La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió criticó este viernes al presidente Javier Milei por sus reiterados ataques a la prensa, anticipó el “inicio de un Estado autoritario” y apuntó contra sus exsocios de Juntos por el Cambio por apoyar el rumbo de la gestión libertaria.

En un video que subió a su cuenta de X, Carrió expresó: “Hablemos en serio. El inicio de los estados autoritarios biototalitarios, de los cuales me voy a ocupar en las clases del Instituto [Hannah Arendt], es el odio que profesa el Presidente no sólo contra los periodistas, sino contra la libertad de expresión”.

Fue tras ello que aseguró que esa política del Gobierno marca un “tinte autoritario de naturaleza violenta”.

“Yo lo puedo definir como el ingreso, sin dudas, a una crisis por autoritarismo. Él no tolera una opinión diferente, cualquiera sea. No va a tolerar ninguna opinión diferente. Y lo va a ayudar [el empresario estadounidense fundador de Paypal] Peter Thiel“, insistió.

Y advirtió: “Si la sociedad no sale en defensa del periodismo todos “vamos a ser perseguidos”.

“Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo [con el periodismo]. Yo la verdad es que siempre me he llevado bien con el periodismo, aunque me haya criticado mil veces, la verdad es que no me ocupo de esas cosas porque uno vive de su propia coherencia y no del juicio de los demás. Este ataque empezó por la política, siguió por el periodismo, pero terminan ustedes”, prosiguió.

Y añadió: «Cualquier opinión disidente, pero es más, cualquier pensamiento disidente, va a ser controlado y repudiado con el sistema de la inteligencia artificial. Todos vamos a ser perseguidos”, remarcó.

Recordó, por otro lado, sus advertencias previas cuando Milei todavía era candidato. “Yo dije ‘Estamos en presencia del huevo de la serpiente’. Entonces el huevo se está haciendo serpiente. Yo lo vi al principio, por supuesto, me dijeron que no, que exageraba, pero yo lo vi al principio. Recuerden que a veces está el huevo y nadie lo ve. Recuerden que después hay un pequeño nacimiento y nadie lo ve. Después ven que crece y nadie lo ve. Entonces hay que advertir a tiempo, como lo advertí en el pasado y nadie se dio cuenta”, achacó.

A modo de cierre, criticó a sus exsocios de Juntos por el Cambio, a quienes calificó de “cómplices”.

“Los que no piensan como él y están en el Gobierno y no dicen nada, son cómplices. Fueron compañeros míos en Juntos por el Cambio, pero son cómplices de esto. ¿Hasta dónde van a complacer al Presidente? ¿Cuántos silencios se van a bancar?“, apuntó.

Y cerró: “O se está con la República o se está contra la República. O se defiende al periodismo o se está contra la República”.

El mensaje de Carrió llegó luego de que el Gobierno decidiera prohibir por una semana el acceso de periodistas a la Casa Rosada por una denuncia de Casa Militar a periodistas de TN por grabar los pasillos. Además, Milei atacó reiteradas veces al periodismo en los últimos días a través de sus redes sociales.

Esta semana, la dirigente de la Coalición Cívica compartió un irónico video contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de su presentación ante el Congreso para brindar el informe de gestión. El ministro coordinador es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La breve filmación que subió Carrió la muestra llorando en un baño y secándose las lágrimas con un pañuelo. “¿Por qué lloras?“, le pregunta quien graba el video. ”Por Adorni. Pobrecito. Se compró todas estas casas en dos años. Y lo atacan», dice, en referencia a la adquisición de un departamento en Caballito y de una casa en el country Indio Cuá.

Sobre el final de la filmación, se puede ver a la exlegisladora reírse ante la cámara.

Adorni se volvió el foco del ojo público cuando se reveló que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial para asistir al Argentina Week junto a la comitiva oficial. La polémica se amplificó luego de que trascendieran otros desplazamientos familiares, como un viaje en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval y otro a Aruba, cuyos costos también quedaron bajo análisis.

Esto desató una investigación en la Justicia por el potencial enriquecimiento ilícito de Adorni. Luego, se conoció la adquisición de dos propiedades.

En 2024, la familia Adorni adquirió una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, tras obtener un crédito hipotecario no bancario por US$100.000. La compra demandó US$20.000 adicionales, más gastos en refacciones.

Un año después el funcionario firmó durante el mes de noviembre la escritura de compraventa de un departamento de la calle Miró, en Caballito. La operación quedó registrada por un valor de US$230.000, que provienen de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

LA PLATA.- La autarquía financiera y funcional del Poder Judicial impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ante la Legislatura, a fin de cortar la dependencia económica del Ejecutivo, enfrentará dilaciones por falta de consenso político.

“No veo que salga”, dijo a uno de los presidentes de los bloques peronistas. Sin el aval clave del oficialismo, el proyecto redactado por el máximo tribunal provincial de Justicia está destinado al archivo.

La iniciativa sí podría tener simpatía de otros bloques opositores, como La Libertad Avanza y la UCR. El radicalismo, incluso, ya había presentado una iniciativa similar en la Cámara de Diputados. Lo hicieron en minoría y el tema nunca prosperó. Allí el peronismo admite que es un asunto pendiente, pero afirman que será “complejo” abordarlo este año. “Kicillof reconoce que es legítimo. Pero dada la austeridad de los recursos financieros sólo podría ser aprobado en caso que no requiera más dinero”, sostuvo un diputado peronista que habló del tema con el gobernador bonaerense.

El presupuesto aprobado para este año para el Poder Judicial es de 1.755.396.177.000 pesos. De ese monto, alrededor de 1.158.808.343.000 son destinados a la administración de Justicia, que maneja la Suprema Corte. Otros 596.587.834.000 son asignados a la Procuración.

El 92% por ciento se orienta a sueldos, afirmó Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte. Detalló que no queda resto para infraestructura, tecnología, modernización e innovación.

“Durante años se ha postergado la decisión de dotar de autonomía al Poder Judicial. La autarquía no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo. Es una manda constitucional”, reclamó Torres.

“Un poder que depende de otro para definir su presupuesto, política salarial e infraestructura ve condicionada su capacidad de decidir con imparcialidad”, subrayó. Enseguida, agregó: “La participación del Poder Judicial en el presupuesto de la provincia está en torno al 3,4 o 4,5 por ciento. Y los recibe dentro de un esquema que no control”.

“No hay independencia real sin autonomía financiera. No hay política judicial posible con un presupuesto que en más de un 90 por ciento corresponde a salarios”, recalcó.

“​La verdadera independencia judicial no es un concepto abstracto, sino un límite real al avance del Estado sobre el individuo. No podemos hablar de libertad si el árbitro encargado de proteger nuestros derechos frente a los abusos del poder político depende económicamente de quienes debe controlar», puntualizó el diputado provincial de La Libertad Avanza, Pablo Morillo.

Y añadió: “La subordinación presupuestaria al Poder Ejecutivo es, en la práctica, una subordinación institucional que rompe la división de poderes. Para que la República sea una realidad y no una ficción jurídica, el Poder Judicial debe contar con autarquía financiera, permitiéndole gestionar sus propios recursos”.

Para Morillo, “garantizar un piso de recursos y autonomía presupuestaria no es un privilegio sectorial, sino una inversión en seguridad jurídica”.

Entre tanto, el diputado Valentín Miranda (UCR) es autor de un proyecto similar al presentado por la Suprema Corte que “busca saldar una deuda histórica con la división de poderes”. La iniciativa propone la autarquía financiera y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para garantizar que deje de depender de las partidas discrecionales del Ejecutivo para su funcionamiento diario.

En la Cámara baja, el peronismo es la primera minoría. Tiene capacidad para frenar el proyecto a menos que todos los demás se unan.

En el senado, el poder del PJ es mucho mayor: cuenta ahora con 24 de los 46 senadores. Por lo tanto, tiene poder de veto. Esto implica que no avanzará sólo con el aval opositor si el Poder Ejecutivo no habilita los recursos.

El proyecto de autonomía presupuestaría y de autarquía económica para el poder judicial cuenta con el respaldo del Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados; con la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

Acompañan con su firma al proyecto de ley el presidente del CMFBSAS, Matías Rappazzo, la presidenta de la Comisión de Funcionarios de esa entidad, Erika Rodríguez Merino; el presidente del Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo.

¿De qué se trata exactamente el proyecto que tiene consenso en el ámbito judicial, pero que resiste el peronismo?

Instala un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico financiera al Poder Judicial. La Suprema Corte estaría en ejercicio para elaborar su proyecto de presupuesto para todas las áreas de justicia, incluyendo al ministerio Público. Y sería la encargada de remitirlo directamente a la Legislatura.

Supone que el 65 por ciento de los recursos se destinen a administración de justicia y 35 por ciento, al ministerio público. Y la creación de una cuenta autárquica bajo administración de la Suprema Corte, en el Banco provincia.

Además, propone la creación de un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación y de una comisión bicameral de seguimiento legislativo.

La discusión sobre la autarquía está postergada al igual que el debate sobre las vacantes en la Suprema Corte y el cargo de subprocurador.

El artículo 75° de la Constitución dispone que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador y Subprocurador general serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros.

El peronismo tiene mayoría. No necesita consensuar con la oposición, pero lo complica la interna entre las distintas tribus internas.

En concreto, el PJ no avanzará con el impulso de los pliegos de los ministros en el corto plazo, al menos hasta que no esté bien cerrado un acuerdo que explora para el reparto entre los distintos espacios que conforman los bloques del oficialismo. En principio, un ministro será postulado por Kicillof, uno por el Frente Renovador, uno por el kirchnerismo y se le dará un asiento en la Corte a la oposición.