Diferentes organizaciones de la sociedad civil participaron este miércoles de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para proponer cambios al proyecto de ley de Lobby que impulsa el Gobierno. Si bien todos reconocieron la importancia de regular la gestión de intereses, a lo largo de la jornada se repitieron las críticas a la redacción del texto.

“Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”, resumió Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.

Además, el proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.

El régimen sancionatorio combina las vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo reconocieron que seguramente acepten modificaciones, principalmente en la parte de las sanciones penales. “Vamos a hacer todo para poder dictaminar la semana que viene”, aseguraron. Por su lado, algunos espacios de la oposición, como Unión por la Patria o la Coalición Cívica, presentarán sus propios dictámenes.

En la previa del plenario de comisiones, organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Protestante Hora de Obrar, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Huésped, Poder Ciudadano y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundieron un documento conjunto con sus cuestionamientos al proyecto.

“El proyecto de ley impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”, plantearon en el documento titulado “Participación vigilada”.

En términos concretos, señalaron que la definición de “gestión de intereses” es extraordinariamente amplia. Por lo que actividades normales en una democracia (como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público) quedan sujetas a “supervisión estatal permanente sin importar el sujeto que las impulse”.

En ese sentido, explicaron que la participación social en la construcción de políticas públicas es una forma muy valiosa de democratización del Estado. “Los procesos de toma de decisión incorporan perspectivas, saberes y demandas que de otro modo quedarían ausentes. Al equiparar esa participación con el lobby comercial y someterla a idénticos mecanismos de registro, control y sanción, el proyecto convierte en sospechosa una práctica que es, en sí misma, parte de la vida democrática”, advirtieron.

Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto meta “en la misma bolsa” al que se reúne con un funcionario para que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública.

“A nadie hay que pedirle permiso para ejercer la participación ciudadana. Susana Trimarco, que perdió a su hija Marita Verón; Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo murió tras un secuestro; o María Luján Rey, que buscó a su hijo entre los escombros de la tragedia de Once, según este proyecto son gestores de intereses, deberían pedir permiso para intentar influir en políticas públicas, deberían registrarse como una tabacalera”, detalló.

Y agregó: “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia, porque si todos somos lobbistas, nadie lo es”.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, destacó que Argentina necesita una ley de lobby desde hace tiempo, pero aclaró que la ley “tiene que servir para transparentar el ejercicio del poder, no para intimidar a quienes lo cuestionan; para desalentar la corrupción, no para criminalizar la participación democrática; para regular la actividad del lobbista profesional, no para colocar bajo riesgo de sanciones penales a los abogados que defienden a sus clientes, al académico que opina sobre una norma o al colegio que defiende a sus representados” y llamó no aprobar el proyecto si mantiene su redacción actual.

“Desde ACIJ, creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa, que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, dijo Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ.

Otros puntos cuestionados por las asociaciones civiles

• Se exige la inscripción previa en un registro público para cualquier gestión de intereses, especialmente si hay financiamiento o representación de “intereses extranjeros”. Esto puede resultar en barreras burocráticas significativas para organizaciones pequeñas y limita la libertad de asociación y la participación política.
• El proyecto asocia a organizaciones que reciben fondos internacionales con la representación de intereses extranjeros, permitiendo al Estado calificarlas como “gestoras de interés extranjero” incluso sin vínculo directo. Esto facilita procesos de estigmatización y presión política sobre actores críticos del gobierno.
• La autoridad de aplicación designada carece de independencia y dispone de amplias facultades discrecionales para reglamentar, fiscalizar y sancionar, lo que habilita riesgos de aplicación selectiva y arbitraria de la ley contra voces disidentes.
• Se establecen sanciones administrativas y penales severas, incluyendo multas de hasta 2.000 salarios mínimos, suspensión e inhabilitación definitiva. Estas sanciones pueden ser insignificantes para grandes empresas pero impagables para organizaciones sin fines de lucro.
• La redacción ambigua de las excepciones (como para actividades periodísticas) y la falta de diferenciación entre tipos de gestión de intereses pueden afectar la labor periodística, el acceso a la información y el periodismo de investigación.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, echó este sábado a Rodolfo Kaiser, exfuncionario y expresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) acusado de “ñoqui”, en el marco de una política de saneamiento del Estado que impulsa desde el inicio de su gestión.

La decisión se inscribe dentro de la estrategia de “tolerancia cero” que el gobierno provincial viene aplicando desde diciembre de 2023 contra empleados que perciben salarios sin cumplir funciones, situaciones de privilegio dentro de la administración pública y prácticas que considera propias de la denominada “vieja política”.

Durante su discurso, Figueroa utilizó el caso de Kaiser como ejemplo de las transformaciones que busca impulsar en el Estado neuquino. “Lo que estaba pasando era político con privilegios; jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias, ahora estamos comprando las camionetas para el Estado; ñoquis por todos lados; hoy terminamos echando a uno que precisamente manejó Viviendas muchos años”, afirmó el gobernador ante los vecinos presentes.

“Ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el ISSN”, sostuvo Figueroa al justificar la medida, según publicó LM de Neuquén.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el despido de Kaiser forma parte de un proceso más amplio de revisión administrativa que ya provocó numerosas cesantías y sanciones desde la llegada de la actual gestión.

La administración provincial considera que durante años se consolidaron prácticas que generaron un crecimiento desmedido del gasto público, estructuras burocráticas ineficientes y beneficios que no respondían a criterios de transparencia ni de mérito.

En ese sentido, junto con los despidos, el gobierno implementó una reducción de los tiempos administrativos para agilizar los procedimientos disciplinarios y evitar que personas bajo investigación continúen percibiendo salarios del Estado durante largos períodos.

Según informaron fuentes oficiales, estas decisiones se complementan con un plan de austeridad que incluye la reducción de gastos considerados innecesarios y una profunda disminución de cargos políticos dentro de la estructura gubernamental.

“Estas y otras medidas forman parte de las políticas de austeridad y de las acciones que se implementaron para dejar atrás los vicios de la vieja política”, indicaron desde la Casa de Gobierno.

Uno de los datos que más destaca la administración provincial es la reducción de la planta política, que según cifras oficiales alcanzó el 87 por ciento respecto de la estructura existente antes del inicio de la gestión de Figueroa.

Quién es Rodolfo Kaiser

La figura de Rodolfo Kaiser no es desconocida en la política neuquina. Durante años ocupó cargos relevantes dentro de la administración provincial y llegó a presidir el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, organismo encargado de ejecutar políticas habitacionales en la provincia.

Su nombre también estuvo vinculado a distintas controversias administrativas y judiciales. Uno de los antecedentes más significativos se remonta a mayo de 2018, cuando el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén lo condenó a reintegrar al Estado más de 11 millones de pesos por no haber podido justificar gastos realizados durante 2011.

De acuerdo con aquella resolución, Kaiser no presentó la documentación respaldatoria necesaria para acreditar el destino de fondos públicos administrados durante su gestión. La falta de comprobantes y facturas derivó en la obligación de devolver una suma que en ese momento ascendía a 11.280.055 pesos.

Además de su trayectoria en la gestión pública, Kaiser tuvo participación electoral. En los comicios nacionales de 2015 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino (MPN), aunque los resultados estuvieron lejos de las expectativas del partido provincial.

Aquella elección terminó siendo especialmente adversa para el MPN, que no sólo no logró incorporar representantes al Congreso Nacional, sino que además perdió una de las bancas que ocupaba.

Por otra parte, el exfuncionario también fue mencionado en una investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas durante su paso por el IPVU.

Aunque esos antecedentes corresponden a etapas anteriores, desde el actual gobierno consideran que forman parte de una forma de administrar el Estado que buscan erradicar.

Días después de que se conoció el informe anual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, habló sobre los accidentes trágicos en las rutas y cuestionó la falta de conciencia a la hora de tomar el volante.

El funcionario bonaerense participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial que se realizó en la ciudad de Mar del Plata y está organizado por la cartera que dirige junto a la Fundación Estrellas Amarillas, que tiene como objetivo generar un espacio de debate, formación e intercambio para fortalecer las políticas vinculadas a la prevención de siniestros viales.

Todo se dio después del informe anual de la ANSV en el que se reportó que la provincia de Buenos Aires fue el lugar en el que se registraron 1.281 fallecimientos producto de accidentes de tránsito. Además, junto a San Juan y Neuquén, tienen una tasa de mortalidad en siniestros viales de 7,3 mientras que la más baja es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 2,7.

El congreso abrió sus puertas este miércoles en el Museo MAR de Mar del Plata y continuará hasta el jueves 12 de junio con la participación de funcionarios, especialistas, legisladores y referentes de todo el país. Marinucci encabezó la apertura del encuentro y destacó la necesidad de que los distintos actores involucrados trabajen de manera conjunta para avanzar en soluciones concretas.

En ese marco, el ministro subrayó la dimensión política del problema: “Estamos todos comprometidos con una causa. El mensaje es claro: desde la política tenemos responsabilidades de hacer propio el dolor ajeno. Nos tienen que marcar el camino quienes tomamos decisiones”, expresó según la información difundida por la organización del evento.

Marinucci también apuntó al núcleo del problema con una de las frases más directas de su intervención: “Puede haber una cantidad de leyes enormes, pero si no cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables conduciendo”. En esa línea, remarcó que la reducción de la siniestralidad exige una transformación cultural que va más allá del marco normativo vigente.

El funcionario amplió su postura al señalar que la seguridad vial no se resuelve únicamente con controles: “Necesita educación, infraestructura, señalización, mantenimiento de rutas y un Estado presente que asuma la responsabilidad de cuidar la vida de cada vecino y vecina”, afirmó. Agregó que el objetivo del congreso era que sus participantes se llevaran “sensibilidad y empatía” para trasladar esa conciencia a quienes circulan por la vía pública.

En ese contexto, Marinucci destacó que la provincia de Buenos Aires fue pionera en la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante y señaló que los controles, la educación vial y la inversión en infraestructura conforman una estrategia integral para reducir los siniestros y preservar vidas.

La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, también tomó la palabra durante la apertura y subrayó el carácter transversal del problema: “La seguridad vial es un tema de todos, no hay diferencias de ningún tipo. La inseguridad vial nos puede tocar a cualquiera de nosotros”, sostuvo. González valoró además el trabajo territorial que permitió avanzar en políticas como la Ley de Alcohol Cero y el acompañamiento del Ministerio de Transporte bonaerense en las acciones de prevención.

Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, señaló: “Sin una traza mantenida hay riesgo, hay siniestros. Lo que planteamos es avanzar en obras intensas y estar en todo tipo de evento de control”. El funcionario subrayó que la participación de la empresa en el congreso respondía a un compromiso con el aprendizaje y el intercambio entre los distintos actores del sistema vial.

El encuentro se desarrolla bajo la consigna “Señales de ausencias eternas”, en referencia a las estrellas amarillas que mantienen viva la memoria de las víctimas de siniestros y promueven mayor conciencia al circular. Durante los días siguientes se desarrollarán paneles, exposiciones y mesas de trabajo sobre legislación, educación vial, infraestructura, justicia, salud mental y estrategias de prevención, además de actividades abiertas a la comunidad.

La jornada inaugural contó con la presencia del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; el intendente de Colón, Waldemar Giordano; el senador provincial Marcos Pisano; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez; la titular de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone; y el diputado provincial Roberto Vázquez, entre otras autoridades. También participaron los subsecretarios del Ministerio de Transporte bonaerense Damián Contreras, Eduardo Feijoo, Sandra Mayol, Patricio D’Angelo y Marcela Passo, junto a los directores provinciales Jorge Orzali, Facundo Coudannes, Sibila Botti y Cristian Vázquez.