El representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola, y la consejera jueza Alejandra Provítola pidieron revisar con “consultores técnicos” la corrección del concurso judicial más importante que tiene en sus manos el Consejo de la Magistratura, el destinado a cubrir tres vacantes en la poderosa Cámara Federal de Casación Penal.

Se trata de una medida super excepcional vinculada a la conformación del principal tribunal penal del país, que solo tiene por encima la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De los camaristas que lo integran depende la decisión final en las causas de corrupción de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, los actuales y los del pasado.

En el Gobierno, a pesar de que el asunto es impulsado por Viola, que es el número dos del Ministerio de Justicia, le ven poco futuro a la iniciativa, lo mismo que entre los jueces del Consejo de la Magistratura. “Viola se equivocó”, dijo una fuente oficial a .

Los mejor posicionados hasta ahora en ese concurso son los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Leonel Guillermo Gómez Barbella.

López Iñiguez sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y aplicó condenas a exfuncionarios del kirchnerismo como Amado Boudou (caso Ciccone) y Julio De Vido (tragedia de Once).

Michilini también sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán y condenó al exsecretario de Obras Públicas José López por enriquecimiento ilícito en la causa de los bolsos con nueve millones de dólares; además, votó por la condena a Boudou por la inscripción irregular de un Honda cupé y rechazó en disidencia el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro. Condenó a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la venta de La Rural.

Gómez Barbella, como fiscal, pidió la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y de Bartolomé Mitre, que era el director de , en la causa por la venta de Papel Prensa.

Tres concursantes impugnaron sus calificaciones en ese concurso y los consejeros Viola y Provítola pidieron activar una revisión técnica de la corrección de sus exámenes.

Se trata de un recurso previsto en el reglamento, pero que fue usado en muy pocas ocasiones. Una recalificación del concurso podría redibujar el mapa de las ternas.

Los cargos en juego

Se trata del Concurso N° 475, destinado a cubrir las vocalías 8, 9 y 10 de la Cámara Federal de Casación Penal. Los concursantes que pidieron revisar sus exámenes son la camarista federal de Salta Mariana Inés Catalano, con apoyos en la Corte Suprema; Luciano Homero Lauria, juez federal de Santa Fe, con apoyos en un sector del Gobierno; y Mariano Jorge Cartolano, designado por este Gobierno como director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.

En el orden de mérito provisorio del Concurso 475 quedaron Catalano en el número 22, con 131,25 puntos (45 de examen + 86,25 de antecedentes); Lauría en el número 31, con 119,95 puntos (45 de examen + 74,95 de antecedentes) y Cartolano en el puesto 34, con 110 puntos (54 de examen + 56 de antecedentes).

Catalano y Lauría están debajo del piso de 50 en el examen. El artículo 44 exige ese umbral para integrar ternas -por eso, una recalificación los habilitaría-, mientras que Cartolano ya cumple ambos mínimos (50 de examen y 100 totales), pero su problema es la posición, en el lugar 34 sobre 43.

Viola y Provítola son la subcomisión sorteada para evaluar las impugnaciones del concurso y en ese carácter pidieron la intervención de especialistas externos que analicen las correcciones.

En la próxima reunión de la Comisión de Selección se dará ingreso a la nota con el planteo de revisión, que cuenta con la oposición de los concursantes mejor calificados.

El mecanismo que invocan está previsto en el artículo 39 del Reglamento de Concursos. Dice que cuando las observaciones apuntan a las calificaciones de la prueba de oposición, la subcomisión, o cualquier consejero de la Comisión de Selección, puede proponer la designación de cuatro consultores técnicos de la especialidad para que dictaminen, con los casos y los exámenes a la vista, si la corrección del jurado se ajustó a las pautas reglamentarias. Los especialistas se eligen por sorteo.

La prueba de oposición del concurso 475 se tomó el 11 de mayo de 2022, con 44 postulantes presentes de los 95 inscriptos.

El orden de mérito provisorio quedó encabezado por María Gabriela López Iñiguez, jueza del Tribunal Oral Federal N° 8, con 166,75 puntos; seguida por José Antonio Michilini, del TOF N° 1, con 165,95; y el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella, con 154,50.

Completan los primeros diez lugares Fernando Machado Pelloni (153,90), el académico Marcelo Ferrante (152), Fernando Bellido (150,35), el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller (150); el juez en lo penal económico Diego Amarante (149,50), Nicolás Schiavo (146,50) y la jueza de ejecución penal Jimena Monsalve (143,45).

El plan para no nombrar

En paralelo, camaristas de la propia Casación le acercaron al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un proyecto para reducir el tribunal de 13 a 9 miembros y dejar las vacantes sin cubrir, iniciativa que congelaría el concurso por vía legislativa, pero esta idea no avanzó.

Una recalificación favorable no llevaría a los impugnantes al podio, pero los colocaría en la carrera. Y en el caso de Catalano, por tratarse de un concurso de tres vacantes, rige el cupo de género —cada terna debe incluir al menos a una mujer— y hoy, además de López Iñiguez, las únicas mujeres con examen aprobado en zona de convocatoria son Jimena Monsalve y la defensora oficial Pamela Bisserier.

Aún es prematuro saber si la iniciativa puede prosperar. El representante del Poder Ejecutivo la impulsa, la consejera Jimena de la Torre la apoya, pero no hay consenso entre los jueces y más bien hay desconfianza porque implica abrir una caja de sorpresas. Se avecina una discusión. Los consejeros más cercanos al kirchnerismo rechazan la idea.

La opinión de los consultores técnicos no es vinculante, pues la decisión final sobre las calificaciones corresponde a la Comisión de Selección. Integran esta comisión María Fernanda Vázquez, De la Torre, Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Provítola, Gonzalo Gabriel Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Viola.

Sobrevuela el debate el antecedente incómodo del Concurso 140 para jueces federales de Comodoro Py 2002, donde se revisaron calificaciones después de la corrección original ante las sospechas de trampa. El proceso terminó con impugnaciones en el Senado por presuntas irregularidades y una causa penal, que concluyó con una absolución.

Hace 20 años, cuando Lionel Messi daba sus primeros pasos con la Selección y no había debutado todavía en los mundiales, nacía en el juzgado de Ariel Lijo la causa por el presunto vaciamiento de YPF.

Desde entonces, el expediente fue sumando fojas y nuevos ejes sin exhibir avances significativos que permitan esclarecer la compleja trama que se tejió en derredor de la petrolera.

El último movimiento de la causa fue la semana pasada, en la Cámara Federal. El tribunal aceptó como querellante a Integridad Republicana, una asociación civil que desde ahora podrá incidir en el desarrollo del proceso, proponer pruebas y cuestionar resoluciones.

El movimiento fue leído como una nueva señal emitida por la Sala I de la Cámara para darle vida a un expediente abandonado. En noviembre pasado, los mismos jueces, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, habían convertido en acusadoras a dos de las provincias involucradas en el conflicto, Mendoza y Chubut.

Quienes conocen el caso en toda su dimensión reconocen que se trata de un expediente “difícil”, en el que se fueron apilando capas y capas hasta sumar hoy más de 4000 fojas. Pese a ello, señalan que está prácticamente detenido, con medidas pendientes desde hace varios años, como un ambicioso e inconcluso peritaje y una serie de exhortos al exterior que aguardan respuesta.

La denuncia original, formulada por Elisa Carrió a principios de 2006, apuntaba a la supuesta ausencia de control por parte del Estado sobre la explotación que ejercía la petrolera española Repsol.

Pero con el ingreso en 2008 de la familia Eskenazi a la compañía, el expediente incorporó un segundo nudo.

En una maniobra a dos tiempos, dos empresas del Grupo Petersen -desprovistas de recorrido en el rubro- se hicieron con el 25% de las acciones de la petrolera. La operación se ejecutó a través de un esquema de crédito bancario que implicó el desembolso de alrededor de 1000 millones de dólares por parte de al menos cuatro bancos privados.

Esa deuda fue parcialmente cancelada con los dividendos que la compañía giraba a sus accionistas, lo que afianzó una hipótesis preexistente en la causa: que aquellos giros no salían de ganancias genuinas de la compañía, sino de un proceso de endeudamiento que se profundizó con la llegada de los Eskenazi.

Según las estimaciones que constan en las actas de la causa, entre 2005 y 2012, YPF habría repartido unos 34.000 millones de pesos. Y para hacer frente a esa salida de dinero, la empresa se habría endeudado en un 800%.

Una parte de la madeja financiera pretendía ser desenredada por un ambicioso peritaje. En diciembre de 2016, hace casi 10 años, Lijo ordenó la realización de este amplio trabajo interdisciplinario, pero la respuesta que llegó desde los organismos que debían llevarlo a cabo fue que no se contaba con recursos técnicos suficientes para hacerlo, al menos no en su totalidad.

Con ese trabajo pericial se pretendía esclarecer si hubo una sobreexplotación de los recursos de la empresa y si existió una maniobra para vaciarla; también, si existieron irregularidades en el ingreso de los Eskenazi a la compañía.

Más allá de algún informe parcial, el peritaje no pudo realizarse y este año cumplirá una década de solicitado.

Otra de las medidas que aguarda cumplimiento desde hace años es un pedido de información a España. Es sobre la quiebra de las dos empresas del Grupo Petersen que se hicieron de las acciones de YPF.

Fue como consecuencia del otro vuelco que tuvo la historia en 2012, con la estatización de YPF que impulsó el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof. El movimiento abrió un frente internacional aún en curso.

El Estado retomó así el control de la empresa petrolera y prohibió el giro de utilidades. Con Julio De Vido como interventor, rompió el esquema de pagos con el que Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., las dos empresas de la familia Eskenazi, pagaban sus deudas. Las empresas entraron en concurso y los bancos acreedores se quedaron con una porción de sus acciones en YPF.

En febrero de 2019, Lijo pidió a un juzgado de Madrid información sobre aquel proceso de quiebra. Sin conseguir respuestas, el juez insistió cuatro años después y de nuevo en diciembre pasado, cuando libró un nuevo exhorto reiterando el pedido. A la fecha, no hay novedades, según fuentes informadas sobre el devenir de la causa.

La medida estaría orientada a probar una de las hipótesis del caso: que los bancos que le prestaron el dinero al Grupo Petersen para su ingreso a la compañía tenían como garantía una porción de los “fondos de Santa Cruz”. Es decir, que parte del dinero que Néstor Kirchner retiró de la provincia cuando era gobernador y guardó en una cuenta del Credit Suisse, en Suiza.

La teoría, elaborada en parte por la Unidad de Información Financiera (UIF), se sustenta en que el Credit Suisse fue quien lideró el consorcio de bancos internacionales que otorgaron aquel crédito a los Eskenazi.

En octubre del año pasado, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, que representa los intereses del Estado en el conflicto, le pidió a Lijo que lanzara otra botella al mar y le requiriera al Credit Suisse información sobre aquella ingeniería financiera para confirmar si los fondos públicos de Santa Cruz fueron efectivamente utilizados como garantía. Pero la medida, a pesar de obtener un dictamen fiscal favorable, hasta el momento no fue ordenada.

También solicitó incorporar a la causa prueba producida en otros expedientes, como el caso de los cuadernos de las coimas. Entre ellas, las declaraciones de los arrepentidos Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, y Ernesto Clarens, el financista que hacía de nexo con los empresarios.

Más exhortos

Con los Estados Unidos, el juzgado de Lijo tiene otro canal de información, más fluido que el de España, sostienen fuentes judiciales. Está basado principalmente en la causa que tramita en Nueva York, abierta tras la estatización de 2012, cuya implementación desatendió dos artículos del estatuto de la compañía, establecido con la privatización de YPF en 1993.

Esas normas internas obligaban a quienes se hacían con un determinado piso de acciones a extender esa misma oferta al resto de los accionistas. Por incumplirlas, el país sufrió un primer revés con el fallo de Loretta Preska que ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares, sentencia que fue luego revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York, en marzo de este año.

El intercambio con los Estados Unidos empezó en agosto de 2023. El juez Lijo solicitó a la Corte de Nueva York que remitiera a su juzgado de Comodoro Py el fallo de Preska. Fue correspondido en julio de 2024.

Lijo amplió su requerimiento solicitando no solo el fallo, sino también un informe sobre el estado general de la causa en suelo estadounidense.

En diciembre último, un mes después de que la causa se moviera con la llegada de las provincias de Mendoza y Chubut como querellantes, el juez Lijo envió un nuevo exhorto con el que puso a la jueza Preska en formal conocimiento de la existencia de la investigación penal en Argentina.