POLITICA
El Gobierno prepara una reforma de la Ley de Administración Financiera en línea con el FMI para blindar el déficit cero
El Gobierno prepara para este año una reforma de la Ley de Administración Financiera en línea con la agenda fiscal que discute con el FMI.
El Ejecutivo trabaja sobre cambios a la Ley 24.156, que regula el sistema de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y control del sector público nacional. En el oficialismo sostienen que el objetivo es tener “más control sobre los recursos del Estado”.
La iniciativa forma parte del intento oficial de blindar el déficit cero y reducir el margen de presión legislativa sobre la caja. “La idea es apropiarnos de los recursos y que no nos puedan entorpecer la política fiscal”, expresan en despachos oficiales. En Nación lo plantean como una reforma estructural: no se trata solo de ordenar partidas, sino de fijar nuevas reglas para cualquier decisión con impacto presupuestario.
El proyecto también busca darle a la Casa Rosada mayor discrecionalidad para administrar el gasto cuando exista superávit o cuando cambien las condiciones de recaudación durante el año. En términos prácticos, en el entorno del jefe de Estado quieren cubrirse para poder aplicar recortes, postergar erogaciones o reasignar partidas dispuestas por el Congreso si los ingresos caen o si una ley nueva altera el equilibrio fiscal, sin quedar expuestos a un incumplimiento legal automático.
Ese punto es central para la estrategia económica que digitan en Balcarce 50. La intención oficial es que el excedente fiscal, si existe, siga bajo control del Ejecutivo y pueda ser usado según las prioridades del programa económico: sostener el resultado financiero, reducir deuda, atender vencimientos o compensar desvíos de ingresos.
La discusión se conecta con las consideraciones del último informe del FMI. El organismo remarcó la necesidad de sostener el ancla fiscal, contener el gasto discrecional y compensar el impacto de iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso. También planteó que el marco fiscal debe ganar previsibilidad y durabilidad, con reglas más claras para evitar que el equilibrio de las cuentas públicas dependa solo de decisiones administrativas de corto plazo.
El informe también establece una hoja de ruta sobre el Presupuesto. Tal como prevé la ley, el Gobierno deberá enviar en septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá estar alineado con la regla de déficit cero e incluir un marco fiscal de mediano plazo, una declaración de riesgos fiscales y escenarios adversos. En la Nación leen ese esquema como un respaldo técnico para ordenar no solo el presupuesto anual, sino también las herramientas de ejecución durante el ejercicio.
Leé también: Milei recibe a los laboratorios en medio de la disputa por el tratado de patentes que impulsa EE.UU.
En el memorándum actualizado de políticas económicas y financieras, las autoridades argentinas plantearon ante el FMI que buscan institucionalizar el ancla fiscal. Allí se menciona el objetivo de reforzar los marcos fiscales para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas y avanzar con reglas que limiten déficits presupuestarios y el financiamiento monetario. Esa lógica es la que el Ejecutivo busca trasladar ahora a una reforma más amplia sobre administración financiera, ejecución presupuestaria y control del gasto.
El respaldo conceptual más amplio aparece en el apartado del informe dedicado al fortalecimiento del marco fiscal argentino. Allí se plantea la necesidad de incorporar una regla de déficit cero, elevar la jerarquía de las normas fiscales, sumar un ancla de deuda de mediano plazo y mejorar la coordinación con las provincias.
En el Gobierno quieren tomar parte de esa arquitectura para reforzar la administración de la caja. Uno de los puntos que analizan es endurecer la exigencia de que toda ley con costo fiscal detalle cómo será financiada. La Ley de Administración Financiera ya contiene previsiones sobre gastos no previstos, pero Nación considera que la regla actual no alcanza para frenar iniciativas que, según la mirada oficial, le trasladan el costo político de vetar, no aplicar o recortar en otras áreas.
El antecedente inmediato es la discusión por las leyes de financiamiento universitario, discapacidad y otros proyectos de recomposición presupuestaria impulsados desde el Congreso. El Ejecutivo sostuvo en esos casos que no podía aplicar normas sin fuente específica de financiamiento sin afectar el equilibrio fiscal.
Leé también: El Gobierno espera que Adorni presente su declaración jurada y se resigna ante una eventual citación judicial
El segundo eje pasa por las facultades de reasignación durante el ejercicio presupuestario. En la Casa Rosada quieren tener más herramientas para administrar partidas si una ley, una caída de ingresos o un cambio de contexto pone en riesgo la meta fiscal. Ese capítulo puede abrir una discusión política fuerte porque toca el equilibrio entre la potestad del Congreso para aprobar gastos y la capacidad de Nación para ejecutar el Presupuesto sin desviarse del resultado financiero comprometido.
La reforma también apunta que la regla fiscal tenga prevalencia operativa durante la ejecución presupuestaria. Eso implicaría que, ante un desvío de ingresos o una presión adicional sobre partidas, el oficialismo pueda ajustar otros gastos sin quedar judicial o administrativamente expuesto por no ejecutar de forma plena una erogación dispuesta por ley.
Gobierno, FMI
POLITICA
El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas
Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.
Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.
Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.
“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.
Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.
El arbitraje que pidió el Gobierno
Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.
En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.
Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.
el arbitraje internacional,pic.twitter.com/dwobfm98o4,September 30, 2026,Islas Malvinas,Reino Unido,Conforme a
POLITICA
Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el decreto del presidente Javier Milei, después de que el Senado avanzó en ese sentido.
La central obrera se refirió así al fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que inició la causa, no tenía legitimación para impulsar la demanda.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia”, planteó el Consejo Directivo Nacional de la CGT en un comunicado. Para la organización sindical, la decisión judicial eliminó límites destinados a preservar el dominio nacional sobre el territorio.
La CGT vinculó el fallo con la pelea que atravesó el Congreso
En su pronunciamiento, la CGT refirió que las movilizaciones realizadas en las últimas semanas contra los cambios en el régimen de tierras reflejaron una presión social y política que frenó el intento del oficialismo por flexibilizar las restricciones en el Congreso y contrapuso ese escenario con lo ocurrido ahora en la Justicia.
“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la central obrera.
La organización sindical afirmó además que el fallo “atenta contra la soberanía nacional” porque, según expresó, deja la tierra, el agua y otros recursos estratégicos “a merced del capital extranjero”. También cuestionó el papel de la Corte porque “atenta contra la división de poderes” y sostuvo que la resolución desconoce el rechazo expresado durante las protestas. “Un Poder Judicial que debería ser contrapeso termina convalidando en los hechos la voluntad del Poder Ejecutivo”, denunció.
Como solución, la conducción cegetista pidió que el conflicto se resuelva en terreno parlamentario y que la Cámara Baja avance contra el DNU 70/2023 y complete el rechazo legislativo que ya impulsó el Senado.
“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la CGT. Y cerró el comunicado con un rechazo a cualquier intento de “extranjerización indiscriminada” del territorio y un reclamo para que las instituciones respeten la voluntad expresada en las calles. “Nuestra soberanía no se negocia”, advirtió.
CGT, ley de tierras, DNU
POLITICA
Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló este miércoles que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado”, y que hoy podría costarles la caída del megadecreto 70/2023 de Javier Milei.
La exministra de Seguridad se expresó así luego de que la Corte Suprema dejara ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros. El sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011.
Durante su camino legislativo, la pretensión de sancionar la extranjerización de tierras llevó a múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el que estaba incluida y, finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión.
“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Y agregó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar.
Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del megadecreto en su conjunto. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, admitió, en diálogo con .
Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al proyecto original.
El proyecto, ya sin el capítulo sobre tierras, logró en agosto la media sanción del Senado, pero aún espera ser tratado en Diputados.
Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple −la mitad más uno de los presentes− para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14.
¿Candidata en la Ciudad?
Al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027.
Durante su participación en un acto aniversario por la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, de cuya elaboración participó como convencional constituyente, la senadora dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. “Podría ser”, indicó.
Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional. “Donde la ponga la historia”, aclaran.
En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura.
Entre risas, hoy afirmó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef [por el reality de cocina], aunque no me eligieron. Empezó el otro día”. Una broma con la que ya había esquivado las consultas sobre su rol en 2027.
Bullrich amagó con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, a lo largo del año. A su vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad. Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” en Buenos Aires, reconocen ambas partes, mientras los legisladores violetas cuestionan la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Respecto de la administración del exintendente de Vicente López, la senadora dijo a que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge Macri a partir de la derrota de Pro en la Ciudad en 2025, en la que quedó tercera después de LLA y el PJ: “Se ha encaminado en varios temas: el tema del orden, de las usurpaciones”.
Sin embargo, dijo que “faltan otras cosas” y cuestionó la prematura negociación “del contrato de la basura”. “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”, remarcó.
De esa manera, la exministra se refirió al inminente inicio del proceso para renovar las concesiones de recolección de residuos en la Capital para el período 2028-2038.
Propuestas con sello porteño
Durante su intervención en el acto por el aniversario de 30 años de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) en la Facultad de Derecho de la UBA, Bullrich retomó una propuesta de 1996 para la Capital.
Planteó que entre los 60 legisladores porteños, 30 podrían ser elegidos por barrio, lo que les daría “un compromiso más ligado a un territorio” y a “una identidad”. Esa es una “deuda” que le quedó pendiente de aquella época, cuando también era diputada nacional.
También señaló la falta de autonomía de la Capital en algunos aspectos como “el servicio penitenciario, gran parte de la Justicia, el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia”.
“Es una deuda que se va logrando, pero algunas veces con pasos lentos. Es importante apurar estos pasos para que la Justicia complete su autonomía”, dijo. Este año, el Congreso y la Legislatura aprobaron la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita porteña y avanzan sobre la transferencia de la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.
A la vez, cuestionó que la Ciudad, por ejemplo, “quiera” manejar la Policía y no a los presos. “Tiene que ser un tango que se baile de a dos”, expresó. “Si no, uno tiene la policía, que es fácil porque le da seguridad y puede formar su policía, pero el producto de la policía que son los detenidos los tiene la Nación”, añadió.
El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se realizó bajo la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri.
También consideró que el distrito debería “hacer cambios en su estructura porque no vale tener plata y gastarla porque sí”. Si tiene una mejor recaudación que otras provincias, debe intentar “transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos”.
La senadora compartió el panel con Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré, también convencionales constituyentes de la Ciudad.
dejara ayer sin efecto,forzar una sesión especial,extensa lista,una posible ruptura,ya había esquivado,Denise Chmois,Patricia Bullrich,Conforme a
Elecciones en Brasil: la seguridad ciudadana y el Escudo de las Américas se cuelan en el tramo final de la campaña
El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas
Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
Irish PM says Ireland ‘not overrun’ by immigrants, legal migration tied to economic success
Elon Musk lands new Trump admin role shaping future of American warfare
El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en dos meses, pero cerró septiembre con el menor volumen de 2026
El obispo de San Justo alertó que la asistencia alimentaria volvió a niveles de pandemia
Cómo deciden las empresas exitosas si endeudarse en moneda local o extranjera
El shock que monitorea el Gobierno, los pronósticos para la economía y la interna libertaria que se profundiza
