La Ciudad de Buenos Aires avanzó con una de las primeras aplicaciones concretas de la Ley de Modernización Laboral. Mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se estableció que los servicios de transporte público y recolección de residuos deberán mantener niveles mínimos de funcionamiento aun cuando existan medidas de fuerza sindicales.

La normativa obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación habitual, según la actividad involucrada. El objetivo oficial es evitar que paros gremiales paralicen por completo la movilidad urbana y los servicios considerados estratégicos para el funcionamiento de la Ciudad.

Desde el Gobierno porteño presentaron la medida como parte de una política orientada a asegurar la continuidad de servicios esenciales y a limitar el impacto de los conflictos sindicales sobre los usuarios.

«Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios», sostuvo Jorge Macri al anunciar la iniciativa.

Qué servicios deberán seguir funcionando durante una huelga

El decreto adopta las categorías previstas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que distingue entre servicios esenciales y actividades de importancia trascendental.

En ese marco, la recolección de residuos fue considerada un servicio esencial, por lo que deberá mantener al menos el 75% de su funcionamiento habitual durante una medida de fuerza.

Por su parte, el transporte público de pasajeros -incluidos subtes, Premetro y líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña- fue catalogado como actividad de importancia trascendental, con una obligación de prestación mínima del 50%.

La medida alcanza a cada línea de manera individual y será aplicada exclusivamente sobre aquellos servicios cuya regulación corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalización quedará en manos de la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, mientras que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la concesionaria Emova deberán definir los esquemas operativos para garantizar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.

La ley que cambió las reglas del derecho de huelga

El decreto porteño encuentra respaldo en las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen de conflictos colectivos de trabajo.

La reforma amplió significativamente el listado de actividades consideradas esenciales y creó una nueva categoría denominada «actividades de importancia trascendental». Para ambas estableció porcentajes mínimos de prestación obligatoria durante los conflictos gremiales.

Según la normativa, en los servicios esenciales no puede acordarse una cobertura inferior al 75% de la actividad normal, mientras que en las actividades de importancia trascendental el piso obligatorio es del 50%.

Entre los servicios esenciales figuran:

• Salud
• Provisión de agua, energía y gas
• Telecomunicaciones
• Educación
• Seguridad privada
• Recolección de residuos

En tanto, dentro de las actividades de importancia trascendental se incluyen:

• Transporte terrestre y subterráneo
• Servicios bancarios y financieros
• Producción de medicamentos
• Industria alimenticia
• Servicios aduaneros
• Actividades vinculadas a exportaciones

Nuevas obligaciones para los sindicatos

La reforma laboral también incorporó requisitos específicos para la convocatoria y ejecución de medidas de fuerza.

Los sindicatos deberán comunicar las huelgas con cinco días de anticipación y acordar con empleadores y autoridades el esquema de prestación mínima. Si no existe consenso, la autoridad de aplicación podrá definir unilateralmente cómo se garantizará el servicio.

Además, empresas y organizaciones gremiales deberán informar con antelación a los usuarios sobre el alcance de la medida y los niveles de funcionamiento previstos.

La ley también endureció las sanciones frente a bloqueos, ocupaciones de establecimientos o acciones que impidan trabajar a quienes decidan no adherir a una huelga. Estas conductas pueden derivar en multas significativas para las organizaciones sindicales e incluso comprometer su personería gremial en casos de reincidencia.

El trasfondo económico de la reforma laboral

La decisión de Jorge Macri se produce en el contexto de una transformación más amplia impulsada por la Ley de Modernización Laboral, que introdujo cambios relevantes para empresas y trabajadores.

Entre las modificaciones más importantes aparecen nuevas reglas para la contratación de profesionales independientes, limitaciones a la responsabilidad solidaria en esquemas de tercerización y la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones tradicionales por fondos de cese laboral acordados en convenios colectivos.

La normativa también creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), instrumentos destinados a financiar futuras indemnizaciones mediante aportes patronales administrados por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Asimismo, reguló la actividad de las plataformas digitales, consolidando la figura del trabajador independiente para repartidores y prestadores de servicios que operan mediante aplicaciones.

Un nuevo equilibrio entre huelga y continuidad de servicios

Con esta reglamentación, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en uno de los primeros distritos en aplicar de manera concreta las nuevas reglas de la reforma laboral.

La medida inaugura un escenario en el que el ejercicio del derecho de huelga deberá convivir con la obligación de garantizar niveles mínimos de funcionamiento en actividades consideradas estratégicas para la vida urbana.

El alcance de estas disposiciones, así como las eventuales impugnaciones judiciales que puedan surgir desde el sindicalismo, anticipan un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la protesta gremial y el equilibrio entre derechos colectivos y continuidad de servicios esenciales.

Los datos fiscales de enero del 2024 tomaron por sorpresa al propio ministro, que entonces llamó al Presidente y transmitió la novedad: el equilibrio fiscal se había alcanzado antes de lo esperado. El fogonazo hiperinflacionario del cambio de gobierno había producido la paradoja del electrodoméstico; el candidato que había llegado prometiendo la motosierra, saneaba las cuentas con una licuadora, que él mismo había ayudado a encender levantando la mano en el congreso para borrar de un plumazo la recaudación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, lo que hizo subir el rojo de las cuentas públicas sobre finales del 2023 y le causó el primer enfrentamiento con los gobernadores que le reclamaron reinstalarlo, para no perder coparticipación.

Lo cierto es que Javier Milei se abrazó tan fuerte al equilibrio presupuestario que incluso aceptó pagar un enorme costo político congelando los salarios de los residentes del hospital de niños más prestigioso de América Latina, por menos de una décima parte de un punto del PBI. El mensaje se leyó fuerte y claro; “no hubo en los últimos 40 años, ni habrá en las próximas cuatro décadas, ningún presidente tan comprometido con el ancla fiscal”.

Con el fin de la emisión para financiar el déficit y ayudada por la tablita cambiaria, la inflación se derrumbó hasta abril del 2025 y siguió cayendo una vez liberado el tipo de cambio y eliminado el cepo para las personas físicas. Pero en junio, el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas con el FMI, forzó al Gobierno a cambiar la política monetaria; el BCRA empezó a controlar agregados y la tasa de interés se puso tan volátil como lo indican los manuales de la facultad. Después vino el riesgo electoral y el programa monetario y cambiario quedó en una trampa, porque por un lado se había comprometido a la acumulación de reservas, pero por el otro tenía un mecanismo de bandas que obligaba al Central a funcionar como un cajero automático de dólares, cuando la paridad pasaba el límite superior de intervención. El revés electoral del oficialismo en septiembre derrumbó la demanda de dinero y aceleró el proceso de dolarización, pero la desmonetización de la economía no se detuvo siquiera en octubre, a pesar de que las urnas dieron entonces un espaldarazo a los libertarios.

La aceleración de la inflación hundió los salarios reales en la segunda mitad del 2025 y mató la demanda de crédito, quitándole al consumo sus dos principales motores. La volatilidad de tasas hacía daño por el lado de la oferta penalizando los stocks y enfriando la actividad. Para abril, el Banco Central ensayó otro cambio en su política monetaria y, aunque decía que seguía controlando la cantidad de dinero, en la práctica armó un corredor de pases activos que planchó la tasa. Por fortuna, más por el timming de los precios regulados y por los shocks estacionales, que por la errática política monetaria, la inflación cedió en el cuarto y el quinto mes del año.

Si los precios continúan en relativa calma durante junio, como lo muestran las mediciones de alta frecuencia de las consultoras privadas, para cuando termine el mundial la economía habrá hilado tres meses consecutivos de baja de la inflación y es plausible pensar que entonces se recuperen los salarios y reviva la demanda de crédito, empujando la reactivación de la economía en el segundo semestre, pero tan pronto empiece el ruido político del 2027, el fantasma del “riesgo kuka” golpeará otra vez la puerta.

El acta de defunción del principal problema económico argentino de los últimos 20 años depende de la irrelevancia de la próxima elección. En Brasil, en Chile, o en Uruguay, también pasaba en los 80 lo mismo que acá, pero hoy la izquierda y la derecha alternan sin que se hunda la demanda de dinero cuando ganan los que quieren más gasto público o amenazan con más regulaciones sobre los mercados. La clave es que ellos tienen un banco central independiente, de suerte que la política monetaria no depende del gobierno de turno.

Nosotros somos los únicos latinoamericanos, además de Venezuela, que tenemos problemas con la inflación y seguimos insistiendo en nuestra capacidad de hacer cosas distintas a las que hacen todos los países que terminaron con el flagelo. Al borde de una hiper, con el Banco Central estallado de pasivos remunerados y el balance enfermo, el ejecutivo tenía un argumento para concentrar el poder de la política monetaria en cabeza del ministro de economía, pero resuelto ese problema y luego de dos temporadas repartiendo “utilidades” al tesoro, la felicitación del presidente al ministro por el dato de la inflación de mayo es un desatino innecesario. Pensemos que la moneda es una institución basada en la confianza y si el presidente se atribuye la política monetaria, entonces la moneda refleja la confianza en su gobierno, que naturalmente será volátil.

Para que la próxima elección resulte monetariamente irrelevante y se termine para siempre la inflación en Argentina necesitamos una regla muy simple; que nunca más un presidente de la nación pueda nombrar, ni mucho menos despedir, a un director o al presidente del Banco Central.

Hay varias fórmulas posibles para esa arquitectura, pero la que más me gusta es una regla simple: que los diez principales bancos del país según volumen de depósitos nombren cada uno a un director y que entre ellos elijan al presidente. En paralelo, en el ámbito del ministerio de economía, una superintendencia de entidades financieras, sin poder sobre la política monetaria, regularía el normal funcionamiento del sistema.

Idealmente, esa tecnología debería estar protegida por la constitución, pero hasta que tengamos una nueva carta magna puede hacerse por ley. Es cierto que un nuevo gobierno con mayoría parlamentaria podría afectar la independencia del central, pero, como ocurrió con la norma que derogó el régimen de convertibilidad, los responsables de ese cambio se convertirían en muertos políticos, porque la sociedad los condenaría por atacar la estabilidad.

El poder adquisitivo de los trabajadores argentinos mostró una señal positiva en abril. Tras el mal resultado de marzo, los salarios registrados crecieron por encima del nivel general de precios y tuvieron su mayor suba mensual desde el inicio del año.

Según un informe publicado por el Indec por el organismo, los ingresos de los empleados formales tuvieron un aumento del 3,5% en el cuarto mes del año. La inflación de abril, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,6%, lo que implica una ganancia real de casi un punto porcentual para el conjunto de los trabajadores relevados por la estadística oficial.

El crecimiento de abril estuvo impulsado principalmente por el sector privado. Los trabajadores registrados del sector privado obtuvieron una suba mensual de 4 por ciento. El sector público, en cambio, tuvo un incremento más moderado: 2,3% en el mes, con diferencias significativas según el nivel de gobierno.

Dentro del Estado, los empleados de las administraciones provinciales tuvieron una actualización de 2,5% en abril, en tanto que los del subsector nacional registraron apenas 1,6%. Esta brecha entre jurisdicciones refleja distintos calendarios de negociación y capacidades fiscales, y es una constante que el índice viene registrando desde hace varios meses.

El buen dato de abril, sin embargo, no alcanza para revertir el balance del primer cuatrimestre. En los primeros cuatro meses del año, el total del sector registrado acumuló una suba de 10,7%, por debajo del 12,3% que registró la inflación en el mismo período. Eso implica que, pese a la recuperación de abril, los trabajadores formales terminaron el cuatrimestre con una pérdida real en sus ingresos.

El desglose por sector muestra matices. El privado registrado acumuló entre enero y abril un alza de 10,1%, mientras que el público llegó a 12,0%. Este último logró prácticamente empatar con la inflación del período, en tanto que el privado quedó cerca de dos puntos por debajo. En ambos casos, el punto de partida es diciembre de 2025.

En la medición respecto del mismo mes del año anterior, el sector registrado mostró en abril una variación de 29,4%, por debajo del 32,4% de inflación interanual registrado ese mes. Tanto el privado como el público quedaron en terreno similar: 29,3% y 29,6%, respectivamente. Es decir, medidos contra doce meses atrás, los salarios formales todavía no logran ponerse a la par de los precios.

Dentro del Estado, la situación del subsector nacional es la más delicada. Sus empleados acumulan desde diciembre una suba de 10,3%, la más baja de todos los sectores relevados, y registraron en abril una variación interanual de apenas 23,1%, muy por debajo de la inflación de ese mes. El subsector provincial, en cambio, muestra números más favorables: 12,5% acumulado en el año y 32,1% en la comparación interanual, lo que le permitió superar levemente al IPC en los últimos doce meses.

Esta diferencia entre jurisdicciones tiene consecuencias directas sobre el poder de compra de los trabajadores estatales. Quienes se desempeñan en la administración nacional perdieron terreno frente a los precios tanto en el mes como en el año, mientras que los provinciales lograron, al menos en términos interanuales, mantener o mejorar levemente su poder adquisitivo.

El resultado de abril representa una mejora respecto de lo ocurrido en los meses previos. En marzo, el total del sector registrado había subido 3,0%, pero la inflación de ese mes fue más alta ese mes (3,4%), lo que derivó en una pérdida real. En febrero, la suba había sido de apenas 1,8%, contra un IPC de 2,9%. El salto de abril —impulsado sobre todo por las paritarias del sector privado— rompe esa tendencia negativa, aunque un solo mes no define una recuperación sostenida.

Es importante aclarar que el índice de salarios del Indec mide la evolución de las remuneraciones pagadas, con independencia de cambios en la cantidad de horas trabajadas, ausentismo o premios por productividad. El sector privado registrado representa el 62,65% del índice del sector registrado, y el público el 37,35% restante.

El informe también mide la evolución de los salarios informales, pero lo hace con un retraso de cinco meses, por lo que los números son difícilmente comparables con lo que está ocurriendo con los precios en la actualidad.