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El peronismo volvió a la interna descarnada: de la precaria tregua por el Indio Solari, a la guerra abierta por el 2027

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La precaria tregua en el peronismo ya es historia. La muerte de Carlos “El Indio” Solari produjo el único hecho que en los últimos meses había logrado lo que ninguna negociación política consiguió: restablecer el diálogo entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Fue un reencuentro de urgencia, forzado, convocado por el dolor y la logística para una despedida histórica. Ya quedó lejos, olvidado. El líder de La Cámpora y el gobernador bonaerense coordinaron el operativo sanitario para el velatorio del domingo 7 de junio en el Polideportivo Gatica de Avellaneda, donde cerca de un millón de personas formó una fila de 60 cuadras para despedir a la leyenda del rock naiconal. Ambos coincidieron en el predio. El peronismo, por unas horas, pareció encontrar una oportunidad de reencuentro. Pero no.

El sábado 20 de junio, al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, esa imagen quedó definitivamente archivada. No fue el fin de la tregua: fue el recrudecimiento de hostilidades que venían escalando desde antes del velatorio y que la muerte del Indio apenas había suspendido. El banderazo de Parque Lezama lo dejó en claro.

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El antecedente inmediato había sido Berenice Iañez. La legisladora porteña del Movimiento Derecho al Futuro —el espacio político que conduce Kicillof, cercana al círculo de Andrés “Cuervo” Larroque— dijo en un video que se viralizó, días antes del acto, que Cristina “jode bastante las pelotas” con sus condicionamientos al gobernador. Las palabras se amplificaron en redes con la velocidad de un proyectil y el cristinismo respondió en cadena, sin modulación y sin excepciones. Lo que Iañez expresó en voz alta era lo que circulaba en voz baja en el entorno kicillofista desde hacía meses: que la ex presidenta, desde su departamento de Constitución, pretende seguir manejando los hilos de un espacio que —en la lectura del gobernador y sus allegados— necesita renovarse para ser competitivo en 2027.

Esa es la tensión de fondo. Kicillof no oculta su intención de ser candidato a presidente. Lo que sí cuida es la forma de decirlo: no como quien desafía a Cristina, sino como quien construye una alternativa propia en paralelo, sin la tutela de la ex presidenta. El MDF es el instrumento de esa construcción, una estructura que, según sus críticos dentro del propio peronismo, se nutre casi exclusivamente de funcionarios del gobierno provincial. “Tiene una organización y crea el MDF Salud y pone a su ministro. MDF Mujeres y pone a su ministra. No pone a un dirigente histórico de la salud, no pone a alguien de afuera de su estructura de gobierno”, razonó una fuente con acceso al debate interno del peronismo bonaerense. La lectura es que Kicillof construye poder sin construir transversalidad y que eso lo limita como candidato nacional.

Para el kirchnerismo, el diagnóstico es más simple y más duro: Axel todavía no generó nada nuevo como liderazgo. Lleva casi siete años como gobernador y no logró articular una fuerza que trascienda su propio gobierno. «¿Líder de qué es?“, es la pregunta que circula en el entorno de La Cámpora con una mezcla de sinceridad y provocación.

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El banderazo y el mensaje hacia adentro

El banderazo de Parque Lezama fue, en ese contexto, una demostración de fuerza calculada. La Cámpora convocó para conmemorar el primer año de la detención de Cristina y el mensaje fue doble: hacia afuera, el reclamo de libertad e inocencia; hacia adentro, la advertencia de que el cristinismo sigue siendo el sector con mayor capacidad de movilización territorial en el peronismo.

Máximo Kirchner fue el único orador. En poco más de media hora, ante una convocatoria de alrededor de 15.000 personas, pronunció el discurso más duro que le conocen en la interna: sin nombrar a Kicillof en ningún momento, cada párrafo apuntó hacia él con la precisión de quien sabe que el auditorio no necesita subtítulos. El planteo tuvo dos dimensiones que el kirchnerismo presentó como inseparables: Cristina candidata en 2027 y Cristina como conductora de la construcción opositora que enfrente a Javier Milei. No una cosa o la otra: las dos a la vez, y en ese orden. «Queremos tener una candidata y no candidatos por default“, cerró. La frase sintetizó todo.

Pero lo que el discurso no dijo, lo completó la tribuna. Un video al que accedió Infobae registró cánticos contra el gobernador bonaerense entre los asistentes. La temperatura que Máximo mantuvo bajo control en el micrófono se expresó sin filtro entre la militancia.

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Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso político”, dijo desde el escenario el líder de La Cámpora. Y más adelante: “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”. El único nombre propio que usó como blanco explícito fue el del gobernador catamarqueño Raúl Jalil —por segunda vez consecutiva en actos públicos— como ejemplo de lo que el kirchnerismo no está dispuesto a tolerar: un peronismo que actúa como socio del gobierno de Milei, que dio quórum a la reforma laboral. Que ese nombre aparezca dos veces no es un accidente: es la forma en que el cristinismo traza el límite de la cancha y le dice al resto del espacio de qué lado tiene que estar.

El discurso tuvo también una dimensión programática deliberada. “No hay manera de que la mayoría de los argentinos vivan mejor si la deuda externa no es reestructurada”, dijo Máximo. La reestructuración como condición previa a cualquier promesa electoral: no como consigna, sino como criba para separar quién habla en serio de quién no. Fuentes con acceso al círculo de la ex presidenta lo tradujeron así: “Muchos dirigentes hasta esa coma llegan, porque lo que hay que hacer tienen miedo de decirlo”.

En el cierre, Máximo habló de su madre en términos que quienes lo conocen califican de excepcionales. “No era la típica madre que te preparaba la torta de cumpleaños, no era la típica madre que te esperaba afuera de la escuela”, dijo. No pudo contener las lágrimas. Fue, según fuentes con acceso al círculo más cercano a la ex presidenta, la primera vez que habló de Cristina en esos términos frente a una multitud.

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Las ausencias del MDF y la foto del cristinismo

El banderazo tuvo una gran convocatoria

Kicillof no fue al acto. Su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, circuló entre la gente sin subir al escenario. El diputado provincial Mariano Cascallares —históricamente más cercano al cristinismo que al MDF— pisó brevemente las tablas. El Movimiento Derecho al Futuro había aparecido entre los convocantes en redes. En el acto, su presencia fue casi invisible. Según pudo confirmar Infobae, hubo quienes enviaron las banderas de sus municipios con sus propios nombres, pero no se presentaron en persona. “Es raro pregonar la unidad y, cuando se sabe que es un acto por el año de detención de Cristina, no mandar a nadie”, razonó una fuente con acceso al debate interno del espacio.

Las gradas detrás del atril concentraron, en cambio, a los senadores Wado de Pedro, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Jorge “Coqui” Capitanich; los diputados Juan Grabois, Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Vanesa Siley y Paula Penacca; el ex vicepresidente Amado Boudou, Mayra Mendoza, actual diputada bonarense, el ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno; y los intendentes Federico Otermín, Mariel Fernández, Gastón Granados, Federico Achaval y Nicolás Mantegazza, entre otros. Varios de ellos integran el llamado “grupo AFA” por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia. No hubo presencia sindical orgánica —excepto los empleados judiciales de Siley— ni representación cegetista. La CGT mantiene con Cristina una distancia que lleva más de una década.

Cristina no grabó ningún audio para la jornada. No publicó en redes. Mantiene el silencio en que está sumergida desde marzo, que solo interrumpió para despedir al Indio Solari y a Taty Almeida. Desde San José 1111, la disputa sobre quién la conduce y quién la sucede se desarrolla sin ella, o con ella como ausencia que estructura todo lo demás.

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Gobernadores, PJ Federal y la disputa de métodos

Los gobernadores peronistas miraron el banderazo desde lejos y con incomodidad. La mayoría de los mandatarios provinciales del espacio —que necesitan operar en la práctica con el gobierno de Milei para sostener sus provincias, y que en muchos casos ya sellaron acuerdos presupuestarios o de obra pública con la administración nacional— no tienen margen para alinearse con la lógica de confrontación total que propone el cristinismo duro, pero tampoco les conviene quedar pegados a Kicillof en un momento en que su figura está siendo cuestionada desde adentro. El caso Jalil es el extremo más visible de esa tensión, pero no el único. Para buena parte del peronismo del interior, la discusión entre kirchnerismo y kicillofismo es una interna bonaerense que los exprime sin representarlos.

Ese malestar es el territorio que intenta ocupar el sector donde confluyen los dirigentes albertistas que bastonea Juan Manuel Olmos. El principal asesor político que tuvo Alberto Fernández y que hoy preside la Auditoría General de la Nación planteó en declaraciones a Radio Splendid una posición que tensiona contra la lógica del cristinismo duro sin confrontarla abiertamente.

“Ignorar el peso y la figura de Cristina en el peronismo es un error, es estar fuera de la realidad”, dijo. Y enseguida trazó la línea que lo separa de La Cámpora: “Dejar de hacer política y no discutir más de nada, no discutir ni el programa económico ni cuál es la propuesta para el ’27, a mí me parece que eso no es un programa de gobierno”.

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Para blindar el argumento recurrió a la historia: “Perón también estuvo proscripto y exiliado, y sin embargo siempre alentó que el peronismo se presentara a elecciones y siempre dio la discusión”. La comparación tiene una arquitectura precisa: pone a Cristina en el lugar del líder histórico —lo que el kirchnerismo no puede objetar— pero le niega a La Cámpora el argumento de que su situación judicial clausura el debate. «Si nos organizamos y hacemos una competencia de ideas y de programas con un candidato que las lleve adelante, en el ’27 vuelve a ganar el peronismo“, cerró.

El kirchnerismo invierte esa lógica: primero Cristina como conductora y como candidata, y alrededor de esa doble certeza se construye todo lo demás. En la disputa entre esos dos métodos —más que entre nombres, por ahora— está la fractura que el banderazo de Parque Lezama dejó al descubierto con una claridad que la tregua del Indio había disimulado apenas el tiempo suficiente para organizar un velatorio.

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El Senado convocó audiencias para tratar 25 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos

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El Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo destinados a cubrir cargos en la Justicia nacional y federal. Las reuniones se realizarán los días 4 y 5 de agosto en el Salón Azul de la Cámara alta y comprenderán postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de cámaras de apelaciones en distintos puntos del país.

La convocatoria fue comunicada por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación mediante dos publicaciones oficiales. Según se informó, entre el 20 y el 26 de julio cualquier persona podrá presentar preguntas u observaciones sobre las calidades, antecedentes y méritos de los aspirantes, l procedimiento previsto por el Reglamento del Senado.

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La primera audiencia se llevará a cabo el martes 4 de agosto, a las 14, y abarcará 15 expedientes. Entre ellos se encuentran las propuestas para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, un fiscal federal para Gualeguaychú y magistrados para juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.

En esa jornada también se tratarán los pliegos para cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Capital Federal, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos judiciales.

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Además, figura un pedido de acuerdo para posibilitar un nuevo nombramiento de la vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Matilde Evangelina Ballerini, una situación que se diferencia del resto de los expedientes, orientados a designaciones en cargos vacantes.

La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, a las 11, y comprenderá otros 10 pliegos. En esa instancia se analizarán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales y juzgados nacionales en lo civil, además de cargos en tribunales orales y cámaras federales.

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Entre las propuestas incluidas para esa fecha figuran las designaciones de una defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, un defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, dos fiscales generales ante los tribunales orales en lo penal económico y un juez de cámara para un tribunal oral en lo criminal y correccional.

También integran el temario los pliegos para cubrir tres juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal y un cargo de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Las dos audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Los postulantes podrán presentar sus antecedentes dentro del plazo fijado entre el 20 y el 26 de julio.

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Cómo seguirá la situación judicial de Edgardo Kueider tras haber sido condenado en Paraguay por intentar ingresar US$200.000 sin declarar

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La condena dictada este lunes por la Justicia de Paraguay no puso fin a la complicada situación judicial de Edgardo Kueider. Aunque el exsenador fue condenado a dos años de prisión por contrabando en grado de tentativa, la pena fue impuesta con suspensión de la ejecución, por lo que no será trasladado a una cárcel y continuará bajo prisión domiciliaria en Asunción.

La misma resolución alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una condena de un año y diez meses, también con suspensión de la ejecución de la pena. Ambos fueron encontrados culpables por intentar ingresar a Paraguay más de US$200.000 sin declarar en diciembre de 2024.

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Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria desde hace alrededor de un año y medio. Si la sentencia queda firme, ese tiempo empezará a ser descontado de las condenas impuestas, por lo que -en principio- solo les restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.

Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider, luego de ser detenidos con más de US$200.000 en Paraguay. (Fotos: Archivo – Policía de Paraguay)

Las causas que enfrenta en la Argentina

Más allá de la condena de este lunes en Paraguay, el exsenador continúa involucrado en distintas investigaciones judiciales en la Argentina.

Junto con Guinsel, está procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

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Además, enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, en Entre Ríos, y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.

La extradición sigue pendiente

En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider para que responda ante la Justicia argentina. El pedido ya fue autorizado por las autoridades paraguayas, pero su ejecución todavía no se concretó.

La definición quedó supeditada a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver qué tribunal argentino tendrá competencia para continuar con las investigaciones en su contra.

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Mientras esa cuestión permanece abierta, Kueider seguirá bajo prisión domiciliaria en Paraguay, donde comenzará a cumplir la condena impuesta por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.

Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia, condena

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La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo y el Gobierno avanzará con los vouchers de capacitación laboral

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La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

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Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.

También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, apeló la decisión de primera instancia, y la Cámara le dio la razón al gobierno de Javier Milei

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:

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  • Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
  • Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
  • Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
  • Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
  • Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:

  • Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
  • Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
  • Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
  • Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
  • Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
  • Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.

La UTEP emitió un comunicado que critica la resolución judicial fecebook UTEP

Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.

La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.

La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.

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El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.

Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

El fallo de la Cámara Federal de San Martín

Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.

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La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.

La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.

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