Familiares de las 23 víctimas del atentado al comedor de la Policía Federal Argentina (PFA), perpetrado por Montoneros el 2 de julio de 1976, recordaron este sábado los 50 años del trágico hecho, junto a organizaciones que impulsan el avance de la causa judicial. El acto se realizó frente a la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, la dependencia donde ocurrió el ataque.

Con el lema “Basta de impunidad, historia completa”, reclamaron que la Justicia condene a los responsables del atentado. Además, exigieron que se elimine de la estación de subte de la línea E el nombre de Rodolfo Walsh, a quien consideran el “ideólogo” del ataque, y se retiren los nombres de los responsables que se mantienen en el Parque de la Memoria, situado en Costanera Norte.

Medio siglo atrás, el 2 de julio a las 13.20, estalló una bomba en el comedor de la Superintendencia de la PFA, ubicado en la planta baja del edificio de Moreno 1417. Fue el atentado más grave ocurrido en el país hasta el ataque a la AMIA. El explosivo había sido colocado apenas 20 minutos antes por un infiltrado de Montoneros, José María “Pepe” Salgado, quien lo dejó oculto bajo un sobretodo en una silla. La explosión causó la muerte de 23 personas, además de decenas de heridos, según datos oficiales.

Victoria Matienzo fue la primera oradora del acto. Su hermano, el agente Ernesto Matienzo, tenía 23 años cuando falleció a causa del atentado. Entre aplausos, Victoria exigió que remuevan el nombre de la estación de subte Rodolfo Walsh de la línea E y que “saquen a los asesinos del Parque de la Memoria porque hay muchísimos”.

Asimismo, reclamó que se retiren las placas que, en la entrada del edificio, conmemoran a las víctimas de los años en los que en la dependencia de Moreno 1417 funcionó un centro clandestino de detención. “Por respeto a nuestros seres queridos”, remarcó.

Luego, Emilio Hardoy, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia –entidad que impulsó y consiguió en 2024 la reapertura de la causa judicial–, sostuvo que el atentado representa “un crimen aberrante que sigue impune después de medio siglo”. “Los argumentos, la voluntad y la decisión que [los tribunales] dicen no encontrar para juzgar a quienes ensangrentaron al país son los mismos que sí los encontraron, y con qué celeridad, para perseguir a quienes nos defendieron contra la subversión”, agregó.

La Sala I de la Cámara Federal dispuso en 2024 que se reabriera la investigación judicial y que el exlíder de Montoneros Mario Firmenich fuera llamado a prestar declaración indagatoria como responsable de la voladura del comedor, al declarar que ese delito es imprescriptible por tratarse de una grave violación de los derechos humanos. No obstante, Firmenich aún no declaró ante los jueces.

Asimismo, Hardoy agradeció la presencia de las legisladoras porteñas Rebecca Fleitas y Lucía Montenegro, ambas del bloque La Libertad Avanza, y del cineasta y escritor alineado con el oficialismo Diego Recalde: “[Su participación] es una muestra de valor, es algo inusual. Debería ser lo normal, pero en estas circunstancias es un acto de heroísmo”. Fleitas presentó en marzo pasado por tercera vez en la Legislatura el proyecto para eliminar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte.

También tomó la palabra Julio Renzacci, a quien la bomba le seccionó la arteria femoral. Un civil le hizo un torniquete y lo metió en un taxi rumbo al Hospital Rawson. “De no haber sido por él –al que nunca pude ver para reconocerlo–, en pocos minutos me hubiese desangrado”, relató. Además, marcó que Firmenich aún elude presentarse ante la Justicia: “Tanta soberbia y prepotencia hace 50 años y tanto miedo hoy de una simple declaración en un escritorio”.

En la misma línea, Gabriel Cepeda, hijo de Josefina Melucci de Cepeda, la única civil que falleció en el atentado, sostuvo que “quien no comparece para defender sus actos, pone en evidencia su eterna condición de cobarde”. Y reclamó que “el tiempo de la Justicia no se tome con el mismo reloj con el que se tomó el tiempo de la injusticia en los últimos 50 años”. En el escenario lo acompañaron sus hermanas Alejandra y Carolina.

Al homenaje también se acercaron Liliana Bertuzzi y Lucía Guelfi. En 1976 trabajaban con Melucci como empleadas administrativas en YPF y la recuerdan como una mujer alegre, luchadora y “amiguera”. Aquel mediodía había ido a la Superintendencia a retirar una cédula de identidad –un favor para una vecina– y, de paso, a almorzar allí con una amiga.

En el acto también estuvo Alba Shand. Su hermano Carlos, fallecido en el atentado, tenía 28 años, era cabo, bombero y estudiaba Derecho. Shand, quien toda su vida ejerció como docente, afirmó que debió “callar durante mucho tiempo” y que, muchas veces, no pudo “contar las dos partes de esos años terribles”. En diálogo con , sostuvo que el gobierno libertario fue una especie de “puntapié” para visibilizar esta causa, al “reconocer a las Fuerzas Armadas” y “respetar a la PFA, que estuvo tan ninguneada durante tanto tiempo”.

El homenaje finalizó con la lectura de los nombres de las víctimas del atentado. Andrés Fernández Cendoya, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), tuvo a su cargo el cierre de la conmemoración.

El vínculo directo que forjó el presidente Javier Milei con su par Donald Trump generó una corriente de relación entre la Argentina y Estados Unidos inédita en la historia. Ni siquiera en el menemismo el alineamiento había sido tan profundo. El argumento más frecuente para explicar este grado de sintonía fue el de la empatía personal entre los mandatarios, sus afinidades ideológicas y estéticas, y la vocación común de generar una liga global de líderes de la derecha dura.

Pero de fondo subyace un factor mucho más consistente, cuyas implicancias reales todavía son difíciles de pronosticar: el cambio radical en la visión geoestratégica de Estados Unidos que impuso Trump, en la cual por primera vez en la historia América latina ocupa un papel de relevancia. La intervención en Venezuela, la presión sobre Cuba y los documentos de defensa y seguridad que difundió entre diciembre y enero pasados son una expresión elocuente.

En ese contexto, la Argentina se transformó en una pieza clave, especialmente por la relevancia que en la nueva doctrina norteamericana adquieren el Atlántico Sur, los pasos transoceánicos y la Antártida. En alguna medida, el jefe de la Casa Blanca está redefiniendo el mapa del país. Como si fuera el planisferio invertido que tenía en su escritorio Raúl Alfonsín, y que retrató Pablo Gerchunoff.

Ese significativo reseteo se sostiene en tres replanteos conceptuales. El primero, que Estados Unidos asume que ya se agotó definitivamente la etapa de la unipolaridad que marcó la post Guerra Fría, por lo cual dejó de ser la potencia hegemónica. En consecuencia, debe prepararse para un mundo más caótico, en el cual emerge una nueva bipolaridad, ahora con China. Esta línea se viene edificando desde la gestión de Barack Obama, pero ahora adquirió una nueva intensidad.

El segundo, que en ese nuevo diseño global el mundo se distribuye en áreas de influencia, y la región donde Washington proyecta su ascendencia es inevitablemente el continente americano, por geografía, por historia y por razones de seguridad. Es la versión Trump de la vieja doctrina Monroe, con la diferencia de que la potencia a repeler no es Europa, como en 1823, sino China, que ya extiende su dominio por Asia.

Y el tercer replanteo, derivado de lo anterior, es que Estados Unidos reemplaza su histórica visión hemisférica horizontal, que la unía esencialmente a Europa, por una concepción hemisférica vertical, que va desde el Ártico hasta la Antártida. Desde la perspectiva trumpista, Europa ha dejado de ser confiable como aliado incondicional y sus prestaciones en materia militar han mermado. En consecuencia avanza hacia un desacople que se expresa en las tensiones dentro de la OTAN, aun cuando la amenaza de Rusia haya aumentado tras la invasión a Ucrania.

Complementariamente el Pentágono analiza un cambio fuerte en su operatividad al evaluar la unificación del Comando Norte (cuya área de acción es América del Norte y el Caribe, donde se encaran los problemas más críticos: inmigración y narcotráfico) con el Comando Sur (para América del Sur), en un único Comando Hemisférico, avanzando hacia una seguridad continental integrada. También prevé una actualización de su doctrina, a partir del reciente recambio en el Colegio Interamericano de Defensa, que reúne a militares y diplomáticos de la región, bajo la órbita de la OEA. Allí acaban de dejar la conducción en manos de un general del Comando Sur que tiene como misión adaptar la orientación de la institución a la nueva cosmovisión.

Dentro de este marco conceptual, una obsesión recurrente de Trump son los pasos interoceánicos, porque son los que le permiten dominar los mares que rodean y protegen el continente americano, frente a un programa naval de China que ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años.

Por esa razón, amenazó con invadir Groenlandia, hasta que logró que le habilitaran la instalación de tres bases militares en la gigantesca isla. Después presionó fuertemente a Panamá para expulsar a las empresas asiáticas de la logística del canal y lo declaró una prioridad de seguridad nacional, aunque por ese cruce sólo pueden pasar embarcaciones comerciales, no buques de guerra, que por su dimensión y calado requieren de otra profundidad.

Y es allí en donde emerge la gravitación del último paso interoceánico, compuesto por el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake al sur de la isla de Tierra del Fuego, que no sólo es uno de los seis pases estratégicos a nivel global, sino que es uno de los mejores lugares para operar y esconder submarinos balísticos, en casos de crisis.

Bajo esta lógica, para Estados Unidos se transformó en un objetivo garantizar la gobernabilidad del cono sur, que significa alejar la amenaza china, contar con socios confiables y establecer una presencia disuasiva más visible.

Y esta mirada no está atada exclusivamente a una dimensión militar, sino también a otro aspecto estratégico que es asegurar cadenas de suministro para las economías del futuro, en un contexto global que se ha vuelto demasiado inestable.

Por eso ahora incorpora un plano adicional a su mirada cuando transforma en un factor de seguridad a la energía y a los minerales críticos (la Argentina suministra hoy el 58,8% del carbonato de litio que importa EE.UU.), y cuando proyecta la importancia de la Patagonia como un lugar propicio para la instalación de empresas tecnológicas que son aliadas directas de la administración Trump, las que además del frío y el agua requieren también estar lejos de las zonas de conflicto. El que maneja la energía, la tecnología y los datos, gestiona un poder que ahora desafía la clásica prevalencia militarista.

En esta mirada más integral, opera un cambio fundamental: a diferencia de lo que ocurría hace 100 años, hoy la Argentina tiene objetivos mucho más complementarios con Estados Unidos, que requiere una provisión continua de energía, alimentos y minerales, sin importar al mismo tiempo el desorden que emana de proveedores tradicionales como Rusia o Medio Oriente. Todos estos tópicos vienen siendo motivo de conversación diplomática, a veces reservada.

Los acuerdos de Thiel

Trump realizó en menos de un año tres gestos económicos muy fuertes de apoyo a la gestión de Milei. Intercedió para lograr un nuevo acuerdo con el FMI, lo rescató con un swap de urgencia antes de las elecciones y lo respaldó en el juicio por YPF. Ayudó al Gobierno en sus urgencias como ninguna otra administración norteamericana lo había hecho en su historia. Pero al mismo tiempo impulsó sus objetivos menos inmediatos y se movió para correr a China del proyecto de un puerto y una base integrada en Tierra del Fuego, profundizó una serie de ejercicios militares con la Argentina y avanzó en un esquema de cooperación que tuvo un punto culminante con la habilitación de la venta de los aviones F16.

Además, en los últimos dos meses Estados Unidos avanzó en dos acuerdos de hondas implicancias para el país. El primero fue un pacto regional que se firmó en marzo en Doral, Florida, que se conoció como el “Escudo de las Américas”. Allí 12 países, incluida la Argentina, se comprometieron a disponer del uso de la fuerza militar para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y el narcoterrorismo. En los hechos, es un puente de ingreso de las fuerzas norteamericanas, en coordinación con los gobiernos de la región, para poder intervenir frente a una amenaza creciente para la estabilidad hemisférica. La presencia allí del ministro de Defensa, Carlos Presti, pareció desbordar la discusión legal que existe en la Argentina sobre los límites de la acción militar en cuestiones de seguridad interna.

Este compromiso tiene un efecto colateral inevitable: enturbia el vínculo con Brasil, que no adhirió al convenio y que desconfía de las intenciones de Washington. En Itamaraty, la cancillería brasileña, ven con preocupación la apertura generosa que la Argentina le ofrece a Estados Unidos en la región, porque altera un equilibrio implícito en la relación bilateral.

El segundo acuerdo se firmó hace un mes entre Presti y el embajador norteamericano, Peter Lamelas, y atañe específicamente a cuestiones de defensa. Argentina quedó en línea para participar de un programa de adquisición de drones, y al mismo tiempo se estableció un compromiso de abastecimiento de combustible para buques militares en condiciones preferenciales, que los estrategas relacionaron con el interés de EE.UU. en el Atlántico sur.

Pero en este entendimiento, se incluyó un párrafo que no se difundió públicamente. Es el que hace mención a que la cooperación de Estados Unidos va a ser canalizada a través de la empresa Arsoft US “junto a sus empresas asociadas” MeetKai, XRF.AI y el Grupo Arecco. Es decir que el acuerdo incluye a los contratistas designados, como suele imponer el Pentágono. Presti incluso participo de una exhibición de esas empresas hace más de un mes.

Esas compañías son proveedoras de software específicos e inteligencia artificial del Pentágono y operan en el mismo ecosistema de tecnología para la defensa que aporta Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel. “Thiel es el principal socio en tecnología militar de la administración Trump. Está claro que en el acuerdo de Defensa que se firmó tendrá un rol importante. De todos modos, lo más preocupante es su posible participación en el proyecto de gemelos digitales, porque eso le permitirá un acceso ilimitado a todos los datos personales”, explica un importante exfuncionario de la gestión libertaria.

Para algunos sectores militares y diplomáticos la eventual influencia de Thiel es una expresión de algunos problemas de fondo que rodean al vínculo privilegiado entre la Argentina y EE.UU. En primer lugar, la natural asimetría en los acuerdos, producto de la disparidad de capacidades de ambos países, que desde una mirada convencional marca una resignación de cuotas de soberanía por parte de la Casa Rosada.

Esto se complementa con cierta precariedad jurídica que envuelve este proceso. Por ejemplo, el pacto antinarco de Doral y el acuerdo bilateral de Defensa no pasaron por el Congreso. Tampoco tuvo debate legislativo el ingreso de tropas extranjeras para la realización de ejercicios militares, ya que sólo se habilitó por decreto. Estas limitaciones son las que hacen dudar de la continuidad de esta convergencia una vez que Trump y Milei no estén más en el poder.

Y el tercer aspecto reside en las dificultades presupuestarias que tienen las Fuerzas Armadas, que contrastan con el nivel de integración que propone EE.UU. La Argentina destina menos del 1% de su presupuesto a la defensa (y el 80% se va en sueldos), muy por debajo de países como Chile o Brasil, y tiene graves problemas operativos, como haber dejado de contar con un portaaviones, haber perdido su capacidad submarina y haber resignado su potencial aéreo. Hoy se reproducen las bajas militares por los magros salarios y acecha una crisis en la obra social por una deuda abultada. Parece regir una disonancia entre estos problemas domésticos y la vocación por transformarse en un aliado preferencial de la principal potencia global.

Malvinas

Nunca el gobierno y los medios británicos habían reaccionado en modo tan inmediato respecto de una noticia sobre las islas Malvinas como cuando a fines de abril se filtró un mail del Pentágono que hacía referencia a un posible cambio en la postura de EE.UU. sobre el conflicto. No sólo influyó el hecho de que se difundiera en una agencia de noticias de origen inglés, como Reuters, sino principalmente con que el mensaje partió del corazón de Washington, no de una embajada o una fuente periférica. El episodio fue interpretado con profunda seriedad en Londres, como pocas veces ocurre.

La razón evidente de ese mensaje, que después el secretario de Estado, Marco Rubio, intentó minimizar, fue expresar el malestar de Trump por la reticencia de Gran Bretaña a facilitar operaciones militares norteamericanas en la isla Diego García, en el marco de la guerra contra Irán. Por eso la mención a las Malvinas en este contexto pareció más un intento de provocación que un replanteo serio.

Sin embargo, algunos actores de la diplomacia militar, tanto argentina como estadounidense, sugieren no interpretarlo tan superficialmente, no porque haya un giro en ciernes, sino porque proponen enmarcarlo en el contexto de los nuevos lineamientos geoestratégicos de la Casa Blanca.

Bajo esta óptica, la disputa por la soberanía de las islas es una cuestión menor en comparación con el objetivo de Estados Unidos de garantizar su dominio en el Atlántico Sur y replegar a China. Por eso Washington estaría inclinado a favorecer un acercamiento entre la Argentina y Gran Bretaña, bajo su paraguas. Por ahora sin más implicancias a futuro que la vocación por remover obstáculos y actuar en forma conjunta en cuestiones como la pesca ilegal, el paso seguro por Drake y la logística fluida hacia la Antártida (cuyo tratado debe ser revisado en 2048, en un contexto de revalorización de su potencial mineral).

La primera expresión de este cambio de prioridades se produjo con la venta de los aviones F16, a la que Gran Bretaña siempre se había opuesto, pero a la que ahora debió ceder por la presión de Trump. Algunos expertos incluso destacan que se trata de la versión más moderna y mejor equipada de esos cazas, un factor que siguieron atentamente en Londres y en Santiago (Chile realiza anualmente ejercicios militares con los británicos en el estrecho de Magallanes, por ahora sin generar quejas formales de la Argentina).

El conflicto por las islas Malvinas quedó así expuesto a un cambio de paradigma mucho más amplio que impulsa Trump, y que probablemente en algunos aspectos trasciendan a su gestión. El gran interrogante en este aspecto es: ¿está la Argentina en condiciones de interpretar el sentido más profundo del cambio geoestratégico que experimenta Estados Unidos? ¿O se contenta con los beneficios de corto plazo que ofrece la administración republicana?