POLITICA
El oficialismo y la oposición recalibran su estrategia antes de la exposición de Adorni en el Congreso
El oficialismo y la oposición ajustan su estrategia para la sesión informativa del 29 de abril en Diputados, en la que expondrá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La discusión estará atravesada por las denuncias judiciales sobre sus viajes y su patrimonio, mientras La Libertad Avanza pondrá el foco en las declaraciones juradas de los legisladores.
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión informativa de alto voltaje político el próximo 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente ante el recinto en medio de una fuerte ofensiva opositora por las denuncias que lo involucran en la justicia.
Según el texto enviado, al ministro le hicieron llegar 4800 preguntas y los ejes principales apuntarán a los viajes en aviones privados, a un vuelo presidencial a Estados Unidos junto a su esposa, Bettina Angeletti, y a la compra de inmuebles en Caballito y en un country de la provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, el oficialismo no solo espera las respuestas del ministro coordinador, sino que además puso la mira en las declaraciones juradas de los diputados nacionales. Las autoridades de la Cámara baja, encabezadas por Martín Menem, detectaron que el 22% de los legisladores no presentó su DDJJ pese a que ya debía haberlo hecho. La obligación alcanza tanto a quienes ya venían con mandato desde hace dos años como a los que asumieron el pasado 10 de diciembre.
La ofensiva opositora y la reacción oficialista
La oposición interpreta esta avanzada como una contraofensiva de La Libertad Avanza frente a los cuestionamientos por el incremento patrimonial atribuido a Adorni. Incluso, la semana pasada pidió su interpelación y buscará insistir con ese planteo después del miércoles 29 de este mes.
El tema también encendió alarmas en el oficialismo por el nivel de respaldo que tuvo la idea de sentar al ministro en el hemiciclo. Según el texto, la votación reunió a 14 diputados a favor de avanzar sobre Adorni, con la posibilidad de impulsar una moción de censura desde el Parlamento, una herramienta prevista en la Constitución nacional.
Martín Menem, presidente de la Cámara baja, aseguró esta semana la presencia de Adorni en el recinto el 29 de abril y advirtió que será una sesión “picante”.
El cruce por las declaraciones juradas
De acuerdo con el texto enviado, de los 129 diputados electos en los comicios de 2025, el 90% ya cumplió con la presentación correspondiente, tal como lo establece la ley de Ética Pública al inicio del mandato y en cada año de gestión.
La diputada Marcela Pagano cuestionó el eje elegido por el oficialismo. “Cuando entramos a la labor política, quienes venimos de la actividad privada, somos informados de que, más allá de las presentaciones que cualquier persona en la actividad privada tiene ante la AFIP, también tenemos las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y que tienen una periodicidad y una actualización, por eso no sé qué descubrieron ahora y con qué quieren chicanear si los diputados y los senadores estamos acogidos ante la OA”, le dijo a TN.
Además, Pagano advirtió sobre un posible uso político de organismos estatales. “Es importante pensar que si se está utilizando al ARCA como elemento de persecución, estamos en problemas, porque cuando lo hacían en otro Gobierno decían que eso era ilegal”, señaló.
También el socialista Esteban Paulón salió al cruce. En sus redes, sostuvo: “Intentan ensuciar con mentiras sobre mi declaración jurada. Todo lo que tengo es público, está declarado y es previo a mi función. ¿Se animan algunos funcionarios del Gobierno a mostrar todo sin relato ni excusas?”. En esa misma línea, se preguntó si Manuel Adorni podría decir lo mismo.
Qué dice La Libertad Avanza
Para La Libertad Avanza, los legisladores están obligados a presentar en tiempo y forma su declaración jurada, como fija la ley de Ética Pública al asumir y durante cada año de mandato.
En la página web de la Cámara de Diputados, según el texto enviado, se establece que los legisladores deben presentar sus DDJJ patrimoniales en tres instancias: inicial, dentro de los 30 días hábiles al comenzar el mandato; anual, hasta el 30 de mayo del año siguiente al período informado, salvo prórroga; y de baja, dentro de los 30 días hábiles al terminar la función.
De los 257 diputados nacionales, 176 ya realizaron sus presentaciones. El último en hacerlo fue el cordobés Juan Schiaretti, que asumió este año 2026 tras superar un problema de salud. El texto también aclara que hay diputados con mandato desde 2023 que todavía tienen plazo hasta el próximo 30 de mayo para actualizar su situación patrimonial.
Sin embargo, persiste un foco de incumplimiento entre quienes ya dejaron sus bancas. Según la información aportada, 51 diputados —el 46% de los 111 legisladores que finalizaron sus mandatos el pasado 10 de diciembre— aún no dieron a conocer su DDJJ, a pesar de que debían hacerlo antes de fines de febrero.
La discusión por esas presentaciones, sin embargo, ya quedó atravesada por la pelea política. A dos semanas de la exposición de Adorni en Diputados, el oficialismo y la oposición se preparan para una sesión en la que las explicaciones sobre patrimonio, viajes y transparencia amenazan con dominar el debate.
Diputados, Declaraciones Juradas, Manuel Adorni
El economista Diego Bossio, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires y exdirector ejecutivo de la ANSES, entre 2009 y 2015, cuestionó la gestión de Javier Milei y planteó que el objetivo de cualquier programa económico debe medirse por el bienestar social: “La victoria es que la gente viva mejor”.
El miembro fundador del centro de estudios económicos Equilibra dijo, durante una entrevista en Infobae al Amanecer, que el Gobierno “no inspira confianza” y vinculó ese clima con el riesgo país, la caída del consumo y la falta de inversión. Además, se refirió a la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva, durante el Tedeum de ayer en la Catedral Metropolitana, la interna del peronismo y negó el “riesgo kuka”.
“El gobierno no inspira confianza. El riesgo país de la Argentina es el doble que el promedio de América Latina. La sociedad está rota y el peronismo está en crisis profunda”, dijo Bossio. Según su análisis, la falta de previsibilidad desalienta la inversión y posterga una recuperación sostenida.
El economista comparó la situación actual con otros procesos de estabilización y sostuvo: “Si el éxito lo medimos solo por bajar la inflación, estamos lejos. (Domingo) Cavallo, a los 30 meses, tenía una inflación mensual de 0,7%; hoy tenemos 2,4%”. En su lectura, hay señales de orden macroeconómico, pero el consumo sigue deteriorado y la mejora no llega a los hogares.
“Hoy la mora en tarjetas de crédito y en préstamos está en máximos históricos”, afirmó. Para Bossio, el problema central es político: “No hay confianza en la política ni en el gobierno, y eso imposibilita cualquier plan de estabilización”, resumió.
Su visión del mensaje de García Cuerva en el Tedeum
Bossio respaldó el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, pronunciado durante el Tedeum posterior a los actos por el 25 de Mayo, y lo interpretó como una señal frente a la confrontación: “Mensaje que recibo y mensaje que suscribo y acompaño. El método político, el diálogo, es necesario para que Argentina tenga acuerdos y mejore la calidad de vida”.
También cuestionó el tono de Javier Milei: “El Presidente permanentemente agrede”. Y diferenció el contenido de la homilía del posicionamiento partidario: “La nota de García Cuerva es profunda: no descalifica la política, sino los métodos”, razonó.
Ý agregó: “No podés estabilizar la economía si no tenés orden político. Y el orden solo se logra mediante acuerdos”, afirmó, al insistir en que la discusión económica no puede separarse del funcionamiento de la dirigencia.
Peronismo, autocrítica y salarios
Bossio planteó una autocrítica sobre el estado del peronismo: “De las últimas ocho elecciones nacionales, perdimos seis. Ganamos solo dos presidenciales y todas las legislativas se perdieron”. En esa línea, describió una falta de cohesión interna y de capacidad para reconstruir una agenda común.
Frente al temor de sectores empresarios sobre un eventual regreso del kirchnerismo, fue terminante: “El riesgo kuka no existe. El verdadero problema es que el gobierno actual no inspira confianza”. En ese tramo, insistió con la idea de que el mercado no reacciona solo a variables económicas: “No reacciona porque no hay confianza política, ni siquiera entre propios”.
“El peronismo tiene que volver a ser confiable, no solo para los mercados, sino para los argentinos”, sostuvo, y planteó que el desafío requiere ampliar la base política y social.
Consultado por el deterioro del poder adquisitivo, Bossio afirmó: “El salario real está por debajo del promedio de los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández”. Atribuyó parte de la caída del ingreso disponible a que “tarifas, alquileres y servicios” aumentaron por encima de la inflación.
También vinculó la retracción del consumo y el aumento del endeudamiento con la falta de crecimiento y de un programa orientado a mejorar el empleo: “La forma genuina de mejorar el salario es aumentando la productividad”. En su evaluación, la inversión se mantiene baja por la falta de confianza y por antecedentes macroeconómicos: “El propio empresariado argentino tiene incertidumbre, no solo por el Gobierno, sino por la historia y los defaults”. Y cerró con un dato para contextualizar el estancamiento: “El PBI de Argentina hoy es 7% más bajo que el pico de 2011”.
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POLITICA
Milei envió un proyecto a Diputados para regular el lobby y obligar a transparentar reuniones con funcionarios
El Poder Ejecutivo envió a Diputados un proyecto para regular la actividad conocida como lobby y crear un régimen obligatorio de registro de reuniones, contactos e intermediaciones entre funcionarios públicos y actores privados. La iniciativa, titulada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y obliga a transparentar quién busca influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué temas.
“Es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Allí también aparecen conceptos poco habituales en el discurso libertario, como “transparencia”, “control público”, “previsibilidad” y “publicidad”, más ligados con sus aliados de Pro y la UCR.
En el oficialismo, sin embargo, aseguran que la propuesta está inspirada en el modelo de regulación vigente en Estados Unidos.
“La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado”, argumenta el texto enviado al Congreso.
El proyecto crea dos herramientas centrales. Por un lado, un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la actividad. Por otro, un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con lobistas, detallando fecha, participantes, organismo involucrado y tema tratado.
La definición de “gestión de intereses” es amplia. Incluye cualquier actividad destinada a influir sobre decisiones públicas: desde leyes y regulaciones hasta contrataciones, subsidios, beneficios fiscales, licencias, concesiones o designaciones. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros, de manera gratuita u onerosa.
El régimen obliga a los gestores a informar quiénes son sus clientes o beneficiarios finales, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. Además, deberán presentar reportes trimestrales con el detalle de todas las gestiones realizadas.
La iniciativa también establece incompatibilidades. Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ejerzan cargos en el Estado y, una vez que abandonen la función pública, tendrán una prohibición de dos años para realizar lobby ante el organismo donde trabajaron o sobre asuntos en los que hubieran intervenido. La restricción se extiende a empresas bajo su control.
Uno de los capítulos más sensibles está dedicado a la gestión de intereses extranjeros. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando la actividad se realiza en representación de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior. En esos casos, la autoridad de aplicación podrá exigir documentación adicional y reportes especiales por razones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia o relaciones exteriores.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir desde cinco hasta 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia. También contempla penas de prisión -de seis meses a tres años- para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos, oculten beneficiarios reales o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas sensibles como defensa, recursos naturales o infraestructura crítica.
La iniciativa ya despertó cuestionamientos opositores. El diputado Esteban Paulón (Socialismo) sostuvo en X que el Gobierno impulsa la regulación “tarde”, después de la aprobación de proyectos que, según planteó, reflejaron la influencia de sectores empresarios y corporativos. También vinculó la iniciativa con el denominado “Super RIGI”, al que definió como un proyecto alineado con intereses privados extranjeros.
El proyecto lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros, Diego Santilli (Interior) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
@JMilei,pic.twitter.com/mp7R3kZhTg,May 26, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,,Cuadernos de las Coimas. La expareja de Centeno dijo que fue testaferro de él y que Baratta “hizo desaparecer” anotaciones,,Caso Sur Finanzas. Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: “No me detengo en traiciones”,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,Congreso Nacional,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,,»Celestes» vs. «verdes». El oficialismo anuló el concurso para la Defensoría del Niño y reabre la disputa por el perfil del cargo,,¿El fin del etiquetado frontal? Esto es lo que se sabe del nuevo proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
POLITICA
Ley de Financiamiento Universitario: vuelven las clases públicas de la UBA y habrá una frente a la Corte Suprema
En medio de la disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades, la UBA organizará una jornada de clases públicas que tendrá su punto central frente al Palacio de Tribunales. El reclamo es por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa, que se desarrollará este martes desde las 11, incluirá clases abiertas y exposiciones académicas convocadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires reclaman que los jueces de la Corte Suprema definan su intervención en el expediente, que se encuentra bajo análisis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al aceptar un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
“Señores jueces: que Milei cumpla la ley. Nos encontramos en Tribunales en el marco de la jornada de clases públicas, para defender el sistema universitario nacional y exigir la plena implementación de la ley de financiamiento universitario”, informaron desde Feduba.
La Ley de Financiamiento establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
El Ejecutivo les propuso días atrás a los rectores de las universidades transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal, según pudo saber TN.
No obstante, la reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales. La primera marcha se realizó en abril de ese año.
El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva.
En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
universidades públicas, UBA, Corte Suprema, clases
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