POLITICA
Milei en “modo Rocky”, entre la supervivencia de Adorni y una jugada maestra de los gobernadores

Javier Milei está decidido a dar batalla. En la intimidad de la Quinta de Olivos se envalentona con datos macroeconómicos que, según su mirada de la realidad, demuestran que su plan recién está despegando. Reniega e insulta al aire cada vez que se cruza, cada vez con más asiduidad, con algún número que lo perjudica. Y piensa que, sobre todo en la adversidad de los peores momentos, su equipo tiene que demostrar fortaleza y unión ante el heterogéneo número de enemigos que lo quieren voltear. Por eso, la orden la impartió él mismo: toda la plana mayor del gobierno tenía que ir al Congreso a bancar a Manuel Adorni. Su hermana, como ya es costumbre, fue el brazo ejecutor y la dama de hierro que dejó en claro que no se admitían ausencias. El mensaje llegó fuerte y claro: hasta el Canciller Pablo Quirno tuvo que acelerar el paso para llegar a la cita después de un largo vuelo que lo depositó en Ezeiza y de un caos de tránsito que casi le juega una mala pasada.
La escena salió acorde a lo planeado. Con los pulgares para arriba, el Presidente sentado delante de un escritorio en la Cámara de Diputados con sus súbditos alrededor. Y Karina, a sus espaldas, atenta a cada minucia, como corregir con la mirada a una Patricia Bullrich que quiso apoyar las palmas de las manos sobre la mesa y acercarse un poco más que el resto al primer mandatario. Fue la Secretaria General la que dio el okay final para difundir masivamente ese momento grupal en un video que incluía de fondo la cortina musical de la película Rocky.
“Estuvo bien todo lo que armamos ese día: Javier está en modo boxeador y no va a aflojar. Todo lo que pasó en esa jornada fue una excelente manera de decir que no nos vamos a caer”, analiza uno de los integrantes de esa comitiva. Y coincide con casi todos los demás: teniendo en cuenta las infinitas vicisitudes a las que se podrían haber enfrentado, el paso del jefe de Gabinete por el palacio legislativo “terminó siendo más que satisfactorio”. Para lograr ese objetivo, el siempre filoso y locuaz funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito tuvo que desarmar su personaje público y leer cada una de sus intervenciones. No son tiempos para la espontaneidad y ya no hay lugar para errores no forzados. Aun así, el próximo lunes 4 de mayo se espera que finalmente se reabra la Sala de Prensa de la Rosada, cerrada para los acreditados desde el 23 de abril por primera vez desde el regreso de la democracia, y que haya una conferencia del habitual vocero que quiere sacarse de encima los escándalos que se ciernen sobre su espalda.

Aunque de las casi siete horas del informe de Adorni sólo tuvieron relevancia política y mediática los párrafos referidos a su patrimonio, no fueron pocos los opositores que durante la misma sesión empezaron a mirar con lupa las 1936 páginas de respuestas que el ministro coordinador eligió brindar por escrito: se sorprendieron, por ejemplo, del contenido de la número 859. Ahí se describen con lujo de detalle los consumos de 103 tarjetas corporativas durante el paso de Demian Reidel en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, con gastos que incluyen sospechosos retiros en efectivo y llamativas compras en Free Shops, tal como profundizó un reporte del portal especializado en energía EconoJournal. Son descubrimientos que no ayudan al oficialismo en la intención de limpiar su imagen, justo en la misma semana en la que Carlos Frugoni, hombre que oficiaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, dejó su cargo en Economía cuando trascendió que tenía siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos sin declarar ante el fisco.
No tuvieron la misma suerte otros dirigentes libertarios menos cercanos a El Jefe, pero Manuel Adorni sobrevivió al 29-A pese a los pronósticos de renuncia. Ahora tiene por delante el proceso judicial, que tiene a Ariel Lijo y Gerardo Pollicita tratando de dilucidar cómo puede justificar unos U$S 105.000 en efectivo y otros U$S 335.000 en movimientos vinculados a sus propiedades que resultan todavía dudosos. Sea cual sea el devenir del siempre tiempista submundo de Comodoro Py, el jefe de Gabinete enfrentará el escollo de la reconstrucción de su propia credibilidad y la de su espacio. Para muestra, un botón: la consultora Zentrix difundió un estudio nacional que registra 73,9% de imagen negativa para el autor del latiguillo “fin”. Pero hay más: un 66,6% de la población cree que la gestión mileísta terminó formando parte de “la casta”, justo el universo simbólico que había prometido dinamitar cuando llegó al poder.
¿Cómo caen estos guarismos en Casa Rosada? Un miembro fundamental del ecosistema violeta, equidistante entre Karina y Santiago Caputo, admite que la percepción actual de la gestión está atravesando por una de sus turbulencias más complicadas. “En muchas ocasiones nos encuentro desenfocados y peleándonos demasiado con la realidad”, desarrolla con metáforas pugilísticas, acaso aludiendo nuevamente al Sylvester Stallone del célebre largometraje de 1976.
Si bien Javier Milei está convencido de que la sola difusión de estudios y sondeos de conclusiones preocupantes son parte de una mega operación para desgastarlo y hacerlo caer, los datos que dan por ciertos en el llamado Círculo Rojo subrayan una economía estancada, ausencia de derrame en sectores dinámicos para el mundo del empleo y aumento del rechazo social. No niegan la estabilidad macro y el equilibrio en las cuentas fiscales, pero se muestran desconfiados ante las promesas grandilocuentes de Luis “Toto” Caputo y temen por el deterioro de actividad, empleo e ingresos. Algunos informes se comentaron en los pasillos de los tres eventos -la cena de la Fundación Libertad, la clase sobre Keynes en el Palacio Libertad y el encuentro anual de ExpoEFI- en los que el presidente fue orador esta semana; los números, vistos de a uno, pueden ser discutidos, relativizados o insultados en cadena nacional. Leídos en conjunto, empiezan a contar otra historia.
- El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en abril para Javier Milei fue de 2,02 puntos sobre 5: una disminución de 12,1% respecto de marzo. El actual nivel está levemente por debajo del mes equiparable del gobierno de Mauricio Macri y muy por encima del mismo período para Alberto Fernández, pero hay un componente que destaca especialmente: el rubro honestidad descendió 8,4%.
- Hay datos relevantes que se desprenden del Índice de Confianza del Consumidor, que elabora Poliarquía también para la Di Tella: no solo se registró una caída mensual de 5,68%, sino que en el último mes el mayor desplome porcentual se dio en el interior del país (10,57%), precisamente ahí donde la confianza se mantiene más elevada (45,3%). Además, fue muy pronunciada la baja en los hogares de menores ingresos (12,6%).
- La última encuesta de AtlasIntel, respetada a nivel internacional y reconocida por ser la que mejor presagió la llegada de Milei al sillón de Rivadavia en 2023, incluye un dato político difícil de maquillar incluso para la maquinaria más optimista de Balcarce 50: la aprobación de Milei cayó al 35,5%, mientras que la desaprobación trepó al 63%. Pero el número que más inquieta aparece en el ranking de preocupaciones sociales: por primera vez con tanta claridad, la corrupción aparece al tope de los problemas nacionales (50,3%), y consolida una suba brusca después de haber estado en 43% en marzo y 44% en febrero. Detrás quedan el desempleo (38,5%), los altos precios y la inflación (35,9%) y la situación económica general (32,6%). Hacia adelante, 56% cree que la economía y el mercado laboral van a empeorar en los próximos seis meses y 49% espera lo mismo para su hogar. La foto micro completa el cuadro de una sociedad que redujo consumos para enfrentar la suba de precios (58,4%), se endeuda (32,8%) y busca ingresos adicionales (19,6%).
- El trabajo nacional de abril de Hugo Haime & Asociados, agrega otra capa al clima de desgaste: el 53,5% opina que Milei tiene “malas ideas”, contra apenas 25,8% que cree que tiene buenas propuestas y que sabe gobernar. La otra conclusión aparece cuando se pregunta por el responsable principal de los actuales problemas económicos del país: 38,7% señala a la política económica de Milei, 33,1% culpa a la política económica del kirchnerismo y 25,7% reparte responsabilidades por igual. Dicho en criollo político: el gobierno todavía conserva un colchón discursivo para discutir la herencia, pero ese colchón ya no le alcanza para tapar los agujeros que fue generando la propia gestión.
- La más reciente encuesta de Management & Fit repite síntomas de desgaste pero en paralelo aporta un poco de alivio a las perspectivas libertarias: si las elecciones presidenciales fueran mañana, 51,6% votaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión, pero 42,8% todavía optaría por alguna forma de continuidad, aunque dentro de ese paquete aparece un matiz decisivo: sólo 14,8% elegiría una continuidad total y 28% acompañaría a LLA con modificaciones.
En conjunto, estos y otros numerosos estudios que circulan en despachos oficialistas y opositores, tocan el nervio identitario del experimento libertario, porque sugieren que el pacto moral que permitió justificar ajuste, sacrificio y malestar bajo la promesa de limpiar el sistema empieza a perder capacidad de persuasión. ¿Qué hará Javier Milei con esas evidencias que se acumulan y que indican que el plan trazado hace dos años podría necesitar algunos retoques? Hasta acá, la respuesta de los violetas es la negación y el enojo.
El encono con prácticamente todo el arco político, con empresarios variados, con los especialistas económicos, y muy en particular con los medios de comunicación logró un golpe en la institucionalidad del país: Argentina retrocedió once lugares en el ranking mundial de libertad de prensa que elabora la organización Reporteros sin Fronteras; esa caída al puesto 98 entre 180 naciones hizo que el panorama fuera catalogado como “difícil” y ya no “problemático”. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó que en 2025 las agresiones del actual gobierno a la prensa aumentaron un 55% (278 casos de agravios totales) respecto al año anterior, la peor marca de los últimos 18 relevamientos.
Esta situación marida con las conclusiones del Informe de Transformación Bertelsmann (BTI) 2026: por primera vez en 20 años de análisis, el 56% de las 137 naciones estudiadas son autocráticas; es decir, dos tercios de los territorios evaluados desde 2006 son hoy menos democráticos que hace dos décadas. El documento fue destacado por Daniel Hadad, fundador de Infobae, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Matanza por su impacto en la transformación del periodismo en Hispanoamérica.
La estrategia de los hermanos Milei para lo que viene y de cara a 2027 será, según advierten todos los que tienen acceso a Olivos, polarizar con los que están del otro lado de la grieta. El blanco obvio será, una vez más, el espectro peronista. “Si aceptamos el desafío del cambio, volveremos a ser grandes nuevamente. Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda a la que nos llevaba el kirchnerismo”, dijo el mandatario en una de sus últimas apariciones públicas.

Por la contundencia de esa línea discursiva, que tiene como fin último aumentar el nivel de polarización a medida que se acerquen las elecciones nacionales, algunos conocedores de los entramados de la Justicia federal se sorprendieron por un puñado de nombres que aparecieron entre las ternas que envió La Libertad Avanza al Senado para llenar vacantes en los juzgados: Juan Manuel Mejuto, Hernán Figueroa, Santiago Vismara, Ana Clarisa Galán o Ángeles Ramos, cercanos a la agrupación K Justicia Legítima y a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, son apenas algunos casos para seguir de cerca. “¡No son kirchos! Mirá si Karina, los Menem o el propio Juan Bautista Mahíques van a hacer algo así”, se indigna una fuente al tanto de los movimientos ante la consulta. Hay otra novela para seguir en torno a los posibles nuevos integrantes de la Cámara Federal, la encargada de revisar causas de corrupción resonantes.
En ese contexto de rosca tribunalicia infinita, un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) descubrió que en las listas de LLA hay al menos 12 postulantes que “saltaron” más de diez posiciones en el orden de mérito de sus concursos, 20 que no estarían en las ternas según su ubicación original y 7 familiares de magistrados en actividad o jubilados. ¿Y la paridad de género? Bien, gracias. El 70% de los preseleccionados son varones.
Por fuera de la trama judicial, la mesa política libertaria tiene la misión de seguir de cerca la decena de proyectos que el oficialismo mandó al Congreso para su aprobación. Por ahora, las prioridades son la Ley de Hojarasca en la Cámara de Diputados y el proyecto de Propiedad Privada en la Cámara de Senadores. El problema es que son temas poco populares, que no alcanzan para entusiasmar a la población. Mientras tanto, la reforma electoral duerme el sueño de los justos: todos los aliados avisaron que no van a apoyar la eliminación definitiva de las PASO.
Pero hay otra novedad que puede desvelar a La Libertad Avanza y más puntualmente a sus estrategas electorales: en el más estricto sigilo, un grupo variopinto de gobernadores empezó a discutir una idea que podría complicar los planes nacionales de Javier Milei. “¿Y si nos ponemos de acuerdo para que nuestras provincias voten todas en la misma fecha?”, propuso hace algunas semanas un destacadísimo referente del interior. “Una cosa es ir uno a uno contra ellos, y otra cosa es armar una suerte de súper domingo, donde los libertarios se tengan que enfrentar contra todos a la vez”, revela ese hombre ante Infobae. Y sigue: “Con desdobladas, el Gobierno puede trabajar cada contienda con más fuerza, planificación y recursos. En cambio, si vamos todos juntos, incluso mejor si es en los primeros meses de 2027, su poder se desinfla. Es una jugada maestra para que no nos tengan más como rehenes de nada”.
Alerta spoiler: este diseño, que entusiasma sobre todo a los mandatarios que no tienen tantos incentivos para acordar con la Rosada, se puso sobre la mesa en reuniones ultra secretas pero no tiene todavía sus detalles articulados. Si se concretara, sería algo más que una picardía de calendario: se convertiría en una verdadera revolución federal contra los sueños de reelección del primer presidente liberal libertario de la historia Argentina.
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POLITICA
El Gobierno define la delegación que defenderá ante el Tribunal del Mar el reclamo por el petróleo de Malvinas

El Gobierno comenzó a definir la delegación que defenderá al país ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), donde la semana que viene, y en paralelo a la presencia histórica del papa León XIV en la Argentina, se celebrarán las primeras audiencias orales por el reclamo ante el Reino Unido por la explotación petrolera en aguas circundantes a Islas Malvinas.
Ante la consulta de Infobae, desde la Cancillería indicaron que “por cuestiones de estrategia y confidencialidad” se no darán conocer los detalles de la comitiva por el momento, aunque confirmaron que integrará, además, a funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
Lo que sí está formalmente establecido es la representación procesal. En el escrito presentado el 13 de octubre ante el organismo figuran el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, actualmente al frente de la misión argentina en Alemania, como coagente.
Oyarzábal es uno de los juristas internacionales más experimentados del Servicio Exterior argentino. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Derecho por la Universidad de Harvard, integra desde 2023 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde cumple mandato hasta 2027. Es, además, miembro asociado del Institut de Droit International y fue agente y asesor jurídico del país en casos previos ante la Corte Internacional de Justicia y el propio Tribunal del Mar.

En una entrevista publicada por la Universidad de Buenos Aires en 2025, Oyarzábal sintetizó su visión sobre el valor estratégico del derecho internacional para un país como la Argentina: “El respeto del derecho internacional es nuestra mejor defensa y nuestra mayor fortaleza. El derecho internacional es la principal —cuando no la única— garantía de nuestra seguridad y de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de integración al mundo y de progreso social.”
Fue también Oyarzábal quien lideró la elaboración del escrito con el que el Gobierno inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El 13 de octubre firmó en Hamburgo, en su carácter de agente de la Argentina, el pedido formal de medidas provisionales ante el TIDM, una vez que Londres rechazó los planteos argentinos.
La designación de Pasquali de Fonseca como coagente tiene una lógica geográfica e institucional clara. La embajadora se desempeña desde agosto de 2025 en Berlín, ciudad desde donde coordina los vínculos bilaterales con Alemania y donde fijó su dirección de notificaciones en el marco de la causa ante el TIDM, con sede en Hamburgo, a menos de 300 kilómetros de distancia.
Pasquali de Fonseca es la primera mujer en representar a la Argentina ante Alemania. Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) con medalla de oro y el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática, y realizó estudios de posgrado en derecho penal económico en la Universidad de Freiburg. A lo largo de su carrera ocupó destinos en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega, además de cargos en Cancillería como directora nacional de Ceremonial y directora de Europa.
La delegación argentina defenderá el reclamo en una semana políticamente cargada para el Gobierno: las primeras audiencias, fijadas para el 10 y 11 de noviembre, coinciden con los últimos dos días de la visita de León XIV a la Argentina. Es por ello que la delegación estará integrada por cuadros técnicos, y no por funcionarios de primera línea.

Las cuatro medidas que pide Argentina
El reclamo presentado ante el Tribunal Internacional del Mar busca obtener medidas provisionales de urgencia mientras continúa el proceso arbitral. Los cuatro pedidos centrales son: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de información obtenida durante la etapa de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; exigir la protección del medio marino; y prohibir el otorgamiento de nuevas licencias mientras dure la controversia.
Sea Lion es un proyecto hidrocarburífero impulsado por la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevé iniciar perforaciones de desarrollo en 2027 y producción comercial en 2028. La estrategia argentina no solicita al tribunal un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas —cuestión que se tramita por otras vías, en la ONU— sino que concentra el reclamo en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convemar.
Según el cronograma fijado por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el martes 10 de noviembre la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13 (hora de Hamburgo), mientras que la representación británica tomará la palabra por la tarde, entre las 15 y las 18. Al día siguiente, la Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.
Ambas jornadas serán públicas y podrán seguirse en directo. La Argentina cuenta además con una representante propia entre los 21 magistrados del TIDM: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado. Una resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse antes de fin de año, según indicaron fuentes diplomáticas.
El Reino Unido, por su parte, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc, en uso de la facultad que la Convemar otorga a los Estados partes en una controversia para incorporar un magistrado propio al panel cuando ninguno de los jueces permanentes posee su nacionalidad. Lowe, referente del derecho internacional del mar y del derecho de las inversiones, asumirá funciones antes del inicio de las audiencias y participará del proceso de deliberación junto a los 21 jueces permanentes del tribunal.
El Reino Unido llega a las audiencias con una estrategia legal ya en marcha. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de interferir en las actividades comerciales en la zona, y el Gobierno británico confirmó que activará antes de fin de año su legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests Act) para blindar jurídicamente a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration de posibles sanciones. Se trata de un recurso que requiere aprobación parlamentaria.
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POLITICA
El insólito recorrido de un proyecto de ley que Milei firmó de madrugada y pidió retirar tres días después

El Gobierno pidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Competitividad Financiera que había enviado al Congreso apenas tres días antes. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y firmada por el propio Javier Milei y otros cuatro ministros, desató una controversia por la incorporación de un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas por la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras.
La marcha atrás fue igual de abrupta que su presentación: el texto ingresó el sábado por la noche, se conoció públicamente el martes y, antes de que terminara ese mismo día, el Poder Ejecutivo ya había solicitado retirar la iniciativa completa.
El pedido quedó formalizado el martes 3 de noviembre, a las 22.50. Para entonces, funcionarios y asesores del Gobierno ya habían salido a despegarse de la controvertida disposición impositiva, que atribuyeron a un “borrador viejo”.
En el oficialismo admiten que todavía no saben si el proyecto volverá a presentarse en el corto plazo.
La secuencia expuso una nueva descoordinación dentro de la administración libertaria. El proyecto llevaba las firmas de Milei y de los ministros Sturzenegger, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Diego Santilli.
El Presidente lo avaló digitalmente el sábado 31 de octubre a la 1.42 de la madrugada, una circunstancia llamativa para una iniciativa que no requería un tratamiento de urgencia.
La fecha no era un detalle menor: el propio proyecto establecía que el nuevo tratamiento impositivo sobre los cedears alcanzaría a los certificados adquiridos desde ese mismo 31 de octubre, inclusive. Es decir, Milei firmó de madrugada una reforma que fijaba como punto de partida para el gravamen el día que acababa de comenzar.
Ese mismo sábado Ignacio Devitt firmó su remisión a Diputados. El vicejefe de Gabinete ya se encontraba de viaje hacia Estados Unidos, invitado por la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina (AmCham) para presenciar las elecciones norteamericanas.
El expediente ingresó a la Cámara baja el sábado por la noche, aunque su recepción formal quedó registrada el lunes 2 de noviembre.
Sobre lo ocurrido después circulan versiones contrapuestas. Según una de ellas, desde el Poder Ejecutivo se pidió a la Secretaría Parlamentaria que mantuviera el proyecto bajo reserva. Otra sostiene que siguió el circuito administrativo habitual y que fue publicado el martes 3 en el trámite parlamentario correspondiente.
En cualquier caso, el resultado fue el mismo: el Gobierno había enviado al Congreso un proyecto que, apenas se hizo público, sus propios funcionarios salieron a desconocer.
El artículo que desató la controversia proponía cobrar un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas por la venta de cedears. La medida buscaba que estas inversiones pagaran los mismos impuestos que si las acciones se compraran directamente en el exterior. El cambio se aplicaría únicamente a los cedears adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026, y no afectaría las tenencias anteriores.
La propuesta provocó un inmediato rechazo en el mundo financiero y resultó particularmente incómoda para un gobierno cuyo presidente prometió reiteradamente que prefería cortarse un brazo antes que aumentar o crear impuestos.
Las críticas se multiplicaron en las redes sociales y obligaron a intervenir a los propios asesores del oficialismo. A las 18.37 del martes, Santiago Caputo respondió a un usuario que cuestionaba el gravamen y le reclamaba que ordenara la situación. “Dame un toque”, escribió. Apenas seis minutos después, Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, anunció que la medida no prosperaría. “Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”, contestó a una publicación del usuario Alan Riedmaier.
Desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Sturzenegger, también buscaron tomar distancia. “Todo lo regulatorio lo mira nuestro ministerio. Lo tributario, impositivo, etcétera, es del Ministerio de Economía”, señalaron a . Es decir, desde su cartera responsabilizaron a Caputo.
La explicación contrastó con la presentación que el propio Sturzenegger había hecho a principios de octubre, durante la inauguración de la Semana Mundial del Inversor, organizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Frente a empresarios y representantes del sistema financiero, el ministro había definido la iniciativa como el “broche de oro” de la transformación del mercado de capitales. En aquella oportunidad, sin embargo, no había anticipado la incorporación del nuevo gravamen.
El apuro por retirar el proyecto también tuvo una razón política: el Gobierno temía que la oposición aprovechara la situación para avanzar con el impuesto que el propio oficialismo ya había decidido descartar. Por eso, en lugar de eliminar el artículo cuestionado, pidió retirar el proyecto completo.
El peronismo, de hecho, no descarta gravar determinadas operaciones financieras. En septiembre, Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), destinado a gravar la salida al exterior de divisas, valores negociables y activos virtuales. Aunque se trata de una iniciativa distinta, el antecedente alimentó la preocupación oficialista por las consecuencias de mantener abierto el expediente.
No es la primera vez que una contradicción entre las decisiones del Poder Ejecutivo y sus legisladores complica al oficialismo en el Congreso. Hace poco más de un mes, mientras los diputados libertarios buscaban un acuerdo con sus aliados sobre una nueva legislación en materia de discapacidad, el Gobierno envió un proyecto de presupuesto que derogaba aspectos centrales de la normativa vigente. La contradicción desató una crisis interna y endureció las negociaciones.
El oficialismo terminó aceptando buena parte de las exigencias de sus aliados y avanzó con una ley que recuperó numerosos puntos de la emergencia en discapacidad, aunque sin esa denominación. El proyecto obtuvo incluso el respaldo del peronismo y fue girado al Senado. Esta vez, el Gobierno optó por dar marcha atrás antes de que la discusión se iniciara.
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POLITICA
La Cámara de Casación revisará la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA: podría reabrirse la causa contra Milei

La Cámara Federal de Casación Penal accedió a revisar el fallo que excluyó a los querellantes del caso $LIBRA y generó así una posibilidad de que se reabra el expediente en el que fueron sobreseídos el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.
El tribunal tomó la decisión por dos votos contra uno. Por conceder el recurso se pronunciaron los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. En contra se manifestó Guillermo Yacobucci.
Ahora comenzará un trámite que llevará tiempo. Es probable que la Cámara de Casación resuelva recién el año que viene si reincorpora o no a los querellantes. Será una decisión clave porque el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, fue quien promovió su cierre con el argumento de que ya se había demostrado que no hubo delito. Sin los querellantes, que habían sido excluidos tres meses antes, no había quedado quien apelara los sobreseimientos.
Esta semana, en paralelo con el reclamo de los damnificados, se presentó en el juzgado de primera instancia la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y pidió asumir el rol de acusador público que Taiano decidió no ejercer.
Al igual que los querellantes removidos, la PIA reclama que se reviertan los sobreseimientos. No está resuelto todavía si la habilitarán a intervenir en el caso. Eso lo resolverá el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -el mismo que cerró la causa- a partir de la semana próxima, cuando vuelva de viaje. Mientras tanto, lo reemplaza su colega Daniel Rafecas, a quien ayer Milei propuso para la Cámara Nacional de Casación, el tribunal que revisa los fallos de la justicia penal ordinaria (no federal) con sede en la ciudad de Buenos Aires.
Cómo sigue
En cuanto al trámite de la Casación, primero, las partes y los presuntos damnificados que apostaron a la criptomoneda $LIBRA tendrán 10 días (hábiles judiciales) para presentar cada una sus argumentos. Luego, serán convocadas a una audiencia con los camaristas y, solo después, la Cámara de Casación resolverá si los reincorpora o no como acusadores particulares.
En la Cámara de Casación estiman que es probable que la audiencia se realice este año y que la decisión se tome después de la feria judicial de enero.
Noticia en desarrollo
excluyó a los querellantes,promovió su cierre,pidió asumir el rol de acusador público,propuso para la Cámara Nacional de Casación,Paz Rodríguez Niell,Conforme a
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