POLITICA
El Gobierno prometió cambios para salvar la ley de propiedad privada en el Senado y quiere sesionar en una semana
Tras la caótica sesión del jueves pasado y una lesión aún abierta que se generó el propio oficialismo, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una cumbre con los jefes de bloque dialoguistas esta tarde con el objetivo de salvar la ley que “blinda” la propiedad privada, una norma que aliados le desplumaron a la porteña en comisiones. Con la promesa de cambios extra, se intentará llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta el jueves de la semana próxima, junto a un puñado de pliegos judiciales e iniciativas -las últimas, sin conflicto- dictaminadas durante la jornada de hoy.
Lo acordado deberá validarse en una futura reunión de Labor Parlamentaria, donde se definen los temarios de sesiones junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. En la cumbre de esta tarde estuvieron, además de Bullrich, los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales como Flavia Royón (Salta) y el misionero renovador Carlos Arce (Misiones).
¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.
Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.
En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.
Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.
El ítem de zonas de frontera es el que generó ruido en algunas bancadas. No es fácil de resolver, aunque tampoco imposible. La pregunta a saldar es: ¿cómo se toman a potencias que tienen el control sobre empresas importantes y que podrían realizar grandes inversiones? Después de la cumbre entre oficialistas y aliados, se inició un ida y vuelta para rearmar el artículo conflictivo, sobre todo, para sellar los votos necesarios e ir en calma al recinto.
Además, y mientras Bullrich no logra destrabar otros proyectos clave para la Casa Rosada, se deslizó que la semana próxima habría reuniones informativas sobre las leyes de etiquetado frontal y de sociedades. Es decir, trámite lento.
Convenios internacionales
Las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Justicia y Asuntos Penales, que comandan los libertarios Francisco Paoltroni (Formosa) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), respectivamente, avanzaron esta tarde con dos tratados ya aprobados por Diputados, los cuales quedaron en fila para ser convertidos en ley.
El primero avala el convenio de extradición con la República de Chile, suscrito el 5 de diciembre de 2023. En tanto, el segundo está relacionado con la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales (“Tratado de Medellín”).
En Infobae al Regreso, el legislador porteño Leandro Santoro advirtió sobre la fragmentación política en la ciudad de Buenos Aires ante las elecciones de 2027 y reclamó una respuesta estatal más sensible frente a las desigualdades sociales.
Durante la charla, Santoro explicó que Bullrich logra conectar con parte del electorado gracias a su capacidad de reírse de sí misma, pero advirtió: “La figura de Patricia Bullrich es una figura muy dura. En un momento donde yo creo que buena parte de los porteños están pidiendo más sensibilidad, más empatía, más capacidad de conectar con los problemas concretos de la gente”.
El debate por la sensibilidad social y la seguridad en Buenos Aires
Santoro reivindicó su postura sobre la seguridad y la necesidad de un enfoque integral: “Hay que ser duro con el delito y duro con las causas del delito. Esa es la diferencia que nosotros tenemos”.
Resaltó que la sensibilidad en la gestión pública se traduce en propuestas concretas y mencionó su proyecto de desendeudamiento para la clase media: “Yo le presenté a la Legislatura Porteña y fundamentalmente a los diputados del PRO y al jefe de Gobierno, un proyecto de desendeudamiento para la clase media. Estamos trabajando para que haya una línea de crédito de una tasa del 35% a 24 meses, donde las personas puedan conseguir un crédito que les permita sacarse un poco la soga del cuello”.
El legislador remarcó la necesidad de acuerdos amplios: “Si esa ley sale, sale porque primero me la votan otros diputados que no son de mi bloque y porque el jefe de Gobierno no me la veta. Entonces, ahí creo que hay una posibilidad de entender qué significa una ciudad más sensible”.
La situación de los hogares de niños judicializados y la precariedad en CABA
Santoro denunció la situación de casi mil niños que viven en hogares tercerizados e incluso en hospitales públicos bajo custodia policial: “En la ciudad de Buenos Aires hay mil niños que no cometieron ningún delito, que viven en hogares para niños, de los cuales cien viven en hospitales públicos con custodia policial”.
Criticó la falta de políticas efectivas y la decisión del jefe de gobierno de vetar el financiamiento para mejorar la situación: “Votamos un proyecto de ley con el PRO. Jorge Macri vetó el artículo que permitía el financiamiento para evitar que haya chicos durmiendo. La razón es presupuestaria”.
Aclaró que la problemática involucra tanto al Ejecutivo como a la justicia y describió la precariedad de trabajadores y voluntarios en estos hogares: “La situación es de superprecaridad laboral para las personas que trabajan ahí… Todo funciona con mucho esfuerzo del personal. Hay un punto donde tenés límites porque tenés camas. No podés meter más pibes, no los podés poner a dormir. Estamos hablando de chicos que están en situación de supervulnerabilidad”.
Fragmentación política, Milei y la crisis de la coalición social porteña
Santoro analizó la transformación del electorado porteño y el impacto de la irrupción de Javier Milei: “Esa coalición social yo creo que entró en crisis con Milei. Milei transformó mucho más a la derecha y al campo no peronista que al peronismo. Hubo un problema para Jorge y para Mauricio de tratar de seguir representando algunos valores sin dejarse correr por la aparición de este fenómeno nuevo”.
Sobre la crisis del peronismo y la construcción de una alternativa, sostuvo: “La Argentina necesita un gobierno de unidad nacional. Hoy la demanda social no va hacia la racionalidad, va hacia los extremos, hacia la polarización. Para ganar la ciudad de Buenos Aires necesitamos armar una coalición con todos, con los que son peronistas, con los que no son peronistas, con los que alguna vez votaron a Macri y con los que no lo votaron”.
El legislador también abordó la tensión en torno a figuras nacionales como Cristina Fernández y la dificultad para trascender la polarización: “Cristina, simbólicamente, para un sector de la sociedad representa cosas malas y para otro sector cosas muy buenas, porque hay mucha gente que tiene el recuerdo de cuando mejor le fue económicamente fue cuando gobernaba Cristina”.
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leandro santoro
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga obtuvieron una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que frenó la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que permitieran el acceso de sus veedores a sus balances correspondientes al período comprendido entre 2022 y 2025.
La decisión se conoció a días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según consignó Clarín, esta maniobra y la protagonizada por el supuesto testaferro Luciano Pantano confirmarían la estrategia de la dirigencia de la AFA de dilatar las causas judiciales hasta después del torneo, apostando a que una potencial cuarta estrella contribuya a aminorar el impacto de los expedientes en trámite.
Noticia en desarrollo
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Frente a una intimación de la Inspección General de la Justicia (IGJ) que la obligaba a entregar documentación contable en un plazo de 10 días hábiles administrativos, la Superliga Profesional del Fútbol Argentino replicó la estrategia de la AFA y pidió una apelación ante la Justicia para evitar la auditoría del Gobierno.
“No podemos avanzar hasta que defina la Cámara. Imitaron el mismo proceder de AFA”, explicaron a TN desde el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
A fines de mayo, la IGJ a cargo de Alejandro Ramírez había apercibido a la Superliga para que presente sus balances en el marco de la veeduría impulsada para revisar toda la documentación societaria, contable y financiera vinculada a su funcionamiento.
La medida respondió al rechazo de la entidad a la hora de cumplir los requerimientos de los veedores y los obstáculos que puso a las tareas de fiscalización. Sin embargo, pese a la amenaza de sanciones mayores, la Superliga no presentó la documentación y requirió una apelación ante la cámara civil para frenar el proceso.
Al igual que sucedió en el caso de la AFA, en el Gobierno sostienen que el recurso judicial obliga a esperar a su resolución antes de poder avanzar con mayores apercibimientos o nuevas medidas administrativas.
El interés del Gobierno sobre los balances contables de la Superliga
Para fundamentar la veeduría, la IGJ sostuvo que la Superliga administró US$348 millones entre 2020 y 2024. En ese sentido, el Gobierno pidió determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, el Gobierno pidió verificar “la eventual relación que pudiera existir, o las operaciones que pudieran haber sido concertadas por la entidad” con diversas firmas hoy bajo la mira de la Justicia por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, entre ellas TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y sus responsables: Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Con la apelación ante la Justicia, la entidad hoy dependiente de la AFA -originalmente creada para manejar los contratos de televisación del torneo local entre 2017 y 2020- ganó tiempo mientras avanzan en paralelo una serie de causas en los tribunales que involucran a la cúpula del fútbol argentino.
Las causas judiciales que involucran a la AFA
Por un lado, el Gobierno impulsó a través de ARCA una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $ 19 mil millones. A ese expediente se suma la investigación por la mansión de Pilar sospechada de pertenecer al Tesorero de AFA, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Justicia investiga los contratos de la AFA con TourProdEnter, la firma a cargo de los negocios de la Asociación en el exterior que habría desviado más de US$40 millones a empresas radicadas en los Estados Unidos sin empleados ni actividad declarada.
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Otra causa ligada a la cúpula de la AFA es la que tiene como protagonista a la financiera Sur Finanzas, sospechada de lavado de dinero, irregularidades en la compra de dólar oficial en 2019 y sus lazos con clubes del fútbol argentino.
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