POLITICA
La mirada autocrítica de los jueces, en dos minutos

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Los jueces son conscientes de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y hacen su propio diagnóstico: los procesos son lentos, los tribunales no tienen un sistema de gestión moderno y les gana la burocracia.
En el marco del proceso de reforma judicial que impulsa la Corte Suprema, les preguntó a nueve jueces -incluidos magistrados de Comodoro Py y representantes de los tribunales de las provincias- cuáles son las principales deudas de la Justicia con la sociedad y qué cambios son prioritarios.
En materia penal, los jueces coinciden en que es necesario reducir los procedimientos a las formas mínimas indispensables, eliminar tiempos muertos y oralizar los trámites.
A nivel federal está en marcha la implementación de un nuevo Código Procesal acusatorio, más moderno, cuya aplicación impulsa el Gobierno, pero que demorará varios años en llegar a todo el país (incluso a la Justicia Federal de la Capital). Hasta que termine de implementarse, algunos jueces federales recomiendan, en línea con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, algunas reformas legales al sistema actual. Otros, en cambio, creen que hay que apostar directamente al sistema acusatorio.
En todos los fueros hay consenso en la necesidad de ser más abiertos para que la gente conozca cómo se toman las decisiones y contar con un sistema de gestión que permita que los jueces solo se ocupen de las decisiones judiciales.
Los representantes de los tribunales del interior piden que se diseñen reformas teniendo en cuenta la autonomía de las justicias de las provincias y sus diferentes necesidades. «A veces la mirada se detiene en los tribunales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires», se quejó Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los tribunales provinciales atienden el 80% de los casos que plantea la gente, advirtió.
El presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias (Jufejus), Rafael Gutiérrez, coincidió en que los problemas en las provincias muchas veces son otros. Dijo, por ejemplo, que en muchos lugares ya se aplica un Código Procesal acusatorio y que está muy avanzado el proceso de «digitalización» de los expedientes. En otros distritos, incluida Buenos Aires, hay tribunales que siguen cosiendo los expedientes con aguja.
Una idea central en la que coincidieron todos los jueces es que deben tener presente que la Justicia es un servicio, que los ciudadanos son los usuarios y que necesitan una mejor respuesta.
Claudio Bonadio, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

Sebastián Casanello, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal

Susana Medina, presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas

Angela Ledesma, jueza de la Cámara Federal de Casación

Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Julián Ercolini, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal

Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación

Rafael Gutiérrez. presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Hernán Cappiello,Paz Rodríguez Niell,LA NACION,Política
POLITICA
El gobierno bonaerense admitió que elegir al candidato del PJ sin las PASO “será más complejo y costoso”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reconoció que el peronismo tendrá que buscar otros mecanismos para definir sus candidaturas si el Gobierno logra suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque ratificó que el espacio seguirá defendiendo su continuidad, admitió que la oposición deberá organizarse de otra manera.
“El peronismo se va a organizar sin las PASO, me parece que esa era la forma más virtuosa, democrática y amplia posible. Se va a organizar de todas formas, pero seguramente va a ser más costoso, más complejo y menos democrático”, afirmó en declaraciones radiales.
El proyecto de reforma electoral del Gobierno plantea suspender las PASO por única vez para las elecciones nacionales de 2027, reincorporar las listas colectoras de forma excepcional, eliminar aportes públicos para el financiamiento de campaña y establecer la Ficha Limpia, entre otros cambios.
La iniciativa quedó trabada en el Senado el martes tras no alcanzar las firmas necesarias para emitir dictamen, pasando a un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy.
“Hubo un consenso y acuerdo de sostener las PASO, pero no depende solamente del peronismo. El gobierno está apostando fuerte y haciendo todo tipo de ofertas a gobernadores y otros sectores del peronismo independiente”, expresó Bianco en El destape 1070.
“La eliminación tiene como único objetivo que la oposición no se pueda organizar. Vamos a seguir insistiendo porque creemos que es el mejor sistema para dirimir candidaturas”, agregó.
El Gobierno nacional intentará avanzar esta semana con la firma del dictamen de la reforma política en el Senado, aunque todavía no tiene garantizados los votos y depende, en parte, de las negociaciones con los gobernadores.
Axel Kicillof, Carlos Bianco, Peronismo, PASO
POLITICA
El Gobierno aumentó un 2,2% los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad – Nexofin

Los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad se incrementaron un 2,20% desde noviembre, según estableció el Gobierno a través de la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El incremento utiliza como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.
La medida, dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, alcanza a todas las modalidades del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El ajuste se aplicó de manera uniforme, sin distinciones entre servicios, y se suma al aumento del 1,90% otorgado en octubre.
Diputados aprobó el proyecto de discapacidad con 237 votos y lo giró al Senado
Entre los nuevos valores, el Centro de Día con jornada doble quedó establecido en $1.166.692,96 para la categoría A, mientras que el Centro Educativo Terapéutico con la misma carga horaria alcanzó los $1.310.557,92.
En el caso de los hogares permanentes con Centro Educativo Terapéutico, el arancel llegó a $2.194.516,03 para la categoría A. La estimulación temprana, por su parte, se fijó en $439.719,68 y el módulo de apoyo a la integración escolar en $801.937,24.
También se actualizaron los montos de rehabilitación, formación laboral, escolaridad y residencias. El transporte quedó establecido en $953,22 por kilómetro y el servicio de alimentación en $5.223,37.
La resolución ratificó, además, la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones realizadas en las provincias patagónicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24.901.
La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año
La entrada El Gobierno aumentó un 2,2% los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad se publicó primero en Nexofin.
AUMENTO DISCAPACIDAD,CUD,discapacidad,Secretaría Nacional de Discapacidad
POLITICA
Alejandro Tullio respaldó la suspensión de las PASO y cuestionó los cambios en el financiamiento electoral

La discusión sobre la reforma electoral vuelve a poner bajo revisión reglas que ordenan desde la competencia interna de los partidos hasta la forma en que se financian las campañas y se arma una boleta. El proyecto que prepara el Gobierno plantea la suspensión de las PASO, modificaciones sobre los debates presidenciales y la posibilidad de habilitar colectoras, además de cambios en el régimen de aportes. En ese conjunto, hay medidas que simplifican el proceso, pero también decisiones que pueden alterar los controles políticos y económicos de una elección.
Alejandro Tullio, secretario electoral permanente de la provincia de Chubut y exdirector nacional electoral entre 2001 y 2016, explicó en Infobae Al Amanecer que la iniciativa reúne avances y asuntos que todavía requieren discusión.
“Hay cosas positivas, cosas necesarias y cosas que deben estudiarse un poco más”, resumió el especialista. Y ubicó el debate en una pregunta más amplia que la vigencia o no de una primaria: qué herramientas necesita el sistema para que los votantes comprendan la oferta electoral, para que los partidos definan sus candidaturas y para que la campaña no quede atada a intereses ajenos a la competencia. La reforma, según planteó, obliga a revisar cada uno de esos engranajes antes de fijar nuevas reglas.
La boleta única y sus categorías
Uno de los puntos que Tullio considera conveniente es eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. A su entender, la medida reduciría categorías en la boleta única de papel y evitaría que Argentina mantenga un sistema que otros países de la región ya dejaron de aplicar. Paraguay, recordó, fue el primero en elegir de forma directa a esos representantes, pero después abandonó ese mecanismo.
“Si quitamos dos filas, va a ser más claro para el ciudadano”, explicó al referirse a las candidaturas del Parlamento del Mercosur. Para Tullio, la simplificación tiene un efecto concreto sobre la experiencia del elector, que en los comicios nacionales ya debe elegir presidente, diputados y, en ocho provincias, senadores.
Las 24 jurisdicciones definen diputados nacionales durante una elección presidencial. Esa cantidad de cargos, sumada a las categorías ejecutivas y a las bancas senatoriales que se renuevan en parte del país, da cuenta de la extensión que puede adquirir una boleta. El secretario electoral de Chubut sostuvo que incorporar dos filas adicionales recarga una herramienta que busca, precisamente, hacer más transparente y comprensible el voto.
El planteo no se limita a una cuestión de diseño. El exdirector nacional electoral entiende que las categorías deben guardar relación con una representación efectiva y con decisiones que se tomen en el ámbito regional. Por eso puso el foco en la necesidad de revisar la elección directa de parlamentarios del Mercosur dentro de la discusión general sobre cómo se organiza la oferta electoral.
Tullio respaldó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las próximas elecciones y la definió como un “gesto de realismo” frente al escenario político actual. Su posición parte de una distinción: mantiene la idea de que debe existir un mecanismo común para seleccionar candidaturas, aunque acepta que esta vez las condiciones ameritan una excepción.
“Dejémoslas pasar”, dijo sobre las primarias, sin convertir esa frase en una defensa de su eliminación definitiva. El funcionario explicó que la estructura partidaria cambió, que las provincias tienen dinámicas propias y que los dirigentes locales ganaron peso, mientras los partidos nacionales perdieron capacidad de ordenar la competencia.
Esa transformación, según su análisis, obliga a pensar qué tipo de primaria puede funcionar en adelante. Tullio mencionó unas PASO voluntarias o un sistema de inscripción partidaria por el cual cada elector decida participar de una interna. Las dos alternativas conservan la idea de una selección abierta, aunque con reglas distintas de participación.

La suspensión, entonces, aparece como una salida para esta elección y no como el cierre de una discusión. El secretario electoral permanente señaló que, una vez superado el proceso, habrá que volver sobre el modo en que las fuerzas políticas eligen a sus candidatos y sobre el papel que debe asumir el Estado en esa instancia.
El financiamiento privado enciende una luz amarilla
El reparo más marcado de Tullio apunta al posible retiro del Estado del financiamiento de las campañas. Aceptó que se reduzca la pauta electoral oficial en los medios de comunicación, pero cuestionó que la reforma elimine por completo ese sostén. Para el especialista, esa decisión merece una “luz amarilla” porque modificaría la relación entre los partidos, los recursos y quienes aportan dinero.
“Los financiadores privados son los que van a controlar la medida en que las propuestas políticas llegan a la gente”, advirtió. Su preocupación es que la difusión de las candidaturas quede determinada por la capacidad de recaudación de cada espacio y que los aportes condicionen qué mensajes pueden circular durante la campaña.
Tullio también pidió establecer límites claros para impedir que terceros ajenos a los partidos hagan campaña sin controles. Esa vía, dijo en forma indirecta, podría habilitar influencias sobre la competencia electoral sin que las agrupaciones deban responder por el origen de los fondos ni por los gastos realizados en su favor.
En ese punto incluyó el riesgo de intervención del crimen organizado transnacional. El exfuncionario señaló que esos grupos pueden financiar candidatos y luego reclamar beneficios políticos. Por eso propuso que los aportes ingresen a los partidos, que cada agrupación sea responsable de sus gastos y que se mantengan mecanismos de control sobre el dinero que sostiene la actividad electoral.
Las colectoras sólo tendrían sentido como salida excepcional
La eventual habilitación de colectoras es otro de los aspectos que Tullio observa con cautela. El mecanismo permitiría que un mismo candidato presidencial figure más de una vez en la boleta, asociado en cada caso a listas legislativas diferentes. Una columna podría contener postulantes propios y otra, candidatos de una fuerza distrital adherida.
“No es natural que un presidente, un candidato a presidente, tenga diversos grupos de legisladores que lo apoyen”, planteó. La objeción remite a la relación entre la elección presidencial y la composición del Congreso, un vínculo que, a su juicio, resulta decisivo para la gobernabilidad.
El secretario electoral aceptó que las colectoras puedan servir de forma excepcional si las PASO quedan suspendidas y las alianzas necesitan resolver una competencia territorial. Sin embargo, consideró que no deberían transformarse en una regla estable. La boleta única busca ordenar la oferta electoral y, bajo ese criterio, no debería presentar como parte de una misma candidatura presidencial a sectores que luego se enfrentan en el Parlamento.

Tullio sostuvo que los acuerdos deben resolverse antes de la elección. Si distintas fuerzas deciden acompañar a un candidato presidencial, deberían definir previamente las condiciones de esa alianza y la relación con sus listas legislativas. De otro modo, afirmó, el voto al Ejecutivo puede quedar desligado de los representantes que necesitarán tratar las iniciativas del futuro Gobierno.
Los debates presidenciales seguirían, aun sin obligación legal
El proyecto también contempla cambios en los debates presidenciales. Según el último borrador mencionado durante la entrevista, el debate obligatorio de la primera vuelta dejaría de estar previsto, aunque podría realizarse uno en caso de balotaje. Tullio lamentó esa modificación, pero estimó que los encuentros seguirán ocurriendo.
“Quien no participe va a tener un costo por no hacerlo”, sostuvo. Para el exdirector nacional electoral, los candidatos tienen incentivos políticos para asistir porque los debates les permiten exponer sus propuestas ante los votantes en condiciones similares a las de sus adversarios.
También remarcó que esos espacios permiten escuchar a todos los postulantes sobre los mismos temas y reducen la mediación tecnológica propia de una campaña. Aunque defendió su utilidad, consideró que el interés público que despiertan debería bastar para sostenerlos, sin necesidad de imponerlos por ley.
La reforma deja abiertos, así, varios frentes que Tullio pidió discutir antes de que el Congreso fije las reglas para la próxima elección: el futuro de las PASO, el alcance de las colectoras, los controles sobre el financiamiento y la regulación de los debates. Desde Chubut, el funcionario sostuvo que el desafío no pasa sólo por acelerar o simplificar el proceso, sino por preservar condiciones claras para la competencia y el voto ciudadano.
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alejandro tullio, secretario electoral permanente de la provincia de chubut y exdirector nacional electoral entre 2001 y 2016
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