POLITICA
El Gobierno reconoció los tratados con Chile sobre el Estrecho de Magallanes y buscó desactivar un conflicto diplomático con Kast
El gobierno nacional, a través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, se pronunció hoy sobre la escalada diplomática con Chile por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía del Estrecho de Magallanes y la necesidad de “hacer presencia ahí porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico”.
Ante el anuncio por parte del gobierno chileno sobre el envío de una nota de protesta formal, el texto evita mencionar a Valverde y reitera que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984” y recuerda que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.
El pasado domingo, y en una entrevista La Fábrica del Podcast, Valverde sostuvo que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”. La reacción desde Chile no se hizo esperar. Más allá del comunicado formal, un importante funcionario del gobierno argentino señaló a Infobae que el jefe del Estado Mayor General de la FFAA “se equivocó”.
El comunicado introdujo, además, otro elemento: vinculó el extremo austral con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, a los que definió como “espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”. También enumeró instancias concretas de cooperación bilateral: el reconocimiento mutuo de derechos antárticos, la coadministración de zonas protegidas, más de 25 años de la Patrulla Antártica Naval Combinada y la presentación conjunta de una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.
Para finalizar, sostuvo que “la República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”. En la práctica, un pedido implícito de que el episodio no escale y que el diferendo se resuelva entre cancillerías.
La reacción de Santiago había sido más frontal. El canciller Francisco Pérez Mackenna lanzó “un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos”, con el agregado de que “el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue más directo: “Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes”.
Este episodio se inscribe en una serie de roces bilaterales acumulados desde la llegada de Milei al poder. En abril de 2024, parte de los paneles solares instalados por la Armada Argentina en el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, en el Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego, quedó aproximadamente tres metros dentro de territorio chileno. El entonces presidente Gabriel Boric exigió el retiro con un ultimátum —“O los sacan ellos o lo hacemos nosotros”— y Argentina procedió a desmontar la infraestructura en junio de ese año.
En enero de 2026, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca de Magallanes es argentina”, lo que volvió a desatar una respuesta diplomática de Santiago.
Detrás de cada uno de estos episodios persiste un antecedente formal: el Decreto 457/2021, emitido durante la administración de Alberto Fernández, que planteaba la necesidad de fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. En marzo de 2025, el gobierno de Milei reconoció por escrito ante Chile que esa interpretación “constituye un error conforme lo establecen los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984”, y prometió reemplazarlo con una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.
El Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, este último suscrito tras la crisis bilateral de 1978 y la mediación de la Santa Sede.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio
El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.
La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.
La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.
Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.
En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.
La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.
Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.
La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.
A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.
De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.
La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.
El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.
El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.
La norma permite que Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar el entendimiento, considerado el primero de estas características entre el bloque regional y un país del sudeste asiático.
El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes.
Entre ellas aparecen el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.
Qué establece el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur
El Mercosur definió el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación” por la cantidad y diversidad de disciplinas que incorpora.
“El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación: implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el bloque.
Además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial, el tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones.
Según el Mercosur, el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.
Su relevancia también está vinculada con la inserción del bloque en Asia: se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático.
El fuerte respaldo que tuvo el tratado en el Congreso
El proyecto llegó a la promulgación después de conseguir un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas.
El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo. Luego, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.
Tras la aprobación parlamentaria, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento es “clave para la integración de Argentina con el mundo”.
“Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.
POLITICA
El Gobierno promulgó la ley que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio
El Gobierno promulgó la Ley 27.820 que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de este martes mediante el Decreto 1006/2026. Además, la nueva normativa establece que en el Jardín de la República se realizarán los actos centrales por el Día de la Independencia.
“Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘Capital simbólica de la República Argentina’ todos los días 9 de julio de cada año”, puede leerse en el primer artículo de la nueva legislación.
La iniciativa, aprobada el 26 de agosto por el Congreso, fue impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Luego de obtener el aval unánime del Senado con 67 votos afirmativos, tras su debate y aprobación previa en la Cámara baja, la propuesta completó su trámite parlamentario y quedó sancionada.
En el artículo 2 de la ley, puede leerse: “Establézcase que, en lo sucesivo, los actos centrales que organice el gobierno nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán”.
De esta manera, la norma que hasta el lunes se encontraba respaldada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a partir de este martes cuenta con rango legal.
“Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano. Un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la Batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán”, fueron las palabras que utilizó Ávila en aquel entonces para referirse a su proyecto.
Durante esa misma alocución, la senadora también hizo hincapié en la importancia de que, el por entonces decreto, devenga en ley. “Hoy hay un decreto pero, para que la gente sepa, un decreto firmado por un Presidente está a tiro de otro decreto de otro Presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación”.
Durante el 9 de julio pasado, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia. “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, sostuvo el mandatario, que consiguió reeditar su foto de 2024 con diferentes gobernadores.
Al evento inaugural de las celebraciones por el 9 de julio en la capital Tucumán asistieron 13 mandatarios provinciales en medio de un escenario de negociaciones claves para conseguir apoyo frente a los nuevos proyectos parlamentarios que impulsa el oficialismo.
Este martes quedó establecido que las chances de que aquel cónclave que tuvo lugar en el Jardín de la República se repita, están más vigentes que nunca.
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