POLITICA
El oficialismo acelera en el Senado sus proyectos de reforma de la Ley de Sociedades y el super-RIGI
El Senado retomó este miércoles el tratamiento en comisión de dos proyectos impulsados por el oficialismo: la reforma a la Ley General de Sociedades, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el llamado super-RIGI, un nuevo régimen de incentivos para inversiones de gran escala.
La Comisión de Legislación General, presidida por la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez, sesionó por la mañana con la participación de 14 expositores convocados para opinar sobre la reforma societaria. Por la tarde, de a 18, un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General analizó el proyecto del Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Ley de Sociedades
El proyecto de Sturzenegger busca reemplazar la Ley de Sociedades vigente desde 1972 por un nuevo marco con menos controles, nuevas formas societarias y mecanismos automatizados para la creación y organización de empresas, entre ellas las llamadas “sociedades autónomas operativas”. El ministro citó como modelo a Irlanda y sostuvo que la reforma apunta a generar un entorno atractivo para la radicación de compañías internacionales.
La oposición planteó tres objeciones centrales: la posible incompatibilidad de algunos artículos con la Constitución Nacional, el riesgo de avanzar sobre competencias que las provincias se reservan en materia de registro societario, y cuestionamientos vinculados a los estándares internacionales contra el lavado de activos del GAFI.
Durante la audiencia de este miércoles hubo posiciones encontradas entre los especialistas convocados. El abogado Eduardo Favier Dubois, profesor titular de Derecho Comercial en la UBA, sostuvo que la iniciativa “desliza el modelo societario, corre sus límites, hasta un punto que perjudica a los acreedores” y consideró que “el proyecto también tiene capítulos excelentes, pero como reemplazo de ley no puede nunca ser adoptado”. En la misma línea crítica, la doctora en Derecho Patricia Fernández Andreani, de la Universidad Nacional del Comahue, advirtió que el proyecto “privó” al debate de enfocar los compromisos que otros países ya exigen a las grandes empresas en materia de ESG, derechos humanos y equilibrio de género.
Otros expositores respaldaron la reforma. El abogado Manuel Tanoira, socio fundador del estudio Tanoira Cassagne, destacó el artículo 2 del proyecto, que “prohíbe a un funcionario público arrogarse funciones judiciales”, algo que calificó como clave frente a los conflictos que atravesaron las Sociedades por Acciones Simplificadas. El especialista en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval resumió el proyecto en “cuatro líneas directrices”: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica.
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También hubo cuestionamientos desde el ámbito federal. El inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, dijo estar en contra de que, “bajo el argumento legítimo de modernizar, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias”. En sintonía, el director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, Guillermo Rubano, señaló que los registros provinciales “venimos trabajando desde 2017 con la simplificación, la digitalización y la transparencia” y que el proyecto “no hace más que traer algo que ya venimos haciendo”. Al no quedar más oradores anotados, Márquez dio por finalizada la reunión.
El super-RIGI
El super-RIGI, por su parte, eleva el piso de inversión mínima por proyecto a 1.000 millones de dólares, cinco veces más que los 200 millones de dólares que exige el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones vigente desde 2024, y fija un plazo de adhesión de cinco años para presentar solicitudes. El oficialismo lo presenta como una herramienta para atraer inversiones en sectores como tecnología y minerales críticos. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Agustín Monteverde (LLA), ordenó el debate y tras expositores de invitados pasó a un cuarto intermedio.
En el plenario, el secretario de Gestión Ambiental y Registro Minero de San Juan, Roberto Moreno, remarcó que “independientemente de qué tipo de actividad venga con este super-RIGI, los recursos naturales que puedan utilizar están regulados y controlados por las provincias porque los recursos naturales son de las provincias por Constitución”.
La investigadora del CONICET Luciana Ghiotto sostuvo que la iniciativa “no es una mejora técnica del RIGI original, sino que profundiza algunos de los riesgos más graves que ya fueron discutidos en el marco de la ley bases hace dos años”. En la misma línea, el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió que el proyecto ata al país “por 30 años, hasta 2056” y que implica “una limitación a las provincias”.
Otros expositores apuntaron a la falta de precisiones del texto. La directora de Relaciones Institucionales de CEPPAS, Florencia Gómez, señaló que “falta definición de la actividad económica, de los proyectos y sus impactos en materia de agua, energía y emisiones de carbono”, algo que —dijo— “impide a la ciudadanía ejercer su derecho al acceso a la información pública” y amerita una evaluación ambiental estratégica.
El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, planteó que antes de votar la norma el Congreso debería definir “una evaluación oficial de gasto tributario, porcentajes mínimos vinculantes de integración local, de inversión en I+D y de vínculos con universidades”. La presidenta de la ONG Géneras y ex secretaria de Innovación Pública de la Nación, Micaela Sánchez Malcolm, cuestionó que no quede claro qué condiciones se exigirán frente a “los eventuales impactos que puedan tener los centros de datos para llevar adelante el desarrollo de IA”. Y el director de Economía de Fundar, Guido Zack, pidió que exista “un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico, consumo energético, auditado y publicado en un registro público de las inversiones realizadas”.
La reunión plenaria pasó a un cuarto intermedio dispuesto por Monteverde, sin que se fijara dictamen. El Gobierno espera convocar a nuevas reuniones en las próximas semanas para intentar destrabar el debate en momentos en que también impulsa otros temas de agenda legislativa, como la reforma electoral.
Senado, RIGI
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En un encuentro con rectores, Sergio Massa anticipó una derrota electoral de Javier Milei en 2027 – Nexofin
El exministro Sergio Massa encabezó un encuentro con rectores de casas de altos estudios en la Universidad Nacional de San Martín. Durante el cónclave, el referente del Frente Renovador respaldó los reclamos del sector académico frente al Poder Ejecutivo.
El excandidato presidencial pronosticó una derrota electoral del oficialismo liderado por Javier Milei en los próximos comicios. Al proyectar el escenario político futuro, afirmó que “el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”.
El dirigente remarcó el rol prioritario del sistema educativo en la estructura social e instó a planificar el retorno de investigadores. Ante las autoridades presentes, señaló: “Tienen que estar preparados” para recuperar a los profesionales emigrados.
Asimismo, defendió la gratuidad de la enseñanza superior como motor de equidad y desarrollo en el país. Durante su discurso, el dirigente enfatizó que “la universidad es la casa” para brindar oportunidades a las familias trabajadoras.
La actividad parlamentaria del dirigente se dio tras su visita a Cristina Kirchner en su domicilio del barrio de Constitución. La exmandataria cumple allí una condena a seis años de prisión dictada por la causa Vialidad.
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POLITICA
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió la absolución del sindicalista camionero que bloqueó una empresa
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su repudio al fallo de la semana pasada que absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por, entre otras acciones, bloquear la empresa Rey Distribución SRL, ubicada en San Pedro. La entidad consideró “escandaloso” el criterio jurídico del juez que firmó el fallo, Alejandro Gabriel López.
En un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó “su rechazo al escandaloso criterio jurídico adoptado por el juez Alejandro Gabriel López, del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, en la sentencia del 14 de octubre de 2026 que absolvió al dirigente del sindicato de camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados”.
“El referido magistrado reconoció la existencia del bloqueo por reclamos sindicales que, mediante personas y un colectivo del sindicato, impidió durante cuatro días el ingreso y egreso de los camiones de la empresa. Sin embargo, encuadró arbitrariamente ese bloqueo en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y, sobre esa base, descartó su carácter antijurídico”, reprochó la entidad, que preside Fernanda Miérez.
Al rechazar el criterio del juez que absolvió a Cabaleyro, el Colegio recordó que es “ilegal” el “bloqueo extorsivo a una empresa o comercio, aun cuando pudiera haber un reclamo laboral o sindical legítimo”. La entidad subrayó: “Parece insólito tener que recordar que el derecho a manifestarse no es absoluto, por lo que su ejercicio debe desarrollarse dentro del marco legal y respetar los derechos de terceros, en particular el derecho de propiedad, la libertad de comercio y la libre circulación/tránsito”.
“Un precedente como el expuesto debilita el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, condiciones necesarias para la generación de empleo y el desarrollo del país. Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera indispensable que ese absurdo criterio sea corregido en las instancias judiciales de revisión”, se subrayó en el comunicado del Colegio.
Cabaleyro fue absuelto el miércoles pasado. El fallo se basó en que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos de parte de los empresarios en maniobras de extorsión. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad.
El fallo del juez López derivó en amplios repudios, que incluyeron un pedido de jury que presentó Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás y actual diputado bonaerense. Además, se expresaron contra la decisión judicial numerosas entidades.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las instituciones que repudiaron el fallo del juez López. “Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró el fallo “un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”.
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) consideró que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución de Cabaleyro. “La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, se indicó en un comunicado de la entidad.
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POLITICA
Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la disputa por el financiamiento
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió este miércoles con un nutrido grupo de rectores de universidades nacionales en medio de la fuerte disputa entre el sector con el Gobierno por el financiamiento. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (USAM).
El ex ministro de Economía analizó la situación que atraviesa el sistema universitario argentino a casi una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales. Durante la cumbre, se puso el foco en la situación del sector, golpeado por el ajuste en los fondos necesarios para el funcionamiento y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Justamente, Massa remarcó: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante. Todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.
En esa línea, el exministro de Economía advirtió sobre la pérdida de talento que provocó el ajuste: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”. Y planteó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.
La reunión, que contó con la presencia de autoridades de distintas instituciones del sistema universitario, sirvió también para evaluar el impacto institucional de la reducción de fondos. Entre los temas abordados figuraron la difícil situación salarial de docentes y nodocentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha antes del cambio de gestión. Las cifras expuestas durante el encuentro reflejaron la magnitud del deterioro: desde diciembre de 2023, las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal docente y no docente perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.
El panorama se agrava si se tiene en cuenta el conflicto legal que rodea al financiamiento del sector. Pese a que el Congreso de la Nación sancionó y ratificó con mayoría agravada la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla. Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema, que obliga a actualizar los salarios y las becas. Sin embargo, esa orden judicial tampoco se cumplió.
A ese cuadro se sumó un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo frenó la puesta en vigencia de la norma. La sucesión de pronunciamientos judiciales adversos al Gobierno refuerza la posición de las universidades, aunque en la práctica los fondos siguen sin llegar.
La aparición de Massa en el centro del debate universitario no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el líder del Frente Renovador intensificó sus actividades partidarias y sus pronunciamientos públicos tras un prolongado período de perfil bajo. A mediados de septiembre, encabezó un acto con más de mil jóvenes militantes de su espacio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también defendió la educación pública y abogó por un cambio de paradigma económico. “Necesitamos un modelo de desarrollo productivo. Tenemos que defender la industria”, sostuvo en esa oportunidad.
Durante aquella actividad, el ex funcionario reivindicó su participación en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y aseguró que su decisión de asumir el Ministerio de Economía respondió a la necesidad de evitar un desenlace más crítico. “En el peronismo todos sabemos que el gobierno de Alberto se iba en helicóptero. Decidimos poner el cuerpo y ayudar a que el peronismo termine su mandato”, afirmó ante los presentes.
En el plano partidario, Massa dejó definiciones que marcan su estrategia de cara al proceso electoral. Aunque descartó que sea momento de hablar de candidaturas, reconoció que “se viene una etapa de renovación en el peronismo” y convocó a las nuevas generaciones a tomar protagonismo. “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”, expresó.
En paralelo, el dirigente busca posicionarse como un nexo entre los distintos sectores internos del movimiento, en un contexto donde las tensiones entre el ala cercana a Cristina Kirchner y la del gobernador Axel Kicillof continúan latentes.
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