El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley del «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», conocido como Súper RIGI. La iniciativa apunta a inversiones de al menos u$s1.000 millones en sectores tecnológicos que hoy no operan en Argentina.

El esquema estará vigente por 5 años si el parlamento lo aprueba, y busca captar proyectos en industrias como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.

El mensaje que acompaña al articulado establece que el objetivo es atraer inversiones de gran escala en actividades consideradas nuevas para la economía argentina. Se trata de un régimen más ambicioso que el RIGI original, con beneficios específicos para sectores de alta tecnología.

Qué sectores pueden acceder y cuáles quedan afuera

El texto de ley es claro: el régimen está destinado exclusivamente a proyectos que desarrollen actividades que «no se desarrollen, produzcan ni presten en el país». También contempla emprendimientos cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto.

Quedan fuera del esquema las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de instalaciones ya existentes. La diferencia con el RIGI convencional es justamente esta: no se busca potenciar sectores ya instalados, sino traer industrias completamente nuevas.

Los rubros mencionados explícitamente incluyen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Pero el proyecto deja abierta la puerta a otros sectores tecnológicos que cumplan con el criterio de «nueva industria».

Cuánto hay que invertir y cómo se estructura el proyecto

Para acceder al Súper RIGI, las inversiones deberán canalizarse mediante «Vehículos de Proyecto Único» (VPU), que son sociedades creadas exclusivamente para cada emprendimiento. El proyecto fija un piso mínimo de u$s1.000 millones por iniciativa.

Además, exige ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen. Es decir, u$s200 millones como mínimo en el arranque del proyecto.

Este requisito de ejecución rápida busca garantizar que las inversiones sean reales y no meras promesas: el inversor debe demostrar compromiso financiero desde el inicio.

Qué beneficios impositivos y aduaneros ofrece el régimen

El proyecto prevé una alícuota reducida de 15% en el Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos. Se suma un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.

También contempla una reducción en la carga sobre dividendos y utilidades. Ese tributo bajaría al 3,5% luego de cuatro años desde la adhesión al régimen.

En el plano aduanero, la iniciativa exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto. También libera de esos gravámenes a los productos exportados bajo el esquema.

Por el lado cambiario, habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones. La mecánica es escalonada: 20% de las divisas al primer año desde la primera exportación, 40% al segundo año y 100% al tercer año.

Cuánta estabilidad jurídica garantiza el proyecto

El texto garantiza un plazo de 30 años de estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social. Es una de las protecciones más extensas que ofrece la legislación argentina para inversiones extranjeras.

El proyecto también prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional, un mecanismo que aleja las disputas de la justicia local y aumenta las garantías para el capital extranjero.

Esta cláusula de arbitraje internacional es clave para inversores que desconfían del sistema judicial argentino. Les permite recurrir a tribunales neutrales en caso de conflicto con el Estado.

Qué papel tienen las provincias en el Súper RIGI

El texto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos localizados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales.

Además, señala que cualquier norma local que limite o altere los incentivos previstos podrá ser considerada «nula de nulidad absoluta e insanable». Es decir, el proyecto busca blindar los beneficios frente a potenciales restricciones provinciales o municipales.

Esta cláusula genera tensión con el federalismo: las provincias pierden margen de maniobra si adhieren al régimen. Pero quienes no lo hagan quedarán fuera de la posibilidad de atraer estas inversiones millonarias en sus territorios.