POLITICA
Milei en “modo Rocky”, entre la supervivencia de Adorni y una jugada maestra de los gobernadores
Javier Milei está decidido a dar batalla. En la intimidad de la Quinta de Olivos se envalentona con datos macroeconómicos que, según su mirada de la realidad, demuestran que su plan recién está despegando. Reniega e insulta al aire cada vez que se cruza, cada vez con más asiduidad, con algún número que lo perjudica. Y piensa que, sobre todo en la adversidad de los peores momentos, su equipo tiene que demostrar fortaleza y unión ante el heterogéneo número de enemigos que lo quieren voltear. Por eso, la orden la impartió él mismo: toda la plana mayor del gobierno tenía que ir al Congreso a bancar a Manuel Adorni. Su hermana, como ya es costumbre, fue el brazo ejecutor y la dama de hierro que dejó en claro que no se admitían ausencias. El mensaje llegó fuerte y claro: hasta el Canciller Pablo Quirno tuvo que acelerar el paso para llegar a la cita después de un largo vuelo que lo depositó en Ezeiza y de un caos de tránsito que casi le juega una mala pasada.
La escena salió acorde a lo planeado. Con los pulgares para arriba, el Presidente sentado delante de un escritorio en la Cámara de Diputados con sus súbditos alrededor. Y Karina, a sus espaldas, atenta a cada minucia, como corregir con la mirada a una Patricia Bullrich que quiso apoyar las palmas de las manos sobre la mesa y acercarse un poco más que el resto al primer mandatario. Fue la Secretaria General la que dio el okay final para difundir masivamente ese momento grupal en un video que incluía de fondo la cortina musical de la película Rocky.
“Estuvo bien todo lo que armamos ese día: Javier está en modo boxeador y no va a aflojar. Todo lo que pasó en esa jornada fue una excelente manera de decir que no nos vamos a caer”, analiza uno de los integrantes de esa comitiva. Y coincide con casi todos los demás: teniendo en cuenta las infinitas vicisitudes a las que se podrían haber enfrentado, el paso del jefe de Gabinete por el palacio legislativo “terminó siendo más que satisfactorio”. Para lograr ese objetivo, el siempre filoso y locuaz funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito tuvo que desarmar su personaje público y leer cada una de sus intervenciones. No son tiempos para la espontaneidad y ya no hay lugar para errores no forzados. Aun así, el próximo lunes 4 de mayo se espera que finalmente se reabra la Sala de Prensa de la Rosada, cerrada para los acreditados desde el 23 de abril por primera vez desde el regreso de la democracia, y que haya una conferencia del habitual vocero que quiere sacarse de encima los escándalos que se ciernen sobre su espalda.
Aunque de las casi siete horas del informe de Adorni sólo tuvieron relevancia política y mediática los párrafos referidos a su patrimonio, no fueron pocos los opositores que durante la misma sesión empezaron a mirar con lupa las 1936 páginas de respuestas que el ministro coordinador eligió brindar por escrito: se sorprendieron, por ejemplo, del contenido de la número 859. Ahí se describen con lujo de detalle los consumos de 103 tarjetas corporativas durante el paso de Demian Reidel en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, con gastos que incluyen sospechosos retiros en efectivo y llamativas compras en Free Shops, tal como profundizó un reporte del portal especializado en energía EconoJournal. Son descubrimientos que no ayudan al oficialismo en la intención de limpiar su imagen, justo en la misma semana en la que Carlos Frugoni, hombre que oficiaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, dejó su cargo en Economía cuando trascendió que tenía siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos sin declarar ante el fisco.
No tuvieron la misma suerte otros dirigentes libertarios menos cercanos a El Jefe, pero Manuel Adorni sobrevivió al 29-A pese a los pronósticos de renuncia. Ahora tiene por delante el proceso judicial, que tiene a Ariel Lijo y Gerardo Pollicita tratando de dilucidar cómo puede justificar unos U$S 105.000 en efectivo y otros U$S 335.000 en movimientos vinculados a sus propiedades que resultan todavía dudosos. Sea cual sea el devenir del siempre tiempista submundo de Comodoro Py, el jefe de Gabinete enfrentará el escollo de la reconstrucción de su propia credibilidad y la de su espacio. Para muestra, un botón: la consultora Zentrix difundió un estudio nacional que registra 73,9% de imagen negativa para el autor del latiguillo “fin”. Pero hay más: un 66,6% de la población cree que la gestión mileísta terminó formando parte de “la casta”, justo el universo simbólico que había prometido dinamitar cuando llegó al poder.
¿Cómo caen estos guarismos en Casa Rosada? Un miembro fundamental del ecosistema violeta, equidistante entre Karina y Santiago Caputo, admite que la percepción actual de la gestión está atravesando por una de sus turbulencias más complicadas. “En muchas ocasiones nos encuentro desenfocados y peleándonos demasiado con la realidad”, desarrolla con metáforas pugilísticas, acaso aludiendo nuevamente al Sylvester Stallone del célebre largometraje de 1976.
Si bien Javier Milei está convencido de que la sola difusión de estudios y sondeos de conclusiones preocupantes son parte de una mega operación para desgastarlo y hacerlo caer, los datos que dan por ciertos en el llamado Círculo Rojo subrayan una economía estancada, ausencia de derrame en sectores dinámicos para el mundo del empleo y aumento del rechazo social. No niegan la estabilidad macro y el equilibrio en las cuentas fiscales, pero se muestran desconfiados ante las promesas grandilocuentes de Luis “Toto” Caputo y temen por el deterioro de actividad, empleo e ingresos. Algunos informes se comentaron en los pasillos de los tres eventos -la cena de la Fundación Libertad, la clase sobre Keynes en el Palacio Libertad y el encuentro anual de ExpoEFI- en los que el presidente fue orador esta semana; los números, vistos de a uno, pueden ser discutidos, relativizados o insultados en cadena nacional. Leídos en conjunto, empiezan a contar otra historia.
- El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en abril para Javier Milei fue de 2,02 puntos sobre 5: una disminución de 12,1% respecto de marzo. El actual nivel está levemente por debajo del mes equiparable del gobierno de Mauricio Macri y muy por encima del mismo período para Alberto Fernández, pero hay un componente que destaca especialmente: el rubro honestidad descendió 8,4%.
- Hay datos relevantes que se desprenden del Índice de Confianza del Consumidor, que elabora Poliarquía también para la Di Tella: no solo se registró una caída mensual de 5,68%, sino que en el último mes el mayor desplome porcentual se dio en el interior del país (10,57%), precisamente ahí donde la confianza se mantiene más elevada (45,3%). Además, fue muy pronunciada la baja en los hogares de menores ingresos (12,6%).
- La última encuesta de AtlasIntel, respetada a nivel internacional y reconocida por ser la que mejor presagió la llegada de Milei al sillón de Rivadavia en 2023, incluye un dato político difícil de maquillar incluso para la maquinaria más optimista de Balcarce 50: la aprobación de Milei cayó al 35,5%, mientras que la desaprobación trepó al 63%. Pero el número que más inquieta aparece en el ranking de preocupaciones sociales: por primera vez con tanta claridad, la corrupción aparece al tope de los problemas nacionales (50,3%), y consolida una suba brusca después de haber estado en 43% en marzo y 44% en febrero. Detrás quedan el desempleo (38,5%), los altos precios y la inflación (35,9%) y la situación económica general (32,6%). Hacia adelante, 56% cree que la economía y el mercado laboral van a empeorar en los próximos seis meses y 49% espera lo mismo para su hogar. La foto micro completa el cuadro de una sociedad que redujo consumos para enfrentar la suba de precios (58,4%), se endeuda (32,8%) y busca ingresos adicionales (19,6%).
- El trabajo nacional de abril de Hugo Haime & Asociados, agrega otra capa al clima de desgaste: el 53,5% opina que Milei tiene “malas ideas”, contra apenas 25,8% que cree que tiene buenas propuestas y que sabe gobernar. La otra conclusión aparece cuando se pregunta por el responsable principal de los actuales problemas económicos del país: 38,7% señala a la política económica de Milei, 33,1% culpa a la política económica del kirchnerismo y 25,7% reparte responsabilidades por igual. Dicho en criollo político: el gobierno todavía conserva un colchón discursivo para discutir la herencia, pero ese colchón ya no le alcanza para tapar los agujeros que fue generando la propia gestión.
- La más reciente encuesta de Management & Fit repite síntomas de desgaste pero en paralelo aporta un poco de alivio a las perspectivas libertarias: si las elecciones presidenciales fueran mañana, 51,6% votaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión, pero 42,8% todavía optaría por alguna forma de continuidad, aunque dentro de ese paquete aparece un matiz decisivo: sólo 14,8% elegiría una continuidad total y 28% acompañaría a LLA con modificaciones.
En conjunto, estos y otros numerosos estudios que circulan en despachos oficialistas y opositores, tocan el nervio identitario del experimento libertario, porque sugieren que el pacto moral que permitió justificar ajuste, sacrificio y malestar bajo la promesa de limpiar el sistema empieza a perder capacidad de persuasión. ¿Qué hará Javier Milei con esas evidencias que se acumulan y que indican que el plan trazado hace dos años podría necesitar algunos retoques? Hasta acá, la respuesta de los violetas es la negación y el enojo.
El encono con prácticamente todo el arco político, con empresarios variados, con los especialistas económicos, y muy en particular con los medios de comunicación logró un golpe en la institucionalidad del país: Argentina retrocedió once lugares en el ranking mundial de libertad de prensa que elabora la organización Reporteros sin Fronteras; esa caída al puesto 98 entre 180 naciones hizo que el panorama fuera catalogado como “difícil” y ya no “problemático”. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó que en 2025 las agresiones del actual gobierno a la prensa aumentaron un 55% (278 casos de agravios totales) respecto al año anterior, la peor marca de los últimos 18 relevamientos.
Esta situación marida con las conclusiones del Informe de Transformación Bertelsmann (BTI) 2026: por primera vez en 20 años de análisis, el 56% de las 137 naciones estudiadas son autocráticas; es decir, dos tercios de los territorios evaluados desde 2006 son hoy menos democráticos que hace dos décadas. El documento fue destacado por Daniel Hadad, fundador de Infobae, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Matanza por su impacto en la transformación del periodismo en Hispanoamérica.
La estrategia de los hermanos Milei para lo que viene y de cara a 2027 será, según advierten todos los que tienen acceso a Olivos, polarizar con los que están del otro lado de la grieta. El blanco obvio será, una vez más, el espectro peronista. “Si aceptamos el desafío del cambio, volveremos a ser grandes nuevamente. Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda a la que nos llevaba el kirchnerismo”, dijo el mandatario en una de sus últimas apariciones públicas.
Por la contundencia de esa línea discursiva, que tiene como fin último aumentar el nivel de polarización a medida que se acerquen las elecciones nacionales, algunos conocedores de los entramados de la Justicia federal se sorprendieron por un puñado de nombres que aparecieron entre las ternas que envió La Libertad Avanza al Senado para llenar vacantes en los juzgados: Juan Manuel Mejuto, Hernán Figueroa, Santiago Vismara, Ana Clarisa Galán o Ángeles Ramos, cercanos a la agrupación K Justicia Legítima y a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, son apenas algunos casos para seguir de cerca. “¡No son kirchos! Mirá si Karina, los Menem o el propio Juan Bautista Mahíques van a hacer algo así”, se indigna una fuente al tanto de los movimientos ante la consulta. Hay otra novela para seguir en torno a los posibles nuevos integrantes de la Cámara Federal, la encargada de revisar causas de corrupción resonantes.
En ese contexto de rosca tribunalicia infinita, un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) descubrió que en las listas de LLA hay al menos 12 postulantes que “saltaron” más de diez posiciones en el orden de mérito de sus concursos, 20 que no estarían en las ternas según su ubicación original y 7 familiares de magistrados en actividad o jubilados. ¿Y la paridad de género? Bien, gracias. El 70% de los preseleccionados son varones.
Por fuera de la trama judicial, la mesa política libertaria tiene la misión de seguir de cerca la decena de proyectos que el oficialismo mandó al Congreso para su aprobación. Por ahora, las prioridades son la Ley de Hojarasca en la Cámara de Diputados y el proyecto de Propiedad Privada en la Cámara de Senadores. El problema es que son temas poco populares, que no alcanzan para entusiasmar a la población. Mientras tanto, la reforma electoral duerme el sueño de los justos: todos los aliados avisaron que no van a apoyar la eliminación definitiva de las PASO.
Pero hay otra novedad que puede desvelar a La Libertad Avanza y más puntualmente a sus estrategas electorales: en el más estricto sigilo, un grupo variopinto de gobernadores empezó a discutir una idea que podría complicar los planes nacionales de Javier Milei. “¿Y si nos ponemos de acuerdo para que nuestras provincias voten todas en la misma fecha?”, propuso hace algunas semanas un destacadísimo referente del interior. “Una cosa es ir uno a uno contra ellos, y otra cosa es armar una suerte de súper domingo, donde los libertarios se tengan que enfrentar contra todos a la vez”, revela ese hombre ante Infobae. Y sigue: “Con desdobladas, el Gobierno puede trabajar cada contienda con más fuerza, planificación y recursos. En cambio, si vamos todos juntos, incluso mejor si es en los primeros meses de 2027, su poder se desinfla. Es una jugada maestra para que no nos tengan más como rehenes de nada”.
Alerta spoiler: este diseño, que entusiasma sobre todo a los mandatarios que no tienen tantos incentivos para acordar con la Rosada, se puso sobre la mesa en reuniones ultra secretas pero no tiene todavía sus detalles articulados. Si se concretara, sería algo más que una picardía de calendario: se convertiría en una verdadera revolución federal contra los sueños de reelección del primer presidente liberal libertario de la historia Argentina.
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POLITICA
Reforma electoral: el Gobierno busca lograr media sanción en agosto y evalúa alternativas para destrabar la negociación con los aliados
El Gobierno fija un cronograma para avanzar con la reforma electoral y apunta a lograr media sanción en el Senado durante agosto. En la Casa Rosada aceleran las negociaciones con gobernadores y aliados tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, pero en distintos despachos oficiales reconocen que todavía faltan cerrar adhesiones de algunos mandatarios provinciales.
La reforma electoral será uno de los temas centrales de la próxima reunión de la mesa política, que el Gobierno prepara para la semana que viene. Será el primer encuentro formal de ese esquema con Santilli como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni, y volverá a estar encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En Balcarce 50 aseguran que tienen “el 70%” de la reforma cerrada, aunque remarcan que la decisión política es no tratarla por partes. La Casa Rosada quiere evitar que el Congreso avance sólo con los capítulos menos conflictivos y deje para más adelante la discusión central: la eliminación o suspensión de las PASO.
“La traba está en las PASO”, insisten en Nación. El oficialismo mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las primarias, pero admite que la suspensión por un año aparece como la variante con más margen de negociación entre gobernadores y bloques dialoguistas. En el Senado, Patricia Bullrich ya había transmitido que los números no alcanzan para una derogación total.
El Gobierno busca que la reforma electoral obtenga media sanción en agosto. Para eso, Santilli deberá acelerar conversaciones con mandatarios provinciales, senadores aliados y bloques dialoguistas. En la Casa Rosada consideran que Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro están “adentro” de la negociación, aunque en varios despachos oficiales aceptan que todavía hay gobernadores que piden cambios antes de comprometer su apoyo.
La discusión con las provincias no se limita a las PASO. También aparecen reclamos por fondos, obras, coparticipación, transporte y margen de competencia electoral en cada distrito. En Balcarce 50 entienden que la reforma electoral se cruzará inevitablemente con el armado de 2027: qué candidatos pondrá La Libertad Avanza, dónde jugará fuerte y en qué provincias buscará no romper los puentes con los mandatarios.
Una de las alternativas que evalúa el Gobierno es habilitar un sistema de listas compartidas en las elecciones generales, adaptado al esquema de Boleta Única de Papel. En Balcarce 50 lo presentan como una herramienta para ordenar a aliados sin PASO: distintas listas legislativas podrían competir bajo la candidatura presidencial de Javier Milei, de forma que diputados de La Libertad Avanza y de otros espacios aliados disputen votos dentro de una misma oferta nacional.
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En el oficialismo evitan definirlo como una colectora tradicional, pero reconocen que el mecanismo funcionaría con una lógica similar. La idea es que Milei pueda encabezar la boleta nacional y que, en determinados distritos, se habiliten nóminas legislativas complementarias de aliados, como sectores de la UCR, el PRO o partidos provinciales. La definición dependería de cada provincia, del peso territorial de cada socio y de quién tenga mejores condiciones electorales.
El objetivo político es doble: ofrecerles a los aliados un incentivo para acompañar la eliminación o suspensión de las PASO y evitar que las provincias desdoblen sus elecciones para preservar sus armados locales. En la Casa Rosada creen que un esquema de listas compartidas podría contener a sectores radicales y del PRO que hoy rechazan quedarse sin primarias como mecanismo ordenador de candidaturas.
El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones también en el capítulo de financiamiento público de los partidos durante las campañas electorales. En el borrador original, el Ejecutivo planteaba una reducción fuerte de esos aportes. Ahora, en la Casa Rosada admiten que podrían moderar esa baja para acercar posiciones con aliados. “En vez de reducirlo fuerte, podemos bajarlo un 80%”, explican en Nación.
Ese punto forma parte de la negociación más amplia. La reforma mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos, pero busca reordenar el régimen de financiamiento de campaña, endurecer controles sobre aportes, publicidad y rendiciones, y reducir el peso del Estado en la estructura electoral. En el oficialismo creen que ese capítulo puede ser ajustado sin afectar el corazón político del proyecto.
La reforma también incluye cambios en la vida interna de los partidos políticos. El texto eleva las exigencias de territorialidad para constituir partidos nacionales, aumenta requisitos de afiliación, incorpora herramientas digitales y mecanismos de autenticación biométrica para respaldar afiliaciones y postulaciones, y fija causales más duras de caducidad para fuerzas que no alcancen mínimos electorales.
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Otro capítulo sensible es el de la Boleta Única de Papel. El Ejecutivo impulsa incorporar un casillero para votar lista completa con una sola marca, bajo el argumento de que la primera implementación del sistema generó confusiones entre categorías. Ese punto también podría abrir discusiones con aliados que advierten sobre el impacto práctico de modificar nuevamente las reglas electorales.
En el Gobierno insisten en que no quieren separar esos capítulos. La definición es tratar la reforma como un paquete integral, aunque eso obligue a sostener negociaciones más largas. La Casa Rosada teme que, si acepta votar por partes, el Congreso avance con los cambios de consenso y deje trabado el punto que más le interesa al oficialismo: las PASO.
La estrategia legislativa se concentrará en el Senado. En Balcarce 50 no prevén convocar a una sesión en Diputados durante julio y buscan focalizar todo en la Cámara alta, donde ya hay varios proyectos en tratamiento. Además de la reforma electoral, el oficialismo quiere mover el paquete de propiedad privada, el régimen de Zona Fría, pliegos judiciales y otras iniciativas que quedaron pendientes por la crisis política que generó el caso Adorni.
Gobierno, reforma electoral
POLITICA
Un argentino es candidato a integrar la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol
Ramiro Anzit Guerrero, abogado argentino con trayectoria en organismos policiales internacionales, fue propuesto por Argentina como candidato a integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL (CCF). Su nombre figura en la lista de postulantes elegibles -es el único latinoamericano- aprobada por el Comité Ejecutivo de la organización durante su 229.ª sesión, celebrada el 24 y 25 de junio de 2026.
La elección de los siete miembros que integrarán la CCF tendrá lugar en la 94.ª sesión de la Asamblea General de INTERPOL, programada en Hong Kong, China, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. Los cargos quedarán formalmente vacantes el 11 de marzo de 2027, cuando expire el mandato de los miembros actuales.
Anzit Guerrero compite por uno de los puestos en la categoría. Su postulación es una de las 20 candidaturas presentadas por países miembros de la organización, provenientes de naciones como Francia, Reino Unido, India, Turquía, Ucrania, Países Bajos y Namibia, entre otros. De los 20, solo serán seleccionados siete.
El perfil académico y profesional del candidato argentino abarca múltiples jurisdicciones y disciplinas. Anzit Guerrero es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, y cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval. En la Universidad Tecnológica Nacional cursó la especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia, y amplió su formación en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.
Hasta su designación como Director Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina —cargo al que accedió en marzo de 2025 por decisión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich—, Anzit Guerrero se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. En ese rol, tenía a su cargo las actividades de la agencia en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, de acuerdo con lo publicado por Infobae.
Su vinculación con redes académicas internacionales del campo criminológico complementa esa trayectoria operativa. Integra la British Society of Criminology, la Australian and New Zealand Society of Criminology, la South Asian Society of Criminology and Victimology de India, la Pakistan Society of Criminology y el Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais, Brasil.
La CCF es el órgano independiente de INTERPOL encargado de supervisar el procesamiento de datos personales en los archivos de la organización y de garantizar que dicho tratamiento se ajuste a las normas internas. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General y ejercen sus funciones con plena autonomía respecto de los países que los proponen.
Según las reglas electorales publicadas por INTERPOL, cada país miembro puede presentar a una misma persona para varios cargos, siempre que reúna los requisitos de cada uno. Si un candidato resulta electo para uno de los puestos, su nombre se retira automáticamente de las demás categorías en que competía. Del mismo modo, si un Estado tiene más de un candidato y uno de ellos es elegido, los restantes quedan excluidos de la contienda por los cargos vacantes.
Los miembros que accedan a la CCF por primera vez cumplirán un mandato de cinco años, mientras que quienes sean reelegidos ejercerán por tres años adicionales. Entre los 20 postulantes figuran cinco integrantes en ejercicio que buscan renovar su lugar en el organismo: Hamza Es Said, de Marruecos; Michel Forst, de Francia; Mohamed Kamara, del Líbano; Teresa McHenry, de Estados Unidos; y Mohamed Elfadhel Miled, de Túnez.
Lista de 20 candidatos:
Sr. Ramiro ANZIT GUERRERO (Argentina)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular cooperación policial internacional• Abogado con experiencia en derecho penal internacional
Sr. Givi BAGDAVADZE (Georgia)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sr. Dominique BAYA (Camerún)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.
Sr. Stefano BETTI (Italia)• Abogado con experiencia en derecho penal internacional
Sra. Maria-Elena Piera Enrica CICCOLINI (Italia)• Miembro con experiencia en protección de datos
Sr. Hamza ES SAID – miembro actual (Marruecos)• Abogado que ocupe o haya ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sr. Michel FORST – miembro actual (Francia)• Abogado con experiencia en derechos humanos
Sr. Ben HAYES (Reino Unido)• Miembro experto en protección de datos• Miembro experto en procesamiento electrónico de datos• Abogado experto en protección de datos
Sr. Mohamed KAMARA – miembro actual (Líbano)• Abogado con experiencia en protección de datos • Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional • Abogado con experiencia en derecho penal internacional
Sr. Vitalii KASAP (Ucrania)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos• Abogado con experiencia en protección de datos• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional
Sr. Lilungwe Theophilus MAYUMBELO (Namibia)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.
Sra. Teresa McHENRY – miembro actual (Estados Unidos)• Abogada con experiencia en derecho penal internacional • Abogada con experiencia en derechos humanos• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional
Sr. Mohamed Elfadhel MILED – miembro actual (Túnez)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos
Sra. Alejandra NEGRETE MORAYTA (México)• Abogada con experiencia en derechos humanos
Sra. Tania NEIRA (Finlandia)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional
Sra. Padmini SINGH (India)• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sr. Murat ŞEN (Turquía)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sra. Tetiana USTYMENKO (Ucrania)• Abogada con experiencia en derechos humanos
Sra. Elisabeth VOS (Países Bajos)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional
Sra. Amanda WESTON (Reino Unido)• Abogada con experiencia en derechos humanos
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POLITICA
Causa Vialidad: la Corte ratificó que Cristina Kirchner y los otros condenados deben devolver $685.000 millones
La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez contra esa medida.
La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de una parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. El monto actualizado surge de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del tribunal, y todos los condenados en la causa deben responder de manera solidaria.
¿Cómo se estableció el monto?
El 6 de diciembre de 2022, tras casi tres años de debate oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
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El tribunal fijó entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados, con la indicación de que la cifra se actualizara cuando la condena quedara firme. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y del Ministerio Público —que buscaba agravar las condenas por asociación ilícita— y ordenó la detención de los condenados.
Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025 y lo fijó en $684.990.350.139,86. La defensa de Fernández de Kirchner apeló esa actualización ante el tribunal oral y luego ante Casación, donde los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la cifra.
En el recurso que ahora rechazó la Corte, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto original era provisorio y cuestionaron el uso del IPC para actualizarlo. La defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, había cuestionado además que fuera el TOF 2 —y no el TOF 4, que lo condenó en la causa “Ruta del Dinero K”— el tribunal competente para ejecutar el decomiso. El máximo tribunal desestimó ambos planteos por “inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Cristina Kichner, Vialidad, Corte Suprema
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