POLITICA
El peronismo bonaerense debate si ir a una PASO para definir la candidatura por la sucesión de Kicillof
La falta de certezas sobre qué pasará con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el orden nacional para el año que viene, producto de los consensos que hoy por hoy no están en el Congreso, impacta en la provincia de Buenos Aires, donde hay una ley propia de Primarias. En este esquema, el peronismo empieza a discutir cómo definir una candidatura para la gobernación y la chance de ir a una interna cobra volumen.
Son varios los dirigentes que trazan este posible escenario. “Vayamos a una interna. Yo soy de los que cree en la competencia. Hay que hacer valer el peso que cada uno tiene”, planteó en los últimos días el intendente de un distrito de peso del conurbano bonaerense a sus interlocutores, entre los que también había colegas suyos.
Distintos intendentes se están perfilando hacia una eventual precandidatura provincial en caso de que no haya cambios a la ley que limita sus reelecciones. Hoy, pese a que la voluntad de Kicillof es cambiar esa normativa, algunos dirigentes dejan correr cierto desencanto a la posibilidad de una modificación que le habilita a intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares la posibilidad de ser reelectos solo una vez y que para ir por un tercer mandato, deberán dejar pasar cuatro años. ¿Cómo ordenar esas ansias de dar el salto provincial? Con internas.
Además, el peronismo transita una interna que repercute también en la Legislatura provincial. Sumado a eso, La Libertad Avanza, el PRO y un sector del radicalismo adelantaron que no acompañarán cambios a la ley provincial 14.836. Tampoco quienes están en el oficialismo e integran el Frente Renovador darán sus votos para cambiar la norma. Ante este escenario más de 80 jefes comunales no podrán ir a una reelección.
Queda una vía judicial que -tal como dio cuenta Infobae- es una estrategia que pergeñan algunos sectores pero la relación entre la Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo no transita su mejor momento.
Lo evidenció la actividad que hizo el máximo tribunal de Justicia provincial esta semana. El presidente de la Corte, Sergio Torres, escoltado por el vicepresidente, Daniel Soria; la ministra Hilda Kogan y el Procurador, Julio Conte Grand, presentaron el proyecto de ley de Fortalecimiento del Poder Judicial. Allí, pidieron ir hacia un esquema de autarquía del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y que sea la Corte quien diseñe su propio Presupuesto, inversiones y demás cuestiones como la negociación paritaria con los trabajadores del Poder Judicial. Actualmente el Ejecutivo envía fondos por goteo y en los distintos estamentos de la justicia bonaerense admiten que “les pisan los fondos”. A esta situación y con un impacto directo a la cuestión de las reelecciones indefinidas se le agrega el reclamo que hizo Torres para que Kicillof y el Poder Legislativo cubran las cuatro vacantes que rigen hoy en la Corte, un organismo que funciona con tres de sus siete miembros.
Pese a las diferencias del peronismo, en los distintos campamentos coninciden que el problema no es fondo. “Es el método”, asegura un intendente de la Tercera sección electoral.
El mundo intendentista está activo. De los posibles candidatos a la sucesión de Kicillof hay al menos siete nombres que fichan en la liga de intendentes y dan señales de que están interesados en formar parte de la conversación provincial: Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (en uso de licencia como intendenta de Quilmes), Julio Alak (La Plata), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), están es ese listado; que se extiende a dentro del peronismo con el Frente Renovador y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.
“Me genera ilusión en relación a la renovación, construimos un lindo vínculo, pensamos cómo aportar a la provincia de Buenos Aires y el peronismo en este momento tan complejo”, planteó la semana pasada el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, al ser consultado sobre el grupo de intendentes que lo rodea y desde el que se empieza a impulsar su instalción.
Cuando habló de las reelecciones indefinidas dijo que “hay dos bibliotecas y son y son atendibles. Una es que la gente pueda elegir al candidato o candidata que quiera sin ningún tipo de restricción, porque después el pueblo es soberano. Los intendentes van a elecciones, las ganan, las pierden. Ahora bien, en lo estrictísimamente personal, yo tengo una mirada a favor de la renovación y de la oxigenación. Yo creo que son lugares de tanto compromiso, de tanto esfuerzo y de tanta tarea que los proyectos cuanto más colectivos sean mejor». Otermín, que es el vicepresidente del PJ bonaerense e integra el PJ nacional; también se muestra proclive a unas PASO a nivel nacional. Es que es una herramienta ordenadora para el peronismo, dadas las diferencias internas.
A nivel nacional, Kicillof es simpatizante de llegar a una PASO si no hay acuerdo. Lo planteó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este miércoles durante una charla en la Feria del Libro. “A mí me encanta el sistema de las PASO, el que quiera ser candidato se anota, armamos un frente y ahí se vota”. Aclaró que ese proceso debe ser para el año que viene.
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POLITICA
Discotecas, servicio de playa, peluquería y free shop: los gastos de la tarjeta de una empresa pública
En sus más de 1900 páginas el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso expuso los gastos de la tarjeta corporativa de la empresa pública Nucleoeléctrica (NASA). En ese documento, que surge como un anexo tras un pedido de acceso a la información, conviven compras vinculadas a instituciones energéticas con otras en las que aparecen discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, hay más de 400 adelantos de efectivo por unos $56 millones. Los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período que coincide casi en su totalidad con la gestión de Demian Reidel, exasesor de Javier Milei.
La documentación está incluida en un anexo del informe de Jefatura de Gabinete, que contiene el “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, de la cuenta 338402. El documento, de 58 páginas, posee fechas, detalle de las operaciones, e importes en dólares y en pesos. Es decir, muestra todos los gastos solventados a lo largo de un año con fondos de la empresa pública. Pero no precisa quién hizo cada erogación. Tampoco aclara si se utilizó uno o varios plásticos.
En el listado se mezclan consumos vinculados al rubro energético como “Nuclear Energy Institu”, “Zachry Nuclear Enginee”, “Org. of Canada Nuclear”, con decenas de consumos en hoteles, restaurants, casas de ropa, y gastos personales como peluquerías, perfumerías y cosméticas.
Uno de los conceptos que más se repite es el de “Duty free”, con aparentes compras en tiendas de aeropuertos. Son 45 menciones por un total de US$5957 y $1,1 millones de pesos. La mayoría se concentran en tres fechas: 18 de enero de 2026 (US$1620), 7 de febrero de 2026 (US$1292) y 11 de febrero de 2026 (US$1665).
La mayoría de los gastos con la tarjeta corporativa de NASA se registran en distintas ciudades de España. Las operaciones con la rúbrica de Tecnatom se reiteran. Se trata de una empresa energética con sede en San Sebastián de los Reyes, en las afueras de Madrid. Según una publicación de 2017, esa firma actualizó el software y hardware del simulador de alcance total de la central nuclear Atucha II de Nucleoeléctrica.
El detalle del reporte de la tarjeta corporativa muestra un “lado B”. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2025 se observa un gasto en “Delinas Tecnatom” y, al día siguiente, se pagaron US$22 a “S Bossi Peluqueros SL”, una peluquería madrileña, y US$70 a “Discotecas Amadis S L”, una firma también registrada en España.
Los gastos en peluquerías se repiten en otras fechas. Además de S Bossi Peluqueros, aparecen visitas a una cadena identificada como Barbershop Tradicional.
El 26 octubre del año pasado, la tarjeta corporativa de la empresa pública argentina refleja dos pagos a “Pub El Pirata” que suman US$765. Ese mismo día, también se registraron gastos en “Aldi Mendez Alvaro”, sucursal madrileña de una cadena de supermercados de bajo costo alemana.
Un mes atrás, el 13 y 14 de septiembre, se realizaron 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, por un total de 212 dólares. Ese nombre coincide con una empresa que ofrece servicios de playa en la Comunidad Valenciana, donde hay centrales nucleares, como la de Cofrentes, pero también decenas de paradores que ofrecen desde sombrillas hasta sesiones de masajes, cócteles y snacks.
El rastro de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, revelada tras un pedido de acceso a la información de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, lleva a otro destino turístico con playa. El 7 de junio de 2025 un funcionario no identificado compró en “Duty Free Punta Cana”. ¿El gasto? 33 dólares. No es el único en aeropuertos. El 16 de agosto de 2025 quedaron plasmadas dos operaciones con “The Shilla Duty Free” (US$256,43). Ese comercio coincide con el nombre de uno ubicado en Seúl, Corea.
La Gran Vía, icónica avenida madrileña, tiene su mención en el reporte. El local de ropa low cost Primark aparece con dos operaciones, que suman 178 dólares. El 27 de septiembre de 2025 fue la primera, luego de un gasto en “Taberna Las Brasas”, y la segunda ocurrió el 6 de noviembre del año pasado.
Con la tarjeta de NASA también se hicieron compras en “Adidas India Marketing” (dos operaciones que totalizan 355,15 dólares), y “Adidas Istanbul Airpor” (acumula otros dos gastos por US$193,49 registrados el 28 y 29 de septiembre del año pasado).
Pocos días después, el 7 de octubre de 2025, se hizo una compra en “Decathlon Ortega y Gas” de 184,98 dólares. La tienda de ropa deportiva tiene un local en la calle de José Ortega y Gasset 22, en el barrio de Salamanca de Madrid. Menos de tres semanas después, se lee en el reporte oficial: “Decathlon Dehesa” y dos gastos que suman 292 dólares. El mismo ítem se repitió el 6 de noviembre, con una cifra de $20,92 dólares.
El detalle de los gastos llegan hasta Angras Do Reis, en Brasil. El 6 de febrero pasado, con la tarjeta corporativa se gastaron 35 dólares en “Clariana Boutique”, una tienda de ropa femenina.
Además de compras, el reporte de la tarjeta corporativa contiene más de 400 adelantos en efectivo que alcanzan los 56 millones de pesos. Hubo días en los que se realizaron más de una decena de retiros. Por ejemplo, el 23 de enero se observan 13 giros. Todo por el mismo importe: US$47,9. En cambio, el 23 de noviembre del año pasado hay dos adelantos por un total de US$350,68 (US$175,34 cada una). A diferencia de los gastos, estos movimientos no permiten saber para qué se usó ese dinero.
contactó a Reidel, quien presidió Nucleoeléctrica hasta febrero, pero al momento de publicación de este artículo, no hizo declaraciones. El exasesor presidencial había asumido al frente de la empresa pública en abril de 2025 y dejó su cargo en medio de sospechas de sobreprecios en una licitación sobre un servicio de limpieza.
Este medio también consultó a representantes actuales de Nucleoeléctrica para saber a qué se deben los gastos efectuados con la tarjeta corporativa de la compañía, quién o quiénes los realizaron y si se adaptan al código normativo de la empresa. Fuentes de la compañía señalaron que allí están “los gastos mezclados” de “casi un centenar” de personas con puestos jerárquicos.
Otra fuente que conoce la gestión de NASA indicó, en tanto, que los gastos se corresponderían a los viáticos de funcionarios y/o empleados públicos que viajan y cumplen una misión determinada en el exterior. La Decisión Administrativa 888/2024 (vigente al momento de las operaciones descriptas) fijaba, para la categoría más alta en destinos europeos, un tope de gasto diario de 188 euros en viáticos y unos 388 euros diarios en alojamiento.
Esa normativa cita al decreto 997/16, de septiembre de 2016, que aprobó el “Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes del personal de la Administración Pública Nacional”, que se debe completar en pos de una rendición de cuentas. El segundo artículo establece: “Entiéndese por “viáticos” en cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de las becas mencionadas, a la asignación diaria fija que se otorga al personal de la Administración Pública Nacional mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, para atender todos los gastos personales que le ocasione el desempeño de una misión o comisión de servicio en el exterior en cumplimiento de las tareas vinculadas a la misma“.
El informe de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica contiene pagos con varias aerolíneas como Air Europa, American Airlines o United, consumos arribas de los aviones, pero los montos más importantes se registran en hoteles, y en una cadena de alquileres temporarios. Entre los hoteles, se observan pagos al “Hotel Mayorazgo”, en Madrid, “Facade Hotel Amsterdam”, “Hotel Du Parc Baden AG”, en Suiza, y “St Regis Hotel Singapor”, en octubre de 2025. En noviembre, se registraron operaciones con “Hotel Melia Castilla”, “Gale Miami Hotel and R” y “Windsor Leme Hotel”, cuyo nombre coincide con uno ubicado en Río de Janeiro.
En diciembre, el rastro de la tarjeta corporativa lleva la mirada al “Vienna Marriot Hotel” y el “Meliá Vienna”, en Austria. La fechas coincide con una foto publicada por Reidel en la capital austríaca junto a Rafael Grossi, Director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. La misma escena se dio el 28 mayo de 2025 en esa ciudad. Dos días después, la tarjeta registró un gasto de US$1772,17 en el Hotel Meliá de Viena.
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POLITICA
El Gobierno destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas
El Gobierno de Javier Milei prepara una decisión de fuerte impacto político, presupuestario y estratégico: destinará parte de los fondos obtenidos por privatizaciones, ventas de activos, concesiones y licitaciones estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La medida será instrumentada mediante un decreto presidencial que ya superó las principales instancias técnicas y administrativas y podría publicarse en los próximos días.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de todo lo que el Estado nacional obtenga por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.
El objetivo central es mejorar la capacidad operativa y funcional del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, tres estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, postergación de inversiones y pérdida progresiva de capacidades estratégicas.
En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo. El decreto ya recibió observaciones favorables del Ministerio de Economía, de la Secretaría Legal y Técnica y de otras áreas del gabinete, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.
Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaba destinado al Tesoro Nacional. Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionarán a recuperar el instrumento militar.
La medida no se limita a la compra de armamento o sistemas militares. También contempla obras de infraestructura consideradas críticas para el funcionamiento de las fuerzas: bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares de todo el país.
Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.
En la visión oficial, Tierra del Fuego se convirtió en una zona de creciente interés estratégico por su cercanía con rutas marítimas sensibles, su conexión con la Antártida y la proyección sobre el área de Malvinas. Por eso, la construcción de infraestructura militar en esa provincia aparece entre las prioridades de mediano plazo.
La decisión de reasignar recursos llega después de una serie de movimientos que el Gobierno exhibe como parte de una nueva política de Defensa. El caso más visible fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación presentada oficialmente como la adquisición militar más importante de las últimas décadas.
Con ese acuerdo, la Fuerza Aérea inició el proceso para recuperar capacidad supersónica, una aptitud perdida tras la salida de servicio de los Mirage y la falta de reemplazo posterior. La incorporación de los F-16 también obliga a inversiones complementarias en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado.
En paralelo, el Ejército avanzó recientemente con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. En el área de Defensa consideran que ese tipo de adquisiciones deben complementarse con renovación de comunicaciones, transporte y sistemas terrestres.
La Armada Argentina, por su parte, mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. Desde aquel episodio, la Argentina quedó sin una herramienta clave para patrullaje oceánico, disuasión y entrenamiento naval avanzado.
En ese marco, la posibilidad de incorporar nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico y financiero. Para la conducción naval, recuperar esa capacidad es una necesidad estratégica en función de la extensión marítima argentina, la custodia de recursos pesqueros y la presencia permanente en el Atlántico Sur.
En el Gobierno explican que el nuevo mecanismo busca resolver un problema histórico: la dependencia exclusiva del presupuesto anual para cualquier mejora relevante en Defensa. Con restricciones fiscales permanentes, muchas compras quedaron demoradas durante años y otras directamente fueron canceladas.
La nueva lógica apunta a vincular parte del proceso de privatizaciones con la recomposición de capacidades estatales consideradas esenciales. En otras palabras, mientras el Estado reduce su participación empresaria en determinadas áreas, una porción de esos recursos se redirigirá hacia funciones que el oficialismo considera indelegables.
El programa de privatizaciones incluye distintas empresas y activos habilitados por la Ley Bases, entre ellos compañías energéticas, operadoras de servicios y concesiones de infraestructura. En las últimas horas, una de las operaciones más resonantes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, pieza clave del sistema de transporte eléctrico.
Dentro del oficialismo entienden que, si ese cronograma avanza, los fondos disponibles para Defensa podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años. No habrá un monto fijo inicial: dependerá del volumen de cada operación concretada.
El decreto también establecerá que cuando se vendan o concesionen inmuebles, predios o activos bajo órbita militar, el 70% de lo recaudado volverá al área. Ese punto es especialmente valorado dentro de las Fuerzas Armadas, donde desde hace años existía el reclamo de que desprenderse de bienes sin reinversión implicaba descapitalización.
La decisión presidencial también tiene una lectura política. Javier Milei busca mostrar que el ajuste del gasto público no supone desatender todas las áreas del Estado, sino reasignar recursos hacia sectores que considera prioritarios: seguridad, defensa, inteligencia estratégica e infraestructura crítica.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el desafío posterior será la ejecución. Comprar sistemas complejos exige no solo fondos iniciales, sino sostenimiento posterior: repuestos, capacitación, mantenimiento, actualización tecnológica y personal especializado.
Ese punto fue determinante en frustraciones anteriores, cuando distintas administraciones anunciaron incorporaciones que luego encontraron límites operativos o presupuestarios para mantenerse en el tiempo.
En la Casa Rosada sostienen que la Argentina necesita reconstruir capacidades básicas luego de años de retroceso relativo frente a otros países de la región. La referencia incluye vigilancia aérea, control del mar, movilidad terrestre, logística antártica y presencia en zonas de interés estratégico.
Con ese diagnóstico, el decreto que Milei tiene a la firma busca abrir una nueva etapa para el área de Defensa. No será una compra puntual ni una decisión aislada, sino la creación de una fuente específica de financiamiento atada al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno.
Si se publica en los próximos días, como prevén en Balcarce 50, se convertirá en una de las medidas más relevantes de la gestión libertaria en materia militar y en una señal concreta hacia las Fuerzas Armadas, un sector que durante años reclamó inversiones, planificación y horizonte presupuestario.
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En medio de la investigación judicial en la que se busca determinar el origen de los fondos que usó para adquirir propiedades y viajar al extranjero, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este viernes que la causa en su contra “no va a prosperar” e insistió: “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia”.
El ministro coordinador brindó una entrevista luego de su paso por la Cámara de Diputados, donde dio su primer informe de gestión. Tanto entonces como en esta ocasión, no ahondó en las propiedades del country Indio Cua y de Caballito. En tanto defendió sus viajes a Punta del Este y a Aruba, y dijo que fueron de “índole personal”.
“Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. No tengo que justificar cosas que no están mal. Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron. A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático. Fueron 45 días de mentiras sistemáticas”, indicó Adorni en diálogo con El Observador.
Al ser consultado sobre el origen del dinero para comprar las propiedades que posee junto a su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete esbozó: “No puedo interferir en causas judiciales. La causa no tiene gollete y no va a prosperar en términos de culpabilidad. No tiene ningún sustento. No quiero pecar al entrar a interferir pero yo lo dije en el final del informe, no sólo que no soy culpable sino que va a quedar comprobado en la Justicia. Y en el medio hubo un montón de mentiras, sacaron conclusiones equivocadas”.
Tras eso, negó las versiones sobre una sociedad off shore con Marcelo Grandio, amigo suyo con quien viajó de vacaciones a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval en febrero. Sin embargo, no mencionó los contratos que Grandio tiene con la TV Pública, eje que el propio Adorni controla en el Gobierno.
También negó tener una propiedad en Martínez. No obstante, no le consultaron sobre la casa que adquirió Angeletti en el country Indio Cuá en 2024 que omitió de su declaración jurada anterior pero que incluyó en la nueva ante la Oficina Anticorrupción, aunque lo hizo un año más tarde.
Noticia en desarrollo
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