Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau y al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en un encuentro que se extendió por casi una hora y media en el despacho presidencial.

Poco después de comenzado el encuentro desde Balcarce 50 se difundieron una serie de imágenes del encuentro entre Milei y Landau, quien le entregó un obsequio, e incluso una de ambos con la motosierra del mandatario.

Este jueves, en la previa a su encuentro con el mandatario, Landau, hizo pública la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó, ante una pregunta de y en una conferencia de prensa realizada en el Palacio San Martín, sede de la cancillería.

El proyecto no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.

Para el canciller Pablo Quirno, que acompañó a Landau en la rueda de prensa de este jueves luego de una reunión de trabajo compartida, “hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada, porque justamente no le da a la Argentina las herramientas necesarias en el marco que tenemos, para defender de la mejor manera nuestros intereses en la vida”.

Quirno también enfatizó que el proyecto oficialista “no va en contra de nadie en particular, sino que se le da a las diferentes empresas que quieren operar en Argentina la posibilidad de elegir entre una oportunidad que tiene un potencial muchísimo mayor, de manera legítima, y una operación más riesgosa e ilegítima”, en referencia explícita a las inversiones en Vaca Muerta, y sus diferencias con inversiones en Malvinas.

La admisión pública de Landau fue en línea con lo que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, ya se había encargado en los últimos días, y según distintas fuentes oficiales, de transmitir a los funcionarios argentinos: la preocupación de Washington, compartida por empresas norteamericanas, por la “laxitud” del Título I del proyecto. Allí se sanciona a empresas vinculadas con las petroleras que trabajan en Malvinas, denunciadas por el gobierno argentino en el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.

Del encuentro de este viernes también participaron Quirno; el embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas; el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

El de este viernes fue el segundo encuentro de esta semana entre ambas administraciones luego de que el miércoles, mientras el mandatario estaba de viaje en España, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei recibiera a Lamelas.

La funcionaria estaba previsto que también participe hoy, pero finalmente no estuvo en la reunión.

En tanto ayer jueves, poco después de llegar al país, Landau y Segura visitaron el Palacio de Hacienda, en el que fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, Oxenford, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Pasadas las 10:30, la transmisión oficial del juicio por el caso Hotesur-Los Sauces los mostró por primera vez. La expresidenta Cristina Kirchner, en su casa de San José 1111, leía unos papeles, acompañada por alguien a quien no se le veía la cara. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, fumaba un cigarrillo.

Fueron tres minutos en los que la transmisión del inicio del juicio de la causa mostró a los imputados no presentes en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. Debía acreditarse que todos estuvieran siguiendo la lectura de la acusación hecha por los fiscales de instrucción que promovieron el juicio.

Ya habían transcurrido cerca de 10 minutos desde el inicio de la audiencia. Primero, se mencionó quiénes eran los acusados. La lista comenzó con Cristina Kirchner, siguió con Lázaro Báez (que tuvo un problema de conexión en el inicio de la audiencia) y continuó con Máximo Kirchner hasta completar el listado. Después, se leyó la explicación de los detalles de la acusación.

En ese contexto aparecieron en una pantalla los distintos imputados. Arriba, a la izquierda, Máximo Kirchner. Su madre, en un cuadro de más abajo, en el departamento donde cumple prisión domiciliaria, escuchaba al secretario del tribunal; leía papeles, señalaba las hojas y las iba pasando. Su abogado, Carlos Beraldi, se encontraba en la sala de audiencias, sentado en primera fila.

Además de ellos, en la pantalla también estaban, en sus respectivos cuadraditos, otros acusados, como Cristóbal López, Fabián de Sousa, Lázaro Báez y su hijo Martín Báez.

López miraba hacia abajo, al igual que De Sousa. Lázaro Báez se conectó desde la cárcel donde está detenido, una vez resueltos los problemas de conexión.

Quien sí estaba presente en el auditorio, en calidad de imputado, fue Víctor Manzanares. Llegó a la sala cinco minutos antes de las 10, el horario de inicio de la audiencia. Manzanares era el contador de los Kirchner. En la causa de los cuadernos de las coimas declaró como arrepentido.

En Comodoro Py se preveía que habría más gente en el auditorio, dado que se unificaron las causas Hotesur y Los Sauces. Pero se impuso la virtualidad. En una de sus primeras alocuciones de hoy, el presidente del tribunal, José Michilini, resaltó que se trata de una “excepcionalidad”.

En las causas Hotesur y Los Sauces se investiga si existió una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios que habrían inyectado en empresas de la familia Kirchner dinero proveniente de contratos con el Estado o de beneficios impositivos.

En Hotesur, la acusación apunta contra las empresas de Báez que reservaban habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que supuestamente no usaban. Por esa vía, los Kirchner recibieron más de $28 millones entre 2008 y 2015, de acuerdo con los investigadores.

En Los Sauces se indaga la relación entre las compañías de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con alquileres de las propiedades de la familia Kirchner.

Para la fiscalía, ese dinero tenía un origen ilícito. En el caso de Báez, sería el fraude probado en la causa Vialidad. Según la acusación, que se basa en un peritaje de 2021, en 21 ocasiones el empresario transfirió a los Kirchner fondos que, en el mismo día, había cobrado por contratos de obra pública.

En el caso de López, el supuesto delito precedente del presunto lavado que se investiga en este caso estaría relacionado con la retención de $8000 millones del impuesto a los combustibles líquidos a través de Oil Combustibles. Tanto él como De Sousa fueron absueltos en esa causa y la absolución está en revisión en la Corte Suprema. Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP durante el kirchnerismo, fue condenado por estos hechos.