POLITICA
El laberinto de los sub-30, entre Milei y el desencanto democrático

Los jóvenes fueron indudablemente los protagonistas principales del triunfo de Javier Milei en 2023, no sólo porque lo votaron en forma mayoritaria, sino porque además se transformaron en propagadores de su mensaje a través de las redes sociales. Le permitieron perforar la muralla de apatía y desilusión que amplios sectores de la sociedad habían levantado para no escuchar más a una dirigencia política que había llevado el país a una crisis estructural. El único que logró atravesar esa cortina de indiferencia fue el líder libertario, y a partir de ahí sustentó su victoria disruptiva.
Los jóvenes siguen siendo el sector más influyente a la hora de establecer dinámicas sociales y definir la agenda pública. Han recobrado una relevancia fundamental para el funcionamiento democrático, ya no en los actos políticos como en la primavera alfonsinista, ni en los patios militantes del kirchnerismo, sino en el ecosistema digital. Su protagonismo deriva esencialmente de su mimetización con el mundo de las plataformas, las redes y la inteligencia artificial, que hoy marcan el ritmo de la conversación social.
Sin embargo, después de más de dos años de gestión de Milei, la fotografía no es exactamente la misma que en 2023; mantiene algunos rasgos similares, pero se visualizan también mutaciones, producto de dos procesos convergentes. Por un lado, el natural desgaste de las ilusiones iniciales del proyecto libertario; y por el otro, la carencia absoluta de propuestas alternativas.
En el Gobierno manejan una encuesta que revela claramente el retroceso que experimentaron en el segmento joven. El pico de adhesión se produjo en febrero de 2025, cuando un 70% de quienes tenían entre 18 y 25 años se manifestaban a favor de los libertarios. El 14 de ese mes se produjo el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que derivó en la primera causa judicial que salpicó al Presidente y a su hermana Karina, y desde ahí la tendencia se revirtió y el oficialismo empezó a caer.
Según ese relevamiento de la Casa Rosada, hoy la opinión favorable de los jóvenes llega al 46%, mientras que un 49% está en contra. Siguen siendo números muy sólidos para Milei, que todavía lo muestran como un líder convocante para la mitad de esa franja etaria, pero ya no ejerce la hegemonía del principio. “Hoy es más difícil para nosotros mantener un acompañamiento digital y pedirles a nuestros jóvenes que apoyen a Adorni o que banquen recortes en los fondos para discapacidad. Demostramos que no somos el proceso renovador tal como ellos imaginaban”, admite uno de los estrategas del oficialismo.
Pese a ello, los jóvenes son los que más aprueban la gestión del Gobierno. Según un trabajo de TresPuntoZero y La Sastrería, el 42,2% de los que tienen entre 16 y 29 años lo evalúan en forma positiva, pero cuando se sube en la escala etaria, desciende la aprobación, al 35,9% entre los que tienen más de 50 años, y al 19,6%, para los que se encuentran entre los 30 y los 49 años. “El Gobierno perdió al menos 10 puntos de adhesión entre los jóvenes, pero el Presidente sigue anclado en la preferencia juvenil”, discierne Shila Vilker, una de las responsables de la encuesta.
Además, dentro de los que apoyan a Milei, los sub-30 son los que mantienen más altas sus expectativas de mejora en los próximos meses. La consultora Moiguer los ubica como los más optimistas sobre un futuro favorable, con un 52%, frente a un promedio del total de la población del 46%. Son los jóvenes que se sienten protagonistas de los acelerados cambios sociales, que creen que pueden aprovechar las oportunidades de esas transformaciones, y que están dispuestos a gastar lo que tengan para ir a un recital o hacer un viaje.
Dentro de ese universo, el aval al Presidente se mantiene siempre mucho más firme entre los varones que entre las mujeres (un trabajo muy interesante de la fundación alemana Heinrich Böll indagó en la identidad libertaria de votantes masculinos de LLA, y encontró sutiles diferencias entre los jóvenes de 16 a 20 años, más movilizados por posicionamientos culturales y antifeministas; y los de 20 a 25 años, atraídos principalmente por factores económicos, como la estabilidad y el rechazo al gasto ineficiente).
En uno de sus momentos más delicados en cuanto a imagen pública, la figura de Milei sigue siendo el factor más intenso de identidad para los sub-30, porque representa muchos de los valores con los que se asocia ese segmento: libertad, antisistema, universo digital, emprendedurismo, individualismo. Estos conceptos han desplazado a otros que parecían muy arraigados, como igualdad, comunidad, solidaridad, derechos, república. Estas ideas hoy están sin representación frente al electorado juvenil.
Si bien el macrismo tuvo su momento de sintonía con universitarios y profesionales de las franjas medias y altas, el peronismo es el que más sufre este déficit, porque históricamente resultó la fuerza más atractiva para amplios bolsones juveniles, sobre todo de sectores populares. El fracaso del último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el envejecimiento de La Cámpora y las disputas internas, lo dejaron sin narrativa frente a los sub-30, que tampoco vivieron la época dorada del kirchnerismo. El peronismo actual luce viejo y sin poder sintonizar con la idea de modernidad. La tentación de apelar a utopías retrospectivas no provoca ninguna seducción en un grupo etario que está preocupado por su presente absoluto.
“El sector mayoritario está con Milei, y el que se enoja con Milei, se repliega en sentimientos nacionalistas: Malvinas, el Mundial, la reargentinización de ciertas costumbres y hábitos. Pero eso no lo estamos capitalizando nosotros, no logramos representarlos. Perdimos hace mucho el vínculo con los jóvenes”. El diagnóstico pertenece a un referente de la estructura de Axel Kicillof.
Por esa razón, quienes no se sienten identificados con el Gobierno, o se desencantaron con Milei, habitan en un inmenso valle, en donde el único rasgo común es la desilusión democrática. La profunda percepción de que el sistema no tiene alternativas para aportarles y que la única solución a sus problemas surgirá de su propio esfuerzo. Sólo ellos podrán encontrar una salida al laberinto en el que se encuentran.
Y en este sentido, la elección del año pasado dejó un dato verdaderamente revelador: los votantes de entre 18 y 30 años tuvieron un nivel de ausentismo que casi duplicó al de los electores adultos, al promediar el 34,4% de inasistencia, de acuerdo con datos oficiales elaborados por la Cámara Nacional Electoral. Es decir, uno de cada tres se quedó en su casa.
No sólo fue el grupo etario con menor concurrencia a las urnas el año pasado, sino que además representó el sector en el que más creció el ausentismo respecto de la elección de 2023, cuando la inasistencia joven promedió el 29,8%. Esto constituye un crecimiento de casi 5 puntos entre una elección y otra. Si bien hay diferencias entre una elección legislativa y otra presidencial, lo cierto es que en los otros segmentos el incremento fue mucho menor, y en la franja de los 50 y de los 60 años no hubo brecha entre los dos comicios.
Aparecen en estos indicadores indicios incipientes de una desafección institucional en una comunidad muy gravitante. Son generaciones para las cuales la democracia simboliza un estado natural, no el resultado de una resistencia contra la dictadura. Por eso son tributarios de una visión mucho más instrumental y menos romántica de lo que representa la democracia. Desde ese prisma, si la democracia no resuelve los problemas concretos, pierde su sentido último.
Amnistía Internacional realizó junto con la consultora Dynamis, de Ana Iparraguirre, un estudio entre jóvenes por los 50 años del golpe de Estado de 1976. Un 92% dijo que vivir en democracia es “muy o algo importante”. Es decir, el sistema no está en cuestionamiento. Sin embargo, cuando a los encuestados de entre 16 y 30 años le preguntaron “qué tan satisfecho estás con el funcionamiento de la democracia en la Argentina”, sólo el 51% se expresó “satisfecho”, contra un 46% que se definió como “insatisfecho”. Lo que está en cuestionamiento son las prestaciones del sistema.
En ese mismo trabajo hay un dato que puede ser una señal de alerta: un 39% expresó que “le parece mejor” un sistema que garantice crecimiento económico, “aunque no se puedan elegir las autoridades ni expresarse libremente”, y un 30% dijo estar dispuesto a esa resignación, pero a cambio de que se garantice seguridad para todos los ciudadanos. Para quienes respondieron de ese modo, la democracia carece de valor si no responde a sus preocupaciones más inmediatas.
En este sentido, la dificultad para acceder a una vivienda es absolutamente determinante en el ánimo juvenil, porque representa la mayor aspiración para proyectar un futuro. La suba de los alquileres y la falta de acceso al crédito se transforman así en obturadores de expectativas. Es otro factor de irritación que estimularon las creatividades hipotecarias de Manuel Adorni y la flexibilidad crediticia del Banco Nación con un grupo de funcionarios.
El sociólogo Pablo Semán, uno de los que más estudió los cambios sociales que precedieron a Milei, identifica varios factores que están haciendo crisis en los sectores juveniles más desencantados. Por un lado, la percepción de amenaza laboral por los cambios bruscos en el mundo del trabajo. Esto repercute en el angostamiento del horizonte de futuro, cada vez más acotado. Entre ambas dinámicas, se produjo la ruptura del recorrido natural de realización personal, que empezaba con la educación y seguía con el trabajo y la expectativa de ascenso social.
“El escepticismo de los jóvenes nace de las experiencias frustradas, y se actualiza por el estancamiento económico y la corrupción. Algunas alternativas de futuro que eran importantes, como por ejemplo ser técnico o programador, ahora son irrelevantes con la IA. Y las plataformas digitales no son un refugio estable para ellos, aunque valoren la flexibilidad que les ofrecen. Es un proceso que se viene produciendo en occidente y en la Argentina desde hace tiempo, pero en esta generación estalló”, grafica Semán.
Cuando se posa la lupa sobre el sector de adhesiones juveniles que se le desgranó a Milei, emerge con claridad que corresponde a los sectores sociales más bajos. Son jóvenes desencantados con la tradición peronista de sus familias, que ahora también se decepcionaron con las promesas libertarias.
Tiene sentido, porque son los más castigados por el estancamiento económico. En base a la radiografía oficial del Indec (más allá del debate estadístico), la consultora Moiguer lo puso en números: el 32% de los jóvenes son pobres frente a un promedio de todas las edades del 28%; el 16% está desempleado, ante un 7,5% de la población general; y el 30% de los que tienen entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. Representan el sector económicamente activo más vulnerable.
Pero en los estratos inferiores el cuadro es mucho más preocupante. Así lo retrata un trabajo reciente de Daniel Hernández y Gonzalo Elizondo, del CIAS, titulado “Vivir en el presente”, sobre la situación de jóvenes excluidos de barrios populares. Allí se destacan no sólo las dificultades materiales, sino la imposibilidad de un cambio de expectativas, en un contexto de “familias desbordadas o ausentes”, “escuelas que no logran contener trayectorias complejas” (casi la mitad abandonaron las clases), y “barrios donde la esquina, la ‘junta’ y el narcomenudeo ocupan los espacios de socialización”. Es un entorno disociado de cualquier representación institucional formal, que actúa con dinámicas de sobrevivencia.
“Casi el 40% de los chicos de barrios populares no tiene expectativas de progresar -dicen cosas como ‘yo ya no tengo futuro’-, y otro 20% las reduce al mínimo. Han perdido la confianza en poder construir un futuro mejor a través de la educación y el trabajo. Muchos se vuelcan a vivir en el presente, a tratar de alejarse de consumos problemáticos o a generar ingresos a través de actividades ilícitas”, sintetiza Rodrigo Zarazaga, rector del CIAS y autor el año pasado del trabajo que describió “la narrativa rota del ascenso social”.
Pero dentro de este cuadro estructural emergió en los últimos años una problemática adicional, que vincula a los jóvenes con complicaciones crecientes de salud mental. La Facultad de Psicología de la UBA acaba de elaborar un estudio muy profundo en el cual detectó que la tendencia a sufrir trastornos es bastante más alto en los encuestados de menor edad, y los indicadores se agravan cuando son de sectores de menores ingresos. Esto incluye cuadros de ansiedad, depresión e incluso riesgo de suicidio. Se acumulan allí problemas familiares, emocionales, laborales, económicos y, cada vez más, de adicciones a sustancias.
Es un tema cada vez más crítico y que es seguido no sólo desde un abordaje sanitario, sino también social y hasta político. Por ejemplo, recientemente se lanzó en la ciudad de Buenos Aires una agrupación llamada Popurrí, con una impronta decididamente joven, liderado entre otros por María Migliore y Juan Maquieyra. Entre sus propuestas principales para el electorado sub-30 se encuentran tópicos clásicos, como el cambio climático o la asistencia social, pero tiene un lugar central el abordaje de la salud mental, una problemática crucial para el segmento.
En estudios globales aparece siempre una vinculación directa entre los trastornos psicológicos en jóvenes con el uso adictivo de plataformas digitales, dentro de los cuales se incorporó peligrosamente la pulsión por las apuestas virtuales. A nivel local el informe mencionado de la UBA lo señala en forma explícita, cuando asocia el consumo intensivo de redes sociales e inteligencia artificial “con mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional”. No es casual que en las encuestas a jóvenes el tópico “salud” empieza a emerger entre las preocupaciones, cuando tradicionalmente fue una inquietud de los adultos.
Desde el ecosistema digital los jóvenes han vuelto a transformarse en un eslabón esencial en las dinámicas sociales, como ocurrió en décadas anteriores, desde el hippismo de los 60 a la primavera democrática de los 80. Milei fue quien mejor interpretó ese movimiento que empezó a consolidarse durante el encierro de la pandemia. Ese proceso se plasmó en su triunfo electoral de 2023, a partir de representar un set de valores que marcaron el clima de época.
Hoy el panorama le sigue siendo favorable, pero se ha desflecado hacia una desilusión democrática y cierta anomia social, que se nutre de los desencantados, de los jóvenes pobres que padecen el freno económico, y de los nuevos desafíos de la época, como las problemáticas de salud mental y las adicciones digitales. Estos sectores encarnan mucho más que un electorado vacante. Constituyen un termómetro de las dinámicas que marcan el ritmo de la Argentina de hoy.
un trabajo muy interesante de la fundación alemana Heinrich Böll,“la narrativa rota del ascenso social”,acaba de elaborar un estudio muy profundo,Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas

El Gobierno minimizó el impacto de la postura de Estados Unidos en la ONU, donde la representante de Donald Trump pidió disolver el Comité Especial de Descolonización, el foro donde la Argentina lleva cada año su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
El planteo de Washington se produjo en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde se discuten iniciativas en materia de Política Especial y de Descolonización. Allí, la representante de la Casa Blanca pidió que se pusiera fin al mandato del organismo, al que cuestionó por haber “sobrevivido a su propósito original” y considerar a algunas de sus actividades “un despilfarro de recursos”.
El Comité Especial (C-24) fue creado en 1961 y supervisa la situación de los 17 territorios no autónomos, de los cuales el Reino Unido administra diez. Entre ellos Malvinas. En junio, el canciller Pablo Quirno denunció en ese escenario la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en las islas.
Pese a tratarse del foro que insta cada año al Reino Unido a retomar las negociaciones por el archipiélago, en Balcarce 50 desestimaron que la postura norteamericana atente contra el reclamo argentino. “La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…”, replicó a TN una fuente con acceso al despacho presidencial.
Para Estados Unidos, el Comité de Descolonización quedó obsoleto, ya que “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos cada año pese a que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas. En el debate en la ONU, la funcionaria norteamericana también cuestionó sus viajes anuales a “centros turísticos” del Caribe y el Pacífico Sur, que calificaron como “un derroche de tiempo y recursos de la ONU”.
El mensaje de Washington se alinea con la política de la administración de Donald Trump de recortar fondos y personal de la ONU, una mirada que también fue ratificada por Milei en sus últimas intervenciones en la Asamblea General. “Han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”, cuestionó semanas atrás en Nueva York.
Allí, el Presidente también criticó la inacción del organismo ante la ocupación británica en Malvinas: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad».
La discusión por las sanciones en medio del conflicto por Sea Lion
En el mismo debate de la Cuarta Comisión de la ONU, la representante de Estados Unidos rechazó la iniciativa impulsada por Rusia en torno a “cómo abordar las formas contemporáneas de colonialismo”.
Entre los principales ejes de discusión que tiene el texto, que fue aprobado por el Comité con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones, este plantea que el colonialismo persiste en “formas y prácticas contemporáneas” como el uso de “medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajustan al derecho internacional ni a la carta orgánica de la ONU”.
En ese contexto, Estados Unidos defendió durante el debate las sanciones, los controles a las exportaciones y las decisiones comerciales soberanas como “instrumentos legítimos de la política estatal”. La postura refleja la política exterior de Donald Trump, que durante su mandato se valió de sanciones económicas y amenazas de aumentar los aranceles para ejercer presión en sus negociaciones bilaterales. “Toda nación tiene derecho a elegir a sus socios comerciales y a responder a las amenazas”, agregó la representante norteamericana.
POLITICA
Diputados: el Gobierno acelera un proyecto clave para Córdoba y Santa Fe tras la ayuda para frustrar la sesión opositora

En un guiño a sus aliados provinciales, que la semana pasada contribuyeron a frustrar la última sesión impulsada por la oposición, el oficialismo en Diputados acelerará el debate de un nuevo régimen de biocombustibles por 15 años.
La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el libertario Facundo Correa Llano, comenzará este martes a discutir el proyecto, que propone aumentar progresivamente el porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol que se mezcla con los combustibles fósiles. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.
La propuesta despierta especial entusiasmo en Córdoba y Santa Fe, sus principales impulsoras, donde conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas productoras de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la producción de biocombustibles. También genera expectativas en Jujuy y Tucumán, productoras de caña de azúcar, elemento clave para la elaboración de bioetanol.
El cambio más significativo es el aumento de los cortes obligatorios. De convertirse en ley, el porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la norma.
En el Senado, el proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 25 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), casi toda la UCR, Pro, Convicción Federal y bloques provinciales. El tucumano Juan Manzur fue el único integrante de la bancada justicialista que acompañó la iniciativa, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad la rechazó por considerar que perjudica a las pequeñas y medianas empresas productoras de su provincia.
Es que uno de los puntos más controvertidos es la apertura gradual del mercado del biodiésel a las grandes aceiteras. Actualmente, el corte obligatorio del 7,5% está reservado a productores independientes con una escala reducida de hasta 50.000 toneladas al año.
La nueva iniciativa elevaría el corte al 10%, pero modificaría su distribución: hasta 2028, un 6,5% quedaría protegido para las empresas no integradas a los grandes grupos aceiteros y el 3,5% restante se abriría a la competencia de todos los productores. Esa participación reservada se reduciría progresivamente hasta el 4% en 2031. Es un esquema que despierta resistencias entre las pymes del sector.
Gestiones con gobernadores
El debate comenzará este martes a las 15, con una reunión de la Comisión de Energía en la que expondrán invitados. Los impulsores del proyecto esperan obtener un dictamen favorable la próxima semana, para luego avanzar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, los otros dos giros de la iniciativa.
Los legisladores santafecinos y cordobeses confían en que el texto esté en condiciones de llegar al recinto el 18 de noviembre, en la sesión prevista para debatir el Presupuesto 2027. “Va a avanzar”, aseguró un legislador que participó de las conversaciones con el presidente de la Cámara, Martín Menem.
El impulso que ahora recibe la iniciativa llega apenas después de que diputados de Santa Fe, Tucumán, Jujuy y parte de Córdoba contribuyeran a dejar sin quórum la última sesión solicitada por la oposición para intentar voltear el DNU 70/2023.
Entre los ausentes estuvieron los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez; los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, y la cordobesa Alejandra Torres, todos integrantes de Provincias Unidas. Tampoco bajaron al recinto los tres tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo: Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera.
Las ausencias profundizaron las diferencias internas en Provincias Unidas, donde ocho de sus 18 integrantes decidieron no bajar al recinto, en sintonía con la estrategia del Gobierno. La cifra coincide con la cantidad de diputados que le faltaron a la oposición para alcanzar el quorum: reunió 121 de los 129 necesarios.
Dentro de la bancada se anticipa una discusión áspera que podría desembocar en una ruptura, aunque por ahora sus integrantes evitan hacer declaraciones públicas. “Nos debemos una conversación”, admitió uno de los legisladores más críticos, que distingue dos sectores: los diputados que responden a los gobernadores y los radicales y socialistas “sin tierra”, que mantienen una posición más confrontativa frente a Javier Milei.
Los pases de factura por las negociaciones con la Casa Rosada también se multiplicaron en el peronismo, que registró ausencias significativas. Una de ellas fue la del fueguino Agustín Tita, cercano al gobernador Gustavo Melella, cuya provincia atraviesa una delicada situación financiera y figura entre las jurisdicciones habilitadas para recibir anticipos de coparticipación. La gravedad de la crisis quedó expuesta la semana pasada, cuando policías retirados de Tierra del Fuego denunciaron ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior que llevan 16 meses sin cobrar sus haberes jubilatorios.
En una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con una agenda propia, los libertarios procuran devolver las gentilezas a sus aliados.
El avance de la ley de biocombustibles no es el único gesto: también incorporaron al temario de la sesión prevista para este miércoles un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.
frustrar la última sesión,pic.twitter.com/AgHAEwQHPR,October 13, 2026,las diferencias internas en Provincias Unidas,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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Oil Combustibles: la Corte planea revisar antes de fin de año la condena de Echegaray y las absoluciones de López y De Sousa

La Corte Suprema de Justicia definirá antes de fin de año la suerte del caso de Oil Combustibles, la empresa petrolera que era de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En la causa se investiga la supuesta retención indebida de impuestos a los combustibles que fueron usados para capitalizar al grupo Indalo.
López y su socio De Sousa llegan a la Corte absueltos tras un juicio oral y público que tuvo como único condenado al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, que recibió una pena de cuatro años de prisión por permitir estos beneficios a la empresa petrolera.
Ahora la Corte mirará esas dos situaciones de manera unificada.
Echegaray llega con una condena y la Cámara de Casación Penal rechazó su recurso extraordinario, por lo que fue en queja a la Corte para intentar revertirla, apelando tanto la sentencia como el monto de la pena.
El otro recurso que tiene la Corte es del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, contra la decisión que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Que la Corte resuelva ambas cuestiones a la vez tiene una lógica que comparte la fiscalía. La Justicia consideró probado que Echegaray cometió un delito al conceder a Oil Combustibles planes de pago que perjudicaron al Estado, pero absolvió a los empresarios que pidieron esos planes y se beneficiaron con ellos, advierte el fiscal.
Una de las posibilidades es que la Corte termine reenviando el caso a la Cámara de Casación para que resuelva sobre los empresarios con un nuevo fallo y que rechace el recurso de Echegaray, confirmando la condena.
“O todos condenados o todos absueltos”, dijo un funcionario judicial a , simplificando el problema que, según el funcionario de Tribunales, se resolvería antes de fin de año. La causa ya giró por todas las vocalías en la Corte Suprema.
Pedido de prescripción
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene para resolver un planteo de prescripción del caso, presentado por la defensa de Fabián de Sousa, que pretende cerrar la causa sin condenas, solo por el paso del tiempo.
En este planteo paralelo, los acusados recusaron a los jueces de la Cámara de Casación que deben decidir. En este incidente, el último fallo es de la semana pasada. Los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación de Gustavo Hornos planteada por el abogado Alberto Beraldi, de De Sousa.
La defensa de De Sousa y de López planteó la prescripción de la acción penal en el tribunal oral, que rechazó ese pedido. Ahora llevó el tema a la Cámara Federal de Casación. Aún no fue tratado porque los camaristas fueron recusados.
En primer lugar, Beraldi recusó a Petrone y Barroetaveña, ya que habían intervenido en el caso. Luego Hornos fue sorteado para intervenir para tratar las recusaciones de sus colegas, pero él también fue recusado.
Ahora que Hornos fue confirmado, él podrá resolver sobre las situaciones de Petrone y Barroetaveña. Cuando se defina la integración, los camaristas deberán determinar si el caso está prescripto o no, lo que puede tener impacto sobre lo que defina la Corte, que seguramente revisará este incidente en el futuro.
Diez años de causa
La causa empezó en 2016 con una denuncia de la AFIP, que la diputada Elisa Carrió amplió a partir de una revelación de . La acusación sostuvo que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cobró a los consumidores el impuesto a los combustibles líquidos y no lo giró al fisco.
Así acumuló una deuda de unos $8000 millones. Según la fiscalía, ese dinero sirvió para financiar la expansión del holding de López y De Sousa, que llegó a reunir unas 170 empresas.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Julián Ercolini. En noviembre de 2017, López y De Sousa fueron detenidos con prisión preventiva y pasaron casi dos años presos. El juicio oral empezó el 13 de junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) y se extendió dos años y medio.
El 16 de diciembre de 2021, el TOF 3 condenó por unanimidad a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por mayoría, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos absolvieron a López y De Sousa. A su criterio, no se probó que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario ni con intención de defraudar. El deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal, no en los contribuyentes que pedían los planes, dijeron los jueces de la mayoría.
El juez Andrés Basso votó en disidencia, por condenar a los tres.
El fiscal de juicio, Juan Patricio García Elorrio, había pedido cuatro años para Echegaray y cuatro años y cuatro meses para cada empresario. La AFIP, que había impulsado la causa, se retiró como querellante poco antes de los alegatos, después de que Oil adhiriera a un plan de pagos y se levantara su quiebra.
Echegaray sostuvo en su defensa que los planes otorgados a Oil fueron iguales a los otros 1648 concedidos durante su gestión.
El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, confirmó las absoluciones.
Los jueces admitieron que la petrolera se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que perjudicó al Estado. Pero aplicaron el beneficio de la duda en favor de los empresarios y confirmaron la responsabilidad penal de Echegaray, aunque ordenaron recalcular su pena.
Villar había sostenido ante Casación que hubo connivencia entre Echegaray y los empresarios. También reclamó una reparación de más de $5166 millones y vinculó los beneficios obtenidos por el Grupo Indalo con los fondos que López giró a la familia Kirchner por alquileres, un tramo que se ventila en la causa Hotesur y Los Sauces.
Casación le negó el recurso extraordinario y el fiscal fue en queja directo a la Corte.
El 28 de mayo de 2024, la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, anuló por unanimidad esa sentencia. Los jueces se remitieron al dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal.
Concluyeron que Casación había dado un tratamiento solo aparente a los agravios del fiscal y que la absolución se apoyaba “en una valoración de la prueba dogmática y fragmentaria”.
Según el dictamen, los indicios habían sido analizados en forma aislada y sin la visión de conjunto que exigía el caso. La Corte ordenó que otros jueces dictaran un nuevo fallo.
El 19 de febrero de 2025, la Sala I, con otra integración, volvió a absolver a López y De Sousa. Alejandro Slokar propuso rechazar el recurso del fiscal por el beneficio de la duda, y Mariano Borinsky lo acompañó, pero dijo que en su opinión el caso estaba prescripto.
Según esta mayoría, no se probó que la AFIP hubiera dado un trato preferencial a Oil. El fallo también descartó usar prueba de otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
Las defensas destacaron que el mismo tipo de planes había beneficiado a otros contribuyentes, como YPF, la AFA y el propio Consejo de la Magistratura. También subrayaron que seis jueces de distintas instancias convalidaron las absoluciones.
Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Sostuvo que López y De Sousa fueron beneficiarios directos de una maniobra que la Corte ya había considerado ilícita.
Villar volvió a recurrir ante la Corte y dijo que no había voto de mayoría porque Borinsky dijo una cosa (prescripción) y Slokar otra (absolución). Ese es uno de los dos planteos que ahora tendrán que resolver los jueces de la Corte.
El otro planteo es el de Echegaray. La Sala I de Casación rechazó su recurso de casación y sus nulidades. El 12 de mayo de este año declaró inadmisible su recurso extraordinario federal y la defensa fue en queja a la Corte.
Esa resolución permitió avanzar con la inhabilitación: en junio, ARCA exoneró a Echegaray del organismo. Si la Corte rechaza la queja, la condena a prisión quedará firme y deberá cumplirse en forma efectiva.
Cristóbal López y Fabián de Sousa,Hernán Cappiello,Conforme a
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