POLITICA
El laberinto de los sub-30, entre Milei y el desencanto democrático

Los jóvenes fueron indudablemente los protagonistas principales del triunfo de Javier Milei en 2023, no sólo porque lo votaron en forma mayoritaria, sino porque además se transformaron en propagadores de su mensaje a través de las redes sociales. Le permitieron perforar la muralla de apatía y desilusión que amplios sectores de la sociedad habían levantado para no escuchar más a una dirigencia política que había llevado el país a una crisis estructural. El único que logró atravesar esa cortina de indiferencia fue el líder libertario, y a partir de ahí sustentó su victoria disruptiva.
Los jóvenes siguen siendo el sector más influyente a la hora de establecer dinámicas sociales y definir la agenda pública. Han recobrado una relevancia fundamental para el funcionamiento democrático, ya no en los actos políticos como en la primavera alfonsinista, ni en los patios militantes del kirchnerismo, sino en el ecosistema digital. Su protagonismo deriva esencialmente de su mimetización con el mundo de las plataformas, las redes y la inteligencia artificial, que hoy marcan el ritmo de la conversación social.
Sin embargo, después de más de dos años de gestión de Milei, la fotografía no es exactamente la misma que en 2023; mantiene algunos rasgos similares, pero se visualizan también mutaciones, producto de dos procesos convergentes. Por un lado, el natural desgaste de las ilusiones iniciales del proyecto libertario; y por el otro, la carencia absoluta de propuestas alternativas.
En el Gobierno manejan una encuesta que revela claramente el retroceso que experimentaron en el segmento joven. El pico de adhesión se produjo en febrero de 2025, cuando un 70% de quienes tenían entre 18 y 25 años se manifestaban a favor de los libertarios. El 14 de ese mes se produjo el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que derivó en la primera causa judicial que salpicó al Presidente y a su hermana Karina, y desde ahí la tendencia se revirtió y el oficialismo empezó a caer.
Según ese relevamiento de la Casa Rosada, hoy la opinión favorable de los jóvenes llega al 46%, mientras que un 49% está en contra. Siguen siendo números muy sólidos para Milei, que todavía lo muestran como un líder convocante para la mitad de esa franja etaria, pero ya no ejerce la hegemonía del principio. “Hoy es más difícil para nosotros mantener un acompañamiento digital y pedirles a nuestros jóvenes que apoyen a Adorni o que banquen recortes en los fondos para discapacidad. Demostramos que no somos el proceso renovador tal como ellos imaginaban”, admite uno de los estrategas del oficialismo.
Pese a ello, los jóvenes son los que más aprueban la gestión del Gobierno. Según un trabajo de TresPuntoZero y La Sastrería, el 42,2% de los que tienen entre 16 y 29 años lo evalúan en forma positiva, pero cuando se sube en la escala etaria, desciende la aprobación, al 35,9% entre los que tienen más de 50 años, y al 19,6%, para los que se encuentran entre los 30 y los 49 años. “El Gobierno perdió al menos 10 puntos de adhesión entre los jóvenes, pero el Presidente sigue anclado en la preferencia juvenil”, discierne Shila Vilker, una de las responsables de la encuesta.
Además, dentro de los que apoyan a Milei, los sub-30 son los que mantienen más altas sus expectativas de mejora en los próximos meses. La consultora Moiguer los ubica como los más optimistas sobre un futuro favorable, con un 52%, frente a un promedio del total de la población del 46%. Son los jóvenes que se sienten protagonistas de los acelerados cambios sociales, que creen que pueden aprovechar las oportunidades de esas transformaciones, y que están dispuestos a gastar lo que tengan para ir a un recital o hacer un viaje.
Dentro de ese universo, el aval al Presidente se mantiene siempre mucho más firme entre los varones que entre las mujeres (un trabajo muy interesante de la fundación alemana Heinrich Böll indagó en la identidad libertaria de votantes masculinos de LLA, y encontró sutiles diferencias entre los jóvenes de 16 a 20 años, más movilizados por posicionamientos culturales y antifeministas; y los de 20 a 25 años, atraídos principalmente por factores económicos, como la estabilidad y el rechazo al gasto ineficiente).
En uno de sus momentos más delicados en cuanto a imagen pública, la figura de Milei sigue siendo el factor más intenso de identidad para los sub-30, porque representa muchos de los valores con los que se asocia ese segmento: libertad, antisistema, universo digital, emprendedurismo, individualismo. Estos conceptos han desplazado a otros que parecían muy arraigados, como igualdad, comunidad, solidaridad, derechos, república. Estas ideas hoy están sin representación frente al electorado juvenil.
Si bien el macrismo tuvo su momento de sintonía con universitarios y profesionales de las franjas medias y altas, el peronismo es el que más sufre este déficit, porque históricamente resultó la fuerza más atractiva para amplios bolsones juveniles, sobre todo de sectores populares. El fracaso del último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el envejecimiento de La Cámpora y las disputas internas, lo dejaron sin narrativa frente a los sub-30, que tampoco vivieron la época dorada del kirchnerismo. El peronismo actual luce viejo y sin poder sintonizar con la idea de modernidad. La tentación de apelar a utopías retrospectivas no provoca ninguna seducción en un grupo etario que está preocupado por su presente absoluto.
“El sector mayoritario está con Milei, y el que se enoja con Milei, se repliega en sentimientos nacionalistas: Malvinas, el Mundial, la reargentinización de ciertas costumbres y hábitos. Pero eso no lo estamos capitalizando nosotros, no logramos representarlos. Perdimos hace mucho el vínculo con los jóvenes”. El diagnóstico pertenece a un referente de la estructura de Axel Kicillof.
Por esa razón, quienes no se sienten identificados con el Gobierno, o se desencantaron con Milei, habitan en un inmenso valle, en donde el único rasgo común es la desilusión democrática. La profunda percepción de que el sistema no tiene alternativas para aportarles y que la única solución a sus problemas surgirá de su propio esfuerzo. Sólo ellos podrán encontrar una salida al laberinto en el que se encuentran.
Y en este sentido, la elección del año pasado dejó un dato verdaderamente revelador: los votantes de entre 18 y 30 años tuvieron un nivel de ausentismo que casi duplicó al de los electores adultos, al promediar el 34,4% de inasistencia, de acuerdo con datos oficiales elaborados por la Cámara Nacional Electoral. Es decir, uno de cada tres se quedó en su casa.
No sólo fue el grupo etario con menor concurrencia a las urnas el año pasado, sino que además representó el sector en el que más creció el ausentismo respecto de la elección de 2023, cuando la inasistencia joven promedió el 29,8%. Esto constituye un crecimiento de casi 5 puntos entre una elección y otra. Si bien hay diferencias entre una elección legislativa y otra presidencial, lo cierto es que en los otros segmentos el incremento fue mucho menor, y en la franja de los 50 y de los 60 años no hubo brecha entre los dos comicios.
Aparecen en estos indicadores indicios incipientes de una desafección institucional en una comunidad muy gravitante. Son generaciones para las cuales la democracia simboliza un estado natural, no el resultado de una resistencia contra la dictadura. Por eso son tributarios de una visión mucho más instrumental y menos romántica de lo que representa la democracia. Desde ese prisma, si la democracia no resuelve los problemas concretos, pierde su sentido último.
Amnistía Internacional realizó junto con la consultora Dynamis, de Ana Iparraguirre, un estudio entre jóvenes por los 50 años del golpe de Estado de 1976. Un 92% dijo que vivir en democracia es “muy o algo importante”. Es decir, el sistema no está en cuestionamiento. Sin embargo, cuando a los encuestados de entre 16 y 30 años le preguntaron “qué tan satisfecho estás con el funcionamiento de la democracia en la Argentina”, sólo el 51% se expresó “satisfecho”, contra un 46% que se definió como “insatisfecho”. Lo que está en cuestionamiento son las prestaciones del sistema.
En ese mismo trabajo hay un dato que puede ser una señal de alerta: un 39% expresó que “le parece mejor” un sistema que garantice crecimiento económico, “aunque no se puedan elegir las autoridades ni expresarse libremente”, y un 30% dijo estar dispuesto a esa resignación, pero a cambio de que se garantice seguridad para todos los ciudadanos. Para quienes respondieron de ese modo, la democracia carece de valor si no responde a sus preocupaciones más inmediatas.
En este sentido, la dificultad para acceder a una vivienda es absolutamente determinante en el ánimo juvenil, porque representa la mayor aspiración para proyectar un futuro. La suba de los alquileres y la falta de acceso al crédito se transforman así en obturadores de expectativas. Es otro factor de irritación que estimularon las creatividades hipotecarias de Manuel Adorni y la flexibilidad crediticia del Banco Nación con un grupo de funcionarios.
El sociólogo Pablo Semán, uno de los que más estudió los cambios sociales que precedieron a Milei, identifica varios factores que están haciendo crisis en los sectores juveniles más desencantados. Por un lado, la percepción de amenaza laboral por los cambios bruscos en el mundo del trabajo. Esto repercute en el angostamiento del horizonte de futuro, cada vez más acotado. Entre ambas dinámicas, se produjo la ruptura del recorrido natural de realización personal, que empezaba con la educación y seguía con el trabajo y la expectativa de ascenso social.
“El escepticismo de los jóvenes nace de las experiencias frustradas, y se actualiza por el estancamiento económico y la corrupción. Algunas alternativas de futuro que eran importantes, como por ejemplo ser técnico o programador, ahora son irrelevantes con la IA. Y las plataformas digitales no son un refugio estable para ellos, aunque valoren la flexibilidad que les ofrecen. Es un proceso que se viene produciendo en occidente y en la Argentina desde hace tiempo, pero en esta generación estalló”, grafica Semán.
Cuando se posa la lupa sobre el sector de adhesiones juveniles que se le desgranó a Milei, emerge con claridad que corresponde a los sectores sociales más bajos. Son jóvenes desencantados con la tradición peronista de sus familias, que ahora también se decepcionaron con las promesas libertarias.
Tiene sentido, porque son los más castigados por el estancamiento económico. En base a la radiografía oficial del Indec (más allá del debate estadístico), la consultora Moiguer lo puso en números: el 32% de los jóvenes son pobres frente a un promedio de todas las edades del 28%; el 16% está desempleado, ante un 7,5% de la población general; y el 30% de los que tienen entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. Representan el sector económicamente activo más vulnerable.
Pero en los estratos inferiores el cuadro es mucho más preocupante. Así lo retrata un trabajo reciente de Daniel Hernández y Gonzalo Elizondo, del CIAS, titulado “Vivir en el presente”, sobre la situación de jóvenes excluidos de barrios populares. Allí se destacan no sólo las dificultades materiales, sino la imposibilidad de un cambio de expectativas, en un contexto de “familias desbordadas o ausentes”, “escuelas que no logran contener trayectorias complejas” (casi la mitad abandonaron las clases), y “barrios donde la esquina, la ‘junta’ y el narcomenudeo ocupan los espacios de socialización”. Es un entorno disociado de cualquier representación institucional formal, que actúa con dinámicas de sobrevivencia.
“Casi el 40% de los chicos de barrios populares no tiene expectativas de progresar -dicen cosas como ‘yo ya no tengo futuro’-, y otro 20% las reduce al mínimo. Han perdido la confianza en poder construir un futuro mejor a través de la educación y el trabajo. Muchos se vuelcan a vivir en el presente, a tratar de alejarse de consumos problemáticos o a generar ingresos a través de actividades ilícitas”, sintetiza Rodrigo Zarazaga, rector del CIAS y autor el año pasado del trabajo que describió “la narrativa rota del ascenso social”.
Pero dentro de este cuadro estructural emergió en los últimos años una problemática adicional, que vincula a los jóvenes con complicaciones crecientes de salud mental. La Facultad de Psicología de la UBA acaba de elaborar un estudio muy profundo en el cual detectó que la tendencia a sufrir trastornos es bastante más alto en los encuestados de menor edad, y los indicadores se agravan cuando son de sectores de menores ingresos. Esto incluye cuadros de ansiedad, depresión e incluso riesgo de suicidio. Se acumulan allí problemas familiares, emocionales, laborales, económicos y, cada vez más, de adicciones a sustancias.
Es un tema cada vez más crítico y que es seguido no sólo desde un abordaje sanitario, sino también social y hasta político. Por ejemplo, recientemente se lanzó en la ciudad de Buenos Aires una agrupación llamada Popurrí, con una impronta decididamente joven, liderado entre otros por María Migliore y Juan Maquieyra. Entre sus propuestas principales para el electorado sub-30 se encuentran tópicos clásicos, como el cambio climático o la asistencia social, pero tiene un lugar central el abordaje de la salud mental, una problemática crucial para el segmento.
En estudios globales aparece siempre una vinculación directa entre los trastornos psicológicos en jóvenes con el uso adictivo de plataformas digitales, dentro de los cuales se incorporó peligrosamente la pulsión por las apuestas virtuales. A nivel local el informe mencionado de la UBA lo señala en forma explícita, cuando asocia el consumo intensivo de redes sociales e inteligencia artificial “con mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional”. No es casual que en las encuestas a jóvenes el tópico “salud” empieza a emerger entre las preocupaciones, cuando tradicionalmente fue una inquietud de los adultos.
Desde el ecosistema digital los jóvenes han vuelto a transformarse en un eslabón esencial en las dinámicas sociales, como ocurrió en décadas anteriores, desde el hippismo de los 60 a la primavera democrática de los 80. Milei fue quien mejor interpretó ese movimiento que empezó a consolidarse durante el encierro de la pandemia. Ese proceso se plasmó en su triunfo electoral de 2023, a partir de representar un set de valores que marcaron el clima de época.
Hoy el panorama le sigue siendo favorable, pero se ha desflecado hacia una desilusión democrática y cierta anomia social, que se nutre de los desencantados, de los jóvenes pobres que padecen el freno económico, y de los nuevos desafíos de la época, como las problemáticas de salud mental y las adicciones digitales. Estos sectores encarnan mucho más que un electorado vacante. Constituyen un termómetro de las dinámicas que marcan el ritmo de la Argentina de hoy.
un trabajo muy interesante de la fundación alemana Heinrich Böll,“la narrativa rota del ascenso social”,acaba de elaborar un estudio muy profundo,Jorge Liotti,Conforme a
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Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.
La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.
La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.

Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.
La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.

También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.
La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.
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El Gobierno avanza con su estrategia por Malvinas: reclamo ante organismos internacionales, presión sobre petroleras y medidas contra una empresa aérea

El Gobierno sumó este lunes un nuevo capítulo a la ofensiva por las Islas Malvinas que el presidente Javier Milei lanzó a comienzos de septiembre. Desde la cadena nacional, la Casa Rosada avanzó en una batería de medidas para reclamar la soberanía del archipiélago: firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denunció penalmente a petroleras, envió una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora buscará llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
En un comunicado difundido hoy, el Gobierno informó el inicio de un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion y la intimación a Londres para que frene la explotación en la Cuenca Malvinas Norte en un plazo de dos semanas. Si no cumple, la Argentina pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.
Además, sumó otro frente: la aviación. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la empresa Thales UK Limited, a la que acusó de operar en la ruta aérea entre las islas y Punta Arenas, en Chile, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. La medida coincidió con el Punta Arenas Business Showroom, un encuentro que se realiza entre este lunes y martes con unas 40 empresas para el lanzamiento de la ruta comercial que buscará conectar esa ciudad chilena con las islas.
Una por una, todas las medidas que tomó el Gobierno por Malvinas
La escalada comenzó el 3 de septiembre, cuando Milei habló en cadena nacional. En ese mensaje anunció sanciones para las petroleras que exploran en la zona, la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la formación de un Consejo de Seguridad nacional.
Al día siguiente, las medidas se instrumentaron a través del Decreto 868/2026 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, publicados en el Boletín Oficial. El primero designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que sanciona la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. También dispuso que las empresas que incumplan esa ley no puedan vincularse con proyectos admitidos en el RIGI. El DNU, por su parte, reforzó el presupuesto militar: el Gobierno amplió en casi $218.000 millones las partidas de Defensa, aunque solo una parte irá a infraestructura, con eje en la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que había quedado prácticamente congelado durante buena parte de esta gestión.
En paralelo avanzó el frente administrativo. La Cancillería abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas a Sea Lion. El 8 de septiembre se sumaron otros 15 sujetos y el total llegó a 60 expedientes, aunque la apertura de esos procedimientos no implica sanciones firmes.
También hubo acción penal. El canciller Pablo Quirno y el Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia contra cinco empresas vinculadas con la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, que quedó radicada en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. Los denunciados son Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. Luego el Gobierno anunció una nueva presentación contra firmas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum e identificó a 27 empresarios y directivos de esas compañías.
El 17 de septiembre llegó el paso legislativo. Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y crear un Sistema de Seguridad Nacional junto con la protección de infraestructuras críticas. La iniciativa prevé multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo y penas de 15 a 20 años de prisión por la extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de hidrocarburos. El texto extiende el régimen a todos los recursos naturales, renovables o no, y habilita la intercepción y eventual uso de la fuerza contra aeronaves que violen reglas de vuelo o desobedezcan órdenes argentinas, con orden expresa del Presidente para las medidas más drásticas.
Un último eslabón ocurrió la semana pasada en Nueva York. Ante la Asamblea General de la ONU, Milei reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía y cuestionó la explotación de recursos en la zona. La respuesta británica fue inmediata: Londres sostuvo que no puede haber diálogo sobre soberanía salvo que los isleños lo deseen, defendió su derecho a desarrollar los recursos naturales y afirmó que la legislación argentina no se aplica en las islas.
soberania de malvinas, Islas Malvinas, Javier Milei
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Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción: “Pareciera que buscamos ampliar la impunidad”

Con el lema “las instituciones importan”, la organización Poder Ciudadano alertó esta noche sobre la falta de políticas anticorrupción y advirtió que en la Argentina “pareciera que buscamos ampliar la impunidad”, con iniciativas gubernamentales como la “inocencia fiscal” o el cambio en la ley de financiamiento de los partidos políticos.
“En nuestro país la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. En las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía”, aseguró en su discurso en la cena anual de Poder Ciudadano, que se realizó ante más de 800 personas en el Hotel Sheraton, el presidente Martín D’Alessandro.
Cuestionó además el gasto de inteligencia sin control, el proyecto de ley por la soberanía de Malvinas, que esconde recortes de la libertad de expresión y de los derechos civiles, y los decretos que limitan el acceso a la información y la participación ciudadana en la designación de jueces.
Según pudo constatar , del evento participaban la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Daniel Rafecas y Sebastián Casanello; y los magistrados de Casación Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, junto con Guillermo Yacobucci.
En la cena también estuvieron los fiscales Eduardo Taiano, Mario Villar y Claudio Navas Rial. Además, fueron de la partida los dirigentes políticos Laura Alonso, exintegrante de Poder Ciudadano; Sebastián Lacunza, Ernesto Sanz, Alfonso Prat Gay, Sebastián Pareja, Sebastián Galmarini y Margarita Stolbizer. También se los vio juntos al diputado Luis Petri con su pareja, la periodista Cristina Pérez.
También los jueces que condenaron a Cristina Kirchner, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.
En los corrillos políticos mas cercanos al PRO se hablaba de la degradación del Congreso y del Poder Judicial, en los peronistas se conversaba sobre la fortuna que tiene el PJ de que a Milei no le importa la política y meos la boanerense y en los cenáculos libertarios, hacían cuentas.
los consultores de opinión iluminaban a los comensales, con cifras que arrojaban un triunfo imposible imposible en primera vuelta para el Gobierno y un ballotage cabeza a cabeza entre Javier Milei y Axel Kicillof. Cristina Kirhcner, una candidata imposible.
Poder Ciudadano decidió además reconocer como un “aliado en la lucha contra la corrupción” al Procurador General de la Nación Eduardo Casal. Fue Hugo Wortman Jofré quien recordó que Casal fue un “socio estratégico” en la lucha contra la corrupción. Casal estaba en Perú, no pudo asistir anoche, pero dejó un agradecimiento en un video.
Casal es procurador interino y está al frente del organismo desde hace diez años, cuando le sucedió a Alejandra Gils Carbó, que renunció en 2017 y está próxima a enfrentar un juicio oral.
La conversación llegó a su climax cuando el discurso de D’Alesandro la centró en la calidad institucional y la corrupción.
“Alguna inquietud”
“Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud y alguna respuesta”, aseguró D’Alessandro.
Pero remarcó, señalando al Gobierno, que “la Argentina parece ir en la dirección contraria. En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
D’Alessandro dijo que en los últimos años no hubo avances en ninguna medida destinada a aumentar la transparencia. Al contrario, mencionó los proyectos para reducir la cantidad de juzgados federales de Comodoro Py 2002, que son los que investigan a los funcionarios, y denunció que el proyecto de “inocencia fiscal”, aprobado este año por el Congreso, habilitaba en su versión original que los funcionarios blanquearan dinero no declarado sin dar explicaciones.
Asimismo, señaló que la ley de reforma política libera los topes a las donaciones de campaña y permite campañas paralelas sin controles, algo que D’Alessandro consideró contrario a las buenas prácticas internacionales. A esa lista sumó “el aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas” y el aval oficial a “mentiras y dilaciones” para ocultar enriquecimientos “a todas luces sospechosos” de funcionarios.
El presidente de Poder Ciudadano describió el escenario como un espectáculo inédito “por su combinación de arrogancia y tosudez, de tragedia y de comedia”. D’Alessandro no dio nombres, pero no hizo falta mencionar las investigaciones en marcha contra el exjefe de gabinete Manuel Adorni, sospechado por sus bienes, y las compras con sobreprecios de medicamentos y prótesis en la Agencia Nacional de Discapacidad, que mantienen procesado a su extitular Diego Spagnuolo.
El presidente de Poder Ciudadano recordó que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional coloca a la Argentina en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100, el peor resultado de los últimos diez años y la confirmación de una caída que ya lleva seis años.
D’Alessandro llevó el problema al terreno económico. Recordó que ese índice es el más consultado por los inversores globales y que, según el último informe de la OCDE, la Argentina cayó al último lugar de la región en recepción de inversión extranjera. “No parece casual”, dijo y recordó que la corrupción provoca una pérdida de entre el 8 y el 10% del PBI por año, por lo que combatirla podría resultar muy rentable.
También discutió la idea de que la corrupción desaparecerá con el achicamiento del Estado. Admitió que el exceso de regulaciones puede alimentarla, pero sostuvo que la desregulación sin criterio abre otras oportunidades. Recordó que al amparo de una desregulación para la importación de autos de lujo de alta gama, Poder Ciudadano denunció y se descubrió una maniobra de contrabando.
D’Alessandro consideró un avance del Gobierno sobre la participación ciudadana que va en contra de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a los dos decretos del presidente Javier Milei que limitan la información pública.
En particular el decreto 780/2024, firmado el 30 de agosto de 2024, modificó la ley de acceso a la información pública para excluir del concepto de información pública los datos de “naturaleza privada” de los funcionarios y pasó a exigir que el solicitante demuestre un interés público comprometido, cuando la ley presume pública toda la información en poder del Estado y no obliga a acreditar interés alguno.
El segundo decreto cuestionado por D’Alessandro es el 467/2026, que Milei firmó junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y entró en vigencia el 16 de junio. Limita la participación de la ciudadanía en la designación de jueces de la Corte Suprema y de tribunales inferiores, del procurador y el defensor general, fiscales y defensores.
Antes había un plazo de 15 días hábiles para que la sociedad presentara impugnaciones o apoyos; ahora basta con que el Poder Ejecutivo publique los nombres y que en todo caso esas objeciones se hagan ante el Senado. También se derogó el artículo que permitía al Ministerio de Justicia pedir la opinión de entidades profesionales, académicas y sociales, y se eliminaron género, especialidad y procedencia regional que el Presidente debía considerar para elegir a un candidato a la Corte.
El Gobierno argumentó que esas instancias se superponían con la publicidad, participación y audiencias públicas que ya prevé el reglamento del Senado. D’Alessandro marcó su preocupación por los proyectos que regulan el lobby, que someten a las ONG del país a “un régimen de vigilancia” que las obliga a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos.
El proyecto por Malvinas
El proyecto de ley relacionado con la sanción a las empresas petroleras extranjeras que operan sin licencia argentina en el área de las Islas Malvinas busca limitar la libertad de opinión y prevé penas de prisión por delitos definidos de manera ambigua, como las “campañas de desinformación masiva”, lo que dijo “nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa”.
Tras afirmar que la participación ciudadana debe verse como un aporte y no estorbo, dijo: “Se pretende instalar lo contrario: una intolerancia que no para de crecer, y la reducción de las instancias de participación de la sociedad civil”.
“La transparencia y la democracia no son elementos meramente decorativos en el crecimiento económico de los países”, aseguró y dijo que ambos están relacionados. Así, “las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica y mejoran las condiciones para atraer inversiones y acceder al crédito”.
“En resumen, los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, concluyó y planteó una pregunta dirigida al poder: cómo se recuperará la confianza en las instituciones “si vemos que es el mismo Estado el que desconfía de su propia ciudadanía”.
D’Alessandro aclaró que Poder Ciudadano tiene esta mirada “gobierne quien gobierne” y sostuvo que ningún resultado, política pública, ideología ni lealtad partidaria justifica correr los límites de la democracia o tolerar la corrupción, y que el crecimiento económico no garantiza por sí solo la estabilidad democrática.
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