El FMI consideró que bajar la inflación a un dígito en Argentina podría demorar entre tres y cuatro años adicionales. La advertencia surgió de los documentos vinculados a la segunda revisión del acuerdo con el país, difundidos este viernes.

El organismo planteó la necesidad de modificar la estrategia económica actual. Recomendó avanzar hacia un esquema de metas de inflación con mayor flexibilidad cambiaria.

«El proceso de bajar la inflación de dos o tres dígitos suele ser rápido, pero consolidarla en un solo dígito toma en promedio entre tres y cuatro años adicionales», señaló el FMI en el Staff Report.

La evaluación del Fondo contrastó directamente con los pronósticos de Javier Milei, quien aseguró en distintas oportunidades que la inflación se desaceleraría rápidamente y llegó a anticipar, a fines de marzo, que el índice comenzaría con cero a partir de agosto.

El diagnóstico del organismo fue más allá. El dólar todavía no se encuentra en situación de equilibrio, según el FMI.

Será necesario modificar el esquema económico actual. El objetivo es pasar gradualmente hacia un modelo de metas de inflación.

Por qué el FMI pide cambiar el esquema cambiario argentino

El Fondo advirtió sobre la necesidad de fortalecer la acumulación de reservas del Banco Central. También recomendó flexibilizar la política cambiaria.

El riesgo identificado es claro: una apreciación excesiva del peso que afecte la competitividad externa del país.

Según el organismo, el frente externo argentino continúa siendo vulnerable. Las reservas del Banco Central cubren apenas el 38% de la métrica considerada adecuada.

La situación se agrava con otro dato: la deuda pública externa equivale al 197% de las exportaciones del país.

Para mejorar esa fragilidad externa, el FMI remarcó la importancia de sostener «un tipo de cambio competitivo» y alertó sobre los riesgos del ingreso masivo de divisas provenientes de sectores como la energía y la minería, que podrían generar el denominado «mal holandés», fenómeno donde un fuerte flujo de dólares aprecia la moneda local y castiga la competitividad industrial.

El organismo sostuvo que «un tipo de cambio más flexible seguirá siendo fundamental para absorber los shocks externos». Esta flexibilidad debería acompañarse con mecanismos de ahorro de las ganancias extraordinarias del boom exportador.

La propuesta del FMI implicó abandonar el uso del tipo de cambio como ancla rígida para controlar precios. En su lugar, recomendó avanzar hacia una flotación más flexible.

En ese esquema, el dólar funcionaría como amortiguador frente a crisis externas, no como instrumento de control inflacionario.

El FMI insiste en eliminar las retenciones al campo

El organismo volvió a pronunciarse a favor de eliminar gradualmente los impuestos al comercio exterior. El foco está puesto especialmente en las retenciones al agro.

Según los cálculos del FMI, la eliminación total de esos tributos permitiría aumentar un 10% las exportaciones de granos y oleaginosas.

El impacto económico sería significativo. Se sumarían unos u$s5.000 millones anuales en exportaciones adicionales.

El organismo estimó además un incremento de 0,4% en el PBI como consecuencia directa de esa medida.

Las críticas del Fondo a la estrategia monetaria de Milei

El FMI también marcó diferencias con la política monetaria actual del Gobierno. Señaló que, con una inflación todavía en niveles de dos dígitos, sostener metas rígidas sobre agregados monetarios puede generar alta volatilidad.

Esa volatilidad afectaría tanto las tasas de interés como la actividad económica real del país.

Por ese motivo, el organismo recomendó avanzar gradualmente hacia un régimen de metas de inflación. Este esquema debería sustentarse en la tasa de interés de referencia.

Las recomendaciones del FMI en este punto generaron cuestionamientos entre economistas locales. Consideran que ese esquema suele ser más efectivo en contextos de inflación más baja.

También advierten sobre la necesidad de mantener un ancla cambiaria más fuerte mientras persistan niveles elevados de inflación.

Qué reforma tributaria propone el Fondo para Argentina

En materia impositiva, el FMI propuso una profunda reforma del sistema tributario argentino. El diagnóstico del organismo fue contundente.

El esquema actual es complejo, inestable y altamente distorsivo. Cuenta con más de 155 impuestos vigentes.

Existe además una fuerte dependencia de tributos vinculados al comercio exterior, las transacciones financieras y los Ingresos Brutos provinciales.

Entre las principales propuestas del organismo figuró ampliar la base del impuesto a las Ganancias para que al menos el 20% de los trabajadores formales tribute ese gravamen, revisar el régimen de Monotributo para evitar distorsiones y establecer una alícuota corporativa plana del 30%.

El FMI también sugirió eliminar exenciones impositivas y unificar alícuotas del IVA. Propuso además avanzar en una reforma fiscal provincial.

El cambio más ambicioso: reemplazar progresivamente Ingresos Brutos por un IVA dual provincial-federal. El plazo propuesto para esta transición es de diez años.

Según las estimaciones del organismo, una reforma integral podría generar recursos adicionales equivalentes al 3,3% del PBI.

Esos recursos surgirían de tres fuentes: ampliación de la base tributaria, reducción de beneficios fiscales y mayor recaudación de impuestos patrimoniales provinciales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último staff report, hizo referencia a la decisión del Gobierno de postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, en medio de la salida de su ex titular Marco Lavagna; y consideró que existen “deficiencias” en otras mediciones.

En ese marco, el organismo sostuvo que es necesario adoptar nuevas regulaciones para el instituto estadístico, en línea con las mejores prácticas internacionales.

“La calidad de los datos es, en términos generales, adecuada para las tareas de supervisión, aunque presenta algunas deficiencias”, indicó.

En primer lugar, el documento del Fondo apuntó que una mayor transparencia en el balance del BCRA y en la presentación de información financiera constituye un paso positivo hacia el fortalecimiento de las estadísticas monetarias y financieras, a medida que la autoridad monetaria avanza en la alineación de sus prácticas con las normas contables nacionales e internacionales.

“Las estadísticas fiscales también son adecuadas para la supervisión, aunque podría mejorarse la información sobre las operaciones ‘por debajo de la línea’ (pagos de intereses de bonos cupón cero)”, señaló el FMI.

En ese sentido, el reporte señaló que, si el componente real de los intereses capitalizados de los bonos cupón cero se registrara dentro del resultado fiscal (“por encima de la línea”), el déficit total ascendería a aproximadamente 0,8% del PBI.

En tanto, el FMI remarcó que “a pesar de que la cobertura es en general adecuada, persisten brechas en varias áreas que dificultan la supervisión”.

Mencionaron que “la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado desactualizada la metodología y menos representativa de la actual canasta de consumo”.

Cabe recordar que en febrero pasado se conoció que la actualización de las ponderaciones y categorías del IPC basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que le da mayor peso a los servicios como vivienda, transporte y comunicaciones y reduce la incidencia de alimentos, sería postergada hasta nuevo aviso.

De acuerdo al Fondo, las autoridades prevén publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté “firmemente consolidado”.

El staff report de agosto del año pasado estipulaba que la nueva medición entre en vigencia a fines de 2025, “con el objetivo de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”.

Además, en su Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA había admitido: “Se prevé que el nuevo IPC aumente significativamente la cantidad de precios relevados y de informantes, mejorando así su representatividad”.

En octubre del año pasado, el Indec había comunicado oficialmente que en enero se empezaría a aplicar el IPC actualizado. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió y la disputa con el Ejecutivo derivó en la salida de Lavagna a principios de febrero, más precisamente a 8 días de la publicación.

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de Caputo, aseguró que “el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024”.

Como referencia, con el nuevo IPC, la inflación de abril habría sido de 3% en lugar de 2,6%, como se informó oficialmente, según estimaciones de Equilibra. La diferencia responde al aumento de combustibles y el peso que este tiene en ambas mediciones.

En otro orden, el FMI remarcó que “las cuentas nacionales también presentan limitaciones en cuanto a granularidad y precisión, en parte debido al uso de un año base desactualizado”.

Las estadísticas del sector externo, a criterio del organismo, también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados fuera del comercio de bienes solo están disponibles trimestralmente y con un rezago de tres meses.

Por último, el FMI enfatizó: “El marco institucional que regula al INDEC necesita ser modernizado. El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de las autoridades destinados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”.

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 genera consultas y expectativas entre los trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado. Según la normativa argentina, la fecha límite para la acreditación del aguinaldo es el 30 de junio. Sin embargo, la legislación ofrece un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, lo que permite que algunas empresas efectúen el depósito hasta los primeros días de julio sin incurrir en infracción inmediata. Esta particularidad suele provocar dudas sobre cuándo y cómo proceder ante una demora.

El aguinaldo representa un ingreso adicional clave para millones de empleados. Quienes no lo perciban en tiempo y forma cuentan con instancias formales de reclamo y mecanismos administrativos y judiciales para exigir el pago. El proceso inicia con una consulta interna y puede escalar hasta una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o una demanda judicial.

La normativa vigente establece que el SAC debe acreditarse como fecha tope el 30 de junio. No obstante, el marco legal contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, lo que habilita a que el depósito se concrete en los primeros días de julio sin que la empresa quede automáticamente en mora. Esta flexibilidad busca contemplar situaciones administrativas o bancarias que puedan retrasar la operación, pero no habilita incumplimientos prolongados.

Para los jubilados y pensionados de ANSES, el cronograma difiere. El pago del aguinaldo se realiza junto con los haberes mensuales, en una ventana que va del 8 al 29 de junio, según el calendario oficial. Esta modalidad responde a la lógica de liquidación de haberes que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social y se ajusta a fechas predeterminadas para cada grupo de beneficiarios.

Ante la ausencia del depósito en la fecha límite—considerando el plazo de gracia—, los especialistas aconsejan agotar primero las instancias informales. El primer paso consiste en realizar una consulta con el área de Recursos Humanos o administración de la empresa. Muchas veces, las demoras responden a inconvenientes bancarios o administrativos que pueden resolverse en pocos días. Esta instancia permite obtener información sobre el estado del pago y detectar posibles errores sin necesidad de iniciar reclamos formales.

Cuando el pago no aparece transcurridos los cuatro días hábiles posteriores al 30 de junio, el trabajador puede considerar que existe mora por parte del empleador. La siguiente acción recomendada implica enviar un telegrama laboral o carta documento intimando al empleador a abonar el monto adeudado. El telegrama laboral es gratuito y se gestiona a través del Correo Argentino. Los especialistas sugieren redactar este documento con asesoramiento de un abogado laboralista o del sindicato correspondiente, para evitar errores formales que puedan debilitar el reclamo.

El procedimiento requiere guardar comprobantes y constancias de todos los pasos realizados. Esta documentación resulta fundamental en caso de que el conflicto escale a instancias administrativas o judiciales. El proceso de reclamo formal debe seguir una secuencia clara: primero la consulta interna, luego la intimación formal y, de persistir el incumplimiento, la denuncia ante la autoridad laboral.

Si el empleador no regulariza la situación tras la intimación formal, la normativa habilita al trabajador a presentar una denuncia ante la Secretaría o Ministerio de Trabajo. Estos organismos pueden convocar a una audiencia de conciliación entre las partes o disponer inspecciones laborales. En estos casos, el empleador puede recibir sanciones y multas si se verifica el incumplimiento del pago del SAC dentro de los plazos legales.

El reclamo administrativo busca agotar las vías de solución antes de recurrir a la justicia. Si las gestiones ante el Ministerio de Trabajo no logran destrabar el pago, el trabajador tiene la opción de iniciar una demanda judicial a través de un abogado laboralista. En este escenario, la Justicia puede ordenar el pago del aguinaldo adeudado, sumar intereses por mora y establecer otras compensaciones económicas en favor del trabajador. Además, la falta de pago del SAC puede considerarse una falta grave del empleador y habilitar un reclamo por despido indirecto.

El telegrama laboral, como herramienta de intimación, representa una herramienta fundamental para el trabajador en la defensa de sus derechos. La gratuidad del trámite y su carácter formal permiten dejar constancia fehaciente del reclamo y constituyen una prueba válida ante las autoridades administrativas y judiciales.

El proceso para reclamar el aguinaldo exige rigor en el cumplimiento de los plazos y en la conservación de documentación. La consulta con Recursos Humanos o administración, la gestión formal del telegrama laboral y el seguimiento del proceso ante el Ministerio de Trabajo forman parte del circuito recomendado por especialistas.

El rol de los sindicatos y de los abogados laboralistas resulta relevante para orientar a los trabajadores en cada instancia del reclamo. La intervención de estos actores contribuye a evitar errores formales y a fortalecer la posición del trabajador ante eventuales conflictos con el empleador.

El aguinaldo se paga, por ley, durante junio o en los primeros días de julio. La normativa contempla situaciones excepcionales de demora, pero establece mecanismos claros para exigir el cumplimiento. El cobro del SAC representa un derecho adquirido para los trabajadores registrados y cuenta con herramientas legales y administrativas para garantizar su percepción.