La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de lavado de dinero del sistema financiero en la Argentina que involucra al BNP Paribas. El tribunal también actualizó los embargos de los ejecutivos acusados hasta la suma de casi 200 millones de dólares.

El caso, que tiene más de 25 años, está en el Tribunal Oral Federal 6 elevado a juicio oral y público, donde 14 imputados esperan para ser juzgados.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmaron el aumento de embargos por un monto total de 303.000 millones de pesos.

​​La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización de los embargos dispuesta en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado.

Los montos ascienden a aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para el grupo de imputados integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.

​​El tribunal de Casación consideró que la actualización de los montos responde a la depreciación monetaria producida desde la fijación de los embargos en noviembre de 2019 y no implica una modificación de cálculo establecidos anteriormente.

Asimismo, rechazó los planteos de las defensas relativos a la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

​​La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculadas con el BNP Paribas.

Entre 2000 y 2008, a través de una oficina de banca privada en Buenos Aires que operaba al margen de los organismos de control, se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante sociedades constituidas en el exterior y cuentas en distintos centros financieros internacionales, con mecanismos destinados a ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los activos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó por unanimidad lo que había resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el 29 de mayo pasado, cuando a pedido de la fiscalía, el Banco Central y la UIF, actualizó por inflación los montos fijados en 2019.

Las defensas sostenían que el tribunal oral no podía tocar montos que habían quedado firmes, que la actualización convertía el embargo en una “pena anticipada” y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó la edad y la salud de sus clientes. También recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio origen a la causa. Además, afirmó que 21 de los 23 hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otros juzgados.

Pero la Casación rechazó sus pretensiones. Borinsky, en un primer voto, distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado. Citó como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que la Corte dejó firme en julio pasado.

Sobre el plazo razonable, el juez sostuvo que las defensas cuentan el tiempo desde 2009, cuando los embargos se dictaron recién en 2016 con los procesamientos.

También señaló que omiten la complejidad del caso, sus 14 imputados y que el expediente ya está en etapa de juicio.

Para Hornos “no se ha alterado el método; se ha preservado el valor”. Con la inflación, agregó, negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el mero paso del tiempo.

El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, había pedido además que se le encomiende al tribunal oral la pronta realización del juicio, que todavía no tiene fecha.

El caso nació en 2008. Al rastrear fondos de un fraude contra la administración pública, los investigadores llegaron al piso 25 del edificio del banco en Alem 855, donde funcionaba un servicio de banca privada internacional que no había sido informado al Banco Central. La causa formal se abrió en 2009 por una denuncia del propio BCRA.

Según la acusación, los imputados integraron entre 2000 y 2008 una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. Los fiscales estimaron que por esa estructura se lavaron unos mil millones de dólares.

En el expediente judicial, la base de cálculo quedó en US$33,3 millones, la suma de las operaciones concretas imputadas.

En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos está Joannier, director general de la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006, y Basciano, su reemplazante.

Los planteos para cerrar la causa por el paso del tiempo se acumularon a lo largo de los años. La Cámara Federal rechazó la prescripción, y la Corte Suprema desestimó otro planteo de prescripción de uno de los procesados.

Queda un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio que habría cerrado el caso sin juicio.

Pero la Cámara Federal de Casación lo revocó, aunque concedió los recursos extraordinarios de las defensas. Desde entonces, el expediente espera una definición de la Corte Suprema.

El senador peronista y exgobernador de San Juan Sergio Uñac publicó este martes un video en sus redes sociales en el que explicó por qué le gustaría ser candidato a presidente en las próximas elecciones y advirtió que hay “hay mucho desánimo” en la sociedad.

“Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal. Yo quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos. Al servicio de mi país, para que el trabajo alcance, valga la pena producir y para que nuestros hijos -no los míos, los de todos- sientan que acá hay futuro. Eso lo construimos entre todos”, expresó Uñac en un breve spot de menos de un minuto de duración.

El exgobernador de San Juan ya se había lanzado a la campaña meses atrás y es el precandidato del peronismo que manifestó explícitamente sus intenciones con mayor anticipación.

En mayo pasado había dejado en claro su intención de competir en una interna del peronismo y, desde ese momento, se sostiene en un escenario en el que tiene anotado como potencial contrincante al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Uñac se mantiene en la búsqueda de la postulación por el PJ con recorridas y cuenta con respaldos de algunos sectores que responden a la expresidenta Cristina Kirchner.

Tal como informó , a la búsqueda electoral del PJ se le agregó además una avanzada cristinista por lograr que la exmandataria pueda competir, a pesar de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso Vialidad.

Uñac, por su parte, apoyó a la expresidenta y el 21 de septiembre último señaló a : “Hoy Cristina sigue siendo la dirigente más competitiva del peronismo. Si no estuviera proscripta, no tengo dudas de que sería nuestra principal candidata”.

Además, aseguró que no tiene ninguna rivalidad con Kicillof, sino que sus aspiraciones son “legítimas” y que su principal adversario “es” el presidente Javier Milei.

El exgobernador pretende que el peronismo defina este año su candidato a presidente para 2027 y, si bien el pedido de adelantar las decisiones no se trató en el partido, el senador ya empezó a hacer su campaña con recorridas y reuniones con dirigentes políticos y sectores productivos.

“Las PASO hay que defenderlas, pero no podemos dejar el futuro del peronismo en manos de Milei. Hay que tener un plan B desde ahora: internas, voto y que la gente ordene los liderazgos. Lo he hablado en privado con muchos compañeros y todos coinciden en lo mismo: no podemos seguir siendo espectadores”, indicó.

Entre los dirigentes que quieren la candidatura de Cristina Kirchner y que apoyan se encuentran Víctor Santa María (secretario general del gremio de encargados de edificios y empresario de medios), Nicolás Totta (exministro de Educación y actual diputado nacional) y Leonardo Nardini, intendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas.