POLITICA
El rector de una iglesia porteña negó un conflicto religioso por el templo mormón, pero pidió evaluar el impacto urbano
En medio del conflicto por la construcción de un megatemplo mormón en los alrededores de un edificio histórico católico, el rector de la Iglesia Santa Catalina, Gustavo Antico, aclaró en diálogo con TN que no se trata de un enfrentamiento religioso. “Pedimos que lo que se vaya a hacer tenga los estudios correspondientes y cuide el entorno”, remarcó.
“La ubicación de ese proyecto sería en la parte de atrás, la parte lindera, detrás de la Iglesia Santa Catalina. Es un terreno que perteneció a las dominicas desde 1954 a 1974. Ellas después se van a San Justo y ese terreno lo venden”, contó Antico.
“El terreno se compró en su momento, con una restricción constructiva, que lamentablemente los proyectos que se presentaron no siempre eran respetuosos de la normativa”, indicó.
Antes, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, criticó este miércoles el proyecto del megatemplo que los mormones proyectan construir en el centro porteño.
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García Cuerva ofició una misa en la Iglesia Santa Catalina de Siena, ubicada al lado de donde se proyecta la construcción mormona, y aseguró que las fisuras detectadas en el templo de 1745 podrían estar relacionadas con las obras de peatonalización de la calle Viamonte.
“Si el peatonalizar la calle Viamonte ha generado este tipo de rajaduras, no quiero ni imaginarme lo que puede generar otra edificación importante en la misma manzana”, sostuvo el arzobispo.
Al respecto, García Cuerva agregó que “estos edificios coloniales no tienen cimientos y, por lo tanto, requieren una preservación mucho más cuidadosa que cualquier otro tipo de construcción” y que “no es habitual encontrar edificios modernos pegados a construcciones coloniales”.
“Tenemos que pensar en esa misma línea, porque no se trata solo de una cuestión del pasado, sino de nuestras raíces porteñas”, agregó el religioso.
Cómo es la obra de la iglesia de los Mormones
El proyecto en cuestión contempla la edificación de un complejo religioso de aproximadamente 14.500 metros cuadrados más unos 15.400 metros cuadrados de subsuelos destinados principalmente a estacionamiento. El volumen principal alcanzaría una altura de 36,5 metros y se ubicaría en el predio de la esquina de avenida Córdoba y la calle Reconquista, adquirido por la Iglesia mormona en 2023.
El diseño prevé además un espacio verde de acceso público con una réplica de la escultura neoclásica “Christus”, del artista Bertel Thorvaldsen, y un corredor peatonal que conectaría Córdoba con Viamonte.
La iglesia de Santa Catalina de Siena, uno de los monumentos más antiguos de la Ciudad presenta actualmente avisos de “riesgo estructural” y celebra sus misas al aire libre en el atrio. Autoridades del templo mormón atribuyen las grietas a las obras de peatonalización, mientras que el gobierno porteño sostiene que las fisuras eran preexistentes según evaluaciones previas al inicio de los trabajos.
Las obras de peatonalización fueron suspendidas de manera provisoria tras las denuncias.
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POLITICA
Inocencia fiscal, reforma del BCRA y ley de tierras: LLA prepara una super sesión en Diputados para agosto
El gobierno de Javier Milei anunció recientemente una agenda legislativa con fuerte impronta económica para el segundo semestre. Este viernes ingresó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados la reforma del régimen de Inocencia Fiscal y para las próximas semanas se espera la llegada del proyecto para garantizar la independencia del Banco Central (BCRA).
Los libertarios aclaran que el cronograma todavía no está definido pero apuntan a convocar a una sesión especial para finales de agosto. Esto le daría margen al Senado para avanzar con otro proyecto de alto impacto político: el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.
El tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió un nuevo revés la semana pasada, cuando Patricia Bullrich se vio obligada a llamar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados. No obstante, la jefa del bloque de senadores de LLA se reunió este jueves con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para analizar los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar para conseguir los votos. Si los tres proyectos, Inocencia fiscal, BCRA y Propiedad Privada, coinciden en el temario, la jornada legislativa inevitablemente será maratónica.
El texto definitivo de la ley de inocencia fiscal, que comenzará a discutirse en las próximas semanas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden respectivamente los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, propone varios cambios significativos al régimen que el Gobierno sancionó en diciembre pasado.
La nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, el régimen quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.
Por otro lado, se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.
La principal polémica girará en torno a la posibilidad de que funcionarios y otras personas políticamente expuestas adhieran al régimen, tal como ocurrió con Manuel Adorni, quien presentó su Declaración Simplificada de Ganancias en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. De hecho, diputados de Unión por la Patria y Provincias Unidas ya presentaron proyectos propios para excluir a funcionarios y políticos.
En esa línea, el diputado peronista Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque libertario consideraron poco probable que se acepten cambios en este sentido para ampliar los consensos. Se muestran confiados en que los mismos bloques que apoyaron la ley original en diciembre volverán a jugar en tándem con el oficialismo. En aquella oportunidad, se consiguieron 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz.
Por otro lado, los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central serán presentada por el propio Milei en las próximas semanas. Según anunciaron, el punto central del proyecto será reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.
La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.
Según la visión de los libertarios, ambos proyectos contribuirán a consolidar la estabilidad financiera ya que permitirán “remonetizar” la economía y ampliar el crédito con dólares que actualmente están fuera del sistema y también ahuyentaría los fantasmas de que próximos gobiernos vuelvan a financiar déficit con emisión monetaria, con el consecuente aumento de la inflación.
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POLITICA
Fentanilo mortal: dictaron secreto de sumario en la causa e investigan a los organismos de control
El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak dictó el secreto de sumario en la causa por el fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes. La medida judicial se tomó ayer después de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas de prueba para avanzar sobre los funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación que deben controlar la calidad de los medicamentos que salen a la venta.
En el voluminoso expediente, que tiene 13 procesados, ya había fuertes indicios de que las dos reparticiones incumplieron sus funciones y de que podría haber existido connivencia entre los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma —cuyo propietario es Ariel García Furfaro— y la cadena de control estatal responsable de supervisar que los laboratorios cumplan a rajatabla las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
La medida dictada por Kreplak fue sorpresiva. Se esperaba que la fiscal Roteta presentara su dictamen tras la feria judicial, con el impulso de acciones de pesquisa contra las autoridades y exfuncionarios nacionales. Los tiempos se aceleraron.
En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, mediante la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae en la que se estableció que hubo demoras para actuar sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.
La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma.
La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.
Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hacía dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Lugones. Fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.
“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales.
También describieron que “la suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.
La fiscal Roteta fue muy crítica —al igual que el juez— sobre la actitud pasiva de la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.
La fiscalía también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.
En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.
La fiscal María Laura Roteta describió en detalle su posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.
“No surgen controles posteriores”
El juez también se manifestó de manera crítica sobre la ANMAT y el INAME. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados —entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro—, expresó:
-“La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. El expediente sigue en trámite actualmente y no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas”.
-“Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto».
El INAME, que depende de la ANMAT, registró deficiencias en las plantas de elaboración de Ariel García Furfaro desde 2018. Algunos ejemplos que constan en la causa:
-Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.
-Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.
-En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.
-14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.
-25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.
-19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.
-7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, que luego fueron liberados comercialmente.
-28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control que comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.
-18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.
-6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, y ordenó el recupero de las unidades.
Entre 2018 y 2025, los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se actuara sobre las plantas de producción:
-Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.
-Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por la ANMAT.
-Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.
-Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.
-Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a la ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.
El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar la subsanación de falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.
Sobre las medidas adoptadas, el juez señala que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después de que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano.
Era casi la medianoche del 10 de febrero y una última gestión de un sindicalista de buen vínculo con los oficialismos de turno logró que se modifique el texto del proyecto de reforma laboral que se iba a tratar al día siguiente en el Senado. En vez de “terminar con los peajes”, como amenazaba Federico Sturzenegger al referirse a los aportes solidarios, se los limitó a un 2%. “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, sintetizó esa mañana Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE y una voz crítica del triunvirato de mando de la CGT. Su declaración desnudó el pacto.
El lunes pasado, cinco meses después de aquel apretón de manos por cambiar el texto de ley que finalmente fue aprobada por mayoría, Javier Milei modificó por decreto la letra chica de la reglamentación con otra señal favorable para la caja sindical. A través de la normativa 612/26, que fue firmada también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se dispuso que el tope del 2% para las cuotas solidarias deberá calcularse sobre el total de las remuneraciones que perciben mensualmente los trabajadores y no solo sobre el salario básico convencional. Además, se volvió a habilitar los aportes empresarios a las organizaciones sindicales siempre que tengan un destino específico. Una manera de blanquear el aporte extra que hacen los empleadores a las obras sociales sindicales al margen del obligatorio que se destina a la seguridad social. Es decir, la caja sindical se mantiene intacta, a contramano de la idea original del “Coloso”, como llama Milei a su ministro de Desregulación.
Después de esta concesión, la CGT se movilizó el miércoles casi de manera testimonial al Congreso para adherir al reclamo de los jubilados, cuyo haber mínimo es hoy de apenas $481.989, con bono incluido. Sucedió algo similar el 11 de febrero, cuando obtuvo media sanción la reforma laboral edulcorada con los cambios pactados casi de madrugada. Aquella vez, al igual que hace tres días, los dirigentes cegetistas buscaron con una foto fugaz escenificar su espíritu combativo. Lo volverán a hacer el 7 de agosto, cuando movilicen a la Iglesia de San Cayetano. Conservar la guardia alta es por ahora el atajo que encontró el triunvirato de mando de la CGT para evitar fugas o una nueva fractura. Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, los tres referentes de la central obrera, decidieron no hablar ante la prensa los tres juntos por temor a dejar expuestas sus diferencias.
Ninguno de los tres estuvo a cargo de las últimas gestiones con la Casa Rosada. El nexo fue Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y uno de los sindicalistas más influyentes desde la década del 90 hasta la actualidad. Se sentó en la mesa de negociación con el menemismo, cuando se flexibilizaron convenios y se congelaron paritarias, y también estuvo durante la Alianza, cuando Fernando de la Rúa intentó avanzar con una reforma laboral similar a la de Milei, que se cayó por denuncias de pago de sobornos. Martínez integró el año pasado el Consejo de Mayo, diseñado por Karina Milei con presencia única de aliados, y ahora es el interlocutor sindical principal con el Gobierno. Su vínculo es con los Menem, sobre todo con Lule, pero también frecuenta con cada vez más asiduidad a Santilli y sus colaboradores. La llegada del “Colo” a la jefatura de Gabinete fue celebrada entre la dirigencia gremial.
Antes del Mundial, Martínez intervino en la reunión de consejo directivo para frenar una propuesta para avanzar con el quinto paro general contra la gestión libertaria. Ya estaba en marcha la gestión para flexibilizar el cobro de la cuota solidaria y los aportes empresariales a las obras sociales. En paralelo, el jefe de la Uocra, a través de su abogada, Marta Pujadas, y el asesor legal de la CGT, Pablo Topet, avanzan con una estrategia judicial para objetar la ley de Modernización Laboral en el fuero Contencioso Administrativo con la intención de revertir los límites al derecho a huelga y conservar la prelación de los convenios colectivos. Esperan ansiosos una definición tras la feria judicial.
De lograr un fallo favorable, sería otro golpe para la reforma laboral de Milei, que tampoco logró adhesiones entre las cámaras empresarias citadas por Capital Humano para renegociar los convenios sectoriales. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, llamó a revisar 446 convenios colectivos, pero su convocatoria tuvo hasta el momento poco eco. Tras la aprobación de la reforma laboral, Cordero bajó el perfil y sigue con inquietud el avance de la causa judicial por la intervención de la obra social del gremio de los ruralistas (Osprera). El juez federal Sebastián Casanello comenzará en agosto con las indagatorias y el principal apuntado es Sergio Aguirre, un socio de Martín Menem que se benefició con un contrato millonario con Osprera. Cordero no participó de las contrataciones que dispuso la intervención, pero sí facilitó el primer paso para que la Justicia intervenga el gremio y luego la obra social, una decisión impulsada inicialmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud.
La otra caja: obras sociales
Tan importante como los aportes empresariales y la cuota solidaria, una comitiva de la CGT reabrió negociaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones, por el financiamiento de las obras sociales, la otra caja por la que los gremios están dispuestos a todo.
La crisis del sistema sanitario comenzó a agudizarse porque hay cada vez más trabajadores en la informalidad, lo que equivale a menos aportes. En un reciente documento, la CGT alertó sobre el tema. “El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante es el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que rondaría los $110.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra por encima de la recaudación promedio del sistema”.
Las conversaciones entre los gremialistas y Lugones giran en torno a una reestructuración del sistema, que contemple ingresos, aportes y subsidios, según admitieron a fuentes oficiales y sindicales. Los gremios presionan para diseñar un nuevo PMO y revisar las prestaciones a monotributistas, cuyo aporte económico al sistema es casi cuatro veces menor al PMO. “Hay que trabajar en un menú de planes médicos acorde al bolsillo de la gente”, sugirió un dirigente sindical que conoce desde hace décadas los números del sistema. Por ahora, Lugones no se muestra predispuesto a acelerar con la reforma más allá del intercambio con la dirigencia sindical.
El manejo de las prestadoras médicas se volvió un dolor de cabeza para algunos sindicalistas. La Obra Social de los Empleados de Comercio (Osecac), la más grande del país, tiene un déficit mensual de $5000 millones. La de Hugo Moyano también está en rojo, con casi 3000 millones de pérdida. Así y todo, son un atajo para los negocios personales y familiares. El caso más conocido es el de Camioneros, donde se entrelazan las empresas de la esposa de Moyano. Pero algo parecido ocurre con Unión Personal (UP), la prestadora médica de los estatales de UPCN que administra Viviana Caravetta, pareja del histórico Andrés Rodríguez. A pesar de tener un déficit mensual de entre 7000 y 11.000 millones de pesos, UP selló convenios millonarios con dos empresas vinculadas al presidente de River Plate, Stefano Di Carlo. Una ironía: el jefe de control y cobranzas de UP es Gustavo Bruno, quien a su vez integra la Comisión Revisora de Cuentas del club de Núñez. Apenas un detalle de una comisión directiva que reúne bajo un mismo techo a libertarios, camporistas, peronistas, santillistas y macristas. Todo sea por los colores.
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