La Procuración General de la Nación, que encabeza Eduardo Casal, reclamó revocar la absolución del exministro Julio de Vido en la causa en que fue beneficiado por el ingreso al país del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con una valija sin declarar con 800.000 dólares, que se sospecha eran fondos para financiar la campaña electoral del kirhchnerismo en 2007.

Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que debe tomar la decisión definitiva.

Casal avaló el recurso de los fiscales y dictaminó que la Cámara de Casación cometió errores graves al asegurar que el exministro kirchnerista no había tenido nada que ver con el intento de ingresar 790.550 dólares sin declarar en un vuelo privado de la compañía ENARSA proveniente de Caracas, en agosto de 2007.

Por eso, Casal sostuvo ante la Corte Suprema que la absolución de Julio De Vido fue arbitraria y dijo que los jueces vieron los mismos indicios que el fiscal, los mencionaron en su fallo y, aun así, concluyeron que no alcanzaban para imponer una condena. Eso, para Casal, es una contradicción insostenible.

El 4 de agosto de 2007 un avión privado matrícula N5113S de la empresa Royal Class aterrizó a las 2.38 en la Terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery.

Había despegado desde Maiquetía, Venezuela, contratado con fondos del Estado argentino a través de ENARSA, la empresa pública energética.

Entre los pasajeros venía Claudio Uberti, entonces director ejecutivo del Organo de Control de las Concesiones Viales y hombre de máxima confianza del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

También viajaba Guido Alejandro Antonini Wilson. En una valija que formaba parte del equipaje, la aduana detectó 790.550 dólares en billetes.

Antonini Wilson intentó pasar el dinero sin declarar, pero fue descubierto por la policía Luján Telpuc.

El venezolano abandonó el país el día en que la nota periodística que reveló el hecho tomó estado público y permanece prófugo hasta hoy.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 absolvió a De Vido en septiembre de 2023, pero condenó a Uberti a 4 años y 6 meses de prisión, a un año de prisión en suspenso, y a otras penas menores al guarda aduanero Jorge Lamastra, a la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA, María Cristina Gallini; al entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la División Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli; y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán.

El fiscal Marcelo Agüero Vera pidió absolver a Ricardo Echegaray, que fue beneficiado con ese fallo. Pero Agüero Vera recurrió a la absolución de De Vido, recurso que fue sostenido y ampliado por su colega el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar.

Ahora, el caso llegó a la Corte Suprema donde Casal siguió el mismo camino.

Los jueces reconocieron en su propia sentencia que el ex ministro tenía un vínculo de máxima confianza con Néstor Kirchner y con Uberti, que fue informado de inmediato sobre el procedimiento aduanero mediante llamadas telefónicas que incluyeron al Ministerio de Planificación y a la Quinta de Olivos.

Indicaron que era “increíble” que no hubiera sabido lo que tramaba Uberti. Sin embargo, desestimaron todo eso y dijeron que la certeza de condena solo podría haberse alcanzado si existía una orden directa y explícita de De Vido.

El dictamen de Casal señala que el tribunal oral y la Casación incurrieron en el mismo error, pues analizaron los indicios de manera fragmentaria y aislada, en lugar de evaluarlos en conjunto como exige la sana crítica racional.

“La supuesta indecisión no fue, según observo, resultado de una evaluación de las pruebas en conjunto según la sana crítica racional, con observancia de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”, dijo Casal.

El dictamen señala una paradoja que llama “manifiesta”, pues entendió que los propios jueces que absolvieron a De Vido reconocieron, primero, que era “increíble” que no supiera del plan de Uberti.

Y luego lo descartaron todo bajo el argumento de que sin una orden expresa no podía haber certeza. Para la Procuración, exigir ese nivel de detalle en un entramado de poder opaco, articulado mediante confianza personal y comunicaciones reservadas, es contrario a la experiencia y a la lógica.

“No parece ajustado a la experiencia y a la lógica reclamar una orden o indicación expresa, o esperar que los acusados utilizasen comunicaciones o correspondencia por canales tanto oficiales como personales. Tal exigencia implicaría desconocer la realidad y requerir un insensato grado de desidia por parte de aquéllos”, señaló la Procuración.

El dictamen de Casal enumera los elementos de prueba que los fiscales expusieron y que los tribunales no analizaron en conjunto.

Por ejemplo, el viaje sin justificación de Uberti que se trasladó a Venezuela, donde el presidente de ENARSA, Ezequiel Espinosa, iba a cerrar acuerdos con PDVSA.

Nadie lo invitó, pues fue su propia secretaria quien avisó que viajarían juntos. En el debate, Uberti reconoció que no participó de las reuniones de Espinosa, que no recordaba si había estado en alguna, y que solo le comentó al pasar que “todo había terminado con éxito”.

Para el fiscal y la Procuración quedó claro que Uberti fue a Venezuela a buscar a Antonini Wilson y el dinero, no a asistir a Espinosa.

El traslado se hizo en un vuelo privado pagado con fondos del Ministerio de Planificación y el propio Espinosa declaró en el juicio que era la única vez en su vida que había viajado en un avión privado, porque siempre usaba vuelos de línea.

La Procuración subrayó la flexibilidad que ese vuelo ofrecía para despegar y aterrizar y el traslado fue declarado como “personal de Presidencia de la Nación” para reducir los controles.

Uberti sostuvo en el juicio que recién conoció a Antonini Wilson en Venezuela, el mismo día del viaje, pero la sentencia del Tribunal Oral registró lo contrario, pues hubo llamadas telefónicas entre ambos desde el 30 de mayo de 2007, una reunión ese mismo día en el edificio del Ministerio de Economía y más comunicaciones en los días previos al vuelo.

Mientras la Aduana revisaba el equipaje en el Aeroparque, las líneas de Uberti, su chofer, el Ministerio de Planificación, el despacho del propio De Vido, la Quinta de Olivos y secretarías de Presidencia intercambiaron llamadas en cadena.

El Tribunal Oral las descartó bajo el argumento de que Uberti pudo haber querido anticipar a sus superiores un eventual “escándalo mediático”.

Casal consideró esa explicación incompatible con que, dos días después del intento de contrabando, Antonini Wilson se paseara sin problemas por el Salón Blanco de la Casa Rosada en un acto con los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

En el juicio seguido en Miami contra Franklin Durán, Antonini Wilson declaró que el dinero que Uberti le pidió pasar por aduana estaba destinado a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

El Tribunal Oral reconoció que esa declaración tenía “un grado suficiente de verosimilitud”, pero no la analizó junto con los demás elementos ni explicó por qué no contribuía a establecer la participación de De Vido. La Procuración marca esa omisión como uno de los defectos centrales del fallo.

Si la Corte sigue el dictamen, lo más probable es que devuelva la causa a la Cámara de Casación para que dicte un nuevo pronunciamiento con un análisis completo de los elementos de prueba. Eso abriría la puerta a que De Vido sea juzgado nuevamente en este tramo de la causa.

De Vido está preso en arresto domiciliario pues está condenado por la tragedia de Once. Está siendo juzgado por corrupción en el caso Cuadernos, Odebrecht y Skanska.