POLITICA
El insólito motivo por el cual la CGT no podrá denunciar la reforma laboral de Milei en la próxima conferencia anual de la OIT
La CGT prepara un acto en rechazo de la reforma laboral de Javier Milei que se realizará durante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que deliberará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza-, pero el tema no podrá ser denunciado oficialmente en las distintas instancias del organismo.
Así lo admitió a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), quien dijo que organizará un acto de protesta contra la reforma laboral en un salón de la OIT, en el que hablará el triunvirato de la CGT y serán invitadas las dos CTA.
Se tratará de un encuentro informal, fuera de las deliberaciones oficiales del organismo, como se efectúa desde hace dos años para darle visibilidad en el exterior al rechazo del gremialismo a las medidas de Milei.
La iniciativa tratará de compensar una dificultad que tendrá la CGT: no podrá concretar una denuncia formal contra la reforma laboral porque los mecanismos internos de la OIT impiden llevar reclamos recientes al debate inmediato en la conferencia que se hará en junio, postergando cualquier abordaje sobre las cuestiones más controvertidas en materia laboral hasta, como mínimo, el próximo año.
“La Argentina aportó las denuncias ante la OIT que se sumaron desde que asumió Milei, como las violaciones a los convenios 87, 98 y otros, y el Gobierno va a tener que dar explicaciones sobre esos planteos de la CGT y de otras organizaciones sindicales, pero no sobre la reforma laboral porque la OIT solo trata los temas que fueron presentados en su momento y que hoy están en estudio”, dijo el dirigente del sector dialoguista.
Martínez explicó: “Tenemos que presentar una nueva denuncia y eso requiere un trámite. Por eso podrá ser considerada el año que viene o el siguiente. En el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por ejemplo, estamos tratando denuncias de casos de cualquier parte del mundo que fueron presentadas hace un año y medio”.
De todas formas, el líder de la UOCRA destacó que este año fue distinguido con una importante designación a nivel internacional: “Hay una ponderación del protagonismo que tuvo la CGT en toda la gestión de Milei y por eso solidariamente me han votado para que sea vicepresidente de la conferencia de la OIT como representante de los trabajadores”.
Ese nombramiento efectuado por las centrales sindicales de los 187 países que integran la OIT, agregó, “tiene un sentido político” de reconocer el papel de la CGT ante las medidas socioeconómicas y laborales del Gobierno.
De esta forma, Martínez sumará otra responsabilidad clave en el organismo internacional, donde desde 2005 es miembro del Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo tripartito de la OIT, integrado por 122 miembros representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.
El año pasado, en su discurso ante la conferencia anual, el líder cegetista sostuvo que “en la Argentina el mensaje de la política es la confrontación” y se quejó de que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, al tiempo que exigió a Milei: “Levantemos el cepo al salario”.
“Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial”, detalló.
Martínez, además, cuestionó a la administración libertaria porque “desfinancia la salud y la educación y no promueve políticas de ingresos y de empleo para sectores expuestos a una pobreza extrema”. Y advirtió: “El consenso de la sociedad en torno de bajar la inflación debe ser el resultado del esfuerzo compartido y no del sacrificio exclusivo de los trabajadores, la clase media y los sectores más golpeados”.
En ese momento, la reforma laboral no estaba en la agenda del Gobierno (al menos explícitamente) y por eso no formó parte del discurso crítico del secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Y ahora, debido a la dinámica interna de la OIT, el proyecto de Milei se convirtió en la Ley 28.702 de Modernización Laboral, pero el sindicalismo deberá esperar uno o dos años para que se traten sus denuncias contra la iniciativa libertaria.
Los temas que se tratarán en la OIT
En la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, con participación de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países, se debatirán este año tres ejes principales: el trabajo en plataformas digitales, la igualdad de género en el empleo y el fortalecimiento del diálogo social, además del tratamiento permanente de la Comisión de Aplicación de Normas.
En cuanto al diálogo social, se trata de la tercera discusión sobre el tema tras los debates de 2013 y 2018. Se destacará que atraviesa un momento crítico, con desafíos importantes, pero sigue siendo “una herramienta clave para la gobernanza democrática, la promoción del trabajo decente y el fortalecimiento institucional”.
Respecto a la igualdad de género, la OIT impulsa un programa transformador basado en seis pilares: igualdad salarial, políticas de cuidado con licencias remuneradas, desarrollo de competencias, inversión en sectores clave como salud y educación, eliminación de barreras y estereotipos, y prevención de la violencia y el acoso laboral por motivos de género.
Sobre la economía de plataformas, se prevé avanzar en la conferencia de la OIT en una segunda discusión normativa para establecer un convenio internacional que regule este tipo de trabajo, lo que podría convertirse en la primera norma global en la materia.
El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este lunes a la suba del riesgo país, que alcanzó los 675 puntos básicos, y atribuyó el incremento a la “incertidumbre global”. “Nosotros creemos que la suba del riesgo país obedece a la incertidumbre global”, sostuvo durante su habitual conferencia de prensa.
En ese sentido, Ravier destacó que el Gobierno está fortaleciendo la posición macroeconómica del país para afrontar posibles escenarios de inestabilidad. “El Presidente ha dicho varias veces que, ante la incertidumbre electoral y tantas preguntas que nos hacen, nosotros estamos construyendo solidez macroeconómica para enfrentar ese tipo de situaciones”, afirmó sobre el final de su diálogo con periodistas.
Además, mencionó las reservas acumuladas durante los últimos 12 meses, los acuerdos de intercambio de monedas (swaps) con China y Estados Unidos, y las operaciones de futuros, entre otros instrumentos financieros que pueden servir para afrontar escenarios de inestabilidad. Y completó: “Estos instrumentos, de ser necesario, se pueden utilizar. No creemos que sean la causa del impacto del riesgo país”, completó.
El riesgo país volvió a escalar este lunes y alcanzó niveles que no se registraban desde hace casi un año. Desde que el indicador tocó un mínimo durante la gestión de Javier Milei, en julio, distintos factores —entre ellos el contexto internacional, los datos negativos de la economía, especialmente en materia de actividad, y la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027— contribuyeron a impulsar su tendencia alcista.
En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por JP Morgan avanzó 12 unidades y se ubicó en 675 puntos básicos, con una suba del 4,17%, según las pantallas de Rava Bursátil. Un nivel similar se había registrado a fines de octubre del año pasado, cuando el indicador cerró en 676 puntos.
El avance estuvo impulsado por la caída de los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron bajas de hasta el 1,4% entre los Bonares (AL29D y AE38D) y del 0,8% entre los Globales (GD46D).
De esta manera, el indicador se alejó de los mínimos alcanzados durante la gestión de Milei: en julio, había cerrado en 402 puntos básicos. En ese momento, las calificadoras internacionales mejoraron la nota crediticia de la Argentina, una señal que coincidió con una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central.
El rumbo de la economía y la política monetaria
En otro tramo de la conferencia de prensa, el vocero presidencial se refirió a la caída del consumo y el retroceso del empleo en la Argentina. Al respecto, puso el foco en la situación económica que heredó la administración de Javier Milei y defendió los resultados del programa económico del Gobierno.
“Recibimos una economía que llevaba más de 10 años de estancamiento”, sostuvo. En esa línea, destacó que, pese a las dificultades, la actividad logró retomar la senda del crecimiento.
“Logramos que la economía creciera año tras año. Más allá de un trimestre negativo, en 2026 crecería dos puntos. Y en 2027, según proyecciones, crecería tres puntos”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la recuperación no alcanza a todos y que los indicadores muestran diferencias según período y actividad.
“Si vamos a cuestiones más particulares, la cuestión puede cambiar. No es un crecimiento homogéneo”, explicó. Como ejemplo, mencionó el desempeño reciente de la actividad económica: “Si miramos el dato de julio, fue un mes negativo. Si miramos agosto, los datos son muy positivos”. En ese sentido, expresó su expectativa de que la tendencia mejore en los próximos meses: “Creemos que de septiembre en adelante, la cosa va a ir mejor”.
Por último, el vocero descartó cambios en la orientación del programa económico y rechazó la posibilidad de implementar medidas de estímulo al consumo mediante un aumento del gasto público. “No va a cambiar. No va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones”, aseguró.
En defensa de la política económica de la administración libertaria, sostuvo que el rumbo elegido permitió avanzar en la reducción de la inflación, la pobreza y la indigencia, al tiempo que destacó la recuperación de la actividad. “El plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación, la pobreza y la indigencia, además de la recuperación del crecimiento. Crece más que gran parte del mundo en un contexto complejo”, concluyó.
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POLITICA
La junta de presidentes de cámaras federales penales evaluó el avance del sistema acusatorio
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal reunió en Mendoza a magistrados de todo el país para evaluar la implementación del sistema procesal penal acusatorio y relevar las necesidades de los tribunales ante el cambio de modelo.
Las jornadas se realizaron el 15 y 16 de octubre bajo la presidencia de Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El encuentro convocó a representantes de las distintas cámaras federales de apelaciones y de tribunales nacionales con competencia penal.
El eje de los debates estuvo enfocado en la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde ya funciona el sistema acusatorio, así como las dificultades que surgen en su aplicación. Los participantes intercambiaron criterios sobre el funcionamiento de los órganos judiciales durante esta etapa de transición.
El modelo acusatorio modifica la dinámica del proceso penal al asignar al Ministerio Público Fiscal la investigación de los delitos y reservar a los jueces el control de garantías y la resolución de los casos. La Junta remarcó que su implementación requiere recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes.
También se abordaron aspectos de organización administrativa y la disponibilidad de medios materiales para los tribunales federales. Según se planteó durante el encuentro, la reforma no puede limitarse a cambios normativos, sino que debe tener impacto en la prestación del servicio de justicia.
La reunión puso el foco en el papel institucional de las Cámaras Federales de Apelaciones y de los restantes órganos que intervienen en el procedimiento. Los magistrados señalaron la necesidad de que las estructuras judiciales cuenten con condiciones adecuadas para ejercer las atribuciones que fija la legislación vigente.
Participaron Rocío Alcalá, de Resistencia; Aníbal Pineda, de Rosario; Silvia Mónica Fariña, de Bahía Blanca; Roberto Boico, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; Alejandro Castellanos, de Salta; Juan Pablo Salas, de San Martín; y Ramón Luis González, de Corrientes.
La lista se completó con Alejandro Tazza, de Mar del Plata; Roberto Hornos, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico; Laureano Durán, de La Plata; Richar Fernando Gallego, de General Roca; Fernando Luis Poviña, de Tucumán; Abel Sánchez Torres, de Córdoba; Juan Ignacio Pérez Curci, de Mendoza; Cintia Graciela Gómez, de Paraná; Mirta Delia Tyden, de Posadas; y Diego Gustavo Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los asistentes coincidieron en la conveniencia de mantener instancias de coordinación entre los tribunales de las distintas regiones del país. El intercambio de experiencias entre jurisdicciones fue presentado como una herramienta para identificar problemas comunes y unificar criterios institucionales.
La Junta ratificó que la consolidación del sistema acusatorio depende de la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los encuentros federales seguirán como espacios de diálogo y cooperación para acompañar la transformación de la justicia penal federal y resguardar las garantías constitucionales.
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El Gobierno habilitó la compra de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo secreto militar
El Gobierno declaró secreto militar las operaciones contractuales para adquirir equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar el procedimiento y exceptúa esas actuaciones de las disposiciones sobre publicidad y difusión.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, alcanza las adquisiciones identificadas en un expediente de esa cartera. Sin embargo, el texto publicado no especifica qué materiales o equipos se comprarán ni detalla el alcance de las operaciones.
Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuyo contenido debe quedar restringido a personas autorizadas. La justificación oficial es que la divulgación de información sobre la naturaleza, las características y la finalidad del equipamiento podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
El decreto se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además de la normativa que regula el secreto militar. Esta última contempla entre los asuntos alcanzados por esa figura las adquisiciones de material, las negociaciones y los trámites vinculados con ellas.
En su artículo primero, la norma declara secreto militar las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente. El segundo artículo autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a adoptar los actos necesarios para instrumentar la medida.
“El secreto militar es una herramienta prevista en la legislación para proteger información sensible de la defensa nacional. Los países resguardan este tipo de información como parte de sus políticas de defensa. En determinadas adquisiciones, divulgar características técnicas, capacidades o condiciones de empleo puede comprometer la eficacia de los sistemas y la seguridad del personal”, argumentaron fuentes oficiales consultadas por . Y añadieron: “Su aplicación a una adquisición no implica un cambio en la posición argentina sobre Malvinas. El reclamo de soberanía se sostiene por medios pacíficos y diplomáticos, l mandato constitucional”.
El antecedente del programa de los F-16
Semanas atrás, el Gobierno había ampliado el régimen de secreto militar aplicado al programa de incorporación de los aviones de combate F-16 que la Argentina compró a Dinamarca. Mediante el Decreto 735/2026, publicado en agosto, estableció medidas para proteger la información vinculada con la eventual salida del país de componentes del sistema de armas para tareas de mantenimiento, reparación y actualización.
La decisión abarcó distintos materiales relacionados con los 24 cazas adquiridos, entre ellos partes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento y otros equipos asociados. El objetivo era permitir que determinados componentes pudieran enviarse temporalmente al exterior sin comprometer información considerada sensible.
El programa de los F-16 ya había sido alcanzado por otras medidas de secreto militar. En abril de 2024, el Gobierno declaró secreta la operación contractual para adquirir el sistema de armas; en septiembre de ese año, extendió el régimen a las obras de infraestructura necesarias para recibir los aviones y a la importación de materiales sensibles. En diciembre, incorporó también las operaciones contractuales para adquirir equipos y capacidades complementarias.
El nuevo Decreto 1205/2026, publicado este lunes, establece otra declaración de secreto militar para operaciones contractuales de adquisición de equipamiento de Defensa, pero no identifica en su texto público los bienes involucrados ni señala que correspondan al programa de los F-16.
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