocer los próximos pasos que tomarán el fiscal Gerardo Pollicita y se tenga un panorama más claro de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que tiene al jefe de Gabinete como protagonista.

La propuesta no fue aceptada por Karina Milei, a quien todos señalan como el principal soporte político del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, el tiempo corre. El próximo miércoles, a las 18, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a todos los presidentes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para definir el temario de la sesión que, hasta ahora, el oficialismo pretende celebrar al día siguiente para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

En esa reunión, el caso Adorni tendrá un papel protagónico a raíz de un pedido del bloque kirchnerista, que pretende discutir una resolución pidiendo la interpelación del jefe de Gabinete a los efectos de discutir su moción de censura.

La iniciativa propone convocar al funcionario a la semana siguiente de aprobada la resolución para que se haga presente en el recinto de la Cámara alta para su interpelación. Pero el desarrollo de los acontecimientos podría acelerar los tiempos y encendió las alarmas en los despachos oficialistas de la Cámara alta.

Por lo que pudo saber este diario, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), ya le habría adelantado a Bullrich que su bloque no estaría dispuesto a pagar el costo político de bloquear cualquier pedido que implique tratar el caso Adorni en el recinto esta semana que comienza.

En la misma sintonía se manifestaron los jefes de las bancadas de Pro, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, el peronista correntino Carlos Espínola, y las peronistas provinciales Flavia Royón (Salta) y Carolina Moisés (Convicción Federal).

En otras palabras, La Libertad Avanza casi que no tendría aliados que lo ayuden a sostener a Adorni si el tema de su moción de censura quedara habilitado para su tratamiento en el recinto el próximo jueves.

Después de un largo ida y vuelta entre fueros, el expediente que nació como una investigación sobre la quinta de Pilar asociada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) regresó al Juzgado N° 10 del fuero Penal Económico. Pero ya no será el juez Marcelo Aguinsky, sino una mujer −la única en la primera instancia del fuero− quien quede al frente del caso.

Se trata de Verónica Straccia, quien subroga desde abril el juzgado al que ahora retorna acaso el capítulo judicial que más preocupa a las autoridades de la AFA.

La jueza, de marcado perfil bajo, larga trayectoria judicial y muy respetada en ese ecosistema, se hará cargo del expediente al menos hasta noviembre, mes en el que vencerá su suplencia.

Straccia forma parte del Poder Judicial desde hace más de 30 años. Creció profesionalmente en Lomas de Zamora, donde fue secretaria letrada durante una década. En 2003, por concurso, llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11, del que es titular.

“Es una reglamentarista”, la define alguien del fuero que la conoce. “Tiene un fuerte apego a las formas y bastante poca plasticidad”, agrega la misma fuente, una de las tantas que le reconocen a la jueza un gran rigor técnico.

Straccia es la cuarta magistrada que queda al frente del caso en menos de siete meses. Hereda un expediente complejo que fue ganando espesor y visibilidad en un recorrido que, además, dejó expuestas las conexiones entre el mundo del fútbol y la Justicia.

La quinta de Villa Rosa, sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, conforma la primera capa de las fojas que se apilan en el expediente. En parte, debido a la estrategia defensiva que ensayaron las autoridades de la AFA, que apuntaron a concentrar en esta causa todas las demás que tienen a la entidad deportiva bajo la lupa.

El caso tramita bajo la hipótesis de lavado de dinero. Entre otros elementos, sumó los contratos que la AFA trabó con TourProdEnter, la sociedad de Javier Faroni y Érica Gillette que actúa como agente de cobro y recauda los fondos de la entidad deportiva en distintas partes del mundo y está sospechada de haber desviado parte de ese dinero.

El trabajo de Straccia es valorado por los funcionarios judiciales del fuero. La consideran una persona “seria”, “reservada”, “poco influenciable” y “suficientemente capacitada” para tomar las riendas de un caso tan sensible.

Otra voz del fuero le atribuye a la magistrada una ligera tendencia “proimputado”; un sesgo, advierte la misma fuente, que es propio del fuero, no exclusivo de Straccia.

No reniega ni desmiente la imagen que tienen de ella en la Justicia, pero la jueza prefiere el trabajo en silencio. Evita los flashes y procura seguir de cerca el trabajo de su equipo. “No cree en las ventajas del home office”, grafica un judicial, que, a modo de elogio, agrega: “Es desconfiada”.

Straccia emergió a los primeros planos en 2014 con el capítulo local de la causa conocida como “SwissLeaks”. El caso se basó en información obtenida de los archivos del banco HSBC de Ginebra, Suiza, que fue extraída por un informático y entregada a las autoridades francesas. En la lista aparecían reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas, entre otros.

En el país, el expediente nació con una denuncia de la AFIP de Ricardo Echegaray. Alcanzó a más de 4000 personas que la jueza Straccia investigó para determinar si habían o no cometido algún tipo de evasión impositiva. En diciembre de 2021, en un fallo de 621 páginas, la jueza sobreseyó a Gabriel Martino y otros ejecutivos del banco HSBC, acusados de haber facilitado a 4040 contribuyentes argentinos la apertura de cuentas bancarias en Suiza sin declararlas ante el fisco.

El ritmo de la AFA

El expediente que ahora la llevará nuevamente a los primeros planos atravesó etapas con distintas velocidades. El primer allanamiento, ordenado por Daniel Rafecas, vinculó muy tempranamente y mediante prueba directa a Toviggino con el predio.

El juez Aguinsky, que continuó la tarea, sostuvo el vértigo: él y su equipo trabajaron durante la feria judicial de enero e incorporaron elementos que consolidaron la sospecha de que los dueños formales del predio, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, no eran, en los hechos, los verdaderos propietarios.

Cuando el caso se mudó a la Justicia federal de Campana, en respuesta a un pedido de los propios investigados, Pantano y Conte, entró en otra fase, de mayor análisis, y el ritmo inicial se apaciguó.

Quienes conocen los tiempos de Straccia no esperan que la causa recobre el impulso inicial. Es minuciosa para trabajar, dicen en el fuero, por lo que “se toma su tiempo para todo”.

Hay quienes dan como un hecho que la jueza delegará la investigación en la fiscalía, según son sus costumbres. De ser así, será la primera vez que eso ocurra: ninguno de los jueces que intervinieron en el caso optó por poner la pesquisa en cabeza del fiscal.

El responsable de marcar la marcha de la investigación será entonces el fiscal Claudio Navas Rial, que ya está familiarizado con el caso.

Las últimas medidas ordenadas por el juez anterior, Adrián González Charvay, serán centrales para la causa que heredó Straccia.

El magistrado encomendó a expertos de la Corte un análisis contable sobre tres ejes: los movimientos de Real Central, propietaria formal del predio; una tarjeta de crédito de Pantano con la que se pagaron algunos gastos de la costosa flota de autos hallada en la quinta, y el flujo de fondos de TourProdEnter, la sociedad vinculada a Faroni que, según reveló , habría desviado al menos 40 millones de dólares de la AFA.