POLITICA
El oficialismo acelera en el Senado sus proyectos de reforma de la Ley de Sociedades y el super-RIGI
El Senado retomó este miércoles el tratamiento en comisión de dos proyectos impulsados por el oficialismo: la reforma a la Ley General de Sociedades, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el llamado super-RIGI, un nuevo régimen de incentivos para inversiones de gran escala.
La Comisión de Legislación General, presidida por la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez, sesionó por la mañana con la participación de 14 expositores convocados para opinar sobre la reforma societaria. Por la tarde, de a 18, un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General analizó el proyecto del Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Ley de Sociedades
El proyecto de Sturzenegger busca reemplazar la Ley de Sociedades vigente desde 1972 por un nuevo marco con menos controles, nuevas formas societarias y mecanismos automatizados para la creación y organización de empresas, entre ellas las llamadas “sociedades autónomas operativas”. El ministro citó como modelo a Irlanda y sostuvo que la reforma apunta a generar un entorno atractivo para la radicación de compañías internacionales.
La oposición planteó tres objeciones centrales: la posible incompatibilidad de algunos artículos con la Constitución Nacional, el riesgo de avanzar sobre competencias que las provincias se reservan en materia de registro societario, y cuestionamientos vinculados a los estándares internacionales contra el lavado de activos del GAFI.
Durante la audiencia de este miércoles hubo posiciones encontradas entre los especialistas convocados. El abogado Eduardo Favier Dubois, profesor titular de Derecho Comercial en la UBA, sostuvo que la iniciativa “desliza el modelo societario, corre sus límites, hasta un punto que perjudica a los acreedores” y consideró que “el proyecto también tiene capítulos excelentes, pero como reemplazo de ley no puede nunca ser adoptado”. En la misma línea crítica, la doctora en Derecho Patricia Fernández Andreani, de la Universidad Nacional del Comahue, advirtió que el proyecto “privó” al debate de enfocar los compromisos que otros países ya exigen a las grandes empresas en materia de ESG, derechos humanos y equilibrio de género.
Otros expositores respaldaron la reforma. El abogado Manuel Tanoira, socio fundador del estudio Tanoira Cassagne, destacó el artículo 2 del proyecto, que “prohíbe a un funcionario público arrogarse funciones judiciales”, algo que calificó como clave frente a los conflictos que atravesaron las Sociedades por Acciones Simplificadas. El especialista en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval resumió el proyecto en “cuatro líneas directrices”: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica.
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También hubo cuestionamientos desde el ámbito federal. El inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, dijo estar en contra de que, “bajo el argumento legítimo de modernizar, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias”. En sintonía, el director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, Guillermo Rubano, señaló que los registros provinciales “venimos trabajando desde 2017 con la simplificación, la digitalización y la transparencia” y que el proyecto “no hace más que traer algo que ya venimos haciendo”. Al no quedar más oradores anotados, Márquez dio por finalizada la reunión.
El super-RIGI
El super-RIGI, por su parte, eleva el piso de inversión mínima por proyecto a 1.000 millones de dólares, cinco veces más que los 200 millones de dólares que exige el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones vigente desde 2024, y fija un plazo de adhesión de cinco años para presentar solicitudes. El oficialismo lo presenta como una herramienta para atraer inversiones en sectores como tecnología y minerales críticos. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Agustín Monteverde (LLA), ordenó el debate y tras expositores de invitados pasó a un cuarto intermedio.
En el plenario, el secretario de Gestión Ambiental y Registro Minero de San Juan, Roberto Moreno, remarcó que “independientemente de qué tipo de actividad venga con este super-RIGI, los recursos naturales que puedan utilizar están regulados y controlados por las provincias porque los recursos naturales son de las provincias por Constitución”.
La investigadora del CONICET Luciana Ghiotto sostuvo que la iniciativa “no es una mejora técnica del RIGI original, sino que profundiza algunos de los riesgos más graves que ya fueron discutidos en el marco de la ley bases hace dos años”. En la misma línea, el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió que el proyecto ata al país “por 30 años, hasta 2056” y que implica “una limitación a las provincias”.
Otros expositores apuntaron a la falta de precisiones del texto. La directora de Relaciones Institucionales de CEPPAS, Florencia Gómez, señaló que “falta definición de la actividad económica, de los proyectos y sus impactos en materia de agua, energía y emisiones de carbono”, algo que —dijo— “impide a la ciudadanía ejercer su derecho al acceso a la información pública” y amerita una evaluación ambiental estratégica.
El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, planteó que antes de votar la norma el Congreso debería definir “una evaluación oficial de gasto tributario, porcentajes mínimos vinculantes de integración local, de inversión en I+D y de vínculos con universidades”. La presidenta de la ONG Géneras y ex secretaria de Innovación Pública de la Nación, Micaela Sánchez Malcolm, cuestionó que no quede claro qué condiciones se exigirán frente a “los eventuales impactos que puedan tener los centros de datos para llevar adelante el desarrollo de IA”. Y el director de Economía de Fundar, Guido Zack, pidió que exista “un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico, consumo energético, auditado y publicado en un registro público de las inversiones realizadas”.
La reunión plenaria pasó a un cuarto intermedio dispuesto por Monteverde, sin que se fijara dictamen. El Gobierno espera convocar a nuevas reuniones en las próximas semanas para intentar destrabar el debate en momentos en que también impulsa otros temas de agenda legislativa, como la reforma electoral.
Senado, RIGI
POLITICA
El Gobierno creó un área clave en Cancillería para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas
En medio del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior. Así, la Cancillería podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.
Por medio de la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará el rol de coordinador de las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.
De la misma manera, remarcaron que el sistema también incluirá “las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.
Otra de las tareas que tendrá el sistema de política exterior será la representación nacional ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Esto cobra especial relevancia debido a la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.
No obstante, las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual que conforma la Cancillería. Asimismo, indicaron que no implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes.
En este sentido, explicaron que la obligación abarcará los casos en los que esas acciones puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.
También deberán ser informadas las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.
Por otro lado, el decreto prevé que Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que una actividad pone en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.
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“El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, aclararon en el documento.
A pesar de esto, indicaron que el área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.
Para poder cumplir con estos objetivos, los organismos alcanzados por el sistema tendrán que designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. No obstante, la Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.
Previo a esto, el canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó en una entrevista con La Nación+.
Además, confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de “un tema principalmente de política exterior” y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.
Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.
El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas.
Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.
Asimismo, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron a Infobae que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.
South America / Central America
POLITICA
Las provincias del Norte Grande endurecieron sus críticas a Milei: acusaron al Gobierno de “no dialogar y dividir”
El Parlamento del Norte Grande, integrado por las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, se reunió este jueves en La Rioja y difundió un documento con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei por el impacto de la política económica, el freno de la obra pública y la situación de las universidades nacionales.
El pronunciamiento tiene un peso político particular porque varias de esas provincias fueron decisivas para que el oficialismo reuniera en el Congreso los votos necesarios para avanzar con proyectos centrales de la gestión libertaria. Ese vínculo no evitó que los representantes del Norte Grande trazaran ahora un límite frente a las consecuencias que atribuyen al programa económico en sus territorios, con cuestionamientos que exceden los reclamos presupuestarios y alcanzan el rumbo productivo, el federalismo y hasta la estrategia política del Presidente.
“Si la Nación se retira, el Norte Grande permanece y se organiza. Si la Nación se paraliza, el Norte Grande se dinamiza y produce. Si la Nación ensordece, no dialoga y divide, el Norte Grande escucha, dialoga e integra”, afirmaron.
Así, el documento de cierre del encuentro contrapone dos modelos de gestión y presenta a las provincias como una respuesta frente a un Estado nacional al que atribuye retraimiento, parálisis y falta de diálogo, aun cuando varios de esos distritos conservan canales de negociación con el oficialismo.
Con datos de la Unión Industrial Argentina, el Parlamento señaló que se utiliza apenas el 57% de la capacidad instalada y que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 empleos industriales. “No podemos hablar de federalismo cuando la industria pasa por la etapa tal vez más crítica de las que ha vivido en toda su historia en nuestro país”, advirtió.
Los efectos económicos detrás del reclamo federal
En el documento final, las provincias vincularon las dificultades de la actividad con “la debilidad de la demanda interna, la apertura a las importaciones, los mayores costos, la mora y la falta de nuevos proyectos de inversión tanto del sector público como del sector privado”. La producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5% frente al mismo mes de 2025, según las cifras incluidas en el manifiesto.
Ese deterioro fue llevado después al plano concreto de cada distrito, con una nómina de empresas afectadas por cierres o recortes de actividad y personal. Entre los casos mencionados aparecen Coteminas en Santiago del Estero, Karagozian en Tucumán, Neba en Catamarca, TN Platex en Corrientes, Refinor en Salta e Hiper Libertad en Chaco.
El documento amplió luego el foco desde el entramado productivo hacia la situación de los hogares. Advirtió que la morosidad ya no se concentra únicamente en las tarjetas de crédito o el sistema bancario y señaló que casi la mitad de los argentinos se endeuda porque “no pueden pagar servicios, impuestos o alquileres” y la otra mitad para comprar alimentos.
En el capítulo universitario, las provincias marcaron un límite sobre uno de los principales argumentos del Gobierno para sostener el ajuste. “El equilibrio fiscal es necesario, pero la educación no puede ser la variable de ajuste”, afirmaron, y reclamaron “financiamiento suficiente y previsible, salarios dignos y recursos para sostener las becas, la investigación y el funcionamiento académico”.
Durante la apertura del encuentro, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, vinculó el debate federal con el papel que debe cumplir el Estado y puso el foco en la responsabilidad de quienes ejercen funciones ejecutivas. “¿Para qué se elige a un presidente? ¿Para qué las distintas provincias eligen a un gobernador o a un intendente? Se los elige para definir políticas que generen condiciones de vida lo más dignas posible para nuestra gente y le permitan recibir los servicios que estamos obligados a prestar”, afirmó.
Obra pública y una advertencia a Milei por Malvinas
El estado de las rutas nacionales sumó otro punto de fricción con la Casa Rosada. A partir de informes de entidades técnicas y gremiales que ubican cerca del 75% de la red vial en condiciones regulares o malas, el Parlamento relacionó el deterioro con “la paralización de la obra pública y recortes presupuestarios, transición hacia esquemas de privatización y concesión, ausencia de mantenimiento preventivo”, un escenario que calificó como “muy preocupante”.
En materia energética, los representantes reclamaron una ley de tarifa diferenciada para zonas cálidas y compararon la situación del Norte con el régimen vigente para las zonas frías. Según el manifiesto, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026 y una factura eléctrica puede representar el 15% de un salario registrado. “Esto no es pedir un privilegio, sino pedir equidad”, plantearon.
La crítica adquirió un tono diferente cuando el Parlamento del Norte Grande se refirió a Malvinas. A diferencia de los reclamos económicos, respaldó la posición expresada por Milei sobre la soberanía argentina y las eventuales sanciones por la explotación de recursos, pero puso en duda la motivación política de ese giro.
“Que esta decisión clara expresada por el gobierno nacional se traduzca en hechos concretos, no quede en una mera maniobra electoral o que sea una estrategia que tenga por objeto revertir la imagen deteriorada de la investidura presidencial”, reclamó.
La capacidad del oficialismo para negociar apoyos legislativos con sectores provinciales convivió hasta ahora con disputas por recursos y obra pública. El manifiesto de La Rioja elevó esa tensión al presentar esas diferencias como parte de un problema más amplio de federalismo y de funcionamiento del Estado nacional, un escenario que podría condicionar la negociación de algunos de esos respaldos.
Gobernadores, Javier Milei, provincias
POLITICA
El Gobierno anunció la creación de un sistema para coordinar los reclamos de soberanía sobre las Malvinas
El Gobierno anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería, destinado a coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.
La medida oficial busca implementar “mecanismos de información, coordinación y asesoramiento” para garantizar que todas las acciones estatales sean “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos internacionales del país en el Atlántico Sur.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 10, 2026
Desde el Ejecutivo destacaron que la recuperación de la soberanía “exige una acción estatal coordinada” para sostener una postura firme ante la comunidad internacional. El comunicado ratifica el “compromiso irrenunciable con la recuperación” de los archipiélagos usurpados.
Esta decisión se suma a una serie de medidas recientes dispuestas por el presidente Javier Milei, que incluyen la reasignación presupuestaria para la Base Naval Integrada, denuncias penales contra empresas petroleras y el impulso de un nuevo proyecto legislativo de sobernía nacional.
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Cancillería,Islas Malvinas,Javier Milei,SOBERANÍA
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