El Gobierno prepara para este año una reforma de la Ley de Administración Financiera en línea con la agenda fiscal que discute con el FMI.

El Ejecutivo trabaja sobre cambios a la Ley 24.156, que regula el sistema de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y control del sector público nacional. En el oficialismo sostienen que el objetivo es tener “más control sobre los recursos del Estado”.

La iniciativa forma parte del intento oficial de blindar el déficit cero y reducir el margen de presión legislativa sobre la caja. “La idea es apropiarnos de los recursos y que no nos puedan entorpecer la política fiscal”, expresan en despachos oficiales. En Nación lo plantean como una reforma estructural: no se trata solo de ordenar partidas, sino de fijar nuevas reglas para cualquier decisión con impacto presupuestario.

El proyecto también busca darle a la Casa Rosada mayor discrecionalidad para administrar el gasto cuando exista superávit o cuando cambien las condiciones de recaudación durante el año. En términos prácticos, en el entorno del jefe de Estado quieren cubrirse para poder aplicar recortes, postergar erogaciones o reasignar partidas dispuestas por el Congreso si los ingresos caen o si una ley nueva altera el equilibrio fiscal, sin quedar expuestos a un incumplimiento legal automático.

Ese punto es central para la estrategia económica que digitan en Balcarce 50. La intención oficial es que el excedente fiscal, si existe, siga bajo control del Ejecutivo y pueda ser usado según las prioridades del programa económico: sostener el resultado financiero, reducir deuda, atender vencimientos o compensar desvíos de ingresos.

La discusión se conecta con las consideraciones del último informe del FMI. El organismo remarcó la necesidad de sostener el ancla fiscal, contener el gasto discrecional y compensar el impacto de iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso. También planteó que el marco fiscal debe ganar previsibilidad y durabilidad, con reglas más claras para evitar que el equilibrio de las cuentas públicas dependa solo de decisiones administrativas de corto plazo.

El informe también establece una hoja de ruta sobre el Presupuesto. Tal como prevé la ley, el Gobierno deberá enviar en septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá estar alineado con la regla de déficit cero e incluir un marco fiscal de mediano plazo, una declaración de riesgos fiscales y escenarios adversos. En la Nación leen ese esquema como un respaldo técnico para ordenar no solo el presupuesto anual, sino también las herramientas de ejecución durante el ejercicio.

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En el memorándum actualizado de políticas económicas y financieras, las autoridades argentinas plantearon ante el FMI que buscan institucionalizar el ancla fiscal. Allí se menciona el objetivo de reforzar los marcos fiscales para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas y avanzar con reglas que limiten déficits presupuestarios y el financiamiento monetario. Esa lógica es la que el Ejecutivo busca trasladar ahora a una reforma más amplia sobre administración financiera, ejecución presupuestaria y control del gasto.

El respaldo conceptual más amplio aparece en el apartado del informe dedicado al fortalecimiento del marco fiscal argentino. Allí se plantea la necesidad de incorporar una regla de déficit cero, elevar la jerarquía de las normas fiscales, sumar un ancla de deuda de mediano plazo y mejorar la coordinación con las provincias.

En el Gobierno quieren tomar parte de esa arquitectura para reforzar la administración de la caja. Uno de los puntos que analizan es endurecer la exigencia de que toda ley con costo fiscal detalle cómo será financiada. La Ley de Administración Financiera ya contiene previsiones sobre gastos no previstos, pero Nación considera que la regla actual no alcanza para frenar iniciativas que, según la mirada oficial, le trasladan el costo político de vetar, no aplicar o recortar en otras áreas.

El antecedente inmediato es la discusión por las leyes de financiamiento universitario, discapacidad y otros proyectos de recomposición presupuestaria impulsados desde el Congreso. El Ejecutivo sostuvo en esos casos que no podía aplicar normas sin fuente específica de financiamiento sin afectar el equilibrio fiscal.

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El segundo eje pasa por las facultades de reasignación durante el ejercicio presupuestario. En la Casa Rosada quieren tener más herramientas para administrar partidas si una ley, una caída de ingresos o un cambio de contexto pone en riesgo la meta fiscal. Ese capítulo puede abrir una discusión política fuerte porque toca el equilibrio entre la potestad del Congreso para aprobar gastos y la capacidad de Nación para ejecutar el Presupuesto sin desviarse del resultado financiero comprometido.

La reforma también apunta que la regla fiscal tenga prevalencia operativa durante la ejecución presupuestaria. Eso implicaría que, ante un desvío de ingresos o una presión adicional sobre partidas, el oficialismo pueda ajustar otros gastos sin quedar judicial o administrativamente expuesto por no ejecutar de forma plena una erogación dispuesta por ley.

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