El exjuez y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra cuestionó la “defensa corporativa” de los jueces en el Consejo de la Magistratura, donde señaló un ejercicio casi inexistente de sus facultades disciplinarias.

En una entrevista con , Gil Lavedra y el abogado Guillermo Lipera, que integra la lista Unidad en Defensa de la Abogacía para la elección de consejeros que se realizará el próximo 20 de octubre, reclamaron cambios en el reglamento de selección de jueces para evitar el “amiguismo” y las manipulaciones políticas.

Gil Lavedra dijo que la falta de un sistema disciplinario sólido permite que “graves faltas de conducta, dilaciones inaceptables e irregularidades por parte de los jueces queden impunes o se resuelvan con meras llamadas de atención o sanciones simbólicas, resquebrajando la legitimidad y la confianza pública en el sistema de justicia”.

Denunciaron que la discrecionalidad aplicada durante las entrevistas personales de los concursos para jueces rompe de “forma escandalosa los órdenes de mérito técnicos” y permite que postulantes ubicados en posiciones relegadas tras los exámenes escritos asciendan arbitrariamente a los primeros lugares debido a afinidades partidarias o relaciones personales.

Para revertir esta dinámica, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que lleva a Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic como candidatos titulares, y a Carlos Más Vélez, Ana O’Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo como suplentes, propone llevar al ámbito nacional una representación profesional, plural e independiente.

El objetivo central del espacio es que la abogacía neutralice tanto las presiones de la política partidaria como los sesgos corporativos de la judicatura.

Ambos prometieron mecanismos de transparencia activa e innovación tecnológica, auditorías permanentes sobre el desempeño de los tribunales y la creación de un tablero de control de gestión público dentro del Consejo de la Magistratura.

Lipera remarcó que el organismo administra cuantiosos recursos y cuenta con más de 1000 empleados, sin brindar estadísticas sobre la carga de trabajo, la duración real de los juicios o el uso de presupuestos, situación que atribuyeron a la abierta resistencia de ciertos sectores judiciales a ser auditados.

Plantearon que tanto los jueces como los legisladores que asuman como consejeros soliciten licencia obligatoria en sus cargos para dedicarse con exclusividad a la función, de modo de estar en igualdad de condiciones con los abogados.

Gil Lavedra se refirió además al reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó una medida cautelar contra el DNU 70/23 y revalidó la derogación de la Ley de Tierras. Dijo que el decreto de Javier Milei es “abiertamente inconstitucional” por su formato ómnibus y por referirse a asuntos ajenos a una emergencia. Además, la sentencia, dijo, genera una “fuerte incertidumbre institucional” al no dejar claro qué normas rigen en el país.

−¿Cómo fue el proceso para transformar la lista que ganó en el Colegio de la Abogacía de la Capital en una lista federal?

−Gil Lavedra: Para lograrlo fue necesario consolidar alianzas con colegios del resto del país y construir una representación muy amplia del ejercicio profesional.

−¿Qué expectativas tienen respecto al resultado electoral y al nivel de participación?

−Gil Lavedra: La expectativa es que puedan ingresar tres abogados. Y en tercer lugar Eduardo Bittar y Guillermo Lipera. En la elección anterior, por menos de 1800 votos, no pudimos colocar al tercer consejero. Hoy estamos más fortalecidos y la lista de unidad se encuentra más consolidada. Queremos que vaya muchísima gente a votar de un padrón de más de 100.000 profesionales, porque una alta participación le otorga mayor legitimidad a la representación.

−El Consejo de la Magistratura suele ser visto como un órgano político. ¿Cuál es su mirada sobre la función de los abogados?

-Gil Lavedra: El Consejo de la Magistratura fue una incorporación traumática de la reforma constitucional del 94. Y digo traumática porque ha sufrido muchas críticas. Hasta esa reforma, la Argentina seguía la nominación política: el Presidente elegía al que quería y el Senado le daba el acuerdo. Lo que intentó la reforma es que la selección de los candidatos sea técnica, sea profesional. Fue un acierto. Lo que quiso el constituyente es que no hubiera predominio de ningún estamento. Yo creo que los representantes de Diputados y del Senado tendrían que ser abogados, no diputados y senadores en ejercicio.

−¿Qué perfil van a encarnar ustedes en el Consejo?

−Lipera: El que pide la Constitución. La principal atribución del Consejo es dictar las reglamentaciones necesarias para una justicia independiente y eficaz. Un juicio por accidente de tránsito dura cinco años y medio, cuando debería durar muchísimo menos. Cuando hicimos la auditoría de la justicia con Ricardo, el Colegio le propuso a la Corte por escrito un sistema automatizado de control para dar transparencia a la gestión de los expedientes. El Consejo no quiso, sobre todo por los jueces, que no quieren ser auditados.

−Gil Lavedra: Podemos producir un equilibrio en el Consejo. Evitar el espíritu corporativo judicial, que se manifiesta en el casi inexistente ejercicio de la facultad disciplinaria. Yo creo que los jueces tienen que responder por sus malas conductas. Es un escándalo que se venzan los plazos y nunca se les pueda hacer un llamado de atención o una multa. Y después, evitar también las manipulaciones políticas en las designaciones, que vienen del sector político.

−¿En qué se nota esa ineficiencia?

−Lipera: En que no se transparenta cómo funciona la Justicia. Uno puede encontrar por internet cualquier servicio que presta el Estado. ¿Podés encontrar qué carga de trabajo tiene cada juzgado o cuánto tarda un expediente? No. Tampoco hay un tablero de control de gestión del Consejo: hay más de 1000 personas trabajando ahí. Cualquier empresa, cualquier estudio jurídico tiene un tablero de gestión. Acá no sabemos en qué se gasta la plata ni qué hace. Si no ocurrió hasta ahora es por la resistencia de algunos sectores.

−¿Hay alineamientos políticos en las votaciones del Consejo?

−Gil Lavedra: Es cierto que en el pasado había dos grandes sectores: uno alineado con el gobierno de turno y otro con la oposición. Me parece que eso se ha debilitado y han cobrado mayor vigencia los estamentos. No veo tan claro que haya en este momento dos bloques.

−Los jueces son el estamento con más influencia. ¿Van a estar alineados con ellos?

−Gil Lavedra: No, no. La abogacía tiene una voz importante en el Consejo y vamos a tratar de encontrar los equilibrios que hacen falta.

−Lipera: Si la Justicia anda mal, la abogacía anda mal. No podés defender a tu cliente en tiempo y forma. Y si sos un abogado honesto también sufrís, porque ves que no podés llevar justicia a la persona que confía en vos. Lo que necesitás son jueces honestos e imparciales.

−Gil Lavedra: La función central del Consejo es garantizar la independencia de la justicia. Pero también debe procurar la legitimación de la Justicia. Es decir, que sea creíble y confiable para la sociedad.

−¿Qué medidas pueden cambiar eso?

−Gil Lavedra: Una, mejorar el servicio, que es una cuestión objetiva. Otra, buscar una legitimación a través de que los jueces tengan un comportamiento adecuado. La falta de ejercicio de las facultades disciplinarias socava la confianza de la gente. Y además pierde el Consejo cuando hay discrecionalidad para elegir los candidatos: hemos visto que no se respetaba el orden de mérito, de modo escandaloso.

−Lipera: Eso también socava la confianza. Cuando ves mucho amiguismo: que son amigos de uno, amigos del otro.

−Hoy el Consejo tiene 20 miembros porque la Corte volvió a la ley original. ¿Hace falta una nueva ley?

−Gil Lavedra: Es una circunstancia anómala, porque la Corte declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley 26.080. Queda una situación de parche. Habría que sancionar probablemente una nueva ley, que recoja todo lo que se ha discutido y que sea muy precisa con la integración, que ha sido el tema polémico.

−Lipera: Tenés cuatro senadores y cuatro diputados. Nosotros somos cuatro nada más, y somos un sector importante. Deberíamos ser más y bajar el número de legisladores. Además, los jueces trabajan en el juzgado y también en el Consejo, mientras que los abogados tenemos que renunciar a la matrícula para dedicarnos 100%. En mi opinión personal, los jueces deberían dejar de juzgar para dedicarse en serio, y lo mismo los legisladores.

−¿Se metió la política en las listas de abogados?

−Gil Lavedra: Todos los integrantes de nuestra lista, titulares y suplentes, tienen un vínculo muy estrecho con la colegiación. Una característica de esta lista es la preeminencia de las asociaciones y colegios de abogados.

−El Consejo que termina hizo muchísimos concursos y este gobierno nombró casi 200 jueces. ¿Cómo lo ven?

−Gil Lavedra: Yo veo muy bien que se hayan cubierto las ternas que se mandaron. El Ejecutivo eligió al que quería dentro de la terna y el Senado le dio acuerdo: eso está dentro de su competencia. El Consejo mejoró muchísimo. Yo creo que ha sido benéfica la incorporación del presidente de la Corte dentro del Consejo.

−¿Cuál es la deuda para la próxima gestión?

−Lipera: Mejorar la selección. Un estudio comparaba hace poco la cantidad de denuncias con la cantidad de sanciones, y la sanción es ínfima respecto de la denuncia.

−Gil Lavedra: Los puntos centrales son el reglamento para la selección de los jueces, el código de ética, la transparencia a través del tablero de control, poder tener estadísticas confiables y la modernización. Quisiéramos que este modelo que inauguramos en el Colegio Público, de buscar acuerdos, se acompañe con el voto de los abogados. Eso también es lo que permite empoderar a las organizaciones y disminuir la presión de la política.

−Lipera: El gran objetivo es empoderar a los abogados, que realmente tengamos incidencia, porque somos un cuadro activo en el día a día.

−Gil Lavedra: Cuanto más poder le das a las organizaciones, menos intervención tiene la política.

La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.

Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.

El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.

Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.

Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.

La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.

La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.

También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.

Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.

La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.

Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.

Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.

Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.