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La Suprema Corte bonaerense dejó firme un fallo que considera empleados a los repartidores de Rappi

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La Suprema Corte de Justicia bonaerense dejó firme un fallo que considera que los repartidores de Rappi tienen un vínculo laboral con la empresa de mensajería y ratifica la aplicación de una multa millonaria.

El máximo tribunal bonaerense rechazó los recursos de la empresa y dejó firme la sanción económica de más de 16 millones de pesos.

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Esta decisión judicial puede ser recurrida por razones constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario o un recurso de queja, eventualmente.

La Suprema Corte bonaerense no se pronunció sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazó los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada, con lo que dejó firme el fallo anterior de un tribunal laboral platense donde se reconoció la relación laboral.

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, los tres integrantes de la Suprema Corte bonaerenseSCBA

La sentencia definitiva, que contó con el voto unánime de los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria y Sergio Torres, de la Suprema Corte provincial, y con el voto de la jueza ad hoc María Florencia Budiño, de la Casación bonaerense, para completar la integración.

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En el caso intervino el Ministerio de Trabajo provincial, que determinó que la compañía tecnológica evadía obligaciones laborales al no registrar a las personas que operan como repartidores a través de su aplicación.

La nueva ley de modernización laboral considera que los trabajadores de plataformas no tienen una relación de dependencia con las empresas. Pero la aplicación de esta ley fue suspendida por fallos judiciales.

De todos modos, este caso de Rappi que resolvió la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires es anterior a la vigencia de la nueva ley de modernización laboral.

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El origen del conflicto se remonta al momento en que la autoridad administrativa del trabajo provincial llevó a cabo inspecciones para verificar las condiciones de los repartidores.

Tras estos relevamientos en la vía pública, el Estado intimó a Rappi a presentar la documentación laboral exigida legalmente en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo ubicada en la ciudad de La Plata.

A pesar de haberse presentado en el expediente y constituir un domicilio inicial en esa ciudad, la empresa no puso a disposición de los funcionarios esos documentos, lo que derivó en que el Ministerio de Trabajo bonaerense le labrara un acta de infracción y ordenara el auto de apertura de un sumario.

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Durante el transcurso de ese sumario, Rappi realizó un nuevo descargo y constituyó un domicilio legal distinto en San Isidro, pero terminó con los plazos probatorios vencidos sin haber producido las pruebas.

Ante la preclusión del período probatorio y el cierre de la investigación, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la resolución 1858/21.

A través de esta medida, “se le impuso a la compañía multinacional una severa multa de $16.426.800 pesos, amparada en infracciones a los artículos 52, 128 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, y normativas relativas a riesgos del trabajo y registro de empleo.

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Ese monto corresponde al año 2021, cuando se impuso la multa.

Frente a la sanción, Rappi acudió a los estrados judiciales e interpuso un recurso de apelación, al argumentar que se habían violado sus garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio y el de propiedad.

La firma cuestionó el accionar de los inspectores, consideró que las actas administrativas debían declararse nulas por la forma en que fueron redactadas, al dar por asumida de antemano la existencia de una relación laboral.

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Uno de los ejes de la defensa empresaria radicó en negar el vínculo de dependencia. La compañía sostuvo reiteradamente que los repartidores en su tarea no presentaban las notas características de una relación de trabajo, y que el Ministerio de Trabajo carecía de facultades para determinar si eran o no dependientes de la firma, pues dijo la empresa, esa es una “tarea exclusiva de los jueces”.

A su vez, Rappi tachó a la resolución administrativa de arbitraria e infundada, y exigió una morigeración o reducción de la multa al considerar que superaba los parámetros del Pacto Federal del Trabajo.

Sin embargo, el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la apelación y confirmó lo decidido por la autoridad administrativa.

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Los magistrados del tribunal argumentaron que el “Estado provincial tiene una potestad indelegable para ejercer la función de policía del trabajo”.

En respuesta a las quejas sobre los controles callejeros, el tribunal validó estas prácticas al esgrimir el convenio 81 de la OIT, y dijo que “la modalidad de inspección fue totalmente adecuada puesto que los repartidores no prestan sus servicios en ningún lugar físico propiedad de la empresa, sino directamente en la vía pública».

Los jueces laborales advirtieron que privar al ministerio de la facultad de interpretar las leyes laborales para fiscalizar o imponer infracciones generaría la “parálisis y esterilidad” absoluta de sus funciones estatales.

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Ante el revés, Rappi elevó la causa mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

Respecto a la nulidad, el máximo tribunal determinó que los argumentos de la compañía solo evidenciaban una disconformidad por supuestos errores de juzgamiento, lo cual es ajeno a un recurso extraordinario de nulidad.

El juez Soria habló de una falencia técnica de los abogados de Rappi. Indicó que en lugar de desarrollar una crítica razonada de la sentencia del tribunal de La Plata, la firma se limitó a transcribir extensamente y reiterar los mismos planteos que ya había presentado en etapas previas.

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Esta técnica de transcripción fue insuficiente para revertir los argumentos del tribunal del trabajo platense, dijeron los magistrados, que no se pronunciaron sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazaon los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada.

No obstante, quedó firme el fallo anterior que señalaba que la prestación de los servicios de reparto estaba probada y que para el Tribunal Laboral N°2 de La Plata revisten una relación laboral.

Finalmente, la Corte descartó cualquier posibilidad de reducir la multa de 16,4 millones de pesos. Avaló el cálculo administrativo basado en el Pacto Federal del Trabajo, el cual ponderó cinco incumplimientos de carácter “muy grave” sobre un total de 75 trabajadores afectados, y ató los valores a porcentajes del salario mínimo, vital y móvil.

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La chicana mundialista de la UCR a un gobernador peronista: “No había nacido Messi y él ya estaba en el poder”

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En medio de la Copa del Mundo y luego de que Argentina lograra una agónica clasificación a octavos de final, la UCR aprovechó el clima deportivo para hacer una chicana futbolera a un gobernador peronista. “No había nacido Messi y Gildo Insfrán ya estaba en el poder”, aseguró el presidente del radicalismo, Leonel Chiarella, al arribar a Formosa capital.

Sucede que los radicales reclamaron que la Suprema Corte resuelva el planteo que hizo la presidenta de la UCR provincial, Agostina Villaggi, contra la reelección indefinida que Insfrán aprobó el año pasado en una reforma constitucional. Dicha norma fue objetada y será el máximo tribunal nacional el que defina su futuro.

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Chiarella hizo estas declaraciones en un video que publicó en las redes sociales de la UCR junto a la secretaria General del partido, Piera Fernández y Villaggi. Además, denunció que la titular del partido en Formosa fue agredida por llevar adelante el reclamo.

“Agostina es legisladora provincial, ella lideró con mucho coraje esta presentación judicial, fue golpeada, atacada por una patota y sin embargo no bajó los brazos, por eso hoy venimos a Formosa para respaldarla”, añadió Chiarella.

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Su visita a la capital provincial formoseña se enmarca en la recorrida por todo el país que viene llevando a cabo desde que asumió el cargo. Según indicaron en su entorno, tendrá encuentros con vecinos, una reunión con la Federación Agraria de Formosa y otra con jóvenes radicales.

Gildo Insfrán gobierna Formosa desde hace décadas. (Foto: X / @insfran_gildo)

Chiarella llegó a Formosa junto a Piera Fernández, el titular de la Organización de Trabajador Radicales (OTR), Luis Cerini y el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia. Además de ser presidente de la UCR es intendente de Venado Tuerto (en el sur de Santa Fe). Es el presidente más joven de la historia del partido y en sus primeros seis meses de gestión recorrió la mitad de las provincias argentinas.

Se trata de una elección inusual en el partido, acostumbrado a optar por nombres de más trayectoria. Pero también responde a una necesidad de la UCR: mostrarle a la sociedad un proceso de renovación.

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Chiarella es un dirigente joven (36 años) y gobierna la tercera ciudad más grande de Santa Fe. “Gobierna con superávit desde hace seis años y fue reelecto con el 83 por ciento de los votos en 2023″, indicaron desde uno de los sectores del radicalismo que impulsaron su nombre. Y un dato no menor: es un hombre de Pullaro.

UCR, Gildo Insfrán, Formosa

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Inédita decisión: citarán a veedores de la CGT y de una ONG para fiscalizar las nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana

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Ya con Abel Furlán desplazado, el interventor judicial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, avanza con fuertes decisiones para garantizar la transparencia en la nueva votación a la que convocará antes de fin de año en la Seccional Zárate-Campana.

El abogado, que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene previsto citar a veedores de la CGT y de la ONG Transparencia Electoral para que fiscalicen las elecciones en esa filial del gremio metalúrgica, que se hicieron en marzo pasado y fueron anuladas dos meses después por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante serias irregularidades del oficialismo liderado por Furlán.

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El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de Zárate-Campana, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González tomaron la misma decisión con la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio.

Alberto Biglieri, interventor judicial de la UOM

Los jueces fundamentaron su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en aquella seccional bonaerense y aseguraron que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Biglieri es interventor tanto a nivel seccional como nacional, tiene a su cargo la administración del sindicato y de la obra social, y se le otorgó un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical.

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Para ayudarlo en su tarea, el interventor designó algunos asesores con pasado en la función pública. El más conocido es Omar Yasín, el primer secretario de Trabajo libertario que provenía del equipo de Jorge Triaca y duró un año en el cargo, o Carlos Galina, jefe de asesores de Biglieri, que en el gobierno de Mauricio Macri tuvo el mismo puesto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En la obra social de la UOM figura otro ex funcionario: Sandro Taricco, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde había llegado con Graciela Ocaña en la gestión de Cristina Kirchner y luego volvió con Cambiemos, entre 2017 y 2018.

Abel Furlán fue desplazado de la jefatura de la UOM por un fallo judicial

Cerca del interventor afirmaron que su plan de gestión al frente de la UOM contempla cuatro pasos y el primero fue presentar en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios que, sugestivamente, son 5 dirigentes distanciados de Furlán: Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución).

Una vez que Trabajo reconozca a los nuevos delegados paritarios metalúrgicos, el segundo paso trazado por Biglieri será justamente la negociación de aumentos salariales con los empresarios para la rama siderúrgica (que no pacta incrementos desde hace 2 años) y la metalúrgica en general. “Tenemos más del 40 por ciento de los trabajadores cobrando un básico por debajo de la línea de pobreza -dijeron a Infobae fuentes sindicales-. No podemos esperar a terminar con la intervención judicial para salir a discutir los salarios”.

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“Entre abril de 2025 y mayo de 2026 tenemos una pérdida contra el IPC de 12,9 puntos”, sostuvo otro dirigente metalúrgico, que recordó que el último aumento salarial para el sector se acordó en abril pasado.

Roberto Bonetti, líder de la UOM Capital, en un homenaje a Augusto Timoteo Vandor

En este escenario salarial, cruzado por la interna en el sindicato, se destacó la postura de Bonetti, quien encabezó este lunes un acto en memoria del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor al cumplirse 57 años de su asesinato, porque volvió a criticar al desplazado jefe de la UOM: tras mencionar que existe “un contexto muy adverso para los metalúrgicos, con salarios por debajo de la línea de pobreza, pérdida del poder adquisitivo, paritarias aún sin resolver y la UOM intervenida”, señaló que » el Gobierno ataca a los trabajadores y a la industria, pero también hay una responsabilidad de Furlán, cuya conducción carece de la capacidad y grandeza de Vandor, quien supo liderar en peores circunstancias y nunca entregó derechos”.

Las tratativas salariales que pilotearán Bonetti y sus colegas podrían darles un protagonismo interno que será clave cuando finalmente se llame al congreso nacional del sindicato para volver a elegir a su conducción.

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En esa instancia, hay otra resolución de Biglieri que incidirá de manera directa en el proceso de designación del nuevo jefe nacional de la UOM en reemplazo de Furlán, que tendrá lugar luego de los comicios en Zárate-Campana. Es que los titulares de las seccionales se eligen por el voto directo de los afiliados, pero la conducción nacional metalúrgica surge de un congreso del que participan delegados que envía cada seccional en forma proporcional a la cantidad de afiliados que tiene.

El último congreso nacional de la UOM, que reeligió a Abel Furlán, fue anulado por la Justicia

Eso significa que los metalúrgicos no eligen directamente a quienes los van a representar a nivel nacional en el sindicato sino a los electores que son los que, en definitiva, tomarán esa crucial decisión.

Pero el problema detectado por el interventor es que los padrones de las seccionales están inflados y no reflejan en muchos casos la pérdida de afiliados por la crisis del sector metalúrgico, lo que distorsiona la representación verdadera de los electores al congreso de la UOM.

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Las cifras oficiales de los padrones en varios casos terminaron favoreciendo a los oficialismos leales a Furlán: el ejemplo más notorio, resaltaron cerca de Biglieri, es el de la Seccional San Martín, una de las más importantes y manejada por el furlanista Osvaldo Lobato, que aportó 19 delegados al congreso de la UOM, pero según sus afiliados reales debería haber llevado sólo 6.

Angel Derosso, el candidato opositor de la UOM Zárate-Campana

Una curiosidad: Lobato es secretario Gremial de la CGT en representación de la UOM, a propuesta de Furlán durante el congreso cegetista de noviembre pasado. ¿Cómo hará la CGT para mantener la imparcialidad enviando veedores a la votación metalúrgica de Zárate-Campana, donde se jugará el futuro de Furlán, si tiene como virtual número 3 a un dirigente fiel a éste?

El tercer paso de la intervención será, en palabras del entorno de Biglieri, será ver cómo se va conformando este “nuevo mundo del trabajo” a partir de la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y el cuarto, la adecuación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que, según advirtieron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno no habilitará mientras se mantenga la intervención judicial en la UOM.

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Algunos metalúrgicos lo celebran porque de esa forma los convenios que rigen la actividad deberán ser rediscutidos por dirigentes legitimados por los votos, pero para otros es una mala noticia: “Hay que renegociar lo antes posible, no podemos tener un convenio del año 75″, enfatizó un experimentado sindicalista del sector.

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El Gobierno avanza con cambios en la Aduana y pone a Diego Santilli al frente de la negociación por la reforma electoral

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El Gobierno avanza con cambios en la Aduana, recalcula la estrategia electoral de Javier Milei y prepara los próximos movimientos de Diego Santilli en el Congreso y con los gobernadores. En la Casa Rosada buscan combinar gestión, negociación política y una etapa de mayor moderación pública del Presidente después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

En el Ejecutivo aseguran que trabajan en modificaciones tecnológicas para la Aduana a raíz de quejas por demoras, falta de trazabilidad y problemas para seguir el recorrido de mercadería. “Necesitamos hardware. No hay formas de seguimiento claras”, expresan en Nación. La frase apunta a una discusión interna sobre la capacidad del Estado para controlar cargas, contenedores, circuitos logísticos y procesos de liberación con información más precisa.

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Las quejas llegaron desde empresas, operadores y usuarios que denuncian demoras en la salida de contenedores y trámites aduaneros poco previsibles. En Balcarce 50 admiten que el tema se volvió una cuenta pendiente para el área económica, en especial por el impacto que tiene sobre importaciones, exportaciones, costos logísticos y competitividad.

El Gobierno ya empezó a mostrar algunos cambios administrativos. Federico Sturzenegger destacó la resolución de ARCA que permite reemplazar garantías por declaraciones juradas para operadores con comportamiento regular, una medida que, según el ministro de Desregulación, reduce costos, trámites y márgenes de discrecionalidad. En el oficialismo lo presentan como parte de una agenda más amplia para simplificar el comercio exterior.

La reforma del Código Aduanero está en esa misma dirección, pero con un alcance mayor. En el Ejecutivo trabajan sobre cambios vinculados a digitalización de procesos, reducción de discrecionalidad, trazabilidad, procedimientos sancionatorios y plazos administrativos. La idea es combinar simplificación normativa con tecnología aplicada al control.

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La discusión aduanera se da en paralelo al reordenamiento político que abrió la salida de Adorni y el ascenso de Santilli (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).

La discusión aduanera se da en paralelo al reordenamiento político que abrió la salida de Adorni y el ascenso de Santilli. En la Casa Rosada adelantan que esperan meses de mayor moderación discursiva de Milei mientras el Gobierno busca recomponer vínculos con gobernadores y conseguir votos para las reformas.

El nuevo jefe de Gabinete tiene como tarea central acercar posiciones con mandatarios provinciales y bloques aliados. En Balcarce 50 creen que la reforma electoral será el punto más sensible de esa negociación. “Si no sacamos las PASO, Milei no reelige”, insisten en Nación. La frase resume la obsesión de la mesa política: evitar una primaria nacional que pueda ordenar a la oposición y generar una foto desfavorable antes de la elección general.

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Por eso, el Gobierno habilitó negociaciones por un esquema de bi-listas o listas compartidas con algunos gobernadores. La alternativa permitiría que mandatarios provinciales o aliados conserven identidad propia en categorías legislativas, pero vinculados a la candidatura presidencial de Milei. En la Casa Rosada lo presentan como una herramienta para destrabar votos a cambio de eliminar o suspender las PASO.

La apuesta oficial tiene dos tiempos. Primero, una etapa de moderación, acuerdos y negociación parlamentaria. Después, un regreso a una campaña más polarizada. “Una vez que salga la reforma política y se cierren algunos acuerdos con gobernadores, vuelve el Milei radicalizado”, expresan en el oficialismo.

La discusión también atraviesa el tono de campaña. En varios despachos oficiales aseguran que la oferta electoral será “estabilidad y resultados económicos”, con foco en inflación, salarios, crédito, seguridad y reformas sancionadas. Pero en otras oficinas creen que Milei deberá recuperar un discurso más duro contra la oposición para ordenar a su núcleo propio.

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El Presidente en la ceremonia central en el Monumento a la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin (Foto: Presidencia).
El Presidente en la ceremonia central en el Monumento a la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin (Foto: Presidencia).

No vamos a hablar de la casta porque esa bandera ya la perdimos, pero sí vamos a apuntar contra el modelo anterior”, agregan en Nación. La definición muestra el intento de recalibrar el mensaje: menos eje en la política como enemigo general y más confrontación con el kirchnerismo, el peronismo y las gestiones anteriores.

Santilli volverá esta semana al Senado para reunirse con el bloque de La Libertad Avanza y aliados. El objetivo será destrabar la Ley de Zonas Frías y avanzar con la reforma electoral, dos de las prioridades que Karina Milei marcó en la última reunión con legisladores oficialistas. En el Gobierno reconocen que todavía faltan votos y que el rol de los gobernadores será determinante.

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El martes, Santilli encabezará junto a Karina Milei su primera reunión de mesa política como jefe de Gabinete. El horario todavía no está definido porque la Selección argentina jugará al mediodía, lo que también llevó al Gobierno a adelantar la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier.

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El nuevo ministro coordinador acompañará además a Milei en el viaje a Tucumán por el Día de la Independencia de la Argentina. En la Casa Rosada quieren que la actividad funcione como una señal política hacia los gobernadores, aunque dan por hecho que varios mandatarios no asistirán porque tendrán celebraciones en sus provincias.

A partir de septiembre, el Gobierno buscará imponer con más fuerza el clima electoral, la polarización y la campaña sobre las reformas aprobadas y las que todavía intentará impulsar. La hoja de ruta combina gestión, cambios administrativos como los de Aduana, negociación con gobernadores y una estrategia de campaña que dependerá, en buena medida, de si Santilli logra destrabar la reforma política.

ADUANA, Javier Milei, Diego Santilli

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