ECONOMIA
El Gobierno postergó el plazo para la privatización de AySA: quiénes son los principales interesados
Este jueves a las 10 de la mañana era la fecha límite para la presentación de ofertas para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según el cronograma oficial, se preveía que este 27 de agosto se avanzara con la apertura de los sobres con las propuestas para quedarse con el control de la empresa sanitaria que abastece de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, Infobae confirmó que la apertura se postergó ya que hay varios pedidos de prórroga impulsados por las propias empresas que participan del proceso. La nueva fecha será el 15 de septiembre.
Se trata de uno de los procesos de privatización de mayor envergadura que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y, también, uno de los más complejos: el pliego fijó requisitos estrictos para los oferentes y autorizó la venta sin precio mínimo ni base pública establecida de antemano.
La apertura de sobres corresponde a la primera etapa del proceso, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. Superada esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación. Fuentes oficiales del Gobierno estimaron que entre la apertura de sobres y la adjudicación final transcurrirán alrededor de 45 días, tiempo que incluye el período de impugnaciones, informes e intervenciones administrativas propias de cualquier proceso licitatorio.
El objeto de la licitación es la venta y transferencia del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional en AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores a través del programa de Propiedad Participada (PPP), el mismo esquema que tiene Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para coordinar el programa de privatizaciones del Ejecutivo, tiene a su cargo la conducción del proceso.
El Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación. La cifra es parte de una estrategia más amplia que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la venta de activos estatales como mecanismo para obtener divisas frescas, junto a la colocación de bonos en dólares y la obtención de garantías internacionales.
Los interesados
La lista de candidatos combina jugadores locales y operadores internacionales. El pliego establece que el operador técnico debe contar con experiencia comprobable en la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, un requisito que, según fuentes de AySA, los interesados locales no reúnen por sí solos.
Por eso, tanto el Grupo Roggio como Mauricio Filiberti avanzaron en conversaciones con operadores internacionales para conformar presentaciones conjuntas. Roggio es el operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria específica en el rubro. En materia de infraestructura hídrica, el grupo realizó obras como el Acueducto Gran Tulúm en San Juan, el Acueducto San Javier en Santa Fe y la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, y tiene preadjudicada la refuncionalización del sistema de agua potable de la ciudad de Córdoba, que abastece al 70% de su población. El grupo también participa en otros sectores de servicios e infraestructura: opera el ramal Urquiza de trenes a través de Metrovías y el subte porteño a través de Emova. Filiberti, por su parte, es dueño de Transclor —proveedor de cloro para AySA— y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.
Entre los operadores internacionales que figuran como interesados se destacan dos empresas brasileñas. La primera es Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), la empresa de agua y saneamiento más grande de América Latina, que opera la red de San Pablo y abastece a unos 27 millones de personas en cientos de municipios del estado paulista. La segunda es Águas do Rio, una concesionaria de saneamiento básico operada por el grupo privado Aegea Saneamento, que presta servicios de agua potable y alcantarillado en municipios del estado de Río de Janeiro tras ganar una histórica subasta pública en 2021.
La participación de las firmas brasileñas agregó un factor de incertidumbre al proceso en el contexto del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas. Ambas compañías analizaron presentarse junto con socios locales para competir por el control de AySA.
Otro nombre que circuló entre los potenciales interesados es el de la chilena Aguas Andinas, la empresa que controla los servicios de agua potable de Santiago de Chile y que está controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), a su vez propiedad del grupo francés Veolia. La multinacional francesa, fundada en 1853 como Compagnie Générale des Eaux, es líder mundial en gestión del agua, tratamiento de aguas residuales y desalinización. Sin embargo, fuentes con conocimiento de las transacciones indicaron que finalmente ninguna de las dos firmas presentaría una oferta.
También estuvieron presentes en las instancias de consulta del proceso la constructora JCR, fundada por el fallecido empresario Juan Carlos Relats, y la estatal israelí Mekorot. Según trascendió en el sector, esta última no habría ingresado al proceso como operador con intenciones reales de presentar una oferta, sino que su presencia funcionaría como aval de prestigio internacional para el proceso. Al pertenecer a un Estado, la empresa queda impedida de participar debido a la “cláusula antichina” que suele agregar el Gobierno en las licitaciones.
Según pudo confirmar Infobae, hay más interesados locales que compraron el pliego. Sin embargo, fuentes oficiales insistieron en diálogo con este medio que lo importante es quiénes efectivamente realizan una propuesta económica. “Lo decisivo es que oferten”, comentaron.
Durante el proceso, una consulta publicada en el data room —el espacio al que acceden las empresas que adquirieron el pliego y manifestaron interés— preguntó si el operador técnico debía acreditar experiencia en ambos servicios o si bastaba con antecedentes en uno de ellos. La respuesta oficial aclaró que se requería experiencia en agua potable y desagües cloacales. “Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamiento, pero sí de servicios”, precisó una fuente al tanto de la operación.
Las condiciones del contrato
El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años con opción a 10 adicionales e incorpora un esquema de planificación quinquenal: cada cinco años, la concesionaria deberá presentar un Plan de Acción con metas concretas de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. Las revisiones tarifarias también serán quinquenales, en reemplazo del esquema de actualizaciones anuales vigente hasta ahora. El cumplimiento de esas metas quedará bajo control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con mecanismos de auditoría independiente y multas ante incumplimientos.
El plan de inversiones previsto es de USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y USD 2.030 millones durante el segundo, con un total de USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión. Entre los objetivos de los primeros diez años figura elevar la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%, con mejoras en la presión del servicio. El esquema contempla además la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo.
Una de las condiciones estructurales del nuevo marco es que la concesionaria deberá garantizar el equilibrio económico-financiero sin subsidios del Tesoro. “Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente: la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”, afirmó Alejo Maxit, CEO de AySA, en su cuenta de X.
AySA señaló a través de un comunicado que el nuevo esquema contractual “se basa en el cumplimiento de metas y objetivos, el equilibrio económico-financiero y un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios”, con “fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas”.
El pliego no fija precio mínimo ni base pública para la venta: el resultado, indica el propio documento, “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”. Desde AySA explican que la principal palanca de rentabilidad para el nuevo operador estará vinculada a la generación de eficiencias operativas: mejoras de gestión y reducción de costos. Cuando la actual conducción tomó la empresa en 2024, contaba con 7.800 empleados; desde entonces, 1.500 trabajadores se retiraron mediante retiros voluntarios. La morosidad bajó del 16% al 11%, aunque la empresa reconoce que debería ubicarse en el 4 por ciento.
El programa de privatizaciones
La privatización de AySA se enmarca en el programa económico que el Gobierno impulsa desde el inicio de la gestión de Milei, apoyado en la Ley de Bases N° 27.742 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El objetivo declarado es reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.
IMPSA fue la primera empresa privatizada de la era Milei. En febrero de 2025, la emblemática metalúrgica mendocina pasó a manos del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), una subsidiaria de ARC Energy, con sede en Texas. La operación dejó USD 27 millones en las arcas del Estado.
Poco después, en diciembre de 2025, el Gobierno concretó la reprivatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados— por cerca de USD 700 millones. En abril de 2026, la venta del paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener —la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, con más de 12.600 kilómetros de red—, fue adjudicada al consorcio formado por Edison Energia y Genneia por USD 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial.
La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país, también quedó resuelta con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. En materia vial, miles de kilómetros de rutas nacionales pasaron a operar bajo esquemas de concesión privada sin subsidios.
En contraste, la licitación de Intercargo —la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos— no encontró oferentes en su primer llamado y acumuló sucesivas postergaciones; la última apertura de sobres quedó fijada para el 25 de junio. El proceso del Belgrano Cargas es el que más demoras acumuló: los pliegos, previstos para mayo, aún se encontraban en etapa de revisión al momento de publicarse esta nota, aunque el Ejecutivo aseguró que el llamado formal es inminente. Según estimaciones del Gobierno, el programa de privatizaciones y concesiones en su conjunto podría generar ingresos de entre USD 2.000 y USD 3.000 millones antes de fin de año.
Los datos sobre la actividad industrial y de la construcción que fueron publicados por el Indec la semana pasada muestran que la economía está funcionando muy desparejamente.
Los sectores con mejor desempeño son energía (petróleo, gas), minería y el sector agropecuario. Otra parte de los sectores, aproximadamente el 20%, está en equilibrio y el 50% o un poco más está fuera de combate con importantes pérdidas de puestos de trabajo.
Según el Índice de Producción Industrial (IPI), desde hace un año y medio, la actividad manufacturera viene con tendencia decreciente. Está en niveles parecidos a los de la crisis de 2019 e inclusive por debajo de los niveles de octubre de 2021, cuando la cuarentena aún no se había levantado del todo.
Es más, cuando se observa la evolución de los sectores desestacionalizados del IPI de julio, todos los subsectores de la actividad industrial tuvieron caídas respecto al mes anterior.
Y si se analiza la evolución interanual de cada sector, solo el sector Madera, Papel, Edición e Impresión fue positivo respecto a julio de 2025.
Todos los subsectores de la actividad industrial tuvieron caídas respecto al mes anterior en valores desestacionalizados
La construcción, en su segundo nivel más bajo desde la pandemia
Por el lado de la construcción, si bien entre 2024 y 2025 mostró una leve tendencia al alza, la caída de julio del 4,6% mantiene la actividad en el segundo nivel más bajo desde la pandemia.
La pregunta que surge es: ¿por qué el gobierno no logra salir del estancamiento económico en que estamos, en que solo 3 o 4 sectores son los que andan bien?
En primer lugar, el consumo no empuja porque los salarios, tanto del sector privado formal como del sector público, avanzan por debajo de la tasa de inflación y no lograron recuperar el nivel que tenían en noviembre de 2023, que, por cierto, también eran bajos por efecto de la alta inflación.
Las familias tienen un continuo estrés financiero para llegar a fin de mes. Si a eso se le agrega el miedo a perder el trabajo, los pocos que tienen alguna capacidad de ahorro guardan dinero por si se quedan sin trabajo.
En rigor lo atesoran por los datos que se ven de compras de dólares.
En segundo lugar, el crédito al sector privado se frenó. Luego de la expansión crediticia de 2024, el crédito al sector privado se frenó y tiende a bajar en pesos constantes.
A partir de septiembre de 2025 los préstamos al sector privado se frenaron. Es más, la curva tiende a caer en 2026, con lo cual los bancos están cobrando los créditos más que otorgándolos. Es decir, el crédito está frenado por la mora.
En tercer lugar, la suba del petróleo por arriba de los USD 100 por la guerra de Estados Unidos con Irán, beneficia al sector energético, por los mayores ingresos que recibe, pero juega en contra para el resto de los sectores productivos por el aumento del combustible (transporte, industria y familias que deben enfrentar cuentas de luz y gas más abultadas). Aumento de costos de producción y para las familias.
En cuarto lugar, las inversiones se anuncian en grandes montos, pero llegan a cuentagotas, incluidas las del RIGI.
Se anunciaron o comprometieron miles de millones de dólares, pero el último dato oficial identificable específicamente con proyectos RIGI muestra USD 762 millones netos efectivamente ingresados hasta marzo de 2026, cuando el vicepresidente del BCRA hizo una presentación en la que muestra lo desembolsado hasta ese momento al margen de lo anunciado.
El cepo cambiario y los dólares sin mover
La caída en la imagen positiva de Milei y la suba de la imagen negativa generan incertidumbre sobre el resultado electoral de 2027 y, por lo tanto, no se ve que vaya a producirse un cambio radical en la actividad económica.
El Gobierno insiste en convencer a los que tienen dólares debajo del colchón a que los saquen y los depositen en los bancos, esperando que esos dólares sean luego prestados por los bancos y, de esta forma, estimular la actividad económica.
El Gobierno insiste en convencer a los que tienen dólares debajo del colchón a que los saquen y los depositen en los bancos
La realidad es que el gobierno ha pisado el tipo de cambio para mostrar una baja en el IPC, pero justamente ese atraso artificial del tipo de cambio hace que la gente no quiera gastarlos hasta que el mercado quede liberado.
¿Por qué digo que hay atraso cambiario? Porque el mercado de cambios no es un mercado libre. El BCRA mantiene el cepo a las empresas, vende dólares futuros, el tesoro vende bonos ajustables por dólar, se les pide fondos prestados a Estados Unidos y China para intervenir en el mercado de cambios y se hace una especie de plan Bonex con los importadores pagándoles con un Bopreal la deuda que tenía el BCRA con los importadores.
Aclaro que no pido una devaluación, pido que se libere el mercado de cambios y que sea el mercado el que fije el nivel de la paridad.
Aclarado este punto, mientras se mantenga artificialmente atrasado el tipo de cambio, veremos a las personas comprando dólares subsidiados y pocos dispuestos a soltar sus dólares para invertir, cambiar el auto o adquirir una propiedad.
Mientras se mantenga artificialmente atrasado el tipo de cambio, veremos a las personas comprando dólares subsidiados
En síntesis, el estancamiento que muestra el Estimador Mensual de Actividad Económica se explica por varios factores, muchos de ellos inducidos por el mismo gobierno.
Por eso logra el objetivo de bajar la tasa de inflación, aunque todavía es alta para un país normal, pero a costa de un estancamiento en buena parte de la economía, cierre de empresas y más de 200.000 puestos de trabajo del sector privado formal perdidos desde noviembre de 2023.
fábrica,industria,Argentina,economía,trabajo,producción,crisis,contraste,modernización,desempleo
Septiembre arrancó con el mercado primario a pleno. Tras un agosto flojo, en el que las colocaciones de empresas y provincias apenas sumaron USD 659 millones —el segundo peor mes desde que las emisiones se destrabaron tras las elecciones legislativas—, las compañías argentinas volvieron a encontrar demanda en el exterior.
Tecpetrol reabrió su ON Clase 10 con vencimiento en enero de 2033 por USD 450 millones, por encima de los USD 300 millones que buscaba inicialmente, a un rendimiento del 7,25% anual. Con esta ampliación, el título alcanzó un monto en circulación total de USD 850 millones.
Dos días después, YPF colocó USD 1.200 millones en su nueva ON Clase XLIV a nueve años, luego de recibir ofertas por cerca de USD 2.200 millones. Esta emisión marcó un hito en la historia de YPF: logró capturar el mayor monto de los últimos once años para una empresa argentina. Además, la tasa efectiva fue del 7,85% anual, con un diferencial contra los bonos del Tesoro americano de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en el mercado internacional. Los fondos serán utilizados principalmente para una oferta de recompra sobre las ON con vencimiento en 2027 y 2029, una señal clara de que el objetivo es alargar el perfil de vencimientos a un costo razonable.
Más emisiones hasta fin de año
Para dimensionar la magnitud del fenómeno, vale la pena repasar los números que publicó el BCRA esta semana. Según la última presentación institucional de la entidad, empresas y gobiernos provinciales emitieron USD 20.200 millones desde las elecciones legislativas nacionales —sin incluir las emisiones de esta semana mencionadas arriba— y liquidaron USD 15.800 millones de ese total en el mercado oficial de cambios.
Empresas y gobiernos provinciales emitieron USD 20.200 millones desde las elecciones legislativas nacionales —sin incluir las emisiones de la semana— (BCRA)
Queda, entonces, una brecha de USD 4.400 millones entre lo emitido y lo liquidado, monto sensiblemente superior a los USD 2.300 millones de vencimientos que enfrentarán estos emisores en el segundo semestre de 2026.
A esto se sumaría la potencial emisión de San Juan por alrededor de USD 600 millones. Los motivos detrás de nuestra expectativa son varios: el riesgo país volvió a perforar los 500 puntos básicos (490 pbs), los spreads de crédito en mercados emergentes se mantienen comprimidos, y esperamos que las empresas locales busquen prefinanciar sus necesidades de 2027 para adelantarse a la volatilidad electoral.
Efecto sobre los precios de los bonos
En este contexto, es razonable pensar que otras compañías argentinas con proyectos de inversión en el marco del RIGI aprovechen la oportunidad antes de que el calendario electoral de 2027 empiece a pesar sobre las valuaciones de sus bonos.
San Juan: el debut provincial que nos entusiasma
A pesar de no contar con antecedentes en los mercados internacionales, la provincia de San Juan tiene potencial para convertirse en una de las historias más interesantes del universo subsoberano. En 2025 cerró con un superávit fiscal primario equivalente al 2% de sus ingresos totales, pese a representar un año particularmente adverso para las finanzas provinciales.
El punto central es que ese resultado todavía no incorpora el ciclo minero: las regalías representan apenas entre el 2,3% y el 2,4% de los ingresos, una participación que debería crecer de forma sostenida a medida que entren en producción los proyectos de cobre de gran escala.
De las 24 iniciativas aprobadas bajo el RIGI, cuatro son proyectos mineros ubicados en San Juan, con un capex proyectado de USD 21.700 millones, equivalente al 38,8% de toda la inversión comprometida bajo el régimen.
San Juan tiene potencial para convertirse en una de las historias más interesantes del universo subsoberano. En 2025 cerró con un superávit fiscal primario equivalente al 2% de sus ingresos totales
A esto se suma el reciente anuncio de Vicuña: la empresa se comprometió a realizar antes de fin de año un aporte no reembolsable de USD 250 millones para obras de infraestructura y, una vez operativa la mina, pagará el equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos a partir del sexto año de producción, por encima de la regalía provincial del 3 por ciento.
El monto de USD 600 millones que circuló en los medios luce razonable y consistente con un programa ambicioso de infraestructura. Aun asumiendo la colocación completa, los pagos totales de deuda de la provincia rondarían los USD 51 millones anuales, con una cobertura de caja superior a 12 veces, muy por encima de cualquier otro crédito provincial.
Estimamos que la estructura podría replicar la reciente emisión de Neuquén (vencimiento en 2034/35, amortización escalonada de capital y cupón alineado con el rendimiento de colocación).
Al tratarse de su primera incursión en el mercado, y dado que buena parte de la historia minera todavía está en etapa de ejecución, creemos que San Juan debería ofrecer una prima de entre 75 y 125 puntos básicos respecto del Neuquén 2034, que hoy rinde cerca de 7,75 por ciento.
Un rendimiento en la zona del 8,5% anual para un crédito con superávit fiscal, deuda mínima y un ciclo de inversiones sin precedentes nos parece una relación riesgo-retorno muy atractiva, que posiciona a la provincia como una alternativa natural para diversificar carteras concentradas en Neuquén, Santa Fe y Córdoba, nuestros tres créditos preferidos hasta ahora.
¿Qué significa todo esto para el tipo de cambio y el carry?
La reapertura de la ventana de emisiones no es solo una buena noticia para los emisores: es uno de los pilares de nuestra visión de estabilidad cambiaria para los próximos meses. Cada dólar que ingresa por la cuenta financiera vía colocaciones de deuda es oferta adicional en el mercado oficial, que permite al BCRA acelerar el ritmo de compras sin presionar el tipo de cambio.
Septiembre combina ese flujo con otros factores favorables: estimamos que los pagos por importaciones de energía caen unos USD 350 millones respecto de los cerca de USD 800 millones mensuales de julio y agosto por el fin del invierno, la liquidación del agro todavía tiene margen —la soja lleva comercializado el 53,6% de la cosecha, por debajo del promedio de 60,1% para esta altura del año— y el flujo de pago de dividendos al exterior se va normalizando.
El flujo de pago de dividendos al exterior se va normalizando
El principal riesgo para este escenario sigue siendo la demanda de dólares para atesoramiento: el último Balance Cambiario del BCRA, correspondiente a julio, mostró un claro repunte de la formación de activos externos del sector privado. Vale aclarar, sin embargo, que buena parte de lo atesorado está logrando quedarse en el sistema, lo que permite financiar más préstamos en dólares que se liquidan también en el mercado oficial.
Con un tipo de cambio que esperamos estable y tasas en pesos que encontraron un nuevo equilibrio, el carry trade vuelve a ser atractivo. Desde la inyección de liquidez de $1,27 billones del BCRA el 18 de agosto, la caución se estabilizó cerca del 20% Tasa Nominal Anual, el stock de repos de los bancos con el Central aumentó a $2,6 billones y las curvas de tasa fija y CER muestran calma.
A esto se suma que la inflación de agosto desaceleró a 1,7% mensual, lo que permite al gobierno adoptar una postura monetaria menos restrictiva hacia adelante.
En este contexto, nos sentimos más cómodos para sumar duration de manera gradual, aunque entendemos que no todos los inversores quieren asumir riesgo peso puro de cara al calendario electoral. Para ese perfil, nuestro instrumento preferido es el bono dual TMVE8, que paga lo máximo entre un flujo en pesos (Tamar + 678 puntos básicos) y un flujo ajustado por tipo de cambio oficial (dólar linked + 5,6%), con vencimiento el 31 de enero de 2028.
Es la forma de capturar el carry de los próximos meses con un seguro incorporado ante una eventual corrección cambiaria durante el período electoral. Para quienes prefieren evitar el riesgo peso por completo, esperamos que en las próximas semanas la oferta de San Juan permita obtener rendimientos atractivos en dólares de entre 8,5% y 9% anual para niveles de calidad crediticia muy sólidos.
El autor es analista de Research Asset Management de Portfolio Personal Inversiones (PPI)
Corporate Events,Environment,South America / Central America
Obama, Biden judges draw fresh fire as Trump’s immigration court clashes heat up: ‘Almost impossible’
Smithsonian’s dark take on America exposed: Washington dubbed ‘town destroyer,’ Revolutionary War ‘dangerous’
Chocó Gustavo Sofovich en su auto contra una moto y una mujer resultó herida durante el accidente: «Parecía que estaba…»
Onimusha: Way of the Sword escala hasta lo más alto del top ventas semanales de Reino Unido (15/9/26) – Nintenderos
Seven-figure blitz as GOP embraces push to compete with China in booming new tech space
Día clave para el Gobierno: expectativa por el Presupuesto y dilaciones en el proyecto de Malvinas
El Gobierno suma una función a Cancillería: alinear la política exterior al reclamo por Malvinas
La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones
Gremios que le ganaron a la inflación oficial de agosto en paritarias
Habló el diputado chileno que generó polémica al decir que las Malvinas son británicas
SOCIEDAD2 días agoEntre arroyos y countries: vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre
- ECONOMIA2 días ago
Más allá de la música, el nuevo negocio de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis
- POLITICA2 días ago
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
